Los mayores y la delgada línea entre el abuso y la estafa.

taller

Timos en la instalación del gas, engaños de las compañías telefónicas… las personas de más edad son las principales víctimas de los excesos en consumo, como se pudo ver ayer en el auditorio de Valga.

Convencer a la abuela de que la oferta de telefonía móvil que le acaban de ofrecer por teléfono no es tan ventajosa como creía es una escena habitual en cualquier familia; pero no todas las personas mayores tienen detrás un familiar que vigile ese tipo de abusos, y por eso, ya sea por su edad, por la falta de reflejos y de herramientas o por escasa formación, los de más edad son las víctimas preferidas de aquellos sin escrúpulos que, tengan o no una compañía detrás, los engañan en sus facturas o en la contratación de sus servicios. A veces no es más que un abuso, pero en otras ocasiones puede llegar a ser una estafa. La línea es a menudo demasiado delgada y el camino para evitarlo, tortuoso. Ofrecer a las personas mayores asesoramiento e información para que no caigan en este tipo de engaños es uno de los objetivos de Adicae (Consumidores críticos, responsables y solidarios), que ayer envió a sus técnicos a Valga para que impartiesen un taller a los vecinos de más edad.

Mayores activos
El taller se enmarca en un proyecto más ambicioso en el que trabaja Adicae y financiado por Aecosan (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición), bajo el nombre de Mayores activos en consumo. Trabaja en varios pilares, y uno de ellos, es el de ofrecerles herramientas para evitar este tipo de abusos. La técnico que impartió el taller en Valga, Eugenia Mariño, resume la problemática con un caso bien conocido e ilustrativo: «Si echamos la vista atrás y pensamos en los fraudes que hubo en el sector financiero, vemos que la mayoría de las víctimas eran personas mayores». Mayores que no supieron leer la letra pequeña o que no lo hicieron porque se fiaron de su asesor de toda la vida. Mayores que le abren la puerta al que dice ser de la empresa de gas y que le cobra por una revisión que es fraudulenta; mayores que cogen el teléfono y aceptan un contrato de telefonía móvil con unas supuestas ventajas que luego no existen… Todos estos casos y más se dan a conocer a talleres de este tipo que Adicae está impartiendo por toda España. «Lo que procuramos es darles la información necesaria para que no se dejen engañar e informarles sobre a dónde tienen que acudir para asesorarse».

Foro de discusión
Pero Adicae quiere saber además cómo llegar a estas personas, y cómo es más fácil ayudarles, y también en este objetivo cuenta con la colaboración del Concello de Valga. La entidad está realizando un estudio para conocer el perfil de estas personas y escuchar todas sus dudas respecto de los trámites bancarios o la atención telefónica. Para ello, se ha realizado en el municipio un foro de discusión cuyas conclusiones formarán parte de un estudio a nivel nacional y que se darán a conocer el 12 de noviembre en Madrid.

La Voz de Galicia

Veciños de Padrón lleva al Consello de Contas los reparos de la Intervención del Concello.

Veciños de Padrón lleva al Consello de Contas y a la Valedora do Pobo «as irregularidades que o noso grupo detectou nos informes de Intervención municipal nas contas dos anos 2014 e 2015». En concreto, este grupo municipal se refiere a los reparos suspensivos emitidos por el Servicio de Intervención del Concello (un total de 28 en 2014) a la gestión del gobierno local, en temas como «infraccións no pago de facturas por contratación do asesoramento técnico urbanístico e xurídico; pago de horas extra con incumprimento dos contratos asinados, ou irregularidades no pago de diversas facturas», según Veciños de Padrón.

Este grupo insta al Consello de Contas y a la Valedora do Pobo a que «investiguen e valoren á situación» y que tome medidas para pedirle al gobierno local que rectifique.

La Voz de Galicia

El BNG pide que se investiguen los fondos públicos de la Fundación Cela.

La viceportavoz del BNG en el Parlamento gallego, Ana Pontón, aseguró ayer que existen «indicios de ilegalidade» en la concesión de «algunhas das axudas» que realizó la Xunta a la Fundación Camilo José Cela en los últimos años. Pontón reclama la investigación de los fondos públicos a la fundación y pidió a la Xunta que su «desvinculación» del sector público «por carecer de utilidade pública real». Una iniciativa que será debatida en el próximo debate parlamentario.

«Temos novos datos que fan máis necesario que nunca abrir unha investigación a fondo sobre o uso de fondos públicos que se destinaron á Fundación Cela», argumentó la diputada del BNG.

La parlamentaria nacionalista señaló que fue en el año 2010 cuando se produjo «a maior inxección de cartos públicos» a la Fundación Cela. «En torno a medio millón de euros», ha precisado, para luego denunciar que la propia intervención jurídica de la Xunta «vén a dicir» que las facturas presentadas «non se adecúan» al convenio firmado.

Pontón ha hecho hincapié en que su partido tiene «serias dúbidas» sobre la legalidad de dicho convenio. Es más, ha subrayado que la Ley de subvenciones de Galicia especifica que, para poder recibir ayudas públicas, las entidades «non poden ter débedas coa Seguridade Social nin coas administracións públicas».

«Temos constancia de que, no ano 2010, a Xunta sabía que a Fundación Cela tiña débeda coa Seguridade Social e non cumpría os requisitos establecidos na lexislación vixente», ha asegurado Pontón, quien censura que, «a pesar de sabelo», el Gobierno gallego «non só firma un primer convenio, senón un segundo».

La diputada asegura que la fundación tuvo «un trato de privilexio» al recibir desde el año 2007 «máis de tres millóns de euros de recursos públicos» y acusa a la Xunta de seguir confundiendo «manter o legado dun escritor co mantemento de intereses escuros dunha fundación que nos últimos anos se caracterizou polos escándalos e situacións vergonzantes». Pontón tachó de «escandalosa» la utilización de ciertos fondos públicos por parte de la Fundación Cela, y recordó la «modesta» cifra de visitantes que viene recibiendo.

«A fundación tivo un privilexio ao recibir dende 2007 más de tres millóns de recursos públicos»

Ana Pontón

La Voz de Galicia

La Audiencia Provincial absuelve al alcalde de Pontecesures y al encargado de obras del delito de malversación.

El jurado anticipó el veredicto de no culpabillidad en abril. Se juzgó un gasto excesivo de gasoil.

El alcalde de Pontecesures, Luis Álvarez Angueira y el encagado municipal Xurxo Gerpe Jamardo han sido absueltos de un delito de malversación de fondos públicos tras conocerse ayer la sentencia dictada por el magistrado de la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra, José Ramón Sánchez Herrero, quien se atuvo al veredicto de no culpabilidad que emitió el jurado el pasado mes de abril.
La sentencia establece que durante la vista no se ha acreditado que el alcalde y el encargado de obras «hubieran sustraído durante ese período (de 2003 a 2006) el exceso de combustible facturado o que hubiesen colaborado de algún modo a terceros a hacerlo».
Se explica que el Ayuntamiento de Pontecesures disponía de un Nissan Patrol destinado al servicio de obras «y repostaba habitualmente en la gasolinera Jers de dicha localidad». Añade la sentencia que el mecanismo habitual «consistía en que el empleado correspondiente de la gasolinera emitía un justificante por el combustible suministrado, donde constaban datos de identificación del vehículo y más adelante Gerpe, en cumplimiento de las tareas encomendadas lo validaba con su firma».
Dichos justificantes, agrega el magistrado en la sentencia, «servían para emitir una factura que era presentada con posterioridad en el Concello donde tras su comprobación, Angueira autorizaba el pago mediante decreto de la Alcaldía».
Asimismo expone el juez que en el período estudiado de 2003 a abril de 2006 «los consumos facturados, en relación con el kilometraje que presentaba superaron ampliamente el consumo normal del fabricante en proposiciones del 30% al 50%, excesos que fueron valorados en 6.822,94 euros».
Cabe recordar que el Jurado aunque reconoció el exceso de consumo observó que ese desfase pudo haberse destinado a otros coches del parque móvil o a motivos similares, que en absoluto tienen que ver con un enriquecimiento de los dos acusados. Por otra parte quedó al margen la acusación sobre facturas del coche privado del regidor.

Faro de Vigo

El juez no ve pruebas de que el alcalde cargara al Concello repostajes particulares.

La Audiencia de Pontevedra emitió ayer la sentencia mediante la cual ratifica la inocencia del alcalde, Manuel Luis Álvarez Angueira, y del exjefe de Obras del Concello, Xurxo Gerpe, tal y como los declaró el jurado popular tras el juicio celebrado en marzo. Considera el magistrado que el exceso de consumo de gasoil registrado en un vehículo municipal, no puede atribuirse a un delito de malversación pública porque ??no se ha acreditado? que los acusados lo ??hubieran sustraído? o destinado a usos ajenos a la función pública, ni que tampoco el regidor municipal hubiera repostado su vehículo particular y cargara el gasto al Ayuntamiento.
Esta acusación marcó en buena parte la vista debido a la insistencia del abogado de los denunciantes, Luis Sabariz y Alfonso Diz ??concejales no adscritos cuando denunciaron, en 2006?? y a pesar de la negativa del magistrado porque se había dejado fuera del auto de hechos enjuiciables y del de apertura de juicio oral, dictado por un juzgado caldense, y sin que ninguna de las partes lo impugnase. Con todo, dice ahora en la sentencia, que la única prueba a tener en cuenta sobre esta acusación fue la declaración de una empleada de la gasolinera donde se compró el combustible y ??no podría constituir prueba suficiente para llegar a un pronunciamiento de condena?. Y es que indica que el ??pincho? en el que se ponían los tickets ??se correspondía a todos los clientes?, que ??no había uno específico para el Ayuntamiento? y porque además, susodicha trabajadora, declaró que ??ignoraba? que pasaba después con esos albaranes o tickets y que ese destino correspondía a los dueños de la gasolinera. Pero sobre todo, porque los propietarios ??afirmaron que el alcalde siempre pagó los consumos de su coche? en metálico, tarjeta u otro instrumento bancario.

No hay tickets
De la declaración de esa empleada, para el juez también se desprende que habrían sido los empleados quienes no habrían cubierto los datos correspondientes a los consumos del alcalde o que los habrían imputado al vehículo, objeto de toda esta causa, un Nissan, o al Concello, pues ??tendría que haber quedado constancia de la existencia de tickets sin identificación o en que apareciera la matrícula del vehículo del alcalde?.
En cuanto a si Angueira o Gerpe destinaron ese exceso de consumo del Nissan, registrado entre 2003 y 2006 y que un perito estimó en más de 6.000 euros, teniendo en cuenta el kilometraje del mismo y los datos de consumos medios del fabricante, efectivamente el jurado lo consideró excesivo, pero tras escuchar a los acusados, testigos y las pruebas documentales, consideraron que no había prueba alguna de que esto obedeciera a ??maniobras? de los imputados, ??bien para sustraerlo, bien para destinarlo a usos ajenos a la función pública?. Tampoco consideraron suficiente el hecho de que, en 2006, una vez que el caso saltó a la opinión pública, se redujese el gasto. Angueira explicó en el juicio que esto fue así porque dio orden de evitar la práctica de atribuir al Nissan facturas por el rellenado de garrafas de combustible que luego se utilizaban para otros vehículos y herramientas de uso municipal. Este argumento fue la principal defensa del alcalde y de Gerpe para justificar ese exceso de gasto en combustible.
El magistrado considera que de ese sobre consumo ??puede estimarse la concurrencia de indicios de una actividad irregular?, no obstante, insiste en que no se aportaron pruebas de que se robó o destinó a otros usos que no fueran de la función pública y, por tanto, ratifica la absolución de ambos de los cargos de un delito de malversación de fondos públicos, como también pedía el Ministerio Fiscal. La acusación pedía tres años de cárcel para cada uno.

Costas de oficio
La sentencia es firme y en cuanto a las costas, se declaran de oficio y no las carga a la acusación particular porque los órganos judiciales ordenaron la celebración del juicio al considerar en primera instancia que había indicios que era preciso aclarar.

Diario de Arousa

Reparaciones y adquisiciones de vehículos siempre en el mismo taller sin promover la concurrencia.

Como de auténtica barbaridad consideró esta agrupación el gasto de reparaciones de los vehículos municipales durante los años del mandato de este gobierno que padecemos. Se analizó el gasto de los años 2012 (10.738,87 ?), 2013 (9.580.92 ?) y el 2014 (15.237,99 ?) lo que hace un total en tres años de 36.237.99 ?.

Llamó la atención también el hecho de que las facturas fueran siempre del mismo taller que está ubicado ahora en el municipio de Padrón sin que se promoviera ningún tipo de concurrencia. Desde luego cuando estuvo al frente del ayuntamiento el actual alcalde las reparaciones de los vehículos prácticamente siempre se realizaron en este taller.

Pero es que ahora tenemos conocimiento de que con fecha 10/04/15 la junta de gobierno local adquiríó al mismo taller y por el precio de 9.650,00 euros unha furgoneta de segunda mano Citroën Berlingo 1.6 Hdi Combi con un remolque galvanizado de doble eje. No se solicitaron consultas a más empresas siguiéndose la modalidad del contrato menor de suministros. Esta agrupación critica este hecho pues no hay justificación alguna para no pedir más ofertas y comprar el vehículo a la firma de siempre.

Así pues, a los 36.237,99 euros de las reparaciones de los vehículos municipales en 2012, 2013 y 2014 hai que añadirle los 9.650,00 euros del vehículo de segundo mano y otro pico de las reparaciones de los vehículos de 2015. Y todo para el mismo taller.

Es una cifra muy considerable en nuestro pequeño municipio para otorgar, sin promover la concurrencia, siempre a la misma firma y por ello consideramos que el gobierno que surja de las urnas el próximo domingo tiene que tomar medidas urgentes en este tema de las reparaciones y adquisiciones de los vehículos. Por transparencia y por economía, en su caso, hay que acabar con estas prácticas.

Luis Ángel Sabariz Rolán
Concejal de ACP Pontecesures