No afectará a los municipios menores de 5.000 habitantes.
La mitad de las bibliotecas de titularidad municipal de la comunidad, en torno a 160, tendrán que empezar a hacer cuentas para calcular cuánto deben reservar
de sus partidas presupuestarias para abonar el derecho de remuneración de los autores por los préstamos que realizan dichos centros de sus obras, regulado en un decreto estatal que se publicó hace una semana. La otra mitad de las bibliotecas municipales, 158, se ubican en ayuntamientos que no llegan a los 5.000 habitantes y la normativa las exime de pagar, igual que a los centros educativos.
Aunque de momento los concellos, que son los titulares de estos centros y quienes alimentan sus presupuestos desde las asfixiadas arcas municipales, no tendrán que preocuparse por el artículo que les obligará a desembolsar 0,004 euros cada vez que una obra salga de su recinto y tenga como destino la casa de un ciudadano, ya que ese concepto comenzará a aplicarse a partir de enero de 2016, sí tendrán que empezar a multiplicar por 0,05 euros el número de usuarios que utiliza sus servicios de préstamo alguna vez al año, porque ese precepto sí entró en vigor el pasado día 2. Además deberán calcular que mientras no esté vigente el pago por obra tendrán que abonar 0,16 euros por cada libro que adquieran para engrosar la colección de préstamos de su biblioteca. No obstante, este pago por compra de libros ya se había establecido en la normativa que regula la propiedad intelectual, de 2007, y se había fijado en 0,20 euros por obra.
En la práctica, usando datos de 2012, los últimos publicados por la Xunta, por ejemplo Vilagarcía de Arousa tendría que abonar unos 377 euros por los volúmenes que incorporó a su fondo durante ese ejercicio, a los que se sumarían otros 451 si todos los usuarios que tiene inscritos, poco más de 9.000, la cuarta parte de su población, recurriesen al menos una vez por año a su servicio de préstamo.
Francisco García (BNG), alcalde de Allariz y uno de los vicepresidentes de la Fegamp, llama «la atención sobre cómo mientras se reduce la financiación municipal por todos los lados, todo son obligaciones en cuanto a prestación de servicios». «Tanto se incide en fomentar un consumo cultural y se va en sentido contrario», lamenta, para advertir que algunos municipios pueden verse en algunas «dificultades para prestar el servicio».
Quienes también se librarán de pagar son las bibliotecas que dependen de la Administración autonómica, entre ellas la cabeza de todo su sistema, la de la Cidade da Cultura. En ellas no hay préstamo, sino que se trata de centros especializados para investigadores o que ponen a disposición del usuario solo un servicio de consulta.
Por lo que respecta a las nodales existentes en Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y A Coruña, se haría cargo su titular, el Ministerio de Educación, aunque en la práctica se encargue de su mantenimiento el Ejecutivo gallego.
El recién publicado decreto responde a una obligación impuesta desde la Unión Europea. En 2007 ya se integró en la Ley de Propiedad Intelectual el pago por obra adquirida ante la amenaza de multa de la UE.
Faro de Vigo