El ex alcalde de Pontecesures, inculpado en el caso del gasoil, confía «na Xustiza».

«Non vou dicir nada. Que fale a Xustiza. confiamos nela». Con estas palabras reaccionó el ex alcalde de Pontecesures. Manuel Luis Álvarez Angueira, ante la noticia de que ha sido imputado por el caso del gasoil. La titular del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Caldas lo ha citado para prestar declaración el póximo 8 de septiembre. Lo acompañará el entonces encargado municipal de Obras y actual responsable local del BNG, Xurxo Gerpe Jamardo, mientras que en claidad de testigo acudirá un representante de la gasolinera Jers SL, la estación de servicio de Condide.
El proceso se halla en proceso de diligencias previas después de que la Audiencia Territorial de Pontevedra estimase «indicios de delito» en el caso denunciado por el PP y los concejales no adscritos y de que el Juzagado de Caldas sobreseyese el asunto en dos ocasiones. La oposición sacó a la luz en la pasada legislatura las elevadas facturas que se cargaban al Concello, haciendo hincapié en el «consumo desorbitado» del Patrol de Obras.

DIARIO DE PONTEVEDRA, 01/07/09

El ex alcalde declarará como imputado en el caso del gasoil.

Han tenido que pasar ocho meses para que se acatase el fallo de la Audiencia Provincial de Pontevedra que instaba al Juzgado nº 1 de Caldas a instruir diligencias por la denuncia formulada en 2006 por el PP (Rafael Randulfe, actual líder, y el ex portavoz Ángel Manuel Cordo) y la querella criminal interpuesta por ACP (hoy grupo de no adscritos) contra el ex regidor (y actual líder nacionalista) Luis Álvarez Angueira, referente a un gasto excesivo de combustible por parte de vehículos municipales. Este gasto hacía presuponer a los denunciantes que se desviaban fondos municipales, a través de las facturas del gasoil, para «fines privados» y que, presuntamente, «se distribuía combustible para coches ajenos al Concello» con cargo a las arcas locales.

El Juzgado de Caldas no tomó en consideración la denuncia y la querella y las archivó, pero el recurso formulado por ambas formaciones políticas ante la Audiencia y el posicionamiento del Ministerio Fiscal dio una vuelta de tuerca al caso.

Es más. La Audiencia echó por tierra los argumentos del juzgado para archivar el asunto y le daba un buen tirón de orejas, al señalar que en los argumentos expuestos por PP y ACP había claros indicios de «malversación de fondos públicos».

El fallo de la Audiencia era claro: «Las alegaciones relativas a la existencia de un consumo, en principio, exorbitado (incluso imposible) a la luz de los cuadros de consumo en relación con el kilometraje recorrido por el vehículo (Nissan Patrol M-3287-LS de la brigada de Obras) en los diferentes periodos, y de los que, en algunos de esos periodos resultaría un consumo medio de más de 100 litros cada 100 kilómetros, constituyen indicios de un gasto injustificado por imposible en la realización de los fines públicos asignados a dicho gasto».

Así las cosas, el Juzgado de Caldas ha citado para el 8 de septiembre, en calidad de imputados, a Álvarez Angueira, y al ex encargado de Obras y actual responsable del BNG Local, Xurxo Gerpe. La primera denuncia pública tuvo lugar en junio de 2006 y las subidas exorbitadas de consumo se detectaron en los periodos de 2004, 2005 y el primer trimestre de 2006.

EL CORREO GALLEGO, 01/07/09

Álvarez Angueira declara en Caldas como imputado por el «caso del gasóleo»

El ex alcalde de Pontecesures, el nacionalista Manuel Luis Álvarez Angueira, debe responder ante la justicia por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Se trata del «caso del gasóleo», aquel que en el anterior mandato ?? verano de 2007 ?? sacó a relucir la oposición municipal pontecesureña y que guardaba relación con el presunto uso abusivo de combustible en los vehículos municipales.

El PP e independientes

Tras las denuncias que inicialmente habían presentado tanto el PP como los independientes Luis Sabariz Rolán y Alfonso Diz Villar, el caso se archivó. Pero después de que los dos últimos concejales, ahora integrados en el gobierno tripartito, presentaran el correspondiente recurso ante la Audiencia, la sala provincial ordenó investigar los hechos en primera instancia, es decir, instó al Juzgado de Caldas de Reis a reabrir el caso y a instruir las diligencias correspondientes.

Tal y como se explicó en su día, lo que hizo la Audiencia fue admitir a trámite las denuncias presentadas por los independientes y el PP, refundirlas en una y transmitir al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Caldas las órdenes oportunas para llevar a cabo el proceso y dictar una sentencia.

Ahora, un año después de aquella resolución judicial, el Juzgado de Caldas cita a declarar como imputados al ex alcalde y al encargado del servicio de obras, que junto al representante de la gasolinera, que está citado como testigo, deben prestar declaración el 8 de septiembre para así dar comienzo a la fase instructora y tratar de arrojar luz, de una vez por todas, sobre este turbio asunto.
Motivo de numerosas denuncias públicas y judiciales, lo ocurrido con el uso supuestamente abusivo de gasóleo ocupó diversos plenos de la corporación municipal, marcados por la tensión entre gobierno y oposición ??por entonces gobernaba el BNG?? y cargados de graves acusaciones.

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La plantilla de Novo y Sierra recibe la carta de despido tras autorizarlo el Juzgado.

Los treinta y seis trabajadores que integraban la plantilla de la empresa de fabricación de ladrillo Novo y Sierra, de Valga, recibieron en la mañana de ayer la carta de despido, junto con el auto del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra en el que autoriza la extinción de las relaciones laborales en base al entendimiento alcanzado hace unas semanas por sindicatos y empresarios. Este acuerdo, ratificado por los trabajadores en asamblea, supone que cobrarán una indemnización de 26 días por año trabajado, con un máximo de quince mensualidades y media.
Aunque la extinción de los contratos ya se haya hecho efectiva, el proceso ??non remata aquí nin moito menos?, comentó ayer el representante de Comisiones Obreras Juan Fajardo. Aunque queda por cerrar el concurso de acreedores y la liquidación de la empresa, un proceso en el que ??estaremos enriba para garantizar que os empregados cobren as indemnizacións?, parte de las cuales procederá del Fogasa ­Fondo de Garantía Salarial­ y el resto lo pagarán loa administradores concursales tras la liquidación. Además, en caso de que se retome la actividad en la fábrica en un futuro, pretenden que se contrate a integrantes de la actual plantilla.

DIARIO DE AROUSA, 18/06/09

El juez falla a favor del Concello de Pontecesures el litigio por un terreno de 1.387 metros cuadrados.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra resolvió a favor del Concello el litigio impulsado por la promotora Constantino Taibo S.L. a cuenta de la cesión de un terreno de 1.387 metros para la creación de una zona verde.

La polémica se remonta al año 1994, cuando el gobierno local cesureño concedió a Taibo Tojo licencia para la construcción de un edificio de 22 viviendas de protección oficial en la Avenida de Vigo, un permiso que llevaba condicionada la cesión de un parcela de 1.387 metros cuadrados para la creación de una zona verde en el entorno del inmueble.
Constantino Taibo infringió esta premisa y no sólo eso, sino que el julio de 2006 permutó la parcela en litigio a un tercero. El Concello le abrió un expediente por incumplimiento de obligaciones urbanísticas y emitió varias resoluciones convocándolo para entregar el terreno. Contra ellas, y con la intención de dejarlas sin efecto, presentó recurso ante el Contencioso-administrativo, pero el juez rechazó sus argumentos. En los últimos días Taibo presentó un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero a pesar de ello el Concello estudia ya emprender acciones judiciales en el ámbito civil contra la promotora y también contra la persona a la que esta permutó el terreno para que se anule dicha cesión y los 1.387 metros puedan pasar finalmente a ser públicos. El concejal Luis Sabariz sostiene que Taibo Tojo, ??obviamente, non podía dispoñer e enaxenar un terreo sobre o que tiña a obriga de cedelo ao Concello?.

El edil de Relacións Institucionais incide en la ??obriga? que tienen los representantes municipales ??para defender os intereses de todos? y explica que el terreno ??ten un valor moi importante para o Concello e seguiremos realizando todo tipo de xestións para incluílo no patrimonio municipal?.

diario de arousa, 07/06/09

Sindicato y empresas alcanzan un acuerdo para las indemnizaciones de Novo y Sierra.

La plantilla de Novo y Sierra se manifestó contra los despidos.

Sindicatos, representantes de personal, empresarios y administradores concursales de Novo y Sierra alcanzaron ayer un acuerdo sobre las indemnizaciones que recibirá la plantilla por sus despidos. Cobrarán 26 días por año trabajado, con un máximo de quince mensualidades y media.

El acuerdo se alcanzó pese a que no resulta nada satisfactorio ni para los trabajadores ­algunos de ellos votaron en contra de firmar el documento­ ni para los sindicatos, que pretendían lograr unas indemnizaciones algo más elevadas para los 36 empleados que serán despedidos, puesto que la empresa solicitó en el Juzgado de lo Mercantil un expediente de regulación de empleo para echar a toda la plantilla y cesar la actividad de la fábrica de ladrillo.
Juan Fajardo, de Comisiones Obreras, confirmaba que ??o acordo non satisface as nosas expectativas pero, ante a posibilidade de que o xuíz adoptase unha decisión unilateral que fose máis perxudicial para os traballadores, optouse por firmar. O risco era bastante grande en caso contrario?, sostiene. El sindicalista incide en que el acuerdo está ??condicionado por unha lei concursal inxusta, que deixa aos empregados con pouca capacidade de defensa cando unha empresa presenta un concurso de acreedores?.

Debido a estas dudas que suscitaba la oferta planteada por los administradores concursales de Novo y Sierra, durante la reunión se hicieron varios recesos para que los responsables sindicales se comunicaran con la plantilla ??e así debatir os pros e os contras? de aceptar o no la propuesta. Al final, la decisión no fue unánime pero eran mayoría los que respaldaban el ??sí?.

Con este acuerdo los trabajadores de más antigüedad en la empresa cobrarán alrededor de 5.000 euros por encima del mínimo legal. Además, en caso de que la empresa continuara con su actividad, quedó comprometido por escrito que se echará mano de la misma plantilla. Lo que no recoge el acuerdo es ningún plazo para que se haga efectivo el pago de las indemnizaciones, ya que ??iso está suxeito ao proceso de liquidación da empresa?, explica Fajardo.

DIARIO DE AROUSA, 06/06/09