El Juzgado número 2 de Caldas de Reis ya avisó a la Guardia Civil para que el jueves acuda a Porto para hacer cumplir la orden de desalojo de la vivienda en la que reside Victoria Santiago junto a otros seis miembros de su familia, entre ellos dos niños de 9 y 12 años, según pudo saber la plataforma Stop Desahucios.
Al parecer, ya fue la semana pasada cuando se notificó a las fuerzas del orden para que acompañen a la comisión judicial, en previsión de que la familia no abandone la casa voluntariamente y puedan concentrarse en la zona integrantes de colectivos antideshaucios. Quien no actuará en ningún caso será la Policía Local cesureña, confirma la concejala Cecilia Tarela, que recuerda que está en vigor un acuerdo plenario por el cual los agentes municipales no participan en desahucios. Tarela matiza que, por el momento, la Policía tampoco recibió solicitud alguna por parte del juzgado.
Tras presentar el viernes una solicitud de paralización de la orden de desalojo, se esperaba que ayer hubiera un pronunciamiento por parte del juzgado caldense, pero este no se produjo, lo que hace temer que la jueza decida no dar marcha atrás. En previsión de que eso ocurra, hoy podría elevarse el asunto a los tribunales de la Unión Europea. ??Poderían contestar en dous días e, se a resposta é favorable, suspenderíase o desaloxo?, explica José Manuel Pena, portavoz de Stop Desahucios de O Barbanza. La plataforma está en ??contacto permanente? con el Valedor do Pobo y también ha solicitado la intervención de la Fiscalía de Menores, para que vele por los derechos de los dos niños que podrían verse en la calle.
Fecha límite.
Los días de angustia por los que está pasando esta familia guardan relación con una disputa por la titularidad de la vivienda, construida hace tres décadas por Victoria Santiago y su exmarido. La casa nunca fue escriturada y no figura en la sentencia de divorcio, por lo que está por aclarar quién es su propietario. Aún así, el exmarido de Victoria, que falleció hace unos dos años, legó el usufructo del inmueble a una mujer con la que mantenía una relación de pareja. Esta reclamó la vivienda y presentó una querella por supuestas amenazas y coacciones. La jueza de Caldas le dio la razón en una sentencia que obliga a Victoria y a su familia a abandonar la casa. La fecha límite para cumplir el mandato judicial es este jueves.
Diario de Arousa
