El presupuesto municipal de Valga para 2018 ya es definitivo.

El gobierno conservador de Valga aprobó definitivamente -otra vez en solitario- los presupuestos municipales para el presente ejercicio, rechazando en base a los informes del secretario y el interventor la única alegación presentada, precisamente a cargo del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros y hecha suya por el grupo municipal socialista.

Dice el regidor, José María Bello Maneiro, que los informes de los funcionarios municipales «desmontan» los argumentos de dicho Colegio, y añade que «mienten cuando dicen que no figura la plaza de tesorero».

Al parecer «aparece reflejada» en el documento económico. Lo que sucede es que «hay que dedicarle tiempo», espeta el regidor antes de resaltar que «Valga es uno de los pocos municipios que desde hace veinte años tiene un funcionario ejerciendo como tesorero».

No se olvida de precisar el gobierno local que «el salario que recogen los presupuestos para el secretario y el interventor está dentro de lo que marca la ley». Y no solo eso, «sino que es superior al mínimo que establece». Es por ello que se pregunta «por qué tiene que pagar más el Concello». Y él mismo responde diciendo: «Si a otros les sobra el dinero que lo hagan, pero mi responsabilidad como alcalde es gestionar de la mejor manera posible y dentro de la ley los recursos de los que dispone Valga».

Abundando en esto resalta que «quien convoca las plazas de secretario e interventor es el Ministerio de Hacienda».

En cuanto al reparto de gastos e ingresos, ya se había anunciado, con motivo de la aprobación inicial, que el presupuesto para 2018 asciende a 5,4 millones de euros.

Desde el ejecutivo valgués destacan, por ejemplo, partidas «para la dotación y ampliación de servicios, abastecimiento de agua y saneamiento, recogida de basuras y adquisición de nuevos colectores, para medidas de ahorro energético y mejoras del alumbrado público, y las destinadas a mantenimiento de parques, jardines, espacios naturales y mobiliario».

Tanto o más importantes resultan las inversiones previstas en instalaciones deportivas y en el Centro de Interpretación da Caña do País.

Faro de Vigo

La juez desestima la petición de Valga a la Diputación para que sufrague el coste del CODI.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra desestimó el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Valga contra el acuerdo de la junta de gobierno de la Diputación sobre la cofinanciación de los servicios sociales comunitarios municipales que excluía los llamados servicios específicos, es decir los que cubrían ayudas a personas con discapacidad a través del Codi.

En la sentencia, de 20 páginas, la juez desestima la demanda con argumentos tales como que «de una interpretación conjunta y literal de la normativa no se infiere, por más que así lo intente sustentar el Ayuntamiento demandante, que la Diputación esté obligada a cofinanciar siempre y en todo momento la contratación de personal o la prestación de servicios por parte de los Ayuntamientos, en el caso de que tales servicios tengan que ver con los que se pueden calificar de servicios sociales específicos».

Agrega que por más que insista el demandante «solo existe una exigencia legal, real y clara de que se cofinancien, por supuesto en la medida de las posibilidades oportunas, gastos relativos a la prestación de servicios comunitarios básicos».

Respecto a una sentencia anterior del TSXG que invocaba el Ayuntamiento de Valga para, supuestamente, confirmar su tesis, la juez no admite debate ya que «la Administración provincial demostró que cambió el criterio en lo que se refiere a esta cuestión en el senido de que cofinanciar esos servicios solo para Valga y Meaño, cosa que no sucedía en el resto de ayuntamientos, supondría un trato discriminatorio en detrimento de estos últimos».

La Diputación recalca que los argumentos de la juez avalan los razonamientos y numerosos informes de la institución provincial en los que el propio secretario subrayó que «de conformidad con la legislación, la obligación es subvencionar los servicios sociales en los municipios de menos de 20.000 habitantes , exclusivamente en su modalidad de comunitarios básicos, excluyendo los específicos».

Recuerda que la obligación de financiar servicios específicos es de la Xunta de Galicia, aunque antes los pagara la Diputación.

La Voz de Galicia

Un vecino de Padrón dice que no puede tener huerta por la maleza de otra finca.

Un vecino de la aldea de Pedreda, en Padrón, asegura que desiste de plantar su huerta a causa de la maleza que crece en un terreno colindante, de modo que las malas hierbas y la sombra impiden que pueda producir nada, según explica. «¿Cres que isto é normal no medio da aldea?», pregunta Santiago Rey, de 44 años, en alusión a una finca invadida por la maleza.

El vecino cuenta que lleva un año reclamando la limpieza de dicha parcela, incluso en el Ayuntamiento de Padrón, primero por el temor de que se produzca un incendio en plena aldea. Y ahora también porque ve que «non podo ter colleita» al estar su huerta de lado de la parcela sin cuidar.

«Isto é como ter a selva no medio da aldea; como plante lume, pobre de nós», dice Santiago Rey. ?l habló con el titular de la finca pero asegura que «nin limpa nin deixa limpar» y en el Concello se escudan en que el terreno es particular, añade el vecino de Pedreda, que recuerda que existe una ley que obliga a tener los terrenos limpios en el entorno de los núcleos habitados.

«Eu non podo estar todos os días a limpar leiras que non son miñas», cuenta este residente de Pedreda, en alusión a que tiene metido el tractor en el límite del terreno del otro particular, para sacar la maleza de encima de su huerta. Además, dicha maleza invade también, según cuenta Santiago Rey, el propio camino interior de la aldea. «Isto é un ano e outro e outro e aquí ninguén fai nada; eu só pido ter a miña colleita, nada máis, e non podo ter nada por culpa das silvas da finca doutra persoa», resume el vecino, quien asegura que, además, se trata de un criadero de bichos. También dice que es una pena que las fincas estén así en una aldea que se revalorizó con la ampliación de su principal camino.

La Voz de Galicia

PRESTACI?N ECON?MICA DE PAGO ?NICO POR FILLA/O A CARGO MENOR DE 3 ANOS.

Infórmase á veciñanza que a Consellería de Política Social, abre o prazo de presentación de solicitudes da Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos para o ano 2018.

Prazo de solicitude dende o 1 de febreiro ata o 21 de marzo.

Para máis Información e presentación de solicitudes poden dirixirse ao Servizo Social Comunitario deste Concello os luns, de 10 a 14 horas, e martes e venres de 9 a 14 horas (TEL. 986 564 409, e-mail: ssociais@pontecesures.org).

BANDO PPUFC 2018

BASES COMPLETAS NO DIARIO OFICIAL DE GALICIA (31/01/2018)

 

Maribel Castro pasa a ser a primeira tenente de alcalde e Angel Souto o segundo.

No pleno de onte acordouse esta modificación por seis votos a favor (os do goberno local) e catro en contra (os da oposición coa ausencia da nacionalista Mª Teresa Tocino). Explicou o alcalde que o troco realizase como estaba pactado e que as dúas adicacións exclusivas, unha parcial e outra total, seguen a ser para a propia alcaldía e para o segundo tenente de alcalde, respectivamente.

Catoira aguarda una revisión de su estación que el ADIF sí ha llevado a cabo en Pontecesures.

Intermodalidad al margen, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) mantiene otras tres deudas pendientes. Que el AVE entre Vigo y Madrid discurra por Vilagarcía, en lugar de utilizar la antigua ruta del Miño, parece cosa imposible mientras Abel Caballero no le dé su visto bueno. No ocurrió en la última etapa del PSOE en el Gobierno central, ni tampoco en los sucesivos gabinetes del popular Mariano Rajoy. Descartado también este empeño, resta por abordar la situación en la que se encuentran las históricas estaciones de Pontecesures y Catoira.

A finales del año pasado, el ADIF anunció una campaña de revisión de 117 estaciones en toda Galicia. Entre ellas, las dos que se encuentran en el trazado del Baixo Ulla, en la primera línea de ferrocarril que funcionó en Galicia. Las instalaciones de Cesures sí han sido objeto de un lavado de cara. Las de Catoira, en cambio, aguardan su momento. En todo caso, lo que el operador ferroviario manifestaba en noviembre era su intención de mejorar el estado de las terminales, pero también su propósito de estudiar alternativas de uso que rescaten los edificios del abandono en el que languidecen.

Ni la terminal de Catoira ni la de Pontecesures tienen, en la actualidad, un uso conocido. Los viajeros que suben y bajan del tren en ellas adquieren sus billetes a bordo. Las taquillas están ciegas desde hace largo tiempo.

La Voz de Galicia