La última vez que el sector marítimo de la ría de Arousa se unió fue para frenar la Lei de Acuicultura. Y lo consiguió. Dos años después, las cofradías de pescadores de ambos márgenes de la ría, agrupaciones de mejilloneros -incluido el Consello Regulador- y otros colectivos del sector han vuelto a hacer piña, en esta ocasión para que la Xunta no autorice la ampliación de la mina de cobre de San Rafael, ubicada en los municipios de Touro y O Pino, en plena cuenca hidrográfica del Ulla, río que proporciona el principal aporte de agua dulce a la ría de Arousa.
Bajo el paraguas de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), el sector marítimo arousano emprenderá una campaña tanto en O Salnés como en Barbanza para informar a los vecinos del «grave impacto» -tanto a nivel ambiental como productivo- que tendrá el megaproyecto minero para el Ulla y para toda la ría de Arousa, de la que viven directamente 30.000 familias. «Los vertidos de la propia actividad minera y los depósitos de almacenamiento de residuos son de tal magnitud que van a afectar a la calidad de las aguas del Ulla, y por tanto, a las de la ría de Arousa. El futuro de miles de familias está en juego y también el tejido socioeconómico de todos los pueblos y villas de la ría», advierte la Plataforma en los escritos remitidos a la Consellería do Mar y a la de Economía e Industria para que la consideren «parte interesada» en el procedimiento y así poder tener acceso a los informes de la macroexplotación minera, cuyo proyecto salió a exposición pública en pleno mes de agosto, espeta el portavoz de la Plataforma, Xaquín Rubido.
Además del reparto de folletos y de las charlas por parte de geólogos y biólogos, los colectivos presentarán mociones en todos los Ayuntamientos arousanos, y al igual que en la movilización contra la Lei de Acuicultura, intentarán que sean presentadas por los alcaldes de cada municipio. En el caso de A Illa, el patrón Juan José Rial Millán apuntó ayer que la problemática ya fue expuesta a todos los partidos isleños y que se llevará a pleno en enero.
Los pósitos y agrupaciones marítimo-pesqueras quieren dar a conocer a la población de la ría de Arousa las nefastas consecuencias que aseguran tendrá la reapertura de la mina de San Rafael.
Riesgo para la salud
Además de afectar a la calidad del agua del Ulla y de la ría, y por tanto a los sectores productivos, advierten que también se verá perjudicado el turismo e incluso la propia salud de las personas porque «el agua potable que utilizan más de 155.000 habitantes llevará los contaminantes de la mina». Recuerdan que los concellos que captan agua del Ulla por debajo de la mina son Vedra, Boqueixón, Teo, Padrón, Dodro, Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal, Ribeira, Pontecesures, Valga, Catoira y Vilagarcía.
La Plataforma en Defensa da Ría explica que para separar el cobre de las rocas molidas se utilizarán 14.825 toneladas de compuestos químicos «con distinto grado de peligro para el medio ambiente y las personas (irritantes, tóxicos, alergénicos, cancerígenos) que van a quedar indefinidamente almacenados en las balsas de lodo contaminantes».
Las cofradías arousanas añaden que los cursos de agua de la mina drenan hacia el río Ulla, lo que «significa que durante décadas toda la contaminación que sea arrastrada por el agua desde la mina irá trasladándose siempre hacia el río y hacia la ría de Arousa. Los peces jóvenes son particularmente vulnerables a los metales pesados, y también los moluscos, que son filtradores y necesitan agua de calidad». Avisan que ya con las dimensiones actuales, «después de 30 años de funcionamiento de la mina, los afluentes del Ulla están seriamente dañados, pues en sus aguas prácticamente no hay vida».
Faro de Vigo
