Después de que hace días se hiciera oficial la renovación de los cargos de juez de paz -titular y sustituta-, el Concello de Valga anuncia ahora que este servicio ya está disponible en su nueva ubicación. Así pues, los vecinos pueden realizar sus consultas o gestiones en el edificio administrativo, situado en la plaza Manuel Vicente Cousiño. Explican en el gobierno que además de habilitarse una oficina para que la juez de paz y el secretario judicial realicen su trabajo y atiendan al público, se acondicionó una sala de vistas para la celebración de actos de conciliación y bodas civiles.
‘Mala Cosecha’, de Natalia Monje, dedica un apartado a este mito tras hablar con gente mayor del municipio // El ensayo reúne varios sucesos oscuros investigados en toda España // Muchos son gallegos, situados en Viveiro o Vigo.
La periodista e historiadora coruñesa Natalia Monje ha aglutinado en su libro Mala Cosecha
(Editorial Odeón) numerosos sucesos oscuros investigados durante años a
lo largo de toda España, de los que muchos de los más aterradores
llevan sello gallego. Una parte de su ensayo está redactado a partir de
conversaciones con gente mayor del Concello de Valga, en concreto sobre
el mal de ojo. «Ese poder que poseía un individuo normal para provocar
desgracias en otro ser sólo con mirarlo, una creencia popular que sigue
muy vigente», explica la autora. «Una de las cosas que me sorprendió es
que la gente dice que muchas personas echan mal de ojo sin querer
simplemente porque tienen una mirada fuerte que puede hacer el mal y por
eso llevan unas gafas de sol siempre», apuntó Monje. De ahí proviene la
historia del señor que siempre iba al mercado con las gafas de sol y
cuando se las levantó el buey que tenía delante se cayó desplomado y
muerto. «Esto en los pueblos de Galicia te lo cuenta todo el mundo»,
asegura la periodista.
Su ensayo dedica largas páginas a los bebedores de sangre, un campo
en el que se mezclan la realidad y las creencias, pues estos actos
salvajes derivan de los consejos arrojados por algunos curanderos del
siglo XIX que creían que bebiendo sangre humana, sobre todo de niño,
podría curarse la tuberculosis, explica Natalia Monje. «Era una época de
muchas hambrunas, en la que los médicos recomendaban a la gente con
anemias ir a los mataderos para que les dieran vasos de sangre y
reponerse así de esta dolencia, una cura que se aplicó equivocadamente a
la infección mortal para la que no había tratamiento». Un ejemplo real,
documentado y juzgado, fue el ocurrido en Agolada (Pontevedra), en el
que se demostró que el asesinato había sido realizado por un móvil
vampírico.
El pueblo comenzó a buscar a un niño de 19 meses que había
desaparecido. «En aquella época los niños, incluso tan pequeños, jugaban
solos delante de las casas», narra la escritora. Entonces, «lo
encontraron enterrado en estiércol en la casa de sus vecinos. Estos lo
habían secuestrado, lo habían asesinado y, como ellos mismos confesaron,
le habían sacado la sangre para que la bebiera uno de los miembros de
la familia, un joven de quince años que tenia tuberculosis».
A raíz de escándalos como este, se creó una verdadera «histeria
social», en la que la gente, con el «ánimo muy avivado», comenzó a
rumorear sobre la existencia de vampiros. Muestra de ello fue un caso
acaecido en Vigo también en el siglo XIX, en el que un hombre invitó a
una niña a tomar un helado y de pronto la muchedumbre lo rodeó al grito
de «¡Es el vampiro!». Tras la acusación popular y un intento de
agresión, la guardia lo rescató y corroboró que el sospechoso no había
cometido ningún crimen, detalla la autora.
También describe en su libro una denuncia interpuesta por unos boticarios de Viveiro en el siglo XIX a raíz del rumor que decía que ellos mataban a personas para sacarles la grasa y hacer medicamentos. Nunca se evidenció tal cosa.
El arousano que responde a las iniciales
C.P.R., de 26 años y vecino del Concello de Rianxo, fue investigado por
la Policía Local de esa localidad por la realización de pintadas en
edificios públicos del municipio, causando daños que han sido valorados
en alrededor de 2.000 euros.
Una
vez realizada la investigación oportuna por parte de los agentes, y en
base a un estudio grafológico de las pintadas, el citado individuo fue
identificado «de forma indudable», según los agentes municipales.
Pero
es que, además, en el informe policial se reseña que esta misma persona
habría realizado ataques similares a los bienes públicos en otras
localidades gallegas.
Más concretamente, podría estar relacionado con pintadas efectuadas en inmuebles de municipios como Pontecesures, Pontevedra, Marín, Caldas y Padrón, aunque pudieran ser más.
Esto
se sabe, precisamente, gracias al estudio grafológico efectuado y
algunos rasgos que parecen formar parte indiscutible de la firma del
grafitero.
Lo que hicieron los
miembros de la Policía Local de Rianxo a raíz de la investigación
efectuada fue instruir diligencias ante el juzgado de primera instancia e
instrucción de Padrón, acusando a C.P.R. de un presunto delito de
daños.
Está por ver si la
investigación judicial sirve para relacionarlo con los daños ocasionados
también en otras localidades, ya que este tipo de pintadas que se
realizan en edificios públicos y privados pueden originar importantes
pérdidas y, sobre todo, cuantiosos gastos.
Es, como se explicó en tantas ocasiones anteriores, un problema al que no son ajenos los demás municipios arousanos.
Podría enfrentarse a una condena de 12 años o más si se agrava // El Juzgado de Padrón acordó transformar mediante auto las diligencias a la vista de los indicios // La posible víctima es sobrina de Álvarez Angueira y edila en Rianxo
El exalcalde. Manuel Luis Álvarez Angueira, derecha, camino de los juzgados.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Padrón
acaba de emitir un auto en el que vuelve a sacar a la palestra el caso
del exregidor de Pontecesures, Manuel Luis Álvarez Angueira, esta vez
como presunto autor de un delito continuado de agresión sexual contra su
sobrina política, y actual concejala de Benestar Social en Rianxo,
Hadriana Ordóñez. Y, en esta ocasión, se enfrenta a una pena de hasta
doce años de cárcel que podría incluso aumentar si se diera por buena la
concurrencia de circunstancia enumeradas en el artículo 180 del Código
Penal (como puede ser la intimidación vejatoria). Contra el auto cabe
recurso.
Según
aporta la jueza en su pronunciamiento, «a la vista del conjunto de las
diligencias practicadas durante la presente instrucción de los hechos
-en los términos puestos de manifiesto por el Ministerio Fiscal- los
hechos, sin perjuicio de lo que pueda acreditarse en sede del plenario,
revisten de forma indiciaria los caracteres», del presunto ilícito
continuado, ordenando proseguir con las actuaciones por los trámites del
procedimiento sumario, para el cual existen unas previsiones procesales
distintas a las que rigen la tramitación de las diligencias previas del
abreviado «y sin que se estime necesario» retrotraerlo, atribuyendo su
conocimiento a la Sala Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña con
sede en Santiago.
Hay que recordar que a finales del pasado año dicha sección sexta,
formada por los magistrados Leonor Castro Calvo, Jorge Gómez Rey y Jorge
Cid Carballo, ordenaba que la titular del Juzgado de Instrucción número
2 de Padrón investigase dicho delito, una decisión que llegaba entonces
año y medio más tarde de que EL CORREO desvelará el escabroso caso, y
después de que se ordensase, desde instancias judiciales padronesas, el
sobreseimiento de la denuncia por, aseguraban entonces, haber prescrito
el delito de acoso sexual. Esta decisión fue recurrida por la propia
Hadriana Ordóñez.
Según los magistrados, «nos encontramos ante un relato de hechos de
abusos o agresiones a una menor desde que tenía 11 años hasta los 16 por
parte de una persona muy cercana como era su tío y que, según la
declaración de la víctima, le amenazaba con hacerle daño si se negaba a
mantener relaciones sexuales con él, añadiendo que «se denuncian una
serie de hechos que habrían tenido lugar entre el año 1996 y el 2001
cuando la querellante era menor de edad». Y, de igual forma,
consideraban que la decisión de archivo por prescripción del delito «es
prematura porque las diligencias practicadas hasta el momento nos
impiden aseverar que los hechos denunciados sólo podrían ser
constitutivos de un delito de abusos sexuales, motivo por el cual debe
revocarse la decisión de archivo».
A su vez, la defensa del exalcalde de Pontecesures y el fiscal
señalaban que los hechos, de existir, serían constitutivos de un delito
de abusos sexuales, ya prescrito, por tanto, como decidió la jueza de
Padrón, pero la Audiencia Provincial consideraba que debía de
investigarse si existió una situación de prevalimiento o de intimidación
que convertiría, como sostiene Hadriana Ordóñez, el acoso en agresión
sexual y seguiría vigente el delito.
Las diligencias se transforman en sumario y se seguirán con el número 189/17.
LA CLAVE NIEGAN QUE LOS HECHOS DENUNCIADOS SEAN CIERTOS
El exmandatario local de Pontecesures por el Bloque Nacionalista
Galego, Manuel Luis Álvarez Angueira, negaba las acusaciones tanto en
declaraciones a este periódico como ante la jueza de Padrón en su día.
Angueira rechazó todos los cargos que le imputaba su exsobrina política:
«O que está claro é que o que se di non é certo. Os feitos dos que se
fala nesa denuncia non son certos en absoluto», aportaba.
Hay que incidir en que, una vez citado como imputado a mediados de 2017, Álvarez Angueira tomó la decisión de pedir la baja de militancia en el Bloque, partido del que, por el contrario, todavía forma parte en la actualidad Hadriana Ordóñez, que ha vuelto a ser elegida en este mandato en calidad de concejala de Benestar Social, Diversidade e Igualdade del grupo de gobierno nacionalista rianxeiro. La presunta víctima aseguró también en su día que compañeros del partido se habían solidarizado con ella, sin embargo desde la cúpula se dieron muestras de una cierta frialdad al respecto del proceso.
Castiñeiras dice que Bello Maneiro le recriminó que alegase un contrato de prácticas a la hija de una concejala.
El concejal de Valga Viva, Manuel Castiñeiras,
denunció ayer ante el juzgado que el alcalde, José María Bello Maneiro,
le empujó e insultó a la salida de un Pleno. En concreto, asegura que el
regidor le espetó calificativos como “payaso”, “sinvergüenza”,
“gilipollas”, “ignorante”, “maleducado” o “mamón” y que “comezou a
empurrarme coa man e co peito, á vez que seguía insultándome”, según
aparece recogida en la denuncia
Los hechos que Castiñeiras puso en conocimiento del Juzgado de
Instrucción número 2 de Caldas de Reis habrían ocurrido tras la sesión
plenaria del 2 de octubre en la que, asegura, Bello Maneiro “mantivo
unha linguaxe despectiva, insultante, exercendo maltrato verbal”. .
Fue una vez rematado el Pleno, “atopándome eu abrindo a porta de
cristal que hai antes da porta de saída”, cuando Castiñeiras asegura que
se produjo la “total intimidación verbal e física” por parte de Bello
Maneiro, al que acusa de atentar “contra o desenvolvemento democrático
das miñas funcións como concelleiro”.
Pregunta del PSOE
En realidad, el edil apunta que la actitud del regidor valgués se
debe a su malestar por las alegaciones presentadas por Valga Viva al
proceso de contratación, en periodo de prácticas, de la hija de un
trabajador del Concello y de la hija de una concejala del grupo de
gobierno.
El Concello de Valga se adhirió al programa “O teu primeiro emprego”,
de la Diputación de Pontevedra, que subvenciona la contratación de
titulados a tiempo completo por un periodo de prácticas, con el fin de
facilitar la adquisición de experiencia y promover la inserción laboral.
El gobierno solicitó una titulada en Arquitectura y otra en Derecho y
Castiñeiras apunta que “la causalidad” es que la primera fue la hija
del aparejador municipal y la segunda la hija de una edil del gobierno
de Bello Maneiro. Valga Viva presentó una primera alegación porque un
miembro del tribunal era funcionaria interina, lo que según Castiñeiras
incumpliría las bases. Posteriormente, fue sustituida, pero por una
persona que “pese a ser licenciado, no Concello está como auxiliar
administrativo”, por lo que presentó un nuevo recurso.
El edil puso esta cuestión en conocimiento de la Diputación de Pontevedra. Estaba, además, dispuesto a preguntar por el asunto en el Pleno del 2 de octubre, pero agotó el cupo de preguntas, establecido en dos. Sin embargo, fue la portavoz del PSOE, María Ferreirós, la que inquirió al gobierno sobre el procedimiento. Castiñeiras dice que fue esta pregunta la que motivó el comportamiento de Bello Maneiro. El alcalde, por su parte, eludió hacer ninguna declaración al respecto.
El grupo criminal actuaba bajo el ‘modus operandi’ de falsos revisores de empresas de la luz o el gas.
Imagen del dinero que le fue incautado al grupo criminal detenido en Santiago y Teo.
La Guardia Civil ha desmantela un grupo criminal especializado en la
comisión de robos con violencia y de hurtos en el interior de viviendas
en Galicia, bajo el ‘modus operandi’ de falsos revisores de empresas de
la luz o gas tras la detención de cuatro personas en Santiago y Teo.
Según ha informado el Instituto Armado, las víctimas siempre eran
personas de la tercera edad y que residían solas en viviendas aisladas
de ámbitos rurales.
La denominada ‘Operación Kingarma’ se inició a raíz de un robo con
violencia e intimidación perpetrado en la localidad lucense de Palas de
Rei a mediados de mayo de este año, donde dos varones, mediante el uso
de violencia y de un arma tipo pistola, le sustrajeron 500 euros en
efectivo a una persona mayor que residía sola.
A raíz de ello se inició una investigación dirigida por el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción Mixto de Chantada (Lugo), en el marco
de la que se logró identificar a los miembros de un grupo criminal
formado por cuatro personas de nacionalidad española y residentes en las
localidades coruñesas de Santiago de Compostela y de Teo.
Además, los investigadores constataron que desde su base de
operaciones en Santiago de Compostela salían a las diferentes
poblaciones rurales de las cuatro provincias gallegas para cometer
delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, los cuales
realizaban largos desplazamientos y podían llegar a recorrer en un mismo
día más de 500 kilómetros.
Durante los desplazamientos el grupo tomaba medidas de seguridad a
fin de no ser detectados por las fuerzas del orden, fruto de su
especialización y la estabilidad en el tiempo con la que llevaban
operando, han señalado las mismas fuentes.
La mayoría de los miembros habían trabajado durante unos años de
forma legal para diferentes empresas energéticas, lo que aprovecharon
para conocer perfectamente el sistema de funcionamiento de las mismas, y
utilizaban dichos conocimientos para llevar a cabo su actividad
criminal, así como para formar al resto de componentes del grupo.
‘MODUS OPERANDI’
Su modus operandi consistía en desplazarse por diferentes aldeas de
Galicia, en algunas ocasiones utilizando información obtenida de cuando
realizaron sus trabajos de forma legal, han relatado las mismas fuentes,
y buscar viviendas donde residieran personas mayores y solas, a las
cuales abordaban y engañaban diciendo que eran revisores de la luz o del
gas, o que venían a mejorar la oferta del bono social de la luz y
emitían una falsa factura de la luz.
Este paso «era la clave para, a continuación, sustraer el dinero en
efectivo que había en la vivienda», destaca el Instituto Armado, «ya que
obligaban al morador a ir a buscar el efectivo para hacer el pago,
acompañándolo uno de ellos para ver donde lo cogía y el siguiente paso
era mientras uno se encargaba de entretenerlo bajo todo tipo de
artimañas» (acompañándolo al exterior a revisar los postes de la luz o a
comprobar los interruptores del resto de estancias de la vivienda). El
segundo acudía a la habitación donde había recogido el propietario el
dinero y sustraía el resto que guardaba.
La Benemérita destaca la «situación de indefensión en la que dejaban a
muchos ancianos», los cuales «solían tener altas cantidades de efectivo
en sus viviendas por no disponer de bancos cerca», añaden, así como en
muchas ocasiones ni podían desplazarse a dependencias policiales a
denunciar lo ocurrido por no disponer de los medios para ello.
El grupo criminal supuestamente obtuvo en los cuatro meses que ha
durado la investigación unos 20.000 euros en efectivo, «todo ello de su
lucrosa actividad criminal como falsos revisores de la luz», ha
subrayado la Benemérita.
DETENCIONES Y REGISTROS
Los agentes han practicado cuatro detenciones y cuatro registros
domiciliarios (dos en Santiago de Compostela y dos en Teo) donde se han
aprehendido más de 6.000 euros en efectivo, teléfonos móviles, tarjetas
SIM y joyas, así como carpetas de empresas eléctricas y carnés
acreditativos, medios que utilizaban para el engaño.
También se han intervenido cuatro vehículos, dos de ellos de gama
alta, los cuales utilizaban los miembros del grupo para recorrer las
largas distancias por las demarcaciones rurales gallegas y llevar a cabo
su actividad criminal.
DELITOS
Con este operativo se ha esclarecido un robo con violencia e
intimidación en Palas de Rei (Lugo), así como seis delitos de hurto
distribuidos en las localidades lucenses de Sarria, Abadín, Castroverde,
Muras, Ribadeo y Vilalba.
También se han esclarecido dos delitos de hurto en la provincia de
Pontevedra, uno en A Estrada y otro en Pontecesures, además de cuatro
delitos de hurto en la provincia de A Coruña, otros dos en Arzúa, uno en
Laracha y uno en As Pontes de García Rodríguez.
A ellos se suman delitos de estafa en las localidades de Ribadeo, A
Estrada, Castroverde, Vilalba y Pontecesures, además de otros dos
delitos continuados contra la seguridad vial.
Los cuatro detenidos, de entre 25 y 50 años y de nacionalidad española, tenían antecedentes por hechos similares. Serán puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Chantada en la mañana de este miércoles.
