El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caldas de Reis confirmó el archivo de una denuncia que el concejal de Valga Viva había presentado por supuesta prevaricación en la contratación y pago de dietas a funcionarios que ejercen de secretario e interventor en el Concello valgués.
De este modo, en un auto emitido el pasado 16 de mayo, el juez desestima un recurso que el edil y candidato a la Alcaldía por Valga Viva, Manuel Castiñeiras, había presentado contra el sobreseimiento de una denuncia decretado el pasado enero. Según el auto, Castiñeiras recurrió tras conocerse el informe emitido el 16 de marzo por el Consello de Contas de Galicia que ponía en duda la justificación de dietas de cargos públicos y funcionarios de al menos cuatro ayuntamientos gallegos, entre ellos el de Valga.
El organismo fiscalizador señaló que “las percepciones de dietas por desplazamiento de los funcionarios con habilitación nacional al Ayuntamiento acumulado no están previstas en el régimen jurídico aplicable, ni la justificación documental aportada puede considerarse como suficiente, motivo por lo que no se considera suficientemente justificada ni la percepción de las dietas, ni la justificación de estas”.
Amparo legal
Sin embargo, el juez ha vuelto a archivar la denuncia presentada por el concejal porque el informe de Contas “no tiene el valor de alterar la decisión tomada” ya en enero por el mismo juzgado instructor, ni tampoco “revela indicios” de ninguna irregularidad..
Ante esta nueva resolución, el alcalde, José María Bello Maneiro, señala que “os organos xudiciais” le vuelven a dar la razón. Además, incide en que el Tribunal de Cuentas “di claramente que os pagos son legais, Por que entón, tanto o señor Castiñeiras, das Mareas, como a señora Ferreirós, do PSOE, continúan difundindo as súas falsidades e mentiras contra este equipo de goberno?”.
Tres hombres de 57, 53 y 48 años están siendo investigados por la Guardia Civil por haber robado el combustible de los depósitos de siete camiones que estaban en un taller de reparaciones de Pontecesures (Pontevedra).
Tres hombres de 57, 53 y 48 años están siendo investigados por la Guardia Civil por haber robado el combustible de los depósitos de siete camiones que estaban en un taller de reparaciones de Pontecesures (Pontevedra).
La sustracción del gasoil de estos camiones, según ha informado este jueves la Guardia Civil, se produjo entre los días 18 y 26 de marzo.
El taller afectado ya había sido víctima de hechos similares en el pasado.
En el primero de los robos, sus autores lograron unos 175 litros de gasoil que, tras introducirlos en garrafas, se los llevaron en un coche.
Los agentes sorprendieron a los tres identificados, todos ellos vecinos de Pontecesures, cuando cometían el segundo de sus asaltos al taller.
Estaban forzando el tapón de uno de los depósitos cuando fueron vistos por una patrulla de la Guardia Civil, provocando que dos ellos se diesen a la fuga y el tercero fuese localizado oculto bajo una manta en el interior del vehículo que utilizaban.
Estas tres personas, que serán investigadas por un delito de robo con fuerza y por un delito de hurto, pasarán a disposición judicial del juzgado de guardia de Caldas de Reis.
José Luis Abet, a su salida de la Audiencia Provincial de Pontevedra este lunes.
Todas las partes secundaron un informe forense que avisa del daño psíquico
La magistrada que preside el tribunal del jurado popular que sentenciará el triple crimen de Valga solicitó el pasado viernes, último día laborable antes de que comience el juicio y meses después de señalarse, un informe forense al Instituto de Medicina Legal de Galicia. Preguntaba si la celebración de la vista pública podría causar perjuicio psíquico a los dos hijos del único acusado, José Luis Abet, y de su exesposa, Sandra Boquete (39 años), asesinada el 16 de septiembre del 2019 junto a su hermana, Alba (27), y la madre de ambas, María Elena Jamardo (58). Los niños, de 4 y 7 años entonces, presenciaron el asesinato de su madre a manos de su progenitor, y hoy siguen intentando pasar página. La respuesta del Imelga concluye que la difusión de cada vista conllevaría «un importante riesgo de su revictimización [para los niños] de no celebrarse a puerta cerrada».
La fase previa del juicio comenzó este lunes a las diez de la mañana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Las partes, al tomar sus asientos, encontraron una copia del informe del Imelga sobre sus mesas. La magistrada expuso el contenido y preguntó, inicialmente, su parecer a la Fiscalía. La representante del ministerio público secundó la opinión forense, igual que los abogados de la acusación particular, popular y pública. También el jurado popular, ya constituido tras tres horas, se sumó a la decisión de celebrar las vistas a puerta cerrada. El secretario judicial, poco antes de las tres de la tarde, leyó la resolución que oficializa el cuórum de las partes: «El artículo 26 del Estatuto de la Víctima recoge que en caso de víctimas menores de edad se adoptarán las medidas necesarias para evitar o limitar en la medida de lo posible que la celebración del juicio se convierta en una nueva fuente de perjuicio».
El argumentario se fundamenta principalmente en que, a la hora de ponderar derechos, se considera que el de los menores prevalece sobre los demás, incluso sobre el derecho a la información, aunque se trate de un caso que despertó tanta alarma social. «El superior interés [de salvaguardar a los menores] ha de ser protegido frente a cualquier otro derecho pese al indudable interés general de la presente causa», concluyó el secretario judicial, que añadió que cada jornada del juicio se documentará en grabación de vídeo y que la lectura del veredicto del jurado popular sí se conocerá en audiencia pública. Manuel Martín, abogado que representa a la acusación particular presentada por la familia de las víctimas, consideró al salir de la Audiencia de Pontevedra que «lo mejor es que se celebre a puerta cerrada para salvaguardar la integridad psíquica y moral de los niños».
La planificación prevista para los cuatro días de juicio saltó este martes por los aires sin que tan siquiera comenzase la vista. Tan solo se cumplió la previsión de constituir el jurado popular, que se desarrolló en un clima tranquilo, a puerta cerrada.
El único acusado no declaró
Las partes no pudieron exponer las cuestiones previas y José Luis Abet, único acusado, estuvo casi toda la mañana esperando en una sala anexa a la del juicio. Tampoco declaró, como se esperaba, igual que los 11 testigos citados. Este martes, a partir de las diez de la mañana, está previsto retomar la actividad pendiente del lunes, además de la prevista para la jornada. Por eso, la magistrada presidenta del tribunal anunció que este martes habrá doble sesión, de mañana y de tarde, para recuperar el tiempo perdido.
En total, son 26 testigos entre vecinos de la aldea de Carracido (Valga) que presenciaron o escucharon el crimen, allegados de Abet antes de los asesinatos, trabajadores que participaron aquella mañana en el operativo de emergencias o 17 agentes de la Guardia Civil que dieron forma a la investigación que cimenta la causa judicial. En lo que coinciden todos los citados es en que declararán en contra del acusado, sin que uno solo aporte algún dato a su favor, y que serán fundamentales para argumentar la pena de prisión permanente revisable a la que se enfrenta Abet.
Decisión de ultima hora pese a que el juicio estaba marcado desde el otoño
Dentro y fuera de la sala de vistas, que el juicio del crimen de Valga vaya a celebrarse a puerta cerrada cogió con el pie cambiado a todas las partes. Este se señaló en otoño, por eso era difícil de entender que se hubiera esperado al último día laborable, antes de que comience, para valorar que no sea público. La decisión trastocó el calendario de declaraciones repartidas en cuatro días, ya ajustado por la gran cantidad de testigos convocados en cada jornada. También supone una alteración para los numerosos medios de comunicación que dan cobertura a uno de los juicios del año en Galicia, y que ocuparon la primera planta de la Audiencia de Pontevedra durante toda la mañana sentados en bancos y en el suelo. Incluso un grupo de alumnos de la UNED que iba a asistir a la vista por su singularidad perdió la mañana esperando.
Abet reaparece después de tres años y medio en prisión
La hemeroteca conservaba dos fotografías de José Luis Abet. En la primera, tomada el 17 de septiembre del 2019, pasaba a disposición judicial en Caldas de Reis un día después de cometerse el triple asesinato en Carracido, Valga. La segunda, justo un año después, compareciendo en el mismo juzgado con más peso y el rostro cubierto por una mascarilla para cumplir el protocolo covid. La tercera fue este lunes, tres años y medio después del triple asesinato, y solo guarda una similitud con las anteriores: las manos de Abet aparecen esposadas en todas las imágenes. Su físico ha cambiado considerablemente desde que se su imagen se hizo pública. Estos 42 meses en prisión le han cambiado en cierto modo la cara y el cuerpo, tampoco luce igual su pelo.
Reapareció en la Audiencia Provincial de Pontevedra engominado, con la mirada fija al frente y vestido con pantalones oscuros, cazadora beis con forro de borreguillo y camisa azul de cuadros. Permaneció en una estancia custodiado desde las nueve y media de la mañana hasta las dos de la tarde, cuando lo llamaron para acceder a la sala de vistas. Le guardaron una silla, a la derecha de la bancada reservada para los abogados. Al entrar, se encontró el jurado popular que lo juzgará ya conformado, y al que no dejó de mirar. También al suelo, con la vista fija a ratos. Se le notificó que no declararía, cómo estaba previsto, y que lo hará este martes. Llegado el momento, está por ver si solo responderá a su abogado o también a la Fiscalía y al resto de acusaciones.
A primera hora de la tarde regresó a la cárcel de A Lama para dormir y volver este martes a la Audiencia Provincial que lo juzgará. Será así durante toda la semana, y tal vez más días, de no cumplirse el cronograma del juicio modificado este lunes. Nada que ver con sus hábitos desde que se estrenó en prisión, viviendo en módulos de confianza con presos que, como él, no son conflictivos. Y es que Abet, en tres años y medio, no ha dado un problema a Instituciones Penitenciarias; de ahí que su expediente no recoja ni una falta disciplinaria. Participa en los talleres ocupacionales y socializa con el resto de internos con los que ha pasado más tiempo, en el penal de Mansilla de las Mulas, en León.
Este martes, después de que la Fiscalía y los abogados expongan sus relatos, será su turno de declarar. Abet hablará finalmente en una sala sin público, y lo que diga, sea verdad o mentira, solo es cuestión de tiempo que se termine sabiendo.
José Luis Abet se sentará el lunes en el banquillo.
La Audiencia Provincial de Pontevedra acoge desde el lunes y durante toda la semana el juicio contra José Luis Abet, autor del triple asesinato en el que acabó con la vida de su expareja, su excuñada y su exsuegra en presencia de sus dos hijos menores en septiembre de 2019 en Valga. La Fiscalía –así como la acusación particular– mantienen para Abet la petición de prisión permanente revisable. Una pena que en Arousa ya recayó sobre José Enrique Abuín “El Chiclé” por el asesinato de Diana Quer y sobre David Oubel, que mató a sus dos hijas pequeñas en Moraña. Abet será juzgado por un tribunal popular y declarará este mismo lunes. De hecho será su declaración –si decide hacerlo– la primera en escucharse en la Audiencia de Pontevedra. Ese mismo día están llamados ante el tribunal un total de once testigos clave. El martes serán 17 guardias civiles los que están llamados a comparecer, mientras que el miércoles están citados 10 testigos y otros tres miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. El jueves tres psicólogas, cuatro médicos forenses, dos guardia civiles del departamento de Balística de Criminalística y otros dos del departamento de Química están citados para declarar. Ese mismo día lo harán nueve peritos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, otros dos psicólogos y cinco guardias civiles. El último día se reserva para informes.
Los hechos
El triple crimen que se juzga ahora se remonta a hace casi cuatro años. Fue a principios de septiembre de 2016 cuando el acusado adquirió un revolver de calibre 32 con una caja completa de munición con el objetivo –según el escrito de Fiscalía– de acabar con la vida de su exmujer. Su idea se materializó el día 16 de ese mismo mes cuando acudió a la casa de esta en Valga. Para evitar que huyera Abet colocó su vehículo delante de la puerta del garaje y esperó de pie a que esta se abriera, sabiendo que era la hora a la que su exmujer llevaba a sus dos hijos (de 4 y 7 años de edad) al colegio. Al salir del garaje la mujer se vio acorralada por el acusado, que le puso la pistola a la altura de la cabeza para dispararle el primer tiro. A él añadió otros tres más, que acabaron con su vida en presencia de los dos niños. A continuación arrancó su coche y se marchó de la vivienda. Fue en el camino cuando se cruzó con el turismo de su excuñada y suexmujer que –según la Fiscalía– habían recibido la llamada de la hermana e hija pidiendo ayuda. Abet hizo un cambio de sentido y las persiguió hasta llegar a la casa. Una vez allí recargó el revolver y disparó alternativamente en cuatro ocasiones contra la exsuegra y tres contra la excuñada matándolas en el acto. Hechos que también presenciaron los dos hijos menores dejándoles daños psicológicos de por vida. La Fiscalía entiende que los hechos son constitutivos de tres delitos de asesinato, uno de tenencia ilícita de armas y dos de lesiones psíquicas graves. Además de la prisión permanente revisable se pide para él la prohibición de residir o acudir a Valga en 35 años e indemnizaciones que suman más de 1,8 millones.
José Luis Abet, en el momento en que fue conducido al juzgado de Caldas de Reis, al día siguiente de haber perpetrado el triple crimen.
José Luis Abet está acusado de tres delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas y haber causado una grave enfermedad psíquica a sus dos hijos, que presenciaron cómo mataba a tiros a su madre, su tía y su abuela
El escalofriante crimen que José Luis Abet perpetró el 16 de septiembre del 2019 a las puertas de la vivienda que su exmujer compartía con los dos hijos pequeños de ambos en Valga ya tiene fecha para ser juzgado. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de fijar la vista para los cinco días comprendidos entre el 6 y el 10 de marzo del año que viene. El sorteo de los miembros que compondrán el jurado popular, en cuyas manos estará el futuro del autor confeso de la muerte a tiros de su antigua pareja, su excuñada y la madre de ambas en presencia de los dos niños, tendrá lugar bastante antes: el próximo miércoles.Regístrate gratis y recibe en tu correo las principales noticias del día.
Abet se enfrenta a tres delitos de asesinato, uno de tenencia ilícita de armas y otros dos por haber provocado una grave enfermedad psíquica a sus hijos, que entonces tenían cuatro y siete años. Las cuatro acusaciones —además de la familia de las víctimas y de la Fiscalía, la Xunta y la fundación Amigos de Galicia se han personado en el procedimiento— solicitan que se le imponga el régimen de prisión permanente revisable.
En su auto, la Audiencia expone los hechos que el jurado tendrá que valorar, junto a las pruebas y testimonios que las diferentes partes proponen para el desarrollo de la vista. Entre ellos se encuentra el deKandioura Cisse, el vidente africano al que el acusado recurrió para que emplease sus conocimientos de magia negra contra su exesposa. El relato de lo ocurrido aquel 16 de septiembre resulta estremecedor. El hombre, que tenía entonces 45 años, había adquirido un revólver Ruger modelo SP101 del calibre 32 largo. El arma se hallaba en perfecto estado, aunque su número de identificación había sido borrado. También se había hecho con una caja completa de munición. Poco antes de las ocho de la mañana, se presentó en la aldea de Carracido donde vivía Sandra Boquete, de la que se había divorciado en enero del 2018. Era lunes, y el individuo sabía perfectamente que a esa hora la mujer cogía el coche para llevar al colegio a sus dos hijos. Así que detuvo su vehículo de forma que bloquease el acceso a la casa y aguardó de pie, a su lado, a que se abriese la puerta del garaje. Fue así como la primera víctima se vio acorralada al volante sin poder hacer apenas nada.
Abet se situó a la altura de la ventanilla de la conductora, le apuntó a la cabeza y le descerrajó un tiro en la cara. A continuación disparó otras tres veces, alcanzándola en el cuello y en el pecho. Los niños, que ocupaban los asientos posteriores, tuvieron que verlo todo.
Consumada la muerte, Abet se subió a su automóvil y abandonó el lugar. No había recorrido más que unos metros cuando se cruzó con otro vehículo en el que viajaban su antigua suegra, Elena Jamardo, y su excuñada, Alba Boquete, quienes se dirigían al domicilio a toda velocidad. No era para menos, ya que Sandra, preocupada, había telefoneado a su hermana antes de intentar abandonar la casa con los pequeños. El sujeto no dudó en dar la vuelta para perseguirlas. De vuelta en el escenario del crimen, recargó el revólver y sorprendió a las dos mujeres cuando trataban de auxiliar a Sandra, que ya no respiraba. Les disparó alternativamente. En cuatro ocasiones contra Elena, alcanzándola en la cabeza, el muslo y el pecho, y en tres contra Alba, a la que hirió en la cabeza, en el pecho y en un hombro.
El auto judicial subraya que, cuando concluyó la matanza, «que también fue presenciada por los hijos menores del investigado, les dijo que esperasen allí hasta que llegase la Guardia Civil, y abandonó el lugar en su coche». El documento de la Audiencia recoge que Abet fue plenamente consciente de la presencia y proximidad de los pequeños «en el momento de matar a su madre, a su tía y a su abuela, siendo también consciente de que tal traumática y violenta visión menoscababa gravemente su integridad psíquica, produciéndoles secuelas de gravedad, dada su corta edad y la vinculación familiar con las víctimas». María Elena tenía 57 años; Sandra y Alba, que llevaba tres meses conviviendo con su novio, 39 y 27.
Entre los factores que pueden agravar la responsabilidad del acusado la Audiencia cita su grado de parentesco con las víctimas, el hecho de que las muertes se ejecutasen en presencia de los niños y el «profundo odio y desprecio que sentía hacia su exesposa, a la que vejaba, insultaba y cosificaba continuamente, llamándola y enviándole mensajes amenazantes y denigrantes». Al concluir el tiroteo, él mismo envió varios mensajes para referir lo que acababa de hacer. El vidente africano fue, por ejemplo, destinatario de un mensaje de voz en el que Abet presume, se ríe y afirma que las tres mujeres «estaban para enterrar, sin necesidad de utilizar camello alguno ni de esperar 24 horas». El auto añade que lo ocurrido se debe «al mero hecho de ser las víctimas mujeres» y atribuye al investigado la intención de «hacer patente su sentimiento de superioridad respecto de ellas».
Por contra, entre los posibles atenuantes se cita el estado de alteración psíquica, arrebato y obcecación en el que se encontraba Abet cuando acudió a la aldea de Carracido. También la llamada telefónica que realizó poco después del brutal crimen que había cometido, comunicando a la Guardia Civil su intención de entregarse y la dirección de su madre, en cuyo domicilio se había refugiado; su colaboración a la hora de encontrar el arma, que había arrojado al río Tambre, y su supuesta intención de reparar el daño ocasionado a los familiares de las víctimas.
También declaró una facultativa llamada por la defensa que justificó los procedimientos que siguió el galeno con las pacientes
Otras dos mujeres han ratificado sus denuncias ante el juzgado de Padrón que investiga por abusos sexuales a un médico del centro de salud del concello. Con ellas son ya cinco los presuntos casos conocidos, aunque solo son cuatro los judicializados y a los que ha dado total credibilidad la inspección médica, que decidió archivar el de la chica que expuso los hechos a través de las redes sociales y que, precisamente, motivó que otras pacientes se animaran a iniciar una batalla legal contra el facultativo.Regístrate gratis y recibe en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME
Ambas han mantenido las versiones que ya figuraban en el expediente disciplinario abierto por la Consellería de Sanidade. Ante la jueza, relataron en calidad de testigos y víctimas que sufrieron tocamientos sin previo aviso en sus zonas íntimas en el transcurso de las exploraciones a las que las sometió el médico, al que también atribuyen un trato prepotente e irrespetuoso y el haberlas puesto en situaciones que consideran humillantes.
Una de ellas explicó en el juzgado cómo el médico la colocó a cuatro patas desnuda sobre una camilla para explorarle una fisura anal y utilizó expresiones como ¿qué tal tu culo? o ¿qué tal cagas? para, al terminar, darle una palmada en el trasero.
La otra relató que tras unas primeras consultas en las que considera que recibió un trato degradante y machista, comenzó a acudir al médico con su pareja, pero que en una de las ocasiones tuvo que volver a ir sola porque sufría una lumbalgia.
La mujer aseguró en su declaración que el facultativo se dirigió a ella diciéndole que a las mujeres siempre les dolía la cabeza y que sus problemas de espalda se debían a que usaba tacones «para presumir» y «provocar» a los hombres. También que le pedía que se desnudase casi por completo y que en una ocasión le quitó sin avisarle el sujetador y le auscultó tocándole los pechos y que, otra vez, tumbada en la camilla le inspeccionó las ingles tocando, a su parecer, de más y otra vez la puso a cuatro patas y él, desde atrás, le quitó las bragas y le tocó las caderas moviéndole las piernas.
«Ambas han relatado los mismos hechos que ya contaron a la inspección del Sergas, sin contradicciones y con detalles que dejan e evidencia la actuación del médico», explicó tras la declaración el abogado Enrique León Carrasco, que representa a las cuatro víctimas.
Las dos coincidieron también en señalar que antes de presentar denuncia solicitaron el cambio de médico ante el Sergas porque no consideraban normal el modo en el que el investigado las atendía en la consulta.
Tanto en el juzgado como ante el Sergas, el médico de Padrón ha negado los abusos sexuales. El expediente administrativo quedó paralizado al abrirse la vía judicial, pero la instructora, que ya testificó en el juzgado, manifestó que ya ha decidido proponer al facultativo para sanción.
Junto a las dos perjudicadas, la jueza también tomó ayer declaración a una testigo propuesta por la defensa. Se trata de una médico que ejerce en un centro de salud de la comarca de Santiago y que defendió y justificó los procedimientos seguidos por el denunciado a la hora de atender a las pacientes.
