Este personal se concentra hoy de nuevo para exigir al gobierno entrante que atienda sus demandas y apruebe de una vez por todas la RPT. Cabe recordar que esta es una cuestión que lleva latente varios ejecutivos y que motivó, entre otras cosas, la moción de censura que hizo alcalde a Vidal Seage. Además los trabajadores acordaron en asamblea que acudirán al pleno de investidura del día 15 para hacer escuchar sus propuestas.
Diario de Arousa
Los delegados sindicales de la plantilla de personal del Concello de Pontecesures convocan para hoy una nueva concentración de protesta a las puertas de la Casa Consistorial. Al igual que lo hicieron ayer, pero en la suya, los del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Valga.
En ambos casos reclaman mejoras laborales y salariales, participando en las protestas una decena de personas, en cada caso.
La más novedosa es la del GES de Valga, que escenificó el conflicto que mantiene desde hace meses con el gobierno del conservador José María Bello Maneiro, a quien reclaman «unas condiciones laborales dignas».
Básicamente persiguen que se reconozca el trabajo que realizan, que no se interfiera en la organización de sus turnos laborales y, en definitiva, que la profesionalización de este servicio se traduzca en mejores ingresos.
Algo parecido buscan los empleados de Pontecesures, donde llevan años reclamando a diferentes gobiernos la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Con el actual se había alcanzado un principio de acuerdo hace meses, pero «el incumplimiento del calendario de negociación» hace que se retomen las protestas, tanto hoy como los días 3, 7, 10, 14 y 15 de junio, en la última fecha coincidiendo con la sesión de investidura de la nueva Corporación.
Faro de Vigo
El grueso de la plantilla del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Valga protagonizó en la mañana del jueves ante la casa consistorial la primera de una serie de movilizaciones con las que pretenden dos objetivos. El primero, presionar al alcalde de Valga, José María Bello, para que varíe una postura inmovilista de cuatro años. El otro, visibilizar ante sus vecinos la situación de precariedad laboral y material en la que desempeñan su trabajo, un servicio básico.
Secundados por varios compañeros del GES de Padrón y del Servizo de Emerxencias de Vilagarcía, durante unos 25 minutos los trabajadores valgueses se hicieron oír con el ruido de petardos, bengalas y bocinas acompañando una pancarta en la que pedían: «Respecten os nosos dereitos. Condicións laborais dignas».PUBLICIDAD
Adrián Ferro, miembro del GES y delegado sindical en el Concello de Valga, explicó los motivos de la movilización, registrados judicialmente en diferentes demandas. Las más antiguas, las que tres de sus compañeros tienen presentadas desde noviembre del 2017 denunciando que el Concello les obliga a hacer horas de más, con una primera sentencia, recurrida por el gobierno local, a favor de los operarios, apunta Ferro.
Otros tres han recurrido a los tribunales porque «nos nosos contratos figuramos como peóns forestais, cando tiñamos que ser oficiais. Temos un contrato por obra e servizos, e o resto da xente que traballa para o Concello con este contrato figura como oficial», sostiene el delegado sindical.
El tercer frente judicial abierto busca acabar con la inestabilidad laboral de un colectivo que casi en su totalidad ocupa sus puestos en el GES desde el 2014, renovados de año en año, por lo que reclaman un contrato indefinido.
Adrián señala además que «non cobramos ningún plus, por nocturnidade, perigosidade, toxicidade..», trabajando desde mañana una sola persona en el turno de mañana -como en el de noche desde hace tres meses- al no cubrir el Concello las dos bajas de medio año de dos operarios.
La Voz de Galicia
O persoal do Concello de Pontecesures concéntrase mañá as 12 h. diante da casa do concello en demanda cumprimento da legalidade e da aprobación da Relación de Postos de Traballo (RPT), e ante o non cumprimento no calendario de negociación.
Na concentración deste pasado luns acordamos reunirnos diante do concello os luns e venres ate o día 14 de xuño, e o sábado 15 de xuño acudir ó pleno de investidura para visualizar as nosas reivindicacións, que esperamos, sexan atendidas tal e coma establece a Lei
As e os delegados sindicais.
Raquel López Doce – Delegada CIG do persoal laboral do concello de Pontecesures.
Luz Mª Freiría Caldelas – Delegada UXT do persoal laboral do concello de Pontecesures.
José Rodriguez Fructuoso – Delegado UXT do persoal laboral do concello de Pontecesures.
Ricardo Campos Saborido – Delegado CCOO persoal funcionario do concello de Pontecesures.
Pontecesures, 30 de maio de 2019.
Después de quince años de instrucción y trámites judiciales hasta la celebración de la vista oral el pasado mes de octubre, el caso de Grúas Estación se ha quedado en nada. La sección sexta de la Audiencia Provincial, con sede en Santiago, ha dictado sentencia absolutoria de los delitos de los que fueron juzgados los tres administradores del grupo empresarial, los hermanos Santiago y Serafín Montenegro González, y Carlos Mosquera Fragua. El tribunal considera probado que en la administración de las sociedades del grupo con sede en Padrón funcionó una «caja b», pero los hechos acreditados serían «más bien merecedores de un reproche administrativo», ya que la alteración contable no constituiría delito.
La gestión de Grúas Estación habría transcurrido sin conflictos desde su constitución, por parte de los tres socios citados, en 1978, hasta el 2002, cuando Santiago Montenegro y Carlos Mosquera desconfiaron de la actuación de Serafín en la administración de la empresa, después de que este adquiriese un pazo. Tras ser apartado de la gestión de la sociedad, Serafín denunció a Santiago y a Carlos Mosquera, a lo que los dos últimos respondieron de la misma forma contra el primero. Estas denuncias cruzadas dieron lugar a la prolija investigación judicial, sobre la presunción de delitos contra la hacienda pública, apropiación indebida y administración desleal, en el caso de Serafín Montenegro; y de apropiación indebida, falseamiento de cuentas y administración desleal, en el de Santiago Montenegro y Carlos Mosquera. Ninguno de estos delitos ha quedado acreditado, según la Audiencia Provincial, por lo que los tres han sido absueltos, así como otros dos imputados por apropiación indebida y administración desleal, a quienes la acusación particular ejercida por Serafín Montenegro atribuyó la constitución, de acuerdo con Santiago y Carlos, de una sociedad pantalla (Grúas Arosa) para vaciar patrimonialmente el grupo Grúas Estación. La sala considera que «no ha quedado suficientemente acreditada dicha finalidad y dicho vaciamiento», y al mismo tiempo ha declarado extinguida, por prescripción, la responsabilidad penal que hubiera podido derivarse del delito de encubrimiento del que había sido acusado el informático del grupo empresarial.
Respecto a la existencia acreditada de una contabilidad paralela en el Grupo Estación y teniendo en cuenta el volumen de negocio ocultado, la sentencia indica que «no estaríamos ante un delito contable, sino ante una infracción administrativa». En cuanto a la operativa de la «caja b», el tribunal señala que, independientemente de quién hubiese llevado a cabo los movimientos, los tres socios estaban de acuerdo en que así fuera y en la forma en que se realizaban los ingresos, cómo se contabilizaban y cómo se llevaban a cabo los pagos. Prueba de ello es «la constante salida a lo largo del tiempo de fondos para pagos a dichos socios, como una especie de reparto extraoficial de dividendos o beneficios».
La Voz de Galicia
