La familia de Porto dejará la vivienda en litigio si Estrasburgo no frena el desalojo.

La familia de Pontecesures afectada por una orden de desalojo que debe hacerse efectiva este viernes ha decidido que abandonará la vivienda en litigio, emplazada en el Monte de Porto, si no fructifica el recurso interpuesto ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para la adopción de medidas cautelares.  A esta institución han solicitado, a través de un abogado que colabora con Stop Desahucios, que paralice la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de Caldas y que obliga a los siete miembros de la familia de Victoria Santiago Lagares (entre ellos dos menores de edad) a marcharse de la vivienda. El exmarido de Victoria, ya fallecido, legó el usufructo del inmueble a otra mujer con la que convivió. Según la denuncia por coacciones que interpuso contra Victoria y sus hijos, estos le impidieron acceder a la casa colocando cadenas y candados. La sentencia dio la razón a la demandante y la jueza dictaminó que la familia debe desalojar la casa, a pesar de que su titularidad está en duda y Victoria Santiago defiende que, al menos en parte, es de su propiedad. Por eso ya anunció su intención de interponer una demanda civil para hacer valer sus derechos de propiedad.
Aunque faltan apenas tres días para que se cumpla la fecha límite de desalojo, Stop Desahucios de O Barbanza todavía confía en que Estrasburgo se pronuncie a lo largo de esta semana y su resolución ??sea favorable?. Ayer mismo el abogado que representa a la familia envió un escrito al tribunal europeo recordando el caso e insitiendo en que ??adopten medidas? para frenar el inminente desalojo. De no ser así, Victoria Santiago y su familia ya han decidido abandonar voluntariamente la vivienda para ??evitar que se forme un jaleo? y que tengan que acudir ??la Guardia Civil y la secretaria judicial?, confirma José Manuel Pena, portavoz de Stop Deshaucios. Los cinco adultos y dos niños se mudarán, explica, a un inmueble propiedad de un pariente.

Diario de Arousa

La usufructuaria de la vivienda de Porto con orden de desalojo afirma que la casa está ocupada ??ilegítimamente?.

El abogado de la mujer usufructuaria de la vivienda del Monte de Porto con orden de desalojo indica que Victoria Santiago y su familia, que ??se presentan ante la opinión pública como víctimas, son en realidad condenados por una falta de coacciones? al haber impedido que su clienta accediese al inmueble ??mediante la colocación de unas cadenas y candados?. Así lo corrobora, incide, la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Caldas, que revocó el fallo inicial absolutorio del Juzgado de Paz de Pontecesures. Es esa condena la que lleva aparejado el ??reintegro inmediato a mi clienta de la que era su vivienda habitual?. El usufructo de la casa le fue legado por Elisardo Taibo, exmarido de Victoria Santiago, en su testamento, por lo que ??debe quedar claro que los condenados entraron sin título legal en una vivienda ocupada por un tercero y se apoderaron ilegítimamente del uso de la misma?, continúa el letrado Fidel Riobó.
Victoria Santiago y su familia (viven en la casa siete personas, entre ellos dos menores de edad) defienden que la mitad de la vivienda es suya, pues la habría construido el matrimonio conjuntamente. Ante el inminente desalojo, que estaba fijado para el 13 de febrero y que quedó postergado hasta el 7 de marzo, recurrieron a la plataforma Stop Desahucios de O Barbanza que les facilitó un abogado. Han recurrido al Tribunal de Estrasburgo para que paralice la ejecución de la sentencia y presentarán una demanda civil para ??hacer valer sus derechos de propiedad?.
Ante esto, el abogado Fidel Riobó comenta que, ??si consideran que tienen algún derecho superior? al de su clienta, ??tienen los tribunales de justicia para ejercitar las acciones civiles que les asisten?. Relata que su defendida, que tiene como ingresos una pensión no contributiva, ??tiene que vivir de alquiler desde hace dos años? y, además, ??no ha podido hacer uso de sus enseres personales, todos ellos referidos en el testamento de Elisardo Taibo y que quedaron en la casa?. Así las cosas, ??ha tenido que comprar todo lo que ha necesitado, pues ni siquiera se le ha permitido recoger? esos objetos ??que son propiedad de mi clienta?, insiste.

Diario de Arousa

O plan de xestión de RSU da mancomunidade do Barbanza.

Como Pontecesures está adherido a este sistema de recollida levándose o lixo que se recolle á planta de Lousame, insertase este artido de opinión do presidente da mancomunidade Serra de Barbanza/Outes.

«AS POLÍTICAS actuais da Unión Europea en materia de residuos sólidos urbanos reflíctense na comunicación da Comisión de 27 de maio de 2003, no sexto programa e na Directiva 2008/98/CE («Directiva marco de residuos»). Pola súa banda, no estado español, a Lei 22/2011, promove a implantación de medidas de prevención, a reutilización e o reciclado dos residuos, conforme ao que establece a Directiva marco.

En Galicia, pola contra, aínda resoa o eco do informe de fiscalización do Consello de Contas de Galicia sobre a Sociedade Galega de Medio Ambiente S.A., onde se sitúa a Sogama fóra da idea europea por incinerar masivamente os residuos e non contemplar a compostaxe.

O Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia (PXRUG 2010-2020) inclúe como obxectivos xerais entre outros:

??Potenciar a xestión/recollida en orixe da fracción orgánica dos residuos Municipais.

??En relación coa materia orgánica, acadar o 25 por cento de valorización material total de FORSU no ano 2020. Impropios menores ao 20 por ciento.

Ademais, no Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015, márcase como obxectivo do Plan de Residuos Urbanos, entre outros:

??No ano 2012 lograr a compostaxe, polo menos, do 50% da fracción orgánica.

O Complexo Medioambiental da Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza está inspirado na normativa ambiental vixente e foi financiado pola Unión Europea con fondos FEDER e de Cohesión.

Das 25.000 toneladas que, aproximadamente, entran no complexo ambiental, unhas 12.000 corresponden á fracción orgánica. Hai que ter en conta que no proceso de compostaxe, que é aerobio, evapórase a auga e prodúcese CO2, co que cada quilo de materia orgánica, dá lugar a un máximo de 0,15 kilogramos de compost. Polo tanto, da reciclaxe das 12.000 toneladas de materia orgánica, a máxima produción anual de compost é de 1.800 tm/ano. Precisamente esta circunstancia é una vantaxe máis da compostaxe.

Nas restantes 13.000 tm, aproximadamente, o vidro supón 2.000 kg, o papel cartón 5.000 kg e os envases lixeiros 3.000 kg.

O nivel de clasificación para entregar a recicladores destes materiais oscila entre o 70 e o 75 por cento, sen ningunha dúbida, os máis altos de Galicia.

Tamén se debe facer notar que unicamente se destinan ao vertedoiro de «pacas», aquelas fraccións que non son susceptibles de ningún aproveitamento, despois do correspondente tratamento.

A Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza iniciou no mes de xullo pasado, a realización dunha Auditoría, na que se detectaron determinados incumprimentos por parte do actual concesionario e que, tras ser analizados polos órganos de goberno, derivarán nas actuacións que proceda co obxectivo de lograr o establecido no Plan de Xestión Mancomunado en canto a calidades do compost, niveis máximos de rexeites ao vertedoiro (30 por cento) e algunha outra circunstancia.

Sen ningunha dúbida a estratexia europeísta, ecolóxica e eficiente de xestionar o lixo, pola que apostou a Mancomunidade, está máis vixente hoxe ca nunca e, ante os interrogantes da incineración, moitas administracións locais miran cara a nós, con xustificado interese.

Finalmente indicar que, se partimos de datos oficiais (Memoria anual de xestión do Complexo medioambiental, e memoria do PXRUG 2010-2020), compróbase que a contía de residuos reciclados ou clasificados, para a súa entrega a reciclador, responden ó seguinte detalle:

??Complexo Barbanza : 102,27 kg/habitante/ano.

??Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama) : 7,62 kg/habitante/ano.

Evidentemente, sobran máis comentarios. Que cada quen obteña as súas propias conclusións.»

 

 

*O autor é presidente da Mancomunidade de Concellos Serra do Barbanza.

El Correo Gallego

Aplazan hasta el 7 de marzo el desalojo de los siete miembros de la familia de Porto.

FAMILIA QUE ESPERA DESAHUCIO EN CESURES /

Veinticuatro días de cierto alivio tienen por delante Victoria Santiago Lagares y su familia después de que el juzgado les notificase el aplazamiento hasta el próximo 7 de marzo de la orden de desalojo de la vivienda en la que residen en el Monte de Porto. El lanzamiento estaba previsto para mañana, pero las gestiones realizadas por la Plataforma Stop Desahucios de O Barbanza ante distintas administraciones y organismos han evitado un deselance tan precipitado.
Fue a mediodía de ayer cuando Victoria Santiago recibió la notificación del Juzgado de Paz de Pontecesures. ??Chamáronme por teléfono para que fora coller o papel? en el que se indica que el lanzamiento de la vivienda tendrá lugar el día 7 de marzo a las once de la mañana. En la misma providencia se requiere al Juzgado de Caldas de Reis para que ??ordene auxilio al puesto de la Guardia Civil correspondiente para efectuar dicho lanzamiento?. De hecho, el Instituto Armado ya estaba requerido para actuar mañana si finalmente se producía el desalojo.

Más margen de maniobra
Stop Desahucios no valora esta resolución como una victoria, sino como un mero aplazamiento del problema. Por eso, la plataforma barbanzana, con el apoyo jurídico del abogado Ignacio Delgado, continuará realizando gestiones para lograr la paralización definitiva de la orden del desalojo. Así, anuncian que en los próximos días presentarán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo una demanda solicitando que, como medida cautelar, se suspenda la ejecución de la sentencia dictada en septiembre de 2013 por el Jugado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caldas.
En ella se condena a Victoria Santiago y a otros seis miembros de su familia (entre ellos dos menores de 9 y 12 años) a entregar las llaves de la vivienda, construida hace tres décadas por Victoria y su exmarido, ya fallecido. Este legó el usufructo de la casa a la pareja con la que convivía en el momento de su muerte, pero la titularidad del inmueble está en entredicho al no estar inscrito en el registro de la propiedad ni constar en la sentencia de divorcio. Los servicios jurídicos de Stop Desahucios consideran el fallo contrario a derecho, al no estar acreditado quién es el propietario de la vivienda.
José Manuel Pena, portavoz de la plataforma en O Barbanza, tiene ??confianza? en que la resolución del Tribunal de Estrasburgo ??sea favorable? y consigan evitar que esta familia cesureña se quede en la calle. Pena reconoce la ??implicación ata o último momento? del Concello de Pontecesures, que intentó buscar un alojamiento alternativo para estos vecinos topándose con enormes dificultades al tratarse de una familia ??moi numerosa? y no estar originado el desahucio por motivos económicos. En los últimos días, ante la cercanía del desalojo, incluso se pidió amparo al Valedor do Pobo y a la Fiscalía de Menores.

Diario de Arousa

«Stop Desahucios» ayuda a una familia que será desalojada dentro de una semana en Pontecesures.

La plataforma Stop Desahucios Barbanza estudia el caso de una familia de Pontecesures de siete miembros (dos menores) que podría quedarse en la calle esta misma semana, como consecuencia, aseguran sus miembros, de una sentencia por un «juicio de faltas».

Desde la entidad social indicaron que el jueves que viene esta familia de Cesures será desalojada de su vivienda habitual en el que llevan residiendo desde hace varios años. Se trata de «una familia con escasos recursos, con los niños escolarizados, uno en Pontecesures y otros en la localidad cercana de Padrón» que acudieron a su plataforma para evitarlo. De hecho, lo han puesto en manos de su departamento jurídico para «presentar lo antes posible un recurso para evitar que se llegue a ejecutar la injusta sentencia judicial», añadieron. Y es que, según la entidad, el motivo del desalojo está en una sentencia procedente de un juicio de faltas.

La plataforma considera que «hay que respetar el derecho a la propiedad privada y mucho más a disponer de una vivienda digna. Además de proceder a cualquier desalojo (desahucio encubierto) hay que seguir los protocolos correspondientes y no dejar en la calle a una familia sin recursos». También recordaron que tanto la Federación Gallega de Municipios como la Xunta y el Consejo General del Poder Judicial » tienen protocolizado una serie de criterior a seguir en todos los juzgados de Galicia para evitar la indefensión de la familias y la exclusión social, y que tengan derecho al realojo»

Diario de Arousa

Serra do Barbanza audita el contrato de la basura.

Decir que la relación entre la mancomunidad Serra do Barbanza, propietaria de la planta de reciclaje de Servia, y la empresa que gestiona estas instalaciones, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), es tortuosa es decir poco. Basta señalar que tienen varios conflictos enquistados y judicializados. En medio de esa maraña de históricos problemas, FCC llegó a pedir la rescisión del contrato alegando que el retraso en los pagos era alarmante -la mancomunidad no le pagaba porque algunos concellos no estaban al día y, por tanto, no tenía fondos-. Según Serra do Barbanza, ahora la situación es distinta, ya que se agilizaron los abonos. Sin embargo, tampoco hay paz. Ahora Serra do Barbanza se defiende atacando. Dice que auditó a FCC y que descubrió que está incumpliendo su contrat

Así lo confirmó ayer el presidente de la mancomunidad y alcalde de Brión, Xosé Luís García, quien dijo que se decidió realizar una auditoría y se descubrió que FCC no cumple lo pactado, por ejemplo, en cuanto a horarios. También indicó que de momento no puede decir si esto va a derivar en la apertura de un expediente u otra acción. De todo ello se hablará en una reunión prevista para el lunes.

En esa cita también se va a desestimar la petición de la empresa de rescindir el contrato por el asunto de los pagos ya que, insistió Xosé Luís García, «agora non se lle deben seis meses, estamos nos tres, polo que o das débedas non pode ser un motivo para que a empresa marche».

En esta reunión también se pretende dar luz verde a las actualizaciones de tres años -desde el 2008 hasta el 2011-.

Las actualizaciones

¿De qué se trata? FCC, en ejercicios sucesivos, le pidió a la mancomunidad que se aumentase el canon que pagan los concellos por la recogida de basuras y por el tratamiento de los residuos.

Como no atendían a su petición, en el caso del año 2006 y 2007 llevó el asunto al juzgado.

Serra do Barbanza, entidad a la que pertenecen Brión y Rois y que mantiene un acuerdo de gestión con Ames entiende ahora que sí debe aprobar actualizaciones. El problema radica en que las cantidades que reclama la empresa son muy superiores a las que la mancomunidad pretende aprobar.

La Voz de Galicia