Hace casi cuatro meses el grupo municipal del PSOE de Valga, abanderado por María Ferreirós, anunció que iba a poner en conocimiento de la Fiscalía presuntos cobros irregulares por parte de los concejales del gobierno conservador que dirige José María Bello Maneiro. Ahora se anuncia que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Caldas admite a trámite la demanda de los socialistas con base en presuntos delitos de malversación y prevaricación.
Explican en las filas del PSOE valgués que la juez titular «acordó iniciar diligencias previas por los presuntos delitos derivados del cobro por la asistencia del alcalde y sus concejales a reuniones semanales denominadas ‘Comisiones de Coordinación’, las cuales no están recogidas ni amparadas por la ley y que conllevan un desembolso aproximado de 25.000 euros anuales que salen de las arcas del Concello».
Se trata, según los socialistas, de un supuesto uso indebido de dinero público. Hablan incluso de que los concejales populares habrían ingresado improcedentemente alrededor de medio millón de euros desde 1991 por la asistencia a tales «Comisiones de Coordinación», un órgano creado ad hoc por el alcalde Bello Maneiro.
María Ferreirós ya denunció hace meses estos hechos y reclamó al alcalde toda la información relativa a dichas comisiones, alegando que «suponen un 70% aproximadamente de los gastos de la Corporación en asistencias a plenos, comisiones y similares».
La líder socialista aseguró haber consultado a tres abogados y dos interventores que coincidirían con ella en que no existe normativa legal «que ampare el pago económico con fondos públicos las asistencias de los concejales del PP a estas reuniones», pues se trataría de un órgano no colegiado, sin presencia de funcionario público.
Esto, a su juicio, es tanto como decir que se trata de «reuniones del PP de Valga» que estarían siendo pagadas con fondos municipales.
Eso es lo que investiga ahora el juzgado de Caldas, basándose para ello en la demanda de los concejales socialistas que dice que «lo grave de la celebración de las ‘Comisiones de Coordinación’ no es su celebración, sino que los asistentes a las mismas cobren por ello, de forma totalmente irregular, percibiendo una cantidad fija que es incluso superior a lo que se abona a los ediles del gobierno y la oposición por la asistencia a órganos colegiados reglados como la Junta de Gobierno o las sesiones informativas».
Ni que decir tiene que en esa demanda María Ferreirós y su equipo hacen constar que el alcalde «puso todo tipo de trabas e impedimentos cuando empezamos a solicitar información por escrito sobre esas reuniones y los pagos por asistencia a las mismas».
Faro de Vigo
