Acusan al exalcalde cesureño de agresión sexual continuada

Podría enfrentarse a una condena de 12 años o más si se agrava // El Juzgado de Padrón acordó transformar mediante auto las diligencias a la vista de los indicios // La posible víctima es sobrina de Álvarez Angueira y edila en Rianxo

El exalcalde. Manuel Luis Álvarez Angueira, derecha, camino de los juzgados.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Padrón acaba de emitir un auto en el que vuelve a sacar a la palestra el caso del exregidor de Pontecesures, Manuel Luis Álvarez Angueira, esta vez como presunto autor de un delito continuado de agresión sexual contra su sobrina política, y actual concejala de Benestar Social en Rianxo, Hadriana Ordóñez. Y, en esta ocasión, se enfrenta a una pena de hasta doce años de cárcel que podría incluso aumentar si se diera por buena la concurrencia de circunstancia enumeradas en el artículo 180 del Código Penal (como puede ser la intimidación vejatoria). Contra el auto cabe recurso.

Según aporta la jueza en su pronunciamiento, «a la vista del conjunto de las diligencias practicadas durante la presente instrucción de los hechos -en los términos puestos de manifiesto por el Ministerio Fiscal- los hechos, sin perjuicio de lo que pueda acreditarse en sede del plenario, revisten de forma indiciaria los caracteres», del presunto ilícito continuado, ordenando proseguir con las actuaciones por los trámites del procedimiento sumario, para el cual existen unas previsiones procesales distintas a las que rigen la tramitación de las diligencias previas del abreviado «y sin que se estime necesario» retrotraerlo, atribuyendo su conocimiento a la Sala Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña con sede en Santiago.

Hay que recordar que a finales del pasado año dicha sección sexta, formada por los magistrados Leonor Castro Calvo, Jorge Gómez Rey y Jorge Cid Carballo, ordenaba que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Padrón investigase dicho delito, una decisión que llegaba entonces año y medio más tarde de que EL CORREO desvelará el escabroso caso, y después de que se ordensase, desde instancias judiciales padronesas, el sobreseimiento de la denuncia por, aseguraban entonces, haber prescrito el delito de acoso sexual. Esta decisión fue recurrida por la propia Hadriana Ordóñez.

Según los magistrados, «nos encontramos ante un relato de hechos de abusos o agresiones a una menor desde que tenía 11 años hasta los 16 por parte de una persona muy cercana como era su tío y que, según la declaración de la víctima, le amenazaba con hacerle daño si se negaba a mantener relaciones sexuales con él, añadiendo que «se denuncian una serie de hechos que habrían tenido lugar entre el año 1996 y el 2001 cuando la querellante era menor de edad». Y, de igual forma, consideraban que la decisión de archivo por prescripción del delito «es prematura porque las diligencias practicadas hasta el momento nos impiden aseverar que los hechos denunciados sólo podrían ser constitutivos de un delito de abusos sexuales, motivo por el cual debe revocarse la decisión de archivo».

A su vez, la defensa del exalcalde de Pontecesures y el fiscal señalaban que los hechos, de existir, serían constitutivos de un delito de abusos sexuales, ya prescrito, por tanto, como decidió la jueza de Padrón, pero la Audiencia Provincial consideraba que debía de investigarse si existió una situación de prevalimiento o de intimidación que convertiría, como sostiene Hadriana Ordóñez, el acoso en agresión sexual y seguiría vigente el delito.

Las diligencias se transforman en sumario y se seguirán con el número 189/17.

LA CLAVE NIEGAN QUE LOS HECHOS DENUNCIADOS SEAN CIERTOS

El exmandatario local de Pontecesures por el Bloque Nacionalista Galego, Manuel Luis Álvarez Angueira, negaba las acusaciones tanto en declaraciones a este periódico como ante la jueza de Padrón en su día. Angueira rechazó todos los cargos que le imputaba su exsobrina política: «O que está claro é que o que se di non é certo. Os feitos dos que se fala nesa denuncia non son certos en absoluto», aportaba.

Hay que incidir en que, una vez citado como imputado a mediados de 2017, Álvarez Angueira tomó la decisión de pedir la baja de militancia en el Bloque, partido del que, por el contrario, todavía forma parte en la actualidad Hadriana Ordóñez, que ha vuelto a ser elegida en este mandato en calidad de concejala de Benestar Social, Diversidade e Igualdade del grupo de gobierno nacionalista rianxeiro. La presunta víctima aseguró también en su día que compañeros del partido se habían solidarizado con ella, sin embargo desde la cúpula se dieron muestras de una cierta frialdad al respecto del proceso.

El Correo Gallego

El edil de Valga Viva denuncia ante el juzgado que el alcalde le empujó e insultó al salir de un Pleno.

Castiñeiras dice que Bello Maneiro le recriminó que alegase un contrato de prácticas a la hija de una concejala.

El concejal de Valga Viva, Manuel Castiñeiras, denunció ayer ante el juzgado que el alcalde, José María Bello Maneiro, le empujó e insultó a la salida de un Pleno. En concreto, asegura que el regidor le espetó calificativos como “payaso”, “sinvergüenza”, “gilipollas”, “ignorante”, “maleducado” o “mamón” y que “comezou a empurrarme coa man e co peito, á vez que seguía insultándome”, según aparece recogida en la denuncia

Los hechos que Castiñeiras puso en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 2 de Caldas de Reis habrían ocurrido tras la sesión plenaria del 2 de octubre en la que, asegura, Bello Maneiro “mantivo unha linguaxe despectiva, insultante, exercendo maltrato verbal”. .

Fue una vez rematado el Pleno, “atopándome eu abrindo a porta de cristal que hai antes da porta de saída”, cuando Castiñeiras asegura que se produjo la “total intimidación verbal e física” por parte de Bello Maneiro, al que acusa de atentar “contra o desenvolvemento democrático das miñas funcións como concelleiro”.

Pregunta del PSOE

En realidad, el edil apunta que la actitud del regidor valgués se debe a su malestar por las alegaciones presentadas por Valga Viva al proceso de contratación, en periodo de prácticas, de la hija de un trabajador del Concello y de la hija de una concejala del grupo de gobierno.

El Concello de Valga se adhirió al programa “O teu primeiro emprego”, de la Diputación de Pontevedra, que subvenciona la contratación de titulados a tiempo completo por un periodo de prácticas, con el fin de facilitar la adquisición de experiencia y promover la inserción laboral.

El gobierno solicitó una titulada en Arquitectura y otra en Derecho y Castiñeiras apunta que “la causalidad” es que la primera fue la hija del aparejador municipal y la segunda la hija de una edil del gobierno de Bello Maneiro. Valga Viva presentó una primera alegación porque un miembro del tribunal era funcionaria interina, lo que según Castiñeiras incumpliría las bases. Posteriormente, fue sustituida, pero por una persona que “pese a ser licenciado, no Concello está como auxiliar administrativo”, por lo que presentó un nuevo recurso.

El edil puso esta cuestión en conocimiento de la Diputación de Pontevedra. Estaba, además, dispuesto a preguntar por el asunto en el Pleno del 2 de octubre, pero agotó el cupo de preguntas, establecido en dos. Sin embargo, fue la portavoz del PSOE, María Ferreirós, la que inquirió al gobierno sobre el procedimiento. Castiñeiras dice que fue esta pregunta la que motivó el comportamiento de Bello Maneiro. El alcalde, por su parte, eludió hacer ninguna declaración al respecto.

Diario de Arousa

Cuatro detenidos en Santiago y Teo por robos en viviendas. Una en Pontecesures.

El grupo criminal actuaba bajo el ‘modus operandi’ de falsos revisores de empresas de la luz o el gas.

Imagen del dinero que le fue incautado al grupo criminal detenido en Santiago y Teo.

La Guardia Civil ha desmantela un grupo criminal especializado en la comisión de robos con violencia y de hurtos en el interior de viviendas en Galicia, bajo el ‘modus operandi’ de falsos revisores de empresas de la luz o gas tras la detención de cuatro personas en Santiago y Teo.

Según ha informado el Instituto Armado, las víctimas siempre eran personas de la tercera edad y que residían solas en viviendas aisladas de ámbitos rurales.

La denominada ‘Operación Kingarma’ se inició a raíz de un robo con violencia e intimidación perpetrado en la localidad lucense de Palas de Rei a mediados de mayo de este año, donde dos varones, mediante el uso de violencia y de un arma tipo pistola, le sustrajeron 500 euros en efectivo a una persona mayor que residía sola.

A raíz de ello se inició una investigación dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Mixto de Chantada (Lugo), en el marco de la que se logró identificar a los miembros de un grupo criminal formado por cuatro personas de nacionalidad española y residentes en las localidades coruñesas de Santiago de Compostela y de Teo.

Además, los investigadores constataron que desde su base de operaciones en Santiago de Compostela salían a las diferentes poblaciones rurales de las cuatro provincias gallegas para cometer delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, los cuales realizaban largos desplazamientos y podían llegar a recorrer en un mismo día más de 500 kilómetros.

Durante los desplazamientos el grupo tomaba medidas de seguridad a fin de no ser detectados por las fuerzas del orden, fruto de su especialización y la estabilidad en el tiempo con la que llevaban operando, han señalado las mismas fuentes.

La mayoría de los miembros habían trabajado durante unos años de forma legal para diferentes empresas energéticas, lo que aprovecharon para conocer perfectamente el sistema de funcionamiento de las mismas, y utilizaban dichos conocimientos para llevar a cabo su actividad criminal, así como para formar al resto de componentes del grupo.

‘MODUS OPERANDI’

Su modus operandi consistía en desplazarse por diferentes aldeas de Galicia, en algunas ocasiones utilizando información obtenida de cuando realizaron sus trabajos de forma legal, han relatado las mismas fuentes, y buscar viviendas donde residieran personas mayores y solas, a las cuales abordaban y engañaban diciendo que eran revisores de la luz o del gas, o que venían a mejorar la oferta del bono social de la luz y emitían una falsa factura de la luz.

Este paso «era la clave para, a continuación, sustraer el dinero en efectivo que había en la vivienda», destaca el Instituto Armado, «ya que obligaban al morador a ir a buscar el efectivo para hacer el pago, acompañándolo uno de ellos para ver donde lo cogía y el siguiente paso era mientras uno se encargaba de entretenerlo bajo todo tipo de artimañas» (acompañándolo al exterior a revisar los postes de la luz o a comprobar los interruptores del resto de estancias de la vivienda). El segundo acudía a la habitación donde había recogido el propietario el dinero y sustraía el resto que guardaba.

La Benemérita destaca la «situación de indefensión en la que dejaban a muchos ancianos», los cuales «solían tener altas cantidades de efectivo en sus viviendas por no disponer de bancos cerca», añaden, así como en muchas ocasiones ni podían desplazarse a dependencias policiales a denunciar lo ocurrido por no disponer de los medios para ello.

El grupo criminal supuestamente obtuvo en los cuatro meses que ha durado la investigación unos 20.000 euros en efectivo, «todo ello de su lucrosa actividad criminal como falsos revisores de la luz», ha subrayado la Benemérita.

DETENCIONES Y REGISTROS

Los agentes han practicado cuatro detenciones y cuatro registros domiciliarios (dos en Santiago de Compostela y dos en Teo) donde se han aprehendido más de 6.000 euros en efectivo, teléfonos móviles, tarjetas SIM y joyas, así como carpetas de empresas eléctricas y carnés acreditativos, medios que utilizaban para el engaño.

También se han intervenido cuatro vehículos, dos de ellos de gama alta, los cuales utilizaban los miembros del grupo para recorrer las largas distancias por las demarcaciones rurales gallegas y llevar a cabo su actividad criminal.

DELITOS

Con este operativo se ha esclarecido un robo con violencia e intimidación en Palas de Rei (Lugo), así como seis delitos de hurto distribuidos en las localidades lucenses de Sarria, Abadín, Castroverde, Muras, Ribadeo y Vilalba.

También se han esclarecido dos delitos de hurto en la provincia de Pontevedra, uno en A Estrada y otro en Pontecesures, además de cuatro delitos de hurto en la provincia de A Coruña, otros dos en Arzúa, uno en Laracha y uno en As Pontes de García Rodríguez.

A ellos se suman delitos de estafa en las localidades de Ribadeo, A Estrada, Castroverde, Vilalba y Pontecesures, además de otros dos delitos continuados contra la seguridad vial.

Los cuatro detenidos, de entre 25 y 50 años y de nacionalidad española, tenían antecedentes por hechos similares. Serán puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Chantada en la mañana de este miércoles.

El Correo Gallego

La Xunta se suma a la familia de las víctimas de Valga para ejercer la acusación particular.

La jueza de instrucción tiene la última palabra sobre las entidades o personas que pueden personarse como parte -El Ayuntamiento sopesó solicitarlo, pero finalmente no lo hará.

El Ministerio Fiscal ha ejercido hasta ahora en exclusiva la acusación en la causa abierta por el triple crimen de Valga. Pero ya hay tres solicitudes de acusación particular. A la de la familia de las víctimas se suman la de la Fundación Amigos de Galicia y la de la Xunta de Galicia. Fuentes consultadas indican que también el Ayuntamiento de Valga sopesó personarse en la causa como parte, pero que finalmente no lo hizo por no encontrar amparo legal a su petición.

Las partes deben remitir su solicitud de ejercer la acusación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Caldas de Reis sobre el que ha recaído la instrucción, y será ahora la juez del mismo la que dictamine qué solicitudes son aprobadas y cuáles no.

Se daba por hecho que los parientes de María Elena Jamardo, y las hermanas Sandra y Alba Boquete, asesinadas el lunes pasado en Valga, querrían personarse como parte en la causa, si bien tardarían unos días en hacer efectiva su solicitud debido a la envergadura de la tragedia sufrida.

La Fundación Amigos de Galicia también indicó su intención de ejercer la acusación. Los estatutos de esta organización contemplan esta posibilidad, y han puesto el foco en la compleja situación en la que quedan los dos hijos de Sandra Boquete, de siete y cuatro años.

Lo que se desconocía hasta ahora era el papel que iban a jugar las administraciones públicas, ya fuese la más próxima a las víctimas, como es el Ayuntamiento de Valga, u otras de rango competencial mayor, como son la Diputación y la Xunta. Finalmente, la institución gallega ha decidido solicitar en el Juzgado que le permitan ser parte. De ese modo, se podrán redoblar los esfuerzos en defensa de los intereses de la familia de las tres mujeres asesinadas.

El autor confeso de la matanza, el exmarido de Sandra Boquete, José Luis Abet Lafuente, cumplió ayer su primera semana en la prisión pontevedresa de A Lama.

En una visita a la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal, celebrada en Bergondo, la Fiscal Jefe del Estado, María José Segarra aseveró que la prisión permanente revisable es una pena que podría encajar en el caso, «porque hay una pluralidad de fallecimientos«. Al mismo tiempo, avanzó que todo apunta a que José Luis Abet será juzgado por un jurado popular.

Un aspecto de la instrucción que está pendiente de dilucidar es si se hará reconstrucción del crimen en el lugar de los hechos. Se trata de un trámite pensado para esclarecer la secuencia temporal y espacial del crimen, y en ella participan los investigados, en este caso el autor confeso, José Luis Abet Lafuente.

La Guardia Civil se incauta de una plantación de marihuana en Pontecesures.

Detenido el dueño de las 18 plantas localizadas en una propiedad.

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un vecino de Pontecesures como supuesto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de cultivo y elaboración de drogas, al que se le intervinieron 18 plantas de marihuana. Se trata de un hombre de de esta localidad, de 39 años de edad, con antecedentes policiales, que resultó ser el hijo de la propietaria del terreno donde se localizó la plantación y un amigo.
A raíz de las investigaciones realizadas por los efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Valga, en colaboración con Equipo de Investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Vilagarcía de Arousa, se tuvo conocimiento de una plantación de cannabis sativa en una finca contigua a una vivienda ubicada en la parroquia de Porto, del término municipal de Pontecesures.
Al inspeccionar la finca, en un terreno próximo a la vivienda, se localizó una pequeña plantación de marihuana con 18 plantas de casi dos meteros de altura en avanzado estado de floración.
Con esta actuación, enmarcada dentro de los servicios que la Guardia Civil de Pontevedra tiene activados para la detección y erradicación de puntos de producción, venta y distribución de sustancias estupefacientes, se ha evitado que las dosis que se pudieran obtener a raíz del cultivo de las plantas de marihuana intervenidas se hubiesen destinado al tráfico de drogas (menudeo).
Las diligencias instruidas, junto con las plantas intervenidas, fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Caldas de Reis, donde deberá comparecer el detenido cuando sea requerido por la autoridad judicial.

Faro de Vigo

La Fiscalía y la jueza ven indicios para pedir prisión permanente revisable para el asesino.

Abet disparó la pistola 15 veces para matar a su exmujer, a su exsuegra y a su excuñada.

José Luis Abet Lafuente (41 años) finalizó su último turno de trabajo en la nave de Exlabesa (Padrón) a las 6.20 horas del lunes. Se despidió de sus compañeros, que lo vieron entrar en el coche y desaparecer. Una hora y cuarenta minutos después se apostó frente a la casa de su exmujer, en Carracido (Valga), armado con una pistola del calibre 32 y con abundante munición. Ni tenía licencia ni le importaba. En su cabeza había un solo objetivo: acabar con la vida de Sandra Boquete Jamardo (39), madre de los dos hijos de 4 y 7 años que ambos compartían. Daba igual que ellos lo presenciaran, como así ocurrió. Las numerosas balas que Abet portaba evidencian que el autor confeso de la matanza de Valga estaba dispuesto a todo. Un triple crimen que puede implicar una condena de prisión permanente revisable. Así lo interpretan, dado el contenido de la investigación, tanto la Fiscalía como la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caldas de Reis, Cristina Sánchez Neira, que ayer ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Abet, investigado por tres asesinatos.

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Rosa Estévez

Mató primero a su exmujer, de cuatro disparos, mientras los hijos corrían pidiendo auxilio con la imagen en la retina. Su excuñada, Alba Boquete (27), fue la destinataria de tres detonaciones más. Su exsuegra, María Elena Jamardo Figueroa (58), fue la última en morir, con cuatro orificios en el cuerpo. Otros tantos disparos no encontraron el destino que Abet buscó, de un total de 15 que realizó antes de abandonar el lugar y regresar a Ames parando, antes, a tirar al río Tambre el arma usada.

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Finalmente se entregó a la Guardia Civil para acabar confesando (asistido por un abogado de oficio en Ames) la letra pequeña de un crimen que palideció al país. José Luis Abet reapareció ayer en Caldas para pasar a disposición judicial. Llegó a las 10.40 horas entre improperios y gritos de «asesino», dentro de un coche oficial y de paisano rodeado de agentes que custodiaron el utilitario negro hasta estacionarse a tres metros de la sede judicial. La distancia necesaria para que el rostro de Abet fuese público. El volumen de los insultos siguió subiendo, igual que las menciones a los hijos de acusados, que presenciaron el asesinato de su madre a manos de su padre.

El asesino de Valga, ayer en el momento de salir de las dependencias judiciales de Milladoiro

La declaración del acusado ante la jueza no llegó a realizarse. Abet consideró que no estaba en condiciones de manifestar nada. Sí lo hicieron varios testigos, que respondieron a las preguntas de la instructora. Poco después de las 13 horas, con la orden ya emitida de traslado a la cárcel pontevedresa de A Lama, se oficializaba su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La misma jueza deja claro en el auto de ingreso en prisión que la imputación de tres delitos de asesinato, en el que caso de probarse judicialmente, «podría dar lugar a una pena de prisión permanente revisable». La Fiscalía, por su parte, entiende que existen indicios más que solventes para alcanzar la misma condena una vez celebrado el juicio.

Asesinatos, no homicidios

El planteamiento del ministerio fiscal también interpreta tres asesinatos, cerrando la puerta a que puedan considerarse homicidios (implica menos años de cárcel), y descarta que los crímenes de la excuñada y la exsuegra de Abet puedan calificarse de violencia machista o de violencia doméstica. La Fiscalía incluso se personó, el lunes, con varios representantes en la escena del crimen para conocer en primera persona sus detalles y realizar la mejor calificación posible una vez finalice la investigación. No se descarta que la integrante de la Fiscalía que realice ese trabajo sea la misma funcionaria asignada al Juzgado número 2 de Caldas, que también es de violencia sobre la mujer.

Crimen machista en Valga

El homicida confeso de Valga, un hombre con carácter brusco y dominante

Serxio González

El nuevo reo de A Lama ingresó ayer en el penal poco antes de las 15 horas. Lo hizo, concretamente, en el módulo de enfermería y en el marco de un protocolo antisuicidio tras ser analizado por un médico penitenciario. También aquí puede haber novedades en los próximos días, ya que José Luis Abet está sometido al artículo 75.2 del reglamento penitenciario que, con el ánimo de salvaguardar al preso, recomienda su traslado de la zona geográfica a la que pertenece. Si el reo permanece en Galicia, todo apunta que podría acabar en la cárcel de Teixeiro, que tiene las mismas características de seguridad que A Lama, muy por encima de las prisiones de Ourense y Lugo.

La principal línea de investigación, aún por concretar, pasa por llegar al origen del arma, su trazabilidad, saber si ya fue disparada antes y cuándo. Junto a la pistola, en el río Tambre, se encontraron unas cajas de munición. La primera hipótesis, a ojos de la Guardia Civil, descarta que José Luis Abet tuviese capacidad para tener un arma en su poder. Por eso, mediante la trazabilidad de la pistola, se espera saber cómo la adquirió, además de encontrar huellas de más personas o nuevas circunstancias sobre el caso que aporten más luz. De forma paralela, en Valga, al margen de la actividad judicial y policial, el triple crimen deja a dos niños huérfanos de madre que lo presenciaron todo y a un abuelo viudo y sin hijas. Mientras, entre rejas, el preso empezará a preparar su defensa, que posiblemente pase por alegar locura transitoria y la aplicación del atenuante de arrepentimiento y colaboración.

La Voz de Galicia