Bello Maneiro afirma que la anulación del polígono «cercena» la actividad económica de Valga.

«No vendrán empresas, con las pérdidas que esto supone», dice el alcalde – Explorará otras vías para disponer de suelo industrial.

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Como un jarro de agua fría ha recibido el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, la sentencia del Tribunal Supremo que anula definitivamente y sin posibilidad de más recursos la implantación de un polígono industrial de 800.000 metros cuadrados en las parroquias de Xanza y Setecoros. La consecuencia es, afirma el regidor popular, que no se podrán implantar en la localidad «nuevas empresas, con las importantes pérdidas que esto supondrá, al cercenar el impulso económico que conlleva la actividad industrial». Se impedirá, continúa, «la creación de nuevos puestos de trabajo» y, en definitiva, supone la «pérdida de una fuente fundamental de desarrollo y riqueza para nuestro municipio en unos tiempos tan complicados».

El fallo del Supremo rechaza los recursos de casación del Concello y la Xunta de Galicia y ratifica una sentencia anterior del Tribunal Superior de Xustiza en la que se aludía al «carácter totalmente injustificado de la creación de ese sector de suelo industrial, al no existir necesidad alguna de aumentar el ya existente». Porque de los 250.000 metros previstos en el anterior planeamiento para uso industrial «solo está ocupado el 30%» y no está «justificado» ni un nuevo suelo «con esa magnitud ni en ese emplazamiento», teniendo además en cuenta que los terrenos en los que se proyectaba el polígono son «de gran riqueza» y «potencialidad agrícola y forestal.

El alcalde valgués y su equipo de gobierno respetan la decisión judicial, aunque «no compartimos su contenido ya que «está perfectamente acreditado que no existe suelo industrial en dos municipios limítrofes» como Pontecesures y Cuntis -la sentencia dice que sí pero esos polígonos no llegaron a desarrollarse nunca- «y tampoco existe ningún terreno público en Valga». A pesar de este duro revés, Bello Maneiro afirma que «seguiremos trabajando como hasta ahora, en defensa del interés general de todos los vecinos y con el objetivo de lograr el desarrollo urbanístico y empresarial del municipio». En este sentido, el Concello explorará otras vías «a nuestro alcance», para que «las empresas situadas en Valga no tengan que marcharse a otras comarcas por falta de suelo industrial» y también para que «otras nuevas pueda instalarse en nuestro término municipal».

Faro de Vigo

El conflicto entre vecinos y Concello se remonta al año 2008.

El litigio a cuenta del polígono industrial de Valga se remonta al año 2008, cuando el gobierno de Bello Maneiro inició los trámites para aprobar un Plan Xeral de Ordenación Municipal que reservaba alrededor de 800.000 metros de terrenos para uso industrial en las parroquias de Xanza y Setecoros, a ambos márgenes de la carretera N-550. El proyecto afectaba especialmente a las aldeas de A Medela y Magariños, cuyos vecinos se agruparon en la «Coordinadora en defensa do noso rural» e iniciaron una serie de acciones en oposición del polémico parque empresarial. En octubre de 2010 la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia dictó una orden con la que aprobaba definitivamente el PXOM y fue entonces cuando se inició la vía judicial que acabó dando la razón a los vecinos, entre ellos la actual portavoz del PSOE, María Ferreirós.

La Voz de Galicia

El gobierno de Valga lamenta «as perdas» que supone anular el polígono industrial.

Acatan la sentencia pero no la comparten. En estos términos se expresó ayer el gobierno local de Valga a raíz de hacerse pública al sentencia del Tribunal Supremo por la que anula definitivamente la posibilidad de llevar a cabo el polígono industrial que Concello y Xunta diseñaron para este municipio. El equipo de gobierno lamentaba ayer, vía comunicado, «as perdas económicas que isto suporá ao cercenar o impulso económico que supón a actividades industrial, coa creación de novos postos de traballo».

Frente a la sentencia del Supremo, en la que señala que es «completamente innecesaria la habilitación de suelo industrial nuevo en este municipio», el gobierno local considera que «estaba perfectamente acreditado o feito de que non existe solo industrial en dous concellos limítrofes, como tampouco existe ningún en terreo público en Valga, o cal facía para nós fundamental a creación deste tipo de solo».

Pese al varapalo que ha supuesto esta sentencia -consecuencia de las acciones emprendidas por una comisión vecinal-, el equipo que dirige José María Bello Maneiro (PP) anuncia su intención de seguir trabajando «a fin de lograr o desenvolvemento urbanístico e empresarial do concello, explotando todas as vías ao noso alcance».

La Voz de Galicia

Mar destina 37.000 euros a la reforma de la zona portuaria de Pontecesures.

El presidente de Portos y el tripartito supervisaron ayer los trabajos.

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Apenas 48 horas después de que la oposición municipal exigiera a la Xunta más inversiones en el puerto y menos promesas, la Consellería do Mar destacó ayer que ha destinado más de 37.000 euros a la mejora de esta importante zona de Pontecesures. Y lo hizo aprovechando la visita al lugar del presidente de Portos, José Juan Durán.

Estuvo acompañado del alcalde, el conservador Juan Manuel Vidal Seage, y de sus socios de gobierno, Ángel Souto (Tega) y la independiente María Isabel Castro Barreiro.

Tras la visita se concretó que se mejora la capa de rodadura de la carretera del puerto para aumentar la seguridad de conductores y peatones. A esto se sumarán en breve labores de adecentamiento como la limpieza y repintado del muro, reparación de aceras y farolas, reposición de baldosas y otras acciones similares.

Faro de Vigo

El Supremo tumba definitivamente la construcción del polígono de Valga.

Cuando el TSXG dio la razón a la comisión vecinal y dijo «no» a la construcción del polígono industrial de Xanza, el gobierno local de Valga decidió recurrir la sentencia y llevar el caso al Supremo. Año y medio después, el alto tribunal ha tomado ya su decisión. La nueva sentencia vuelve a ser un rotundo no a los planes del Concello. No solo desestima los argumentos con los que el ayuntamiento defendió la necesidad de dotar a la localidad con 800.000 metros cuadrados más de suelo industrial, sino que condena al Concello y a la Xunta a pagar las costas del proceso.

El Supremo se alinea con las tesis del TSXG, y lamenta que el Ayuntamiento «pretenda decidir a su favor el litigio, contraponiendo los claros y rotundos dictámenes periciales, unánimes en la apreciación de que era completamente innecesaria la habilitación de suelo industrial nuevo en este municipio, a documentos consistentes en estudios o informes de viabilidad del polígono industrial […] máxime cuando tales documentos son anteriores a la memoria ambiental y se proyectan sobre una superficie mucho menor a la finalmente considerada». El Supremo también tiene en cuenta que «la memoria ambiental […] desaconsejó de forma clara esta adscripción del suelo, reputándola innecesaria».

Argumentos
Teniendo en cuenta estos razonamientos, la sentencia del TSXG «no puede ser tildada de arbitraria o ilógica, por más que sus conclusiones desagraden al Ayuntamiento que, a toda costa, pretende orillarlas». Y es que, sigue razonando el Supremo, no se puede contraponer a ese documento los «documentos preparatorios o informes administrativos que integran el expediente, pues tal acervo documental es precisamente el material sobre el que debe recaer el juicio de la sala».

Esta llega a una conclusión «clara e insoslayable» sobre la «irracional creación de nuevo suelo industrial» prevista por el Concello de Valga. Una «realidad que no requeriría de especiales conocimientos científicos o técnicos para su apreciación: si un suelo de 225.000 metros cuadrados de superficie está ocupado solo en el 30 % de esta, resulta injustificado, completamente, aumentar el suelo industrial en otros 800.000 metros cuadrados más». Así lo entiende el Tribunal Supremo.

Satisfacción entre el colectivo vecinal por un fallo «contundente»
María Ferreirós, además de ser portavoz del PSOE, es presidenta de la comisión vecinal que inició el procedimiento contra el polígono previsto en Xanza. Como tal quiso mostrar ayer su enorme satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo. «Unha cousa é gañar, e outra é gañar cunha sentenza tan rotunda, que insiste nos argumentos da anterior, e en que ese polígono industrial está completamente inxustificado». A su juicio, que se impongan las costas al Concello y a la Xunta deja bien claro que estas dos administraciones actuaron «con certa temeridade» al prolongar el proceso judicial. Por otra parte, ayer resultó imposible recabar la opinión del alcalde de Valga José María Bello Maneiro (PP) sobre esta cuestión.

La Voz de Galicia

La Xunta insiste en dejar en manos de la Diputación la financiación del CODI de Valga.

El PSOE achaca a «unha nefasta xestión do Concello» las dudas sobre el centro.

La Diputación de Pontevedra apela al decreto 99/2012 para explicar por qué no puede seguir financiando el CODI de Valga. Y ayer, la Consellería de Política Social apelaba de nuevo a ese mismo documento para sostener justo lo contrario. Mientras los servicios jurídicos del organismo provincial sostienen que este solo puede colaborar con los ayuntamientos en el mantenimiento de los servicios sociales básicos comunitarios, los abogados de la Xunta afirman que en ningún punto del decreto se hace semejante distinción, y que ningún artículo «impide en ningún momento a achega da Deputación ao financiamento dos servizos especializados dos concellos». «En liña co anterior, no marco da negociación do financiamento dos Servizos Sociais de Galicia, que se realizaba co antigo plan concertado, as Deputacións asumían o financiamento dos servizos comunitarios especializados. Na práctica é o que se segue a facer. Por exemplo, a Deputación da Coruña continua financiando algún programa de servizos sociais comunitarios específicos».

Es decir, la Xunta entiende que es la Diputación quien debe hacer frente al grueso de la financiación de este servicio, mientras que en Montero Ríos manejan informes que dicen todo lo contrario. Y mientras unos y otros leen el decreto 99/2012 de formas completamente distintas, el futuro de un servicio que atiende a 18 personas y que emplea a nueve profesionales está en jaque.

El PSOE de Valga responsabilizó ayer de esta situación al gobierno local, al que acusa de haber hecho una «nefasta xestión» en este asunto. Señalan los socialistas que, cuando se convocaron las bases de la Diputación, enseguida comprobaron que la solicitud del Concello de Valga para financiar a los nueve trabajadores del centro no se ajustaba a las mismas. «A Deputación reuniuse con nós, igual que co goberno, para falar deste asunto, así que non é certo o que di o señor Maneiro de que o problema o colleu por sorpresa». El equipo municipal, en vez de reaccionar pidiendo a la Xunta que asuma su responsabilidad, «limitouse a a atacar á Deputación, nada máis». «O Concello limitouse a presentar un recurso contra esta, pero nós queremos que se abra tamén outra vía, a de reclamar á Xunta que cumpra».

La Voz de Galicia