Redacción

Luis Álvarez Angueira respira tranquilo, al menos de momento. El jurado popular reunido en la Audiencia Territorial de Pontevedra para dictaminar si cometió o no malvarsación de fondos públicos (mediante la facturación irregular de gasoil de un vehículo municipal) declaró a última hora a través de su veredicto que no está plenamente acreditado que el regidor de Pontecesures y X.G.J. el trabajador que también se sentaba en el banquillo, cometieron el citado delito. El jurado, por unanimidad, siguió la línea argumental esgrimida desde el principio por el fiscal, que pedía la absolución al entender que existen «dudas razonables» de la conmisión de los hechos objeto de la acusación.
En la sesión matinal destacó la inteervención de un perito que puso sobre la mesa un dato que se desconocía: la existencia de una avería en el Patrol que, durante el período de la investigación provocaba «una combustión inadecuada». El mismo técnico aseguró que los vehiculos de obras que, según Angueira, se surtían con garrafas de gasoil cuyo gasto se imputaba al Patrol, podían consumir «entre seis y ocho litros» pues «buscan un par muy alto con marchas muy cortas». Su testimonio fue un apoyo más para el letrado de la defensa y para el propio fiscal en los informes de conclusiones que emitieron instantes más tarde.
El primero en desarrollar sus conclusiones fue el letrado de la acusación, que mantuvo su petición de tres años de prisión e hizo hincapié en un hecho concreto.»Admitiendo que el Patrol estaba siendo sometido a trabajos forzados, estos trabajos los hacía antes y después de abril de 2006. Sin embargo, justo después de trascender la denuncia pasó a de consumir de un 50 litros a los 100 kilometros a los 15. Es un dato esclarecedor».
Alejandro Pazos, fiscal especialista en delincuencia económica, mantuvo sou conclusiones iniciales pidiendo la libre absolución señalando que «las principales pruebas de cargo serían las testificales» de una empleada de la estación de servicio en la que repostaba el Patrol y de dos trabajadores municipales. Sin embargo sobre ellas dijo que en el caso de la primera, y aún cuando se da por cierto que los tickets personales del alcalde y los del vehículo municipal iban al mismo sitio, «no está probada la vinculación del cargo de esos tickets a la cuenta del Concello» (lo que implicaría la malversación). Sobre los trabajadores, Pazos explico que ninguno de ellos tenía contacto suficiente con el Patrol para conocer con detalle sus consumos. Respecto de la pericial en la que se pone de manifiesto el consumo del vehículo el fiscal dice que «es irrefutable a nivel contable, pero no cuenta con datos fiables del consumo».
Por todo ello, concluyó que «no se ha acreditado con la suficiente contundencia que el exceso de consumo fuese desviado para un uso privado»
La defensa insitió en el planteamiento de la Fiscalía e incidió en que la denuncia procede de una revancha política, como señaló el alcalde el día anterior.

Diario de Pontevedra