La Audiencia de Pontevedra ordena investigar el elevado gasto de gasoil en el Concello de Cesures.

El Juzgado de Caldas archivó en los últimos meses tanto la denuncia presentada por el PP de Pontecesures en relación al elevado gasto de combustible como la querella criminal presentada posteriormente por los actuales concejales no adscritos de la corporación municipal, Luis Ángel Sabariz y Alfonso Diz. Pero la decisión judicial fue recurrida ante la Audiencia Provincial, que acaba de pronunciarse respecto de uno de los asuntos más escandalosos de los últimos meses en los que Álvarez Angueira fue alcalde del municipio. Y frente a los argumentos esgrimidos en su día por la jueza Dalila Dopazo, titular del juzgado número uno de Caldas, la Audiencia de Pontevedra sí ve indicios de un posible delito de malversación de caudales públicos, por lo que estima los recursos presentados y deja sin efecto los autos apelados, «debiendo la instructora admitir a trámite la denuncia y querella presentadas». A esos recursos se había adherido también el fiscal.
Para tomar esa decisión, el jurado provincial se basa, sobre todo, en los argumentos de la querella presentada por Sabariz y Alfonso Diz, que hicieron un pormenorizado estudio de las facturas del gasoil y del coche municipal que supuestamente se surtía del combustible. Los concejales denunciantes dudan de que ese Nissan Patrol haya consumido tal cantidad de gasoil, con facturas que, en algunos meses llegaban a los 400 euros, porque hubo días en los que el depósito se llenó dos veces, y en ocasiones, incluso en festivos. Además, después de que se denunciaron los hechos, en marzo del 2006, bajó considerablemente el consumo.
Por ello, los concejales no adscritos creen que ese dinero se desvió para otros menesteres, algo que deberá investigar el juzgado tras la decisión tomada por la Audiencia Nacional, que también encuentra indicios de desviación de fondos públicos para fines privados.

LA VOZ DE GALICIA, 08/10/08

La Audiencia obliga a la jueza de Caldas a reabrir el caso del consumo de gasoil en el Concello de Pontecesures.

Considera que hay indicios de malversación de fondos públicos en la denuncia y en la querella presentadas por la oposición contra el ex alcalde y un trabajador municipal

El caso del consumo excesivo de gasoil denunciado hace ya más de dos años por el PP y la entonces ACP de Pontecesures suma un nuevo capítulo. Tras rechazar la jueza titular del Juzgado nº 1 de Caldas la denuncia formulada por el PP (Rafael Randulfe, actual líder, y el ex portavoz José Manuel Souto Cordo) contra el entonces alcalde, el nacionalista Luis Álvarez Angueira, y el encargado de Obras «por presunta desviación de fondos públicos para fines privados, a través del vehículo de obras» del Concello (sobre todo el Nissan Patrol M-3287-LS), así como la querella criminal presentada por los entonces ediles de ACP, Luis Sabariz y Alfonso Diz, por los mismo hechos, la Audiencia de Pontevedra desestima este fallo e insta al juzgado a instruir las diligencias.

Hay que señalar que el Ministerio Fiscal se adhirió tanto a la denuncia como a la querella presentadas. El fallo de la Audiencia considera en su parte expositiva que «los hechos objeto de investigación si revestirían, de ser ciertos, caracteres de infracción penal, en principio, de un posible delito de malversación de caudales públicos», desmontando así el argumento desestimatorio formulado por el Juzgado nº 1 de Caldas de Reis en el que este alegaba el archivo de la causa que los hechos relatados tanto en la denuncia del PP como en la querella de ACP, «aún de ser ciertos, no revisten caracteres de infracción penal».

Además, la Audiencia no comparte tampoco el criterio de la jueza, que señala que «no se aporta en la relación fáctica indicio alguno de que se facturasen consumos inexistentes o de que los consumos de combustible estuviesen destinados a usos propios ajenos a la función de servicio público».

En este sentido, el fallo de Audiencia recoge que «precisamente las alegaciones relativas a la existencia de un consumo, en principio exorbitado, incluso imposible, a la luz de los cuadros de consumos (con mucha concreción en la querella) en relación con el kilometraje recorrido por el vehículo en los diferentes periodos, y de los que, en algunos de esos periodos resultaría un consumo medio de más de 100 litros cada 100 kilómetros, constituyen indicios de un gasto injustificado por imposible en la realización de los fines públicos asignados a dicho gasto». Así, la sentencia considera que es precisamente esto último «el objeto de investigación como presunto delito de malversación, tanto en la denuncia, como en la querella».

En virtud de esto, la Audiencia estima sendos recursos de apelación presentados por PP y ACP, ya que entiende que hay indicios de delito y deja sin efecto los autos del juzgado de Caldas, «debiendo la instructora admitir a trámite denuncia y querella, decidiendo acerca de las diligencias de investigación cuya práctica le es interesada para el esclarecimiento de los hechos». Acorta la investigación «al gasto en combustible y correspondiente uso del vehículo Nissan Patrol M-3287-LS».

La primera denuncia pública por el excesivo gasto de combustible y las presuntas anomalías en las facturas del gasoil se remonta a junio de 2006, fecha esta en la que el PP lo hizo público. A este se sumó también el entonces ex socio de gobierno del BNG, Luis Sabariz.

En el Pleno de junio de 2006, el entonces alcalde Luis Álvarez Angueira justificaba el gasto por la cesión del vehículo de obras al Náutico y a trabajos extras. La oposición detectó subidas exorbitadas en los periodos de 2004, 2005 y el primer trimestre de 2006. Tras la denuncia, el gasto remitió.

EL DATO Dobles repostajes

La querella presentada por ACP a través del letrado José M. Roibás aporta cuadros detallados de consumo y repostajes dobles por el mismo vehículo en el mismo día y en días no laborables .

EL CORREO GALLEGO, 08/10/08

El fiscal rebaja a 12 años y medio la petición de pena para el acusado de robar dos bancos en Pontecesures.

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José David L.M. durante su declaración en el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial.

El juicio contra José David L.M., un malpicán acusado de atracar dos bancos de Pontecesures en 2005 e intentar acuchillar a dos guardias civiles, quedó ayer visto para sentencia tras la segunda sesión, en la que la Fiscalía y la defensa expusieron sus conclusiones. Esta última pidió, al igual que lo hiciera el jueves, la libre absolución, pero el fiscal introdujo cambios en su petición de pena, que bajó desde los 39 años de cárcel hasta 12 años y seis meses. Esto se debe a que, una vez escuchados los testigos, cree que el acusado no secuestró a los rehenes, si no que sólo los intimidó.

La Fiscalía introdujo modificaciones en la petición de pena para el vecino de Malpica que fue juzgado desde el jueves en la Audiencia de Pontevedra por el presunto atraco a dos sucursales bancarias de Pontecesures. Ayer se celebró la segunda y última sesión de la vista oral y el fiscal rebajó la pena que solicita de 39 a 12 años y seis meses de prisión por un delito de robo con intimidación a la sucursal del Banesto, una tentativa de robo con intimidación en el Banco Pastor y un tercer delito de atentado contra la autoridad, ya que acusa a José David L.M. de intentar agredir a dos agentes de la guardia civil durante el segundo de los atracos.
Además, pide que se le imponga una multa de 300 euros por una falta de maltrato de obra. También introdujo cambios en el apartado de responsabilidad civil ya que inicialmente solicitaba una indemnización de 5.080 euros ­el dinero que supuestamente robó del Banesto y que nunca se recuperó­ para la entidad bancaria. En la sesión de ayer matizó que la cantidad a devolver sea fijada en la sentencia que dicte el tribunal de la Audiencia Provincial.

El motivo principal de esta reducción de pena por parte del fiscal se debe a que, una vez escuchados los testimonios de los testigos y del propio acusado, considera que José David L.M. no cometió ningún delito de detención ilegal. En el primer atraco tomó, presuntamente tomó como rehenes al director de la entidad y a un cliente y, en el segundo, a dos trabajadores del Pastor y a otros tres clientes. En ambos casos los obligó a dirigirse a otra sala, donde los maniató para evitar que pudieran frustrar su fuga. La Fiscalía cree que estos hechos no supusieron un secuestro, sino una intimidación de los rehenes.

Por su parte la defensa solicitó de nuevo la libre absolución de su cliente. La letrada de José David L.M. indicó que la conducta de su cliente no supuso la comisión de ningún acto delictivo. Esto a pesar de que el propio malpicán reconoció durante el juicio ser el autor del intento de robo a la sucursal cesureña del Banco Pastor, aunque niega que fuese él quien atracó unos meses antes el Banesto ya que, dijo, ese día ??estaba disfrutando de un permiso penitenciario con mi familia en Malpica?. También niega que intentase acuchillar a dos guardias civiles durante el segundo de los robos, tal y como corroboraron con sus declaraciones un Policía Local de Pontecesures y los propios agentes de la Benemérita implicados, uno de los cuales tuvo que disparar al abdomen a José David L.M. para que evitar que hiriese a su compañero o a él mismo.

El vecino de Malpica, de 46 años de edad, se encuentra actualmente en la prisión pontevedresa de A Lama ya que fue condenado en tres ocasiones por sentencias firmes por haber cometido otros tantos robos en los años 1995 y 1996.

DIARIO DE AROUSA, 04/10/08

Los pisos de Mahía pagados en negro afectan también a Padrón.

Las viviendas de las promociones en las que la Agencia Tributaria ve indicio de delito corresponden a Bertamiráns, Urdilde, Teo, Padrón, Sigüeiro y Compostela ·· El mayor de los pagos ilegales corresponde a un piso de más de 390.000 euros, escriturado en 228.000 ?

Los aproximadamente 7,6 millones de euros defraudados a Hacienda por el pago con dinero negro de parte de los pisos vendidos entre 2002 y 2003 por la inmobiliaria Mahía fueron construidos en distintas promociones llevadas a cabo en Santiago, Bertamiráns, Urdilde, Teo, Padrón y Sigüeiro, según pudo saber ayer EL CORREO.

El fraude a la Agencia Tributaria se produjo durante la compraventa de 1.800 pisos que formaban parte de diversas urbanizaciones realizadas por algunas de las empresas del grupo constructor compostelano.

En los documentos que fueron remitidos por la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Santiago, Ana López-Suevos Fraguela, a la Delegación de Hacienda de A Coruña, aparecen algunas viviendas compradas íntegramente con dinero negro, como una de 84.742,71 euros de precio y del que no figura cantidad alguna en el precio registrado en la escritura pública, aunque sí un ingreso anotado en el apartado de «Cobros B» por la misma cantidad.

La cantidad mayor

Sin embargo, en los listados en los que la Agencia Tributaria encontró indicios de delito y tras lo cual respondió a la magistrada que investigara el presunto fraude, aparecen cantidades mucho mayores. Una de las viviendas, cuyo precio de venta era de 390.657,87 euros, aparece en la relación escriturada por 228.384,60 euros, cantidad que entró con dinero limpio en la «Cobros A», mientras que los 162.273,27 euros de diferencia tienen su correspondiente apunte en la denominada «Cobros B».

Desde los 300 euros

Y así continúa la larga lista de pisos pagados como estipula la legalidad y muchos otros cuya escritura pública está realizada por la cantidad que presumiblemente se pagó en dinero negro. Estas cantidades van desde los 300 euros a los referidos 162.273 euros, casi 30 millones de las antiguas pesetas.

La mayoría de las cantidades que figuran en los «Cobros B» rondan los 18.000 euros, aunque también hay numerosas anotaciones en ese apunte de 6.010,12 euros, que se corresponderían exactamente con el millón de las desaparecidas pesetas.

ANTE LA GUARDIA CIVIL Una denuncia de amenazas

Uno de los ex socios de Mahía, Manuel Gómez Maroñas, denunció el pasado 27 de mayo ante el cuartel del puesto de la Guardia Civil de Padrón que según había tenido conocimiento por una tercera persona, alguien había contratado a un individuo para que buscara pruebas con las que extorsionarlo, presumiblemente con el fin de que este ex socio de la constructora e inmobiliaria retirara las denuncias penales y civiles que había abierto en los juzgados de Santiago contra otro de los accionistas.

La denuncia sobre el presunto delito de amenazas y extorsión llegó al Juzgado de Primera Instancia de Padrón, cuya jueza se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción Decano de Santiago, al que se le remitieron las actuaciones sobre estos presuntos hechos. En la actualidad se desconoce en qué trámite se encuentra esta denuncia y si se ha seguido investigando y la actual situación procesal .
LAS CLAVESAcusación de apropiación indebida

La división entre los socios del grupo Mahía surgió hace tres años, cuando Gómez Maroñas denunció a Ramón López Casal de apropiación indebida. La denuncia fue admitida a trámite y en el año 2006, hubo una vista preliminar en los Juzgados con toma de declaraciones.

La jueza remite papeles a Hacienda

En mayo, Gómez Maroñas entrega en el Juzgado de Instrucción número uno de Santiago diversos documentos sobre presuntos pagos en dinero negro de varias promociones. La magistrada remite los listados a Hacienda, que encuentra en los mismos indicios de delito.

Otra investigación en Valladolid

También el Juzgado de Instrucción número uno de Valladolid tiene un sumario abierto por el presunto intento de recalificar un suelo industrial en urbanizable para construir casi tres mil viviendas por parte de una de las firmas satélites de Maexpa, antigua Mahía. El juez quiso sobreseer el caso, pero la ­Audiencia Provincial lo obligó a retomarlo .

EL CORREO GALLEGO, 20/09/08

Un padre a 7.000 kilómetros.

Un cesureño tiene a su mujer e hija en colombia, y no las dejan salir del país.

La ley tiene más de una cara y, a veces, historias sencillas dejan grandes perjudicados en el camino. Andrés Portas González nación en Pontecesures hace casi 26 años, y ahora tiene ante sí un problema de dificil resolución. Los otros dos implicados en esta historia de jueces y papeleos son Sandra Muñoz Muñoz, una chica colombiana de 30 años, y la hija de ambos.
Sandra y Andrés se casaron al otro lado del Atlántico hace años y medio y, desde entonces, las autoridades españolas se resisten a dar el visto bueno a la unión. Detrás del recelo está la sospecha de que se pudiera tratar de un matrimonio de conveniencia, algo que se niega desde las partes. Mientras tanto recursos, protestas y viajes entre una y otra orilla.
Andrés acaba de denunciar al Consulado de España en Colombia por el trato recibido allí, cuando intentaba lograr permiso para traer a Galicia a la esposa y a su hija, pues esta última, al ser desdendiente de español, tiene derecho a la nacionalidad. Andrés solicitó información sobre la negativa a registrar el matrimonio, algo que fue denegado por una funcionaria del consulado.
El denunciante relata que «pedí entonces la hoja de reclamaciones o un justificante de haber estado allí, y un guardia civil me dijo que aquello no era España y que no se daba ninguna de las dos cosas». Andrés se negó a marcharse del consulado y, acto seguido, fue detenido por dos agentes «por orden del señor consul», según consta en la denuncia.
Sacándolo de la planta en la que se encontraba, el denunciante asegura que fue amenazado con ser entregado a la policía colombiana y tras tomarle los datos, fue expulsado del edificio. Andrés, sorprendido, acudió al Ministerio del Interior colombiano para informarse si era legal su entra a las fueerzas de seguridad de Colombia y allí le aseguraron que era un problema de soberanía española y que ellos no podían hacer nada.
La denuncia presentada el lunes en Vilagarcía es el último episodio de una carrera larga contra las trabas administrativas.
A principios de 2007 Andrés y Sandra se casaron en Colombia. Para validar la unión las autiridades españolas entrevistó a los cónyuges. Ella en junio de 2007. ?l en octubre.
El veredicto se retrasó hasta julio de este año, recalando en el Juzgado de Paz de Pontecesures. y se comunicó la negativa al «presumirse un matrimonio de complacencia a partir de las entrevistas».
Sandra apeló la sentencia ateniéndose a la legalidad del matrimonio y a la existencia de una hija en común. Además, al recurso se adjuntaron los informes que certifican la dependencia económica de Sandra y la niña del propio Andrés, quien cada mes envía, a través de giro postal, 500 ? a Colombia.
En los próximos días llegará la contestación final del consulado español. Mientras tanto, las autoridades deniegan cualquier tipo de visado para Sandra o para su hija (incluso el de turismo), manteniéndose bloqueadas en su país de origen.
Por el momento, todas las denuncias están cursadas y los trámites caminan, aunque despacio. Andrés sigue trabajando en Pontecesures a la espera de algo, y mientras tanto su mujer y su hija se encuentran a 7.000 kilómetros de distancia.

FARO DE VIGO, 11/09/08

Detienen a un cesureño por robar dinero en cinco supermercados y agredir a una cajera.

El detenido está en los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional de Pontevedra.
Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Pontevedra detuvieron al cesureño Ramón E.G., de 41 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia, además de varias faltas de hurto, al ser identificado como responsable de atracos a cinco supermercados de la ciudad del Lérez y Marín.

Durante el último robo, Ramón E.G. agredió supuestamente a una de las cajeras del establecimiento comercial. El suceso tuvo lugar el pasado 29 de agosto cuando, sobre las 13 horas del mediodía, la Policía Nacional recibió una llamada en la que se alertaba de que un supermercado de la calle pontevedresa Juan Bautista Andrade estaba sufriendo un atraco con violencia ya que el individuos había golpeado a la cajera para coger un fajo de billetes de la caja registradora.
La patrulla de la Policía que se desplazó al lugar pudo recabar datos entre varios testigos de los hechos y también de la víctima, lo que permitió reconstruir los hechos y también determinar que el ladrón había huido en un vehículo Renault Megane de color amarillo. Fue entonces cuando los agentes comenzaron a sospechar que el autor del robo podía ser el mismo que había cometido, desde el mes de julio, otras faltas de hurtos en diversos supermercados de Pontevedra y de Marín.

La Policía llegó a esa conclusión tras comprobar que el ??modus operandi? era el mismo en todos los robos: un hombre de unos 40 años de edad se apostaba en el exterior de las puertas del supermercado y esperaba a que la cajera abriese la caja registradora para realizar un cobro para, por sorpresa, entrar a la carrera y, con rapidez, sustraer dinero. Al parecer, en todas las ocasiones, las víctimas quedaban paralizadas y no lograban reaccionar ante la rapidez con la que actuaba este individuo, si bien en el caso del último establecimiento de la calle Juan Bautista Andrade la cajera trató de evitar el atraco, siendo empujada violentamente por el autor para poder coger los billetes.

Pesquisas > Con estos datos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado comenzaron a buscar al responsable de los robos, un hombre que respondiera a las características físicas y vestimenta que habían descrito los testigos. También contaban, como dato importante, con la marca, modelo y color del vehículo del ladrón, lo que les permitió llegar a identificar a Ramón E.G. como presunto autor de los atracos.

La Policía siguió su pista hasta proceder a su detención en Pontecesures, localidad en la que tiene fijada su residencia habitual. A Ramón E.G. se le imputan cinco faltas de hurto y un presunto delito de robo con violencia. Ayer pasó a disposición del Juzgado de Instrucción de Pontevedra.

DIARIO DE AROUSA, 10/09/08