Los vecinos de la recta de Campaña demandan el pago de las expropiaciones.

Aseguran que desde que se iniciaron las obras solo el 10% de los afectados cobraron las indemnizaciones.

«Ahogados». Así aseguran estar muchos vecinos de la recta de Campaña en tiempos de crisis económica y cuando aún siguen esperando las indemnizaciones de la expropiación de sus terrenos, ubicados en el tramo de la PO-548 desde donde hace alrededor de dos años se llevan a cabo obras para la mejora de la seguridad vial. Y es que muchos señalan haber tenido que hacer frente al coste del cierre de sus terrenos (algunos hasta han pedido créditos bancarios) sin haber recibido por el momento compensación alguna.
Los afectados aseguran que tan solo el diez por ciento de los propietarios han recibido sus indemnizaciones, ya que los pagos se hacían escalonadamente hasta el cambio de gobierno en el año 2009, donde se produjo una paralización en estas operaciones. Además, critican que los trabajos se hayan prolongado en el tiempo hasta la actualidad, viendo una «maniobra política» en el último retraso, ya que se anunció en un principio que las obras acabarían este mes y finalmente será más cerca de las próximas elecciones municipales.
«Las condiciones meteorológicas no son la causa de que las obras no estén terminadas. Quedará muy bien inaugurar la recta de Campaña en vísperas de los comicios. Durante las últimas semanas aquí no hubo obreros. El mal tiempo no tiene que nada que ver en esta nueva demora», afirma Javier Carballo, presidente de la plataforma creada para defender los intereses de los vecinos afectados.
Devoluciones
Además del malestar de algunos residentes en la recta de Campaña por el retraso en los pagos, otros vecinos que sí cobraron el importe de las expropiaciones aseguran estar recibiendo en sus domicilios cartas con fecha del 2008 y remitente la Administración autonómica en las que se les insta a revertir el dinero de los solares que no han sido ocupados.
En este sentido, el grupo municipal socialista acusa a la Xunta de coacción al considerar «inadmisible que que se estea a presionar aos veciños para que obrigatoriamente revirtan o terreo non utilizado na obra». Desde el partido se asegura que la reversión es un derecho del propietario, que lo ejercita o no, pero al que no se le puede obligar. Por ello, el PSOE prevé llevar al Parlamento gallego este asunto así como el retraso de los pagos. En caso de que el gobierno gallego no tome medias se prevén nuevas movilizaciones vecinales.

LA VOZ DE GALICIA, 12/01/11