El arquitecto Jorge Duarte, decano del COAG, fue técnico municipal en Pontecesures.
Los constructores gallegos sitúan 2012 como el peor año para el sector. ¿Cómo les está afectando la crisis del ladrillo?
-De construir unas 30.000 viviendas al año se llegó a 47.000 en 2007. Ahora estamos en un escenario que nos deja este año en 3.300, un 30% menos que las 4.700 de 21011. La situación para los arquitectos y el sector de la construcción en general es complicada. Estamos en una situación de supervivencia.
-¿Volverán los años dorados del boom urbanístico?
-No. Tampoco sería deseable. Vivimos en un mundo en que se ve la vivienda como un refugio seguro, incluso para la especulación. Todos pensaban que podían llegar a tener una segunda residencia, que el precio nunca iba a bajar y que había crédito para todo. Ese escenario no va a durar. Hay que vender los pisos vacíos y promover nueva vivienda sometida a algún régimen de protección donde hay demanda y apostar por la rehabilitación.
-¿No se está haciendo?
-Es necesario que haya incentivos por parte de la Administración para que el sector y la población apuesten por la rehabilitación.
-Pero en un contexto de crisis como el actual no se están dando estos incentivos…
-Efectivamente, pero no todo puede ser recortar. Hay medidas de inversión por parte de la Administración que suponen más mano de obra y, por tanto, generación de empleo. En una obra nueva, el 50% del coste es material y el 50% mano de obra; en la rehabilitación, la mano de obra es el 70% y el 30% material.
-En Galicia se llegaron a construir casi 50.000 viviendas al año pese a que no había demanda. ¿Es responsable la Administración de esta construcción desaforada?
-La legislación estatal y autonómica facilitó que se construyeran espacios que no eran los más aptos y que se construyese mucho. Parte de esa responsabilidad es de la Adminsitración autonómica porque el control de los planes generales está en sus manos y puede evitar esos excesos de urbanización en los concellos.
-¿Es preocupante el nivel de irregularidades urbanísticas en el territorio gallego?
-Venimos de un escenario muy malo.Hay que concienciar a la gente de que hay que velar por la legalidad urbanística. Para eso hay que ser inflexible. No podemos estar legislando y cada cierto tiempo aplicar moratorias de legalizaciones, sino al final la gente pensará «vamos haciendo» porque al final no se derrumbará nada. Hay que ser rígidos. No podemos ser permisivos y acabar legalizando actuaciones que incumplen la legislación.
-¿No es partidario, por tanto, de legalizar viviendas construidas hace años en suelo rústico en los concellos que están redactando sus PXOM?
-Hay que distinguir dos escenarios. Aquellos que construyeron en contra del planeamiento urbanístico. En esos casos creo que no hay que tener la más mínima condescendencia. Cada uno tiene que ser responsable de sus actos y hay que ejecutar el derribo. Tanto si es un particular como una promotora. Por otro lado, hay muchas viviendas construidas hace 30 años al margen de la legalidad. Es distinto hacerlo en ausencia de planeamiento que ir en contra de lo que el PXOM dictaminaba. A aquel que lo incumplió, no podemos darle más moratorias, pero aquellas viviendas anteriores al planeamiento o a la legislación urbanística actual, anteriores a los años 80, se deben buscar medidas para legalizar su situación.
-¿Da por superada la política municipal del «vai facendo» o el camino por recorrer aún es largo?
-Aún es largo. En los más pequeños suele ser más difícil el cumplimiento de la legalidad urbanística. Cuanto más se reduce el tamaño del concello, más fácil es que el alcalde vaya cayendo en el «vai facendo». La creación de la Axencia de Protección da Legalidade urbanística (APLU), con la delegación de competencias en la administración autónomica, es un instrumento muy útil para combatir las irregularidades.
-Solo el 20% de los concellos tienen Plan Xeral. ¿Por que tánta existe lentitud a la hora de adaptar los planeamientos a la Lei do Solo?
-Es una ley excesivamente compleja. Intentó resolver en su propio texto todos los problemas del crecimiento desordenado de Galicia. Lo que debe marcar una ley son las pautas que hay que cumplir. Pero la Lei do Solo de 2002 intentaba atar y fijar todos los parámetros de edificiación. Debe ser más sencilla y apostar más por la calidad. La Lei do Solo tiene que marcar unos mínimos y luego cada plan deberá adaptarse a las necesidades de un concello. Esto reduciría mucho los plazos.
EL CORREO GALLEGO, 25/11/12
