La Audiencia retoma el juicio contra los hijos de Quintá por «presionarle» para retirar una querella.

La sesión se celebrará el próximo martes tras ser suspendido en abril por una cuestión técnica.

Andrés Quintá, en una fotografía de archivo, a las puertas de Extrugasa.
Andrés Quintá, en una fotografía de archivo, a las puertas de Extrugasa. 

La Audiencia Provincial acoge el próximo lunes la celebración de un juicio en el que la Fiscalía solicita dos años y nueve meses de prisión para dos hijos de Andrés Quintá, el propietario del imperio Extrugasa, así como a la pareja de uno de ellos, acusados de presionar al empresario para que retirase una querella. El juicio, que estaba previsto que se celebrase el pasado mes de abril, tuvo que suspenderse.

La Fiscalía considera que las tres personas habrían cometido un presunto delito de obstrucción a la justicia, al intentar influir en el fundador del grupo Extrugasa para que retirase una denuncia que habría presentado contra ellos y contra un asesor por «despojarle» de su empresa. Los hechos que se remontan a 2024, cuando el emprendedor que levantó un imperio en la localidad de Valga interpuso la mentada querella acusando a tres hijos y al asesor de «haberse apropiado de sus empresas y de la posición dominante» que él ostentaba en ellas.

Un juzgado de Caldas de Reis dio trámite a las diligencias y fijó fecha para tomarles declaración a los cuatro en calidad de investigados, para abril de 2025. Sin embargo, unos días antes, los acusados «conociendo el deterioro cognitivo que padece» el empresario valgués de 85 años de edad y «aprovechándose también de la confianza del mismo, puestos previamente de acuerdo, influyeron en su ánimo e insistieron hasta que lograron convencerle para que firmase un escrito de renuncia a las acciones penales que había emprendido».

Siempre según la fiscalía, «para evitar que pudiera cambiar de idea o pudiera buscar asesoramiento sobre las consecuencias de dicha renuncia, lo llevaron en su vehículo de motor a la sede del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caldas de Reis y le privaron del uso del teléfono móvil durante el trayecto inicial de Pontecesures a Pontevedra» para recoger a uno de ellos, hijo de Andrés Quintá, que es abogado y tiene un despacho en esta ciudad.

Sostiene el Ministerio Público que el fin era evitar que tuviese lugar la declaración judicial y lograr el archivo de la querella que había interpuesto y que por ello «le insistieron de forma apresurada» a firmar la renuncia a las acciones emprendidas. Además, «tanto durante el viaje como durante la estancia en el juzgado no lo dejaron solo en ningún momento ni le permitieron usar el móvil, por lo que no pudo hablar en ningún momento con su actual abogado».

Ya en el juzgado caldense, continúa su relato de los hechos, indicaron a los funcionarios que Andrés Quintá iba a retirar la denuncia y le entregaron el escrito ya firmado por él, teniendo que firmar el fundador de Extrugasa un acta de comparecencia. Así las cosas, la autoridad judicial acordó después el sobreseimiento provisional y archivo de la querella que había presentado en agosto de 2024, frenando la toma de declaración prevista. Añade el fiscal que, para conseguir su propósito, los acusados «le presionaron con su presencia utilizando además para ello sus relaciones personales y de confianza». Respecto al vástago letrado de profesión detalla que «fue el abogado y su hombre de máxima confianza en el ámbito jurídico durante años en sus empresas». También menciona a una nieta y a la pareja sentimental del otro vástago del empresario valgués.

Faro de Vigo

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El juicio por obstrucción a la justicia contra los familiares de Andrés Quintá llegará a los tribunales el 2 de julio.

El propietario de Extrugasa fue, presuntamente, forzado a renunciar a una querella contra sus hijos

Andrés Quintá en las instalaciones de Extrugasa, en Valga
Andrés Quintá en las instalaciones de Extrugasa, en Valga.

La Justifica fija para el próximo jueves 2 de julio el juicio contra los familiares y conocidos del empresario y responsable de Gestión Corporativa Quintá S. L. -de las que forman parte Extrusionados Galicia, Galipán y Extrugasa Transformación-, Andrés Quintá. La Fiscalía pide un total de dos años y nueve meses de prisión para tres personas acusadas por un delito de obstrucción a la justicia por, presuntamente, presionar a este empresario de 85 años para que retirase una denuncia contra su asesor personal y dos de sus hijos.

Los hechos se remontan a agosto de 2024 cuando Quintá presentó una querella contra estas personas de su entorno cercano acusándolas de haberse apropiado del control de sus empresas. Así, se iniciaron las diligencias previas y se acordó la toma de declaración de las personas querelladas.

Presuntamente los acusados, conocedores de esta denuncia y del deterioro cognitivo del empresario, lo presionaron para que firmase un escrito de renuncia a las acciones penales que había emprendido. Lo trasladaron hasta el Juzgado de Caldas y le impidieron utilizar su teléfono móvil logrando así que firmara el escrito de renuncia y se archivara provisionalmente el procedimiento. Por todo ello, se les acusa ahora a los responsables de estas acciones de un delito de obstrucción a la justicia.

Audiencia preliminar

El pasado 23 de abril los representantes legales de ambas partes se reunieron en la Audiencia Provincial de Pontevedra en lo que fue una sesión preliminar que planteó una suspensión por confluencia de peticiones al haber dos denuncias sobre la mesa: la de obstrucción a la justicia y la querella presentada en su día por Quintá.

Diario de Arousa

El juicio quedó por tanto pendiente de señalamiento, pero ahora las partes se verán de nuevo las caras para resolver este pleito legal el próximo 2 de julio a las 10:00 horas.

El PP pide explicaciones que justifiquen los meses de retrasos en las obras de la Rúa Carlos Maside.

Estado actual de las obras en la Rúa Carlos Maside
Estado actual de las obras en la Rúa Carlos Maside.

El PP de Pontecesures denuncia que las obras de reordenación de la Rúa Carlos Maside acumulan ya una tercera prórroga, cuando el proyecto debería estar finalizado desde hace meses. Además, lamenta que el gobierno local siga sin ofrecer explicaciones claras a los vecinos sobre cuándo concluirá una actuación “que leva meses convertendo esta rúa nun foco permanente de molestias”.

Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno para este año, con un coste de 435.000 euros financiados por la Diputación, pero este inició su licitación en septiembre del año pasado y establecía un plazo de ejecución de cuatro meses. Hoy la calle sigue en obras.

Los populares subrayaron que cada prórroga concedida supone más semanas de incomodidades para vecinos y comercios de la zona, con accesos cortados, ruido, polvo y e imagen de abandono. Además, aseguran que la administración ha cambiado de argumento a medida que avanzaban los meses atribuyendo primero los retrasos al mal tiempo; después, a dificultades en la coordinación con la compañía eléctrica; y más tarde, a la presencia de agua procedente de los arroyos de la zona.

Diario de Arousa