Autorización para verter del polígono de Picusa al Ulla.

Autorización para verter del polígono de Picusa al Ulla
Sistema Técnicos del Accesorio y Componentes (STAC) acaba de solicitar a Augas de Galicia licencia para el vertido de aguas residuales industriales, previo paso por su sistema depurador, al río Ulla. Desde la empresa STAC apuntan que se trata de aguas residuales tanto de naturaleza ácida como alcalina, mientras que las fecales se envían directamente a la estación de Picusa. Los interesados en interponer alegaciones tienen treinta días a partir de hoy.

De esta forma, en el Boletín Oficial de la Provincia se solicita autorización para el vertido, previo paso por una estación depuradora físico química que cuenta con línea de agua y línea de lodos. En cuanto a la línea de agua, dispone de cuatro balsas para concentrados y lavados, tanto ácidos como alcalinos, que luego derivan a cubas de preneutralización. Todas ellas, siempre según la empresa, están convenientemente revestidas e impermeabilizadas para evitar cualquier tipo de filtración. Posteriormente, las aguas residuales pasan a un sedimentador compacto de flujo laminar.

En cuanto a la línea de lodos, dispone de un concentrador de lodos de 16 metros cúbicos y de un filtro prensa con una superficie filtrante que suma un total de treinta y nueve metros cúbicos de capacidad.

Las aguas residuales industriales depuradas se conectan posteriormente a la red de aguas pluviales del polígono de A Picaraña, a través de un entubado de 200 milímetros de diámetro para, por fin, acabar en el río Ulla a su paso por la capital del Sar.

EL CORREO GALLEGO, 10/05/11

Los pleitos por los caminos minan la convivencia vecinal en Cesures.

La dueña de la casa sobre la que pesa una orden de demolición muestra el tramo que el demandante reclama como camino público, el cual desemboca en la vivienda de esta (al fondo).

Los pleitos por los caminos minan la convivencia vecinal en Cesures
El litigante que propició la orden de derribo sobre una casa amplía sus denuncias contra otros cuatro propietarios, el Concello y la Xunta
En la tierra del minifundio y donde el arraigo al terruño está tan interiorizado no sorprende ya que los problemas por los lindes acaben en los juzgados. Esta circunstancia cobra su máxima expresión en Pontecesures donde un vecino está dispuesto a litigar con quien sea para reclamar lo que considera sus derechos sobre caminos y accesos a su propiedad. Se trata de Juan José Llerena Orgaz, cuyas denuncias propiciaron una orden judicial de derribo de la casa lindante y una sentencia autorizándole a abrir un acceso rodado a su casa a costa de cerrarle el paso a los coches de las casas vecinas.
Llerena no acabó ahí su batalla judicial. Ahora presenta una demanda por lo civil para reclamar la apertura de un supuesto camino público que comunicaría la zona de Regadío con la parte trasera de su finca. La acción judicial va dirigida contra cinco lindantes, el Concello de Pontecesures y Augas de Galicia de la Xunta de Galicia.
El demandante rehusó ayer explicar a este diario los términos exactos de su reclamación pero, según explicaron los afectados, su objetivo pasaría por convertir lo que hoy se usa como una estrecha pasantía en una calle. Llerena ya intentó que se abriese camino por allí hace años, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimó su petición alegando que no entraba en el fondo de la cuestión por tratarse de una materia administrativa, si bien dejaba constancia de que no había indicios de que existiese tal camino público. Juan José Llerena no se rinde y ahora presenta una demanda en los juzgados de Pontevedra con la que pretende salvar las cuestiones de procedimiento. Además de actuar contra los cinco lindantes (entre los que se encuentran Isabel Eitor y Gerardo Carou, los dueños de la casa sobre la cual pesa la amenaza de derribo) en su ofensiva carga también contra Augas de Galicia, porque el camino ocuparía terreno de su competencia, y contra el Concello cesureño, por haber desestimado sus peticiones cuando las planteó por la vía administrativa.
Los demandados dicen estar indignados y acusan a Llerena de reclamar cosas que no le corresponden «ao prezo que sexa». Los afectados no ahorran apelativos a la hora de referirse a su vecino, con quien no se hablan y a quien acusan de enturbiar la convivencia vecinal.

LA VOZ DE GALICIA, 24/02/11

Campaña mediática para evitar que tiren una casa cesureña.

José Carou señalando la casa del denunciante y detrás de él, la suya.

El Concello pidió una prórroga al juez para ejecutar la demolición y redactar el proyecto

Una familia de Pontecesures, vecina de O Rial, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para evitar que se derribe su vivienda. Sobre ésta pesa una orden judicial de reposición de la legalidad, tras presentar un vecino de la zona, J.J.L.O., una denuncia por presunta ilegalidad del inmueble. Se trata del mismo denunciante que solicitó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ejecutar el deslinde de Augas de Galicia en la pista del Regadío, en diciembre 2010.

Bajo el lema Axúdanos a parar esta inxustiza, la familia inició una campaña de recogida de firmas, en los bares de la comarca para intentar que la presión social paralice la actuación. ?sta ha tenido su eco en Internet a través del email Evitemos o derrube da casa duns amigos, en el que se piden firmas para evitar que se deje a esta familia «a de José Carou Alcalde, José o Francés, na rúa»

?ste, en conversación telefónica mantenida con este diario hace un mes, recalcó que cuando construyó su casa contaba con todos los permisos. Ahora para poder legalizarla conforme al PXOM, necesita adquirir una franja de terreno de 12 metros. Cuando la construyó hace casi 10 años le exigían 9 (regían entonces las Normas Subsidiarias). La compra parece simple pero es materialmente imposible: No hay terrenos en venta, y el único que podría estar disponible, de unos 300 metros, es económicamente inviable para la economía de la familia, que tiene un niño pequeño.

La orden de demolición fijada por el TSXG estaba prevista para el pasado día 31, pero no se hizo efectiva al pedir el Concello al Juzgado una prórroga mientras tramita la redacción del proyecto de derribo.

El edil de Relaciones Institucionales, Luis Sabariz, recalca que hay que ser «muy comedido con este tema», aunque comprende «la preocupación de la familia». Matiza que «en estos momentos lo que prima es buscar una solución de acuerdo a la normativa y es perjudicial entrar a valorar o discutir asuntos jurídicos en los medios de comunicación.

EL CORREO GALLEGO, 06/02/11

Augas de Galicia se compromete a dotar de un acceso a las dos viviendas perjudicadas por el deslinde del canal.

La alcaldesa consuela a una vecina, que llora desconsolada.

El Concello de Pontecesures aseguró ayer tener el compromiso del organismo Augas de Galicia para dotar de un acceso a las dos viviendas damnificadas por el deslinde del canal de regadío, que se está ejecutando para dar cumplimiento a una sentencia dictada en 2003 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) después de un pleito judicial emprendido por Juan José Llerena Orgaz, propietario de una vivienda en la zona a la que quiere dotar de una entrada. Las obras, que comenzaron esta semana, han generado el rechazo del resto de los vecinos, que acusan a Llerena de actuar ??a mala fe? y con el ánimo de ??perxudicar? y ??facer dano?. Tras el alboroto que se formó el miércoles en la zona, ayer de nuevo volvieron a concentrarse en el lugar los vecinos, representantes políticos, técnicos municipales y el redactor del proyecto del deslinde. Los trabajos están siendo ejecutados por Llenera tras obtener el beneplácito del TSXG, pero serán financiados por Augas de Galicia, al entender la sala que afectan a terrenos de dominio público expropiados para la construcción del canal. El coste será de 50.000 euros y, además de acometer el acceso a la vivienda del denunciante, se construirá un muro de 18 metros de largo que finalizará en talud de tierra ­con un muro de mampostería de un metro de alto­ justo ante la rampa hacia dos viviendas anexas, cuyos propietarios se quedarán sin acceso rodado alguno.
??¿Como vou saír eu da miña casa??, se preguntaba indignada Loli Miguéns, una de las afectadas. ??Non lle chegaba con facer unha pista, senón que ten que facer unha autopista?, continuaba. A su lado su hermana lloraba y era consolada por la alcaldesa, Maribel Castro, mientras veía como la maquinaria comenzaba a cortar los árboles de la que hasta ahora era su parcela y a derribar el cierre de su vivienda. ??¡Ladrón, quere encerrar á miña irmá aí!?, gritaba en alusión a Llerena Orgaz, que se convirtió en el centro de todas las críticas: ??Este home é un cínico?, afirmaban los vecinos recordando que algunos propietarios se ofrecieron a cederles terrenos para hacer una rampa hacia su casa ??e non quixo, porque ten que fastidiar a todo o mundo. E despois non da nin a cara, é un cobarde?.

Tensión y lágrimas > La tensión del día anterior volvió a reproducirse ayer en la Pista do Regadío sin que los ciudadanos ni los responsables municipales encontrasen lógica alguna al proyecto del deslinde. ??Non se pode vestir un santo e desvestir dous?, comentaba la alcaldesa al tiempo que incidía en que ??es doloroso, porque en realidad el señor tiene acceso suficiente, pero tenemos que dejar que se ejecute la sentencia?. Hubo lágrimas, lamentos y gritos de los allí congregados. ??Aquí non hai lei ningunha. Non hai dereito a que fagan isto?, proclamaba un señor, mientras que algunos recordaban que Juan José Llerena ??púxolles denuncias a todos os veciños. Só se salvan da queima dous ou tres?.

A apenas unos metros, el director del proyecto, que está siendo ejecutado por la empresa estradense Taboada y Ramos, explicaba a los políticos y a los técnicos municipales en qué consistirán las obras. Más tarde, hacia mediodía, se incorporaron representantes de Augas de Galicia, a los que el gobierno municipal arrancó el compromiso de construir, una vez finalice el deslinde, una rampa para dar acceso rodado a las dos viviendas perjudicadas, explicó el concejal Luis Sabariz Rolán, que incidió en que el Concello respalda totalmente a estos vecinos y presionará para que la habilitación de esta rampa ??sexa inmediata? por parte de la administración autonómica.

DIARIO DE AROUSA, 14/01/11

Augas promete apoyo a los damnificados por el conflicto vecinal abierto en Pontecesures.

Es un problema de lindes que se remonta a una ocupación de terrenos realizada en los años sesenta.

Un conflicto vecinal enquistado durante décadas ha desencadenado una situación para muchos incomprensible, como es que una sentencia judicial autorice a un ciudadano a abrir un camino hacia su casa ocupando para ello terrenos públicos, aunque esto suponga cerrar, y prácticamente tapiar, la entrada otras dos viviendas, e incluso atravesar la finca de una de ellas con un muro de hormigón de un metro de ancho.
Sucede en el lugar de Carreiras, en Pontecesures, donde la tensión es palpable, aunque al menos el compromiso adquirido ayer por Augas de Galicia ha calmado levemente los ánimos, pues gracias a la mediación del Concello el ente público garantiza que va a instalar rampas y a ejecutar cuantas mejoras sean precisas para dar servicio a los moradores de las dos viviendas damnificadas.
Como se avanzaba ayer, todo esto está relacionado con la ocupación de terrenos para el canal de regadío de Pontecesures. Corría el año 1966 y se ocupó de ello la Confederación Hidrográfica del Norte de España. Más recientemente las competencias pasaron a manos de Augas de Galicia, y también el terreno afectado.
Pero el vecino J.J.LL.O. reclamó un deslinde y quiso ocupar parte de los terrenos que se habían expropiado u ocupado, y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le dio la razón. No solo eso, sino que lo autorizó a ejecutar las obras y, por sorprendente que parezca, pasar la factura a Augas, ya que los trabajos se realizan en terrenos públicos, aunque sea para hacer el acceso rodado a su casa.
La sentencia es del año 2003, explica el concejal Luis Sabariz, quien indicó que el Concello, a pesar de no tener competencias, contribuyó a forzar el compromiso de Aguas. Añade que la obra que ejecuta este vecino, que va a finalizar en quince días y que tiene que pagar el erario público, asciende a 50.000 euros. El propio Sabariz indica que la resolución definitiva de este asunto va para largo, pues ahora son otros los vecinos que van a presentar las correspondientes demandas judiciales para defender sus propiedades.
«Es algo inconcebible que para beneficiar a un ciudadano se anulen las entradas a las casas de otros», apostilla Sabariz, quien matiza que «el Ayuntamiento quiso estar presente para tratar de defender a los afectados y evitar conflictos». Sabe que «las sentencias deben ser cumplidas y este ciudadano tiene una que le da la razón, pero lo sucedido es muy extraño, sobre todo porque nadie informó al Concello».

FARO DE VIGO, 14/01/11

Rebajan la tensión en el deslinde de la pista del regadío.

Miembros del gobierno en la reunión con las partes y a la dcha., una afectada.

Cesures arranca el compromiso a Augas de garantizar el acceso a dos casas implicadas

Vecinos de la pista del Regadío (Pontecesures), vivieron ayer nuevos momentos de tensión, nervios, cabreo e impotencia, cuando la pala contratada por un particular continuaba con los trabajos previos para proceder al deslinde de los terrenos afectados por el dominio público, merced a un auto dictado por el TSXG que otorga plenos poderes a un particular, J.J.L.O. para ejecutar la actuación, y abrir, así, un acceso rodado a su propiedad.

El denunciante, J.J.L.O. alega que dichas fincas expropiadas para el canal de regadío, habían sido ocupadas por particulares. El Concello reunía a las partes afectadas a pie de obra para aclarar algunos aspectos, ver un proyecto «y un auto que desconocíamos» y tratar de evitar el mayor daño posible.

El proyecto deja sin acceso rodado a dos viviendas: una de ellas se vería enclaustrada por un muro de hormigón de un metro, y la otra perdería gran parte de su finca.

El Concello arrancaba el compromiso de Augas de construir una rampa de acceso a estas dos viviendas, y los afectados anuncian que emprenderán acciones ya que alegan que sus propiedades nunca fueron expropiadas. Por su parte, Augas de Galicia recalca que las sentencias hay que acatarlas y que vigilarán que las obras se hagan conforme a lo presentado.

El proyecto tiene un coste de 50.000 ?, que deberá abonar el organismo público a J.J.L.O. y un plazo de ejecución de 15 días. Sobre la zona planea otro conflicto, independiente del deslinde: la orden judicial de derribo de una vivienda particular, cuya denuncia también fue presentada por el promotor del deslinde.

EL CORREO GALLEGO, 14/01/11