El Gobierno admite que la consulta sobre símbolos franquistas de Cesures se hizo sin el permiso pertinente.

El Gobierno de Mariano Rajoy reconoció ante el Senado que la consulta que se realizó en Pontecesures sobre eliminar o no los vestigios del franquismo en la vía pública carecía del permiso pertinente. Lo curioso del caso es que el ejecutivo estatal se vio obligado a dar esta explicación ante la pregunta realizada por un senador valenciano, Carles Mulet, de Compromís.
La pregunta realizada por escrito en la Cámara Alta hace hincapié en si el ??referéndum?, anunciado por el alcalde cesureño, Juan Manuel Vidal Seage, en octubre, está autorizado por el Gobierno estatal y, en caso negativo, si se van a adoptar medidas. ??Puesto que se trata de un incumplimiento flagrante de la legalidad vigente en España este desacato por parte del alcalde de Pontecesures, ¿va a instar el Gobierno a la Fiscalía a actuar contra este alcalde??, señala Mulet en su texto.
La respuesta del ejecutivo es extensa y señala, en primer lugar, que ayuntamientos podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal, excepto los relativos a la Hacienda local. Eso sí, ??necesitará la autorización del Gobierno de la Nación?.
En concreto, y según aparece en la respuesta del Gobierno a Compromís, ??no consta que en la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales haya entrado un escrito del Alcalde del Ayuntamiento de Pontecesures solicitando la autorización del Gobierno de la Nación para celebrar una consulta popular?.
Sobre que van a hacer al respecto, el ejecutivo conservador también tiene una respuesta clara. Nada. Ya que, argumentan, es al Ministerio Fiscal a quien compete ??promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutleado por la Ley?.
El Ejecutivo incide en que el Ministerio Público es ??un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia? y muestran su ??escrupuloso respeto hacia los principios de autonomía, legalidad e imparcialidad que presiden la institución de la Fiscalía?.
Así las cosas, y pese a que el Gobierno reconoce que la consulta carecía de permiso, deja la intervención en manos del Ministerio Público.
Por correo electrónico
A finales de octubre, el alcalde de Pontecesures emitía un bando en el que animaba a los vecinos a enviar por correo electrónico su opinión sobre la retirada de la Cruz de Primo de Rivera existente en el pilón de Carreiras, después de que el BNG solicitase su retirada.
Vidal Seage consideraba que los vecinos tienen algo que decir sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, y por ello animó a remitir su opinión a través del correo electrónico, que debían remitir a alcaldía@pontecesures.org. Sobre los resultados de la consulta, nada ha trascendido.

Diario de Arousa

El Gobierno mira hacia otro lado ante el polémico ‘referéndum’ de Pontecesures sobre la retirada de símbolos franquistas.

El Gobierno ha confirmado que no ha autorizado la consulta popular sobre la retirada de los símbolos franquistas en el ayuntamiento de Pontecesures (Pontevedra), pero tampoco actuará en su contra. En su lugar, defiende que debe ser el Ministerio Público quien actúe si lo considera pertinente.

Con un bando fechado el pasado 23 de octubre, el regidor popular de Pontecesures, Juan Manuel Vidal Seage, daba cuenta de la solicitud del BNG para proceder a la retirada de la Cruz de Primo de Rivera existente en el pilón de Carreiras en aplicación de la ley de Memoria Histórica y convocaba una consulta «con el fin de conocer la opinión de los vecinos».

En concreto, el alcalde invitaba a hacer llegar las opiniones ciudadanas al respecto a través de las oficinas municipales o bien al correo electrónico del consistorio para tomar una decisión al respecto.

Distintos colectivos en defensa de la Memoria Histórica -la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, A Regaducha de Vilaboa, el ARMG de Valga y Vagalume de A Estrada- criticaron la medida acusando al regidor de tratar de revestir de democrático un incumplimiento de la legalidad y esta polémica cuestión llegó hasta la Moncloa.

El senador de Compromís Carles Mulet planteó al Gobierno la siguiente pregunta por escrito: «El alcalde del municipio gallego de Pontecesures ha organizado un referéndum ciudadano para ver si cumple o no con la ley de memoria histórica en su municipio y hace desaparecer todos los vestigios existentes en el municipio. ¿Está este referéndum autorizado por el gobierno?, en caso negativo, ¿qué medidas piensa adoptar? Puesto que se trata de un incumplimiento flagrante de la legalidad vigente en España este desataco por parte del alcalde de Pontesures, ¿va a instar el Gobierno a la Fiscalía a actuar contra este alcalde?».
Respuesta del Gobierno

Ante esta cuestión, el Gobierno ha preferido mantenerse al margen. Si bien admite, en su respuesta parlamentaria, que el consistorio de Pontecesures no ha registrado ninguna solicitud de autorización para celebrar una consulta popular como marca la ley reguladora de las Bases del Régimen Local, sostiene que debe de ser la Fiscalía en ejercicio de su propia autonomía la que decida si debe o no actuar al respecto.

«A fecha de hoy no consta que en la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales haya entrado un escrito del Alcalde del Ayuntamiento de Pontecesures solicitando la autorización del Gobierno de la Nación para celebrar una consulta popular», señala el ejecutivo. No obstante, añade: «Es misión del Ministerio Fiscal promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados».

Diariocrítico