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Un cesureño recibe una factura de 11.000 euros por hacer llamadas a un 806 para pedir trabajo.
El hombre entró en contacto a través de Internet con una empresa que le ofrecía trabajo a cambio de unos códigos que conseguía realizando una serie de llamadas.
Corren malos tiempos para casi todo el mundo. Con el paro encaramado a cumbres históricas y con los sueldos encogiéndose al mismo ritmo que se encogen las empresas, encontrar un puesto de trabajo que permita meter algo de dinero en casa se ha convertido para muchos en una necesidad acuciante. Tanto que en ocasiones los demandantes de empleo se aferran a la más mínima oportunidad, y en algunos casos no toman las prevenciones debidas. Eso es lo que parece haberle ocurrido a D.A.C., un cesureño que ha denunciado ante la Guardia Civil que ha sido víctima de una estafa.
Según explica en la denuncia presentada el miércoles en el cuartel de Valga, a principios de este mes el hombre entró en contacto a través de Internet con una empresa que le ofrecía trabajo. Haciéndose con unos códigos (22 en total), el nombre de la supuesta víctima de la estafa entraba en una especie de bolsa de empleo, a través de la cual se pondría en contacto con empresas que contratarían sus servicios.
¿Cómo se conseguían esos códigos? Al parecer, realizando una serie de llamadas a una línea de teléfono que comienza por los dígitos 806. Esto es, una línea de pago cuyas tarifas alcanzan los tres euros por minuto. Para poder hacerse con todos los números que necesitaba para optar al empleo, el ahora denunciante tuvo que realizar numerosas llamadas y rellamadas, que eran atendidas por dos personas que, ante las dudas que iban surgiendo en el denunciante, insistían en que el procedimiento era legal y que en él no había ni trampa ni cartón. En conseguir los códigos que ya obran en su poder consumió un gran número de horas de teléfono. Tantas que ha acumulado facturas que superan los 11.000 euros. Del trabajo prometido, de momento, no hay noticias.
Juzgado de Caldas
El asunto de esta estafa ya ha sido trasladado al juzgado de Caldas, que será el que dirija la investigación sobre lo ocurrido. El protagonista de esta historia no quiso ayer hacer declaraciones al respecto de lo que le ha sucedido. Simplemente, mostró su preocupación por el problema al que se ha visto abocado «por intentar mejorar un poco mi situación». Al sentirse víctima de una estafa, ha llevado el asunto a la Guardia Civil, que deberá retrotraer sus pesquisas a casi un mes, cuando este hombre, en la Red, creyó haber encontrado una puerta hacia un futuro un poco mejor.
LA VOZ DE GALICIA, 23/11/12
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El uso de un terreno junto a la casa paterna del alcalde de Padrón acaba en el juzgado.
El concejal de Obras declaró ayer como querellado por una resolución que dictó.
El Juzgado número dos de Padrón escuchó ayer la declaración en calidad de querellado del segundo teniente de alcalde y edil de Obras del Concello, José Ramón Pardo, que fue denunciado por un vecino del lugar de A Ponte por una resolución que dictó en agosto de este año, cuando ejercía como regidor en funciones, y que la representación legal del denunciante considera que podría incurrir en un supuesto delito de prevaricación.
En respuesta a un escrito presentado por dicho vecino de A Ponte, que denunció la colocación de varios maceteros en un terreno pegado a la casa paterna del alcalde padronés en el lugar de Paraíso, Pardo firmó un escrito en el que declara que la ubicación de esos maceteros, «entra dentro del derecho de uso y disfrute que lleva aparejada la propiedad privada del terreno en cuestión», un camino que, no obstante, el denunciante defiende como público.
Ayer también declararon en el Juzgado por esta denuncia la secretaria municipal y el aparejador del Concello. La querella del particular iba dirigida también contra el propio alcalde padronés, Antonio Fernández, pero la jueza no la admitió. Esta decisión ya está recurrida por la representación legal del vecino de A Ponte que confía que, finalmente, sea admitida. El denunciante defiende el carácter público del camino en base a varios documentos, entre ellos un acuerdo del año 1967, cuando el Ayuntamiento le concedió licencia a la entonces propietaria de la vivienda para la construcción de la acera, advirtiéndole de que debía «dejar el camino con un ancho de 3,5 metros», según consta en la querella.
Varios informes
Otro informe aportado por la parte denunciante para tratar de demostrar el carácter público del terreno sobre el que está la acera pavimentada y los maceteros es un informe del arquitecto técnico municipal de febrero de 2010, que habla de «un terreno público», según expone la querella. Hay, además, una sentencia de abril de este año del Tribunal Contencioso-Administrativo número dos de Santiago, que anuló una licencia dada por el anterior gobierno padronés para la reparación y sustitución de la plaqueta de la acera y que anuló, según consta en la querella criminal, por tratarse de «obras que se encuentran en situación de fuera de ordenación y ello por motivo de ser realizadas sobre vial público y no sobre propiedad privada».
Por ello, para la representación legal del denunciante la resolución dictada en agosto por el segundo teniente de de Padrón demuestra una «total inobservancia de la sentencia recaída», según consta en el texto de la querella.
Por la parte denunciada no hubo declaraciones.
LA VOZ DE GALICIA, 23/11/12
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Expropiados de la PO-548 empapelarán las calles para exigir su dinero a la Xunta.
La plataforma de afectados por el impago de las expropiaciones de la carretera PO-548 iniciará el próximo día 1 una campaña reivindicativa para reclamar ??os nosos dereitos? pues llevan cinco años esperando las retribuciones por sus propiedades.
Su presidente, Darío Cordo, explicó que primero colocarán pancartas reivindicativas por toda la localidad, exigiendo el dinero por sus propiedades expropiadas. Y es que decenas de ellos llevan cinco años sin cobrar y otros, que en su día recurrieron al Jurado de Expropiación para reclamar un precio más alto, acaban de enterarse de que se les ha rebajado hasta en 43 euros (de 78 a 32, en algunos casos) el precio del metro cuadrado, algo que consideran ??irregular?. Por este motivo, otra de sus medidas de presión en exigencia de una solución será pedir una reunión con el delegado provincial de Medio Ambiente -consellería que ejecutó la obra y la expropiación- para pedirle que la Xunta ??efectúe o pago inmediato nos casos nos que houbo acordo e para que se estimen favorablemente os recursos presentados polos veciños?. Según el presidente, fueron unos 180 afectados de los cuales, sobre un 70% aún no ha cobrado por estas dos circunstancias.
Cordo añadió que lucharán hasta el final, ??como se temos que encher autobuses e ir a Pontevedra a manifestarnos?. Y es que aún no se explican ??que pasou coa partida presupuestaria aprobada pola Xunta para pagarnos, hai xa cinco anos?.
DIARIO DE AROUSA, 23/11/12