La Audiencia desestima los recursos de Marina Castaño sobre malversación de fondos.

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La viuda de Camilo José Cela tendrá que sentarse en el banquillo tras haber sido imputada en diciembre del 2014.

La Audiencia Provincial confirma la imputación por malversación de caudales públicos de Marina Castaño, Tomás Cavanna, Dositeo Rodríguez y su hija Covadonga Rodríguez por el abono de una indemnización de 150.000 euros, de fondos públicos, al segundo de los investigados por su despido como director gerente de la Fundación Camilo José Cela de Padrón.

La Audiencia ratifica así un auto del Juzgado de Instrucción número dos de Padrón, que el 15 de febrero acordó la transformación de las diligencias previas de este procedimiento en un tribunal del jurado.

En autos fechados el tres de junio, la Audiencia desestima, por un lado, los recursos de apelación interpuestos por Dositeo y Covadonga Rodríguez, con adhesión de Tomás Cavanna, que solicitaron el sobreseimiento provisional de la causa. Desestima, por otro lado, los recursos de los cuatro investigados, que rechazan que se trate de un delito de malversación de caudales públicos, reservado para funcionarios y juzgado por un jurado popular. No obstante, la Audiencia entiende que el carácter público de la fundación y que el despido fue abonado con fondos públicos son datos que cubren «el requisito de verosimilitud de la imputación por caudales públicos».

En el caso de Marina Castaño y Tomás Cavanna, la Audiencia estima su recurso en los hechos relativos a las devoluciones de IVA que, según el auto, se produjeron cuando la fundación era de naturaleza privada, al igual que la empresa usada. Por ello, dice que debe formarse una causa separada por el juzgado competente «para depurar las responsabilidades en las que hubieran podido incurrir Marina Castaño y Tomás Cavanna» por el supuesto delito de apropiación indebida, ya que los hechos tampoco pueden calificarse de fraude en subvenciones debido al importe.

Por último, la Audiencia dicta el sobreseimiento provisional parcial de la causa en lo tocante a la contratación del ordenanza de la fundación para fines privados de Marina Castaño, al ser entonces privada la fundación y no cumplirse el requisito del fraude ni de apropiación indebida.

Los autos de la Audiencia son firmes.

La Voz de Galicia

El PSOE de Pontecesures propone una ordenanza de limpieza y ornato público.

Los excrementos de perros, carteles y pintadas «abundan en el municipio»

El PSOE de Pontecesures presentó ayer por registro en el Concello una ordenanza de limpieza viaria y ornato público e insta al nuevo gobierno tripartito a tenerla en cuenta y llevarla a pleno para establecer una serie de normas y sanciones para quienes no colaboren a la hora de mantener limpio el municipio. Los socialistas creen que la imagen que ofrece Pontecesures no es nada «amable» ni está «cuidada» , lo que provoca «quejas» de algunos vecinos. «Excrementos caninos, pintadas y carteles abundan en toda la villa» y el PSOE quiere ponerles coto.

El borrador de ordenanza elaborado por el grupo municipal socialista hace también referencia a los daños provocados en el mobiliario urbano, ya sea por su mal uso o por actos de vandalismo, proponiendo sanciones para quienes los causen. Asimismo, aborda la problemática de solares y terrenos llenos de maleza, hierbas y desperdicios, instando al Concello a que tome medidas al respecto para evitar «problemas de malos olores, salubridad e incluso incendios».

Faro de Vigo

Bello Maneiro afirma que la anulación del polígono «cercena» la actividad económica de Valga.

«No vendrán empresas, con las pérdidas que esto supone», dice el alcalde – Explorará otras vías para disponer de suelo industrial.

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Como un jarro de agua fría ha recibido el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, la sentencia del Tribunal Supremo que anula definitivamente y sin posibilidad de más recursos la implantación de un polígono industrial de 800.000 metros cuadrados en las parroquias de Xanza y Setecoros. La consecuencia es, afirma el regidor popular, que no se podrán implantar en la localidad «nuevas empresas, con las importantes pérdidas que esto supondrá, al cercenar el impulso económico que conlleva la actividad industrial». Se impedirá, continúa, «la creación de nuevos puestos de trabajo» y, en definitiva, supone la «pérdida de una fuente fundamental de desarrollo y riqueza para nuestro municipio en unos tiempos tan complicados».

El fallo del Supremo rechaza los recursos de casación del Concello y la Xunta de Galicia y ratifica una sentencia anterior del Tribunal Superior de Xustiza en la que se aludía al «carácter totalmente injustificado de la creación de ese sector de suelo industrial, al no existir necesidad alguna de aumentar el ya existente». Porque de los 250.000 metros previstos en el anterior planeamiento para uso industrial «solo está ocupado el 30%» y no está «justificado» ni un nuevo suelo «con esa magnitud ni en ese emplazamiento», teniendo además en cuenta que los terrenos en los que se proyectaba el polígono son «de gran riqueza» y «potencialidad agrícola y forestal.

El alcalde valgués y su equipo de gobierno respetan la decisión judicial, aunque «no compartimos su contenido ya que «está perfectamente acreditado que no existe suelo industrial en dos municipios limítrofes» como Pontecesures y Cuntis -la sentencia dice que sí pero esos polígonos no llegaron a desarrollarse nunca- «y tampoco existe ningún terreno público en Valga». A pesar de este duro revés, Bello Maneiro afirma que «seguiremos trabajando como hasta ahora, en defensa del interés general de todos los vecinos y con el objetivo de lograr el desarrollo urbanístico y empresarial del municipio». En este sentido, el Concello explorará otras vías «a nuestro alcance», para que «las empresas situadas en Valga no tengan que marcharse a otras comarcas por falta de suelo industrial» y también para que «otras nuevas pueda instalarse en nuestro término municipal».

Faro de Vigo

El conflicto entre vecinos y Concello se remonta al año 2008.

El litigio a cuenta del polígono industrial de Valga se remonta al año 2008, cuando el gobierno de Bello Maneiro inició los trámites para aprobar un Plan Xeral de Ordenación Municipal que reservaba alrededor de 800.000 metros de terrenos para uso industrial en las parroquias de Xanza y Setecoros, a ambos márgenes de la carretera N-550. El proyecto afectaba especialmente a las aldeas de A Medela y Magariños, cuyos vecinos se agruparon en la «Coordinadora en defensa do noso rural» e iniciaron una serie de acciones en oposición del polémico parque empresarial. En octubre de 2010 la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia dictó una orden con la que aprobaba definitivamente el PXOM y fue entonces cuando se inició la vía judicial que acabó dando la razón a los vecinos, entre ellos la actual portavoz del PSOE, María Ferreirós.

La Voz de Galicia