María Ferreirós, la líder del PSOE de Valga, ha pinchado en hueso. El Juzgado de Caldas archiva su denuncia contra el gobierno local, dirigido por el conservador José María Bello maneiro, en relación con los presuntos cobros ilegales por las denominadas «Comisiones de Coordinación».
La titular del juzgado de primera instancia, coincidiendo con las apreciaciones del Ministerio Fiscal, ha decidido frenar este proceso al entender que no existió ilegalidad alguna.
Así lo destaca el gobierno valgués, donde lamentan que «el PSOE solo busca judicializar la actividad municipal, en lugar de trabajar por la mejora del pueblo y de la calidad de vida de los vecinos».
Tal es su convencimiento que si bien piden a los socialistas que «asuman la decisión judicial y reconozcan que las Comisiones de Coordinación fueron siempre legales», también pronostican que el grupo de Ferreirós «va a seguir en la misma línea, porque lo único que pretende es conseguir la foto de este gobierno en el juzgado; y con eso le basta».
Después de haber «permanecido en silencio, a pesar de las continuas descalificaciones de los socialistas», el propio Bello Maneiro se posiciona a raíz del archivo de las diligencias para decir que su equipo «ha demostrado suficientemente, y con hechos, que no nos mueve el dinero, sino la defensa de los intereses de los valgueses».
Y ya puestos a analizar lo sucedido y a dar la puntilla a esta denuncia judicial ahora archivada, los conservadores recuerdan que incluso uno de los ediles socialistas denunciantes «votó en su día a favor de la creación de las Comisiones de Coordinación».
Por si fuera poco, apostillan en el ejecutivo valgués, tales comisiones «tienen los informes favorables de Secretaría e Intervención desde 1991».
Esto quiere decir que «en 27 años pasaron por estos departamentos, junto al actual secretario y el interventor, otros siete funcionarios con hablitación nacional, así como dos secretarios nombrados por la Xunta y licenciados en Derecho; y ninguno de ellos puso un solo reparo a dichas comisiones».
En cierto modo, el archivo de la causa judicial también puede constituir un reconocimiento a esos trabajadores, ya que «por informar favorablemente las Comisiones de Coordinación fueron descalificados una y otra vez por los socialistas de Valga, insinuando e incluso denunciando falsas irregularidades».
El grupo de Ferreirós, cabe recordar, denunció supuestos cobros irregulares que podrían derivar en presuntos delitos de malversación y prevaricación.
Alegaban los socialistas que las Comisiones de Coordinación «no están recogidas ni amparadas por la ley y conllevan un desembolso aproximado de 25.000 euros anuales -alrededor de medio millón de euros desde 1991- que salen de las arcas del Concello», por lo que apreciaban un supuesto uso indebido de dinero público.
En enero del año pasado el juzgado de Caldas citaba en calidad de investigados a siete de los nueve miembros del gobierno conservador y a dos integrantes de la lista del PP que formaron parte del ejecutivo en anteriores mandatos. por la asistencia a tales Comisiones de Coordinación. Ahora, como queda dicho, las pesquisas desarrolladas llevan a la misma instancia judicial a archivar la causa.
Faro de Vigo
