El Gobierno central acepta una de las peticiones que la Xunta le trasladó la pasada jornada a Moncloa después de conocer que Galicia pasaba a la fase 2.
La ciudadanía gallega podrá circular entre los municipios limítrofes de las diferentes provincias para realizar actividades socioeconómicas a partir de este lunes, cuando Galicia entre en la fase 2 de la desescalada.
Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado que ha publicado este sábado el Gobierno central y que contempla las «medidas urgentes» que se aplicarán en las Comunidades a partir del lunes, 25 de mayo de 2020.
De esta manera, el nuevo documento modifica la Orden SND/399/2020, del 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional. Uno de sus artículos ahora recoge que se permitirá la «movilidad interterritorial entre municipios colindantes de tránsito habitual para la realización de actividades socioeconómicas».
Así, el Gobierno central acepta una de las peticiones que la Xunta le trasladó la pasada jornada a Moncloa después de conocer que Galicia pasaba a la fase 2 de la desescalada y que la ciudadanía no podría circular libremente por todo el territorio autonómico.
Cuando esta petición fue rechazada, la Consellería de Sanidade trasladó al poder ejecutivo que al menos se flexibilizase la movilidad en tres supuestos: visitar a familiares de hasta segundo grado (abuelos o padres) que vivan en otra provincia, pernoctar en segundas residencias situadas en otra demarcación provincial diferente a la vivienda habitual y la movilidad entre los ayuntamientos limítrofes de provincias diferentes.
Finalmente, el BOE extraordinario de este sábado recoge la última de las reclamaciones citadas y facilita que este tipo de municipios, como puede ser el caso de Padrón y Pontecesures, puedan recuperar el tránsito habitual para realizar actividades de tipo social o económico.
De hecho, el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, recordó esta mañana de sábado en una entrevista en la Radio Galega, recogida por Europa Press, que esta medida beneficiaría a un total de 73 localidades, unas 277.000 personas que se distribuyen en ayuntamientos mayoritariamente pequeños.
