El Concello de Pontecesures realizó las habituales obras de mantenimiento a la espera de pintar dos aulas, que se realizará «en breve», según informa el alcalde. El dispositivo del inicio del curso, que incluye a la escuela infantil, ocupa a media docena de trabajadores municipales y tiene un coste para las arcas locales de alrededor de 20.000 euros.
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«Lo que prometieron en un primer momento como polígono amable, ecopolígono y ejemplo de urbanismo sostenible con grandes áreas recreativas, deportivas y zonas verdes, terminará siendo un ejemplo de terrorismo urbanístico, quedando nuestras casas como hormiguitas pegadas a un monstruo de hormigón». Esta es la conclusión que el colectivo de vecinos en contra del proyectado polígono industrial de Pontecesures ha sacado de las explicaciones que el alcalde de la localidad, el popular Juan Manuel Vidal Seage, ofreció en el pleno extraordinario del martes que sobre el asunto forzó el PSOE.Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del díaREGISTRARME
Los afectados afearon a Seage y al tripartito que conforma el PP con IP y TEGA buena parte de su relato. Empezando por su defensa de que los 326.000 metros cuadrados sobre los que se levantará el polígono son suelo de tipo industrial desde la reforma del PXOM cesureño en 2003: «Ese suelo está calificado como suelo urbanizable no delimitado que, según la Lei do Solo de Galicia del 2016, se equipara a suelo rústico», contestan los opositores al proyecto.
En esta misma línea, los vecinos enfrentan el 83 de 100 puntos recibido por el proyecto en un documento técnico de la Xunta del 2012 esgrimido por Seage con, apuntan, el 0 de 100 que obtuvo en los apartados de geología y geotecnia «por condiciones muy desfavorables».
«Nos causó incredulidad que —el alcalde— se dedicase a averiguar el domicilio de las personas que presentaron alegaciones, minusvalorando la procedencia de estas siendo un proyecto de interés autonómico», añaden desde el colectivo vecinal, que entiende que para el alcalde «no tenemos derechos». También que se pretende suprimir un bosque húmedo «privatizando y aprovechándose de nuestros recursos naturales, en particular del agua, que en pocos años tendrá un valor incalculable» y que Seage «reconoció que lo que exceda de la capacidad de las balsas del polígono se filtrará directamente al río Ulla».
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El alcalde reitera que su concello no servirá de aliviadero del futuro polígono industrial proyectado en Tarroeira
El alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, salió ayer al paso del dardo que su homólogo cesureño, el también popular Vidal Seage, lanzó al concello vecino este martes en el pleno convocado por el PSOE de Pontecesures para arrojar luz sobre los entresijos del polígono industrial de 326.000 metros cuadrados proyectado en el lugar de Tarroeira, limítrofe con Valga. «Os inimigos nas inundacións ao mellor non están en Cesures. Non sei se alguén explicou isto no pleno de Valga», soltó Seage al buen número de vecinos afectados por el plan presentes, tras sostener la existencia de un informe que apuntaría a la construcción, años ha, de dos pasos subterráneos de tren en el municipio de al lado como único peligro potencial a la hora de favorecer futuras inundaciones de agua en la zona, y no el sistema de balsas elegido como método de desagüe de los residuos pluviales del parque empresarial.
Bello Maneiro fue tajante al respecto: «Non imos permitir, baixo ningún concepto, que as augas do polígono se conduzan directamente aos puntos nos que hai anos se producían inundacións, hoxe solucionadas grazas ás obras que executou a Xunta na zona, tal e como dixemos no pleno que celebramos en xullo». Una sesión monográfica extraordinaria para debatir y definir la postura y alegaciones frente a un polígono proyectado en los límites con su municipio por parte de la corporación municipal de Valga, que se adelantó en más de un mes a una sesión, la del martes en Pontecesures, en la que el gobierno local pospuso su decisión respecto a la posibilidad de presentar sus propias alegaciones al proyecto.
Si bien manifestó no querer entrar en polémicas con el alcalde ni la corporación cesureña, el regidor valgués no deja lugar a la duda sobre su posición: «Non podemos permitir que o veciños de Valga retrocedan anos e volvan padecer anegamentos que afecten as súas propiedades. O proxecto do parque empresarial debe solucionar por si mesmo os seus problemas coas augas e non traspasarllos a outros. Na zona existen varios regatos, que os utilicen para derivar as augas ou que busquen outras alternativas. Que non se anulen no proxecto os regatos existentes e se invente un novo para darlles saída ás augas, a costa doutros».
Dicho todo lo anterior, Maneiro recuerda que la corporación de Valga ya registró las alegaciones que aprobó en el pleno del 21 de julio, por unanimidad de sus grupos políticos. En el caso de las referidas a la gestión de las aguas, incluyendo la solicitud a Augas de Galicia de un informe sobre la existencia de riachuelos y canales que no aparecen recogidos en el proyecto inicial del polígono.
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Actividades para facilitar o uso das novas tecnoloxías para maiores.
3 Xornadas nos venres 16, 23 e 30 de setembro na Aula de Formación da Casa do Concello, de 10:00 a 12:30 horas.
Dirxido a persoas maiores de 65 anos.
A actividade levaráse a cabo cun grupo mínimo de 12 persoas e ata un máximo de 15.
Imprescindible acudir con teléfono móbil.
ACTIVIDADE DE BALDE.
INSCRICIÓN NAS OFICINAS MUNICIPAIS DENDE O 5 ATA O 15 DE SETEMBRO.
El abastecimiento de agua de la orilla norte de la ría de Arousa es peculiar por varias razones. La planta potabilizadora de Padrón es la que permite utilizar el río Ulla para ofrecer suministro a Padrón, Dodro, Rianxo, Boiro, A Pobra y Ribeira. Pero también a varios municipios de la orilla sur: Pontecesures, Valga y Catoira. Se trata del único gran sistema de Galicia cuya gestión está en manos de la Xunta, por decisión de los propios concellos, que cedieron sus competencias en el 2004. Por fin, las instalaciones también están conectadas con la red de Vilagarcía desde el 2007, aunque este canal de refuerzo para la capital arousana —que mantiene una gestión propia y bebe fundamentalmente de su captación en el Umia— jamás entró en funcionamiento. Ahora, esta situación está a punto de cambiar para aportar a la capital arousana un blindaje prácticamente definitivo frente a la sequía.
La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, reunió ayer en Padrón a representantes de la decena de municipios concernidos. Entre ellos, Vilagarcía, que participó del encuentro a través del concejal de Obras, Lino Mouriño. La sesión sirvió para que la responsable autonómica incidiese en la inminente ampliación de la potabilizadora, «que a Xunta explota para tratar a auga captada do Ulla e serve a dez concellos, blindar o abastecemento e reforzar o de Vilagarcía».
Vázquez defendió la reciente Lei do Ciclo Integral da Auga, que además de «mellorar os servizos que se lles prestan aos cidadáns e contribuír ao coidado dos ríos e das rías», ofrece a los concellos la posibilidad de que encomienden a Augas de Galicia —cuyo gerente, Gonzalo Mosqueira, estuvo presente en el encuentro— la gestión de sus servicios relacionados con el agua.
No olvidó la conselleira referirse a la situación de sequía prolongada que fue decretada en febrero y afecta a buena parte de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa debido a la escasez de lluvias que la comunidad arrastra desde el otoño pasado. En ella se enmarcan los diez concellos arousanos convocados en Padrón. Por mucho que el estado de cosas no sea especialmente preocupante, «tendo en conta que o Ulla é o río máis caudaloso da conca e non rexistrou un descenso abrupto do seu caudal», Vázquez subrayó la necesidad de hacer un uso responsable de un recurso tan valioso, en busca de una nueva cultura del agua que arraigue en Galicia. Las acciones que adoptará su departamento, precisó, permitirán atajar las fugas que en las redes municipales alcanzan una media del 40 %, incluso del 60 %.
A la vista de la crudeza con la que la sequía está golpeando a las Rías Baixas y al conjunto de Galicia este año, la captación del Ulla cobra importancia no solo para la capital arousana, sino también para el conjunto de la comarca de O Salnés. Como quiera que Vilagarcía está conectada a la red de la mancomunidad en O Rial, el agua del Ulla también puede contribuir al abastecimiento general de la comarca en caso de que su fuente fundamental, en el Umia, atraviese dificultades. Por ello, a los 93.000 habitantes que la Xunta destaca en los diez municipios originales a los que beneficiará la ampliación de la potabilizadora de Padrón pueden sumarse bastante más ciudadanos.
La conexión de la ciudad está, en realidad, construida desde hace quince años. Tan solo resta una actuación de carácter menor para que la infraestructura, una canalización de siete kilómetros de longitud que se inicia en Pontecesures, se sume a los depósitos que la red municipal posee en Bamio. Implantarla requirió la inversión de 3.310.654 euros, de los que Augas de Galicia financió el 60 % mientras Vilagarcía asumía el 40 % restante. El Concello no lo hizo directamente, sino a través de la empresa que gestiona el servicio, Espina & Delfín, que obtuvo a cambio una prolongación de veinte años para su período de concesión.
El apunte de En Común
Este compromiso de Espina & Delfín con la financiación del proyecto es algo en lo que ayer incidió el portavoz de Vilagarcía en Común, Juan Fajardo, a la hora de que Ravella plantee la finalización de la canalización y su conexión con la red municipal.
La Voz de Galicia
El gobierno local de Pontecesures deberá asegurarse de que los vecinos afectados por el plan de construcción del polígono industrial en la zona de Tarroeira sean puntualmente informados de sus pormenores y avances, tanto desde el Concello como desde cualquier órgano público competente, en cuantas reuniones sean necesarias. Así lo acordó la noche del martes la corporación municipal, con los cinco votos favorables de socialistas y BNG a la moción presentada por el grupo del PSdeG–PSOE y la abstención de los seis ediles del tripartito formado por PP, IP y TEGA.
Fue este el punto final a una hora y 20 minutos de pleno extraordinario forzado por el grupo municipal del PSOE que encabeza Roque Araújo, argumentado por este último por la falta de información por parte del alcalde, Juan Manuel Vidal Seage, sobre los detalles del proyecto impulsado por Xestur desde hace algo más de un año. «Despexar todas as dúbidas respecto á xestión do goberno local» referente al «proxecto máis importante para Pontecesures nos últimos anos» era el objetivo, señaló Araújo. Y al menos alguna de las dudas se aclaró.
Entre ellas, el hecho de que, pese a haber finalizado ya el plazo de presentación de alegaciones al proyecto para particulares, el plan del polígono industrial sigue pendiente de los informes sectoriales de Augas de Galicia y, en lo referente a la afectación al tráfico rodado de la N-550 y la PO-548, del Ministerio de Transportes y la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. Informes por los que, adelantó Vidal Seage, está pendiente el gobierno local antes de formular posibles alegaciones al proyecto «sempre que non se cumpra a legalidade» durante el período que, hasta finales de septiembre, se mantiene abierto para las administraciones públicas.
Con todo, el regidor dedicó casi tres cuartos de hora a vender las bondades de la infraestructura empresarial, tras referirse sin personalizar a las críticas recibidas de vecinos afectados y la oposición diciendo: «Nestes últimos meses se ten falado, discutido e mesmo conspirado sobre este asunto, con inexactitudes, e con mentiras repetidas». Seage empezó recordando la aprobación del actual PXOM de Cesures en el 2003, sosteniendo que desde ese documento los 326.000 metros cuadrados en los que se proyecta el polémico polígono están «considerados como zona industrial»; también que BNG y PSOE quisieron impulsar en el 2006 un parque empresarial mayor, de 400.000 metros cuadrados. Este punto, y el hecho de que el plan del polígono cesureño recibiese una puntuación de 83 sobre 100, la tercera mayor de entre los 19 nuevos posibles parques incluidos en el Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia del 2012, llevó al alcalde a afear al PSOE y BNG su actual oposición a la iniciativa que Seage retomó el año pasado ante Xestur tras, dijo, haber sido interpelado por numerosos empresarios con problemas para la ampliación de sus negocios.
Los portavoces del PSOE y el BNG respondieron recordando que aquel polígono pensado a principios de siglo incluía la construcción de viviendas de protección oficial, cosa que el actual no contempla, así como más zonas de uso público y un carácter más comercial que industrial. Remarcó la nacionalista y ex alcaldesa Cecilia Tarela que el suelo será ocupado por una firma dedicada al aluminio lacado, mencionando el nombre de Stac, lo que aparejaría, afirmó, el aumento de la contaminación local, cuando: «En Pontecesures, de contaminación imos sobrados» y «as empresas que veñan non van crear emprego, xa van vir montadas cos seus traballadores, por empresarios sen escrúpulos que farán o que fan onde xa están; o que lles dá a gana».
Seage sostuvo que el sistema de balsas para la evacuación del agua procedente del futuro polígono da total seguridad, punto rebatido por Tarela, que le respondió rotunda: «O volume que exceda das balsas verteráse directamente ao cauce do río». La nacionalista blandió el no de su formación al polígono, forzando al resto de partidos a posicionarse en el pleno sobre la ocupación industrial de casi un 5 % del suelo del municipio. Los tres del tripartito dieron su sí. Roque Araújo, del PSOE, contestó: «Con esta información e condicións, non».
Según los datos manejados por el Concello, el plazo de presentación de alegaciones de particulares contra el plan del polígono industrial acabó con 628. Una cantidad que el alcalde no consideró excesiva, y a la que añadió sus muchas procedencias diferentes de otros municipios gallegos, sosteniendo que solo 98 tenían remitente cesureño y 36 con domiciliación en la misma dirección. Además, indicó que «nin o 20 % dos veciños dos lugares perimetrais do polígono alegaron». Por todo lo anterior, esgrimió: «Temos que defender o interese xeral, non só o dos que presentan alegacións».
Esta fue la intervención que más malestar generó en el público, pero también entre el BNG. Cecilia Tarela acusó al gobierno local de «boicotear a presentación de alegacións no Concello de Pontecesures», obligando a muchos vecinos a hacerlo en los registros de los de Caldas, Padrón y Valga y al propio BNG a pasar cinco horas en el cesureño para hacer lo propio. «Este é un goberno defensor do formigón e dos empresarios; dos veciños, non», manifestó Tarela.
En un tono académico, que junto al contenido en varios momentos de su intervención irritó a parte de los numerosos vecinos que llenaron el salón de plenos, Seage habló de un estudio hidrológico y de un trabajo de campo elaborado por Xestur en el 2021. Un documento el último del que tiró para afirmar: «A situación que recollían estudos de inundabilidade feitos con anterioridade non reflectían toda a realidade, mentres que este recolle cousas que non estaban antes».
Entre ellas, y reconociendo que «a maioría da zona onde se vai asentar o polígono é inundable», el regidor mostró dos pasos subterráneos en la línea del tren en Valga que «non existían no anterior estudo» y que «non permiten a evacuación —de agua en exceso— ao seu arredor. A onde quero chegar con isto?», dijo Seage. Pues a acabar diciendo: «Os inimigos nas inundacións ao mellor non están en Cesures. Non sei se alguén explicou isto no pleno de Valga» en el que recientemente su corporación aprobó alegaciones contra el polígono cesureño.
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