Acusan al PSOE de Valga de alegrarse cuando el municipio sale perdiendo.

María Ferreirós, la líder del PSOE de Valga, ha pinchado en hueso. El Juzgado de Caldas archiva su denuncia contra el gobierno local, dirigido por el conservador José María Bello maneiro, en relación con los presuntos cobros ilegales por las denominadas «Comisiones de Coordinación».

La titular del juzgado de primera instancia, coincidiendo con las apreciaciones del Ministerio Fiscal, ha decidido frenar este proceso al entender que no existió ilegalidad alguna.

Así lo destaca el gobierno valgués, donde lamentan que «el PSOE solo busca judicializar la actividad municipal, en lugar de trabajar por la mejora del pueblo y de la calidad de vida de los vecinos».

Tal es su convencimiento que si bien piden a los socialistas que «asuman la decisión judicial y reconozcan que las Comisiones de Coordinación fueron siempre legales», también pronostican que el grupo de Ferreirós «va a seguir en la misma línea, porque lo único que pretende es conseguir la foto de este gobierno en el juzgado; y con eso le basta».

Después de haber «permanecido en silencio, a pesar de las continuas descalificaciones de los socialistas», el propio Bello Maneiro se posiciona a raíz del archivo de las diligencias para decir que su equipo «ha demostrado suficientemente, y con hechos, que no nos mueve el dinero, sino la defensa de los intereses de los valgueses».

Y ya puestos a analizar lo sucedido y a dar la puntilla a esta denuncia judicial ahora archivada, los conservadores recuerdan que incluso uno de los ediles socialistas denunciantes «votó en su día a favor de la creación de las Comisiones de Coordinación».

Por si fuera poco, apostillan en el ejecutivo valgués, tales comisiones «tienen los informes favorables de Secretaría e Intervención desde 1991».

Esto quiere decir que «en 27 años pasaron por estos departamentos, junto al actual secretario y el interventor, otros siete funcionarios con hablitación nacional, así como dos secretarios nombrados por la Xunta y licenciados en Derecho; y ninguno de ellos puso un solo reparo a dichas comisiones».

En cierto modo, el archivo de la causa judicial también puede constituir un reconocimiento a esos trabajadores, ya que «por informar favorablemente las Comisiones de Coordinación fueron descalificados una y otra vez por los socialistas de Valga, insinuando e incluso denunciando falsas irregularidades».

El grupo de Ferreirós, cabe recordar, denunció supuestos cobros irregulares que podrían derivar en presuntos delitos de malversación y prevaricación.

Alegaban los socialistas que las Comisiones de Coordinación «no están recogidas ni amparadas por la ley y conllevan un desembolso aproximado de 25.000 euros anuales -alrededor de medio millón de euros desde 1991- que salen de las arcas del Concello», por lo que apreciaban un supuesto uso indebido de dinero público.

En enero del año pasado el juzgado de Caldas citaba en calidad de investigados a siete de los nueve miembros del gobierno conservador y a dos integrantes de la lista del PP que formaron parte del ejecutivo en anteriores mandatos. por la asistencia a tales Comisiones de Coordinación. Ahora, como queda dicho, las pesquisas desarrolladas llevan a la misma instancia judicial a archivar la causa.

Faro de Vigo

Los huesos hallados en Pontecesures eran de Lilia Miguéns, desaparecida en 2015.

La autopsia confirma que los restos pertenecen a la septuagenaria, que habría muerto el día de su desaparición por causas naturales -Fueron entregados hace días a la familia. Apenas había dudas, pero la autopsia y los análisis de ADN practicados lo han confirmado: los restos mortales encontrados en agosto de 2017 en un monte de Porto, en el Ayuntamiento de Pontecesures, pertenecían a Lilia Miguéns Iglesias, una mujer que había desaparecido dos veranos antes, a la edad de 79 años.

Vivía en el lugar de A Devesa, en la parroquia de Campaña (Concello de Valga) y había sido vista por última vez en junio de 2015 cerca de río Ulla, en el Ayuntamiento de Padrón, situándose todos los lugares citados hasta aquí en un reducido radio de acción. Los huesos de la septuagenaria recuperados para la autopsia -el cráneo, costillas y diversas partes de las piernas y manos-, fueron entregados hace un par de semanas a su familia, que hace días ofició una misa en su memoria en la iglesia de Pontecesures.

Al parecer no se encontraron signos de violencia y se cree que Lilia Miguéns falleció el mismo día de su desaparición, y en ese preciso lugar -el monte de Porto-, por causas naturales.

Esto permite cerrar el caso que se tramitaba desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caldas de Reis, y que había llevado a las fuerzas de seguridad a investigar a diversos familiares y allegados de la víctima.

De este modo puede concluirse que Lilia Miguéns Iglesias falleció a escasos quinientos metros de su casa y que su cuerpo permaneció tirado en el monte de Porto un par de años, por lo que sufrió las consecuencias no solo del proceso de descomposición natural, sino también de la presencia de animales en la zona arbolada.

Esto último hizo que los huesos que permanecían en el lugar -ya no estaban todos-, acabaran parcialmente cubiertos por la maleza y desperdigados.

Como se explicó en agosto pasado fueron encontrados, junto a la ropa y las gafas de la víctima, tras declararse en aquel monte de Porto un incendio forestal, presuntamente intencionado.

Al día siguiente acudieron al lugar el alcalde, José Manuel Vidal Seage, y el jefe de Protección Civil. Querían inspeccionar la zona para determinar el alcance de los daños causados por el fuego, y lo que se toparon fueron los restos óseos de un ser humano, lo cual encendió todas las alarmas.

«Vi que en el suelo había lo que me parecía un fémur; al principio dudé de si sería humano, pero más adelante vi otro, y también una tibia, y a unos diez metros estaba la calavera, por lo que ya no me quedó duda alguna», declaraba el regidor pontecesureño tras aquella primera inspección ocular.

También confirmaba que los huesos habían sido esparcidos por los animales y aclaraba que «eran los restos óseos de una mujer; aparentemente de avanzada edad, a juzgar por el estado de su dentadura y las ropas que permanecían esparcidas por el suelo».

Esto llevaba a Vidal Seage a manifestar que los vecinos, «perplejos» ante el macabro hallazgo, «creen que se trata de aquella mujer que desapareció hace un par de años».

Se refería a Lilia Miguéns, y esa fue también la primera hipótesis manejada y la línea de investigación abierta por la Guardia Civil, que como ahora confirma la autopsia estaba en lo cierto.

Solo quedaba confirmarlo con pruebas como las de ADN, ya que los huesos recogidos en el lugar por la Policía Judicial para su traslado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Pontevedra estaban «totalmente limpios».

Cabe apuntar que si bien esos restos estaban en una zona arbolada, no se trata de un espacio alejado del núcleo poblacional o de difícil acceso, sino que es un pequeño monte rodeado de viviendas -e incluso un campo de fútbol muy frecuentado- que Lilia Miguéns conocía bien.

En su momento, cuando en verano de 2015 se denunció su desaparición, se puso en marcha un operativo de búsqueda por los alrededores, y lógicamente también por esa zona arbolada, aunque como es evidente no dio resultado.

Faro de ?Vigo

El PSOE de Valga dice al alcalde que «asuma os seus erros» por la financiación del CODI.

«Non imos consentir que se insinúen cousas sobre persoas do grupo socialista municipal que son mentira», señala María Ferreirós.

«Non imos consentir que se insinúen cousas sobre persoas do grupo socialista municipal que son mentira», señala María Ferreirós, portavoz del PSOE en Valga. Habla de las declaraciones en las que el alcalde de localidad, José María Bello Maneiro, afirma que «o que resulta máis doloroso é que persoas de Valga se alegren desta noticia. Non lles importa que poidan ir para a casa os usuarios do CODI e máis os traballadores, esquecen a súa condición de representantes públicos para antepoñer os seus intereses políticos». Una declaración que María Ferreirós tilda de «mentira absoluta».

«O goberno local ten que asumir os seus erros e a súa estratexia política, que o dictaminado pola xuíz, ven a corroborar que é errónea. A Deputación propuso nun pleno que se poderían sentar e adaptar o Plan Concellos e de aí trasladar parte do diñeiro ao CODI», prosigue la socialista en alusión a la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra de desestimar el recurso interpuesto por el Concello de Valga contra el acuerdo de la Diputación sobre la cofinanciación de los servicios sociales.

«O CODI ten que seguir funcionando, o alcalde e a concelleira de Benestar Social son os responsables de traballar de forma intelixente para conseguilo. Que non culpen ao PSOE», concluye.

La Voz de Galicia

Críticas para el Juzgado de Paz de Pontecesures.

En la vida institucional se deben cuidar los pequeños detalles: Juzgado de Paz del Concello de Pontecesures, solicitud de un documento que recojo unos días después, lo hace una persona en mi nombre, se la entregan así tal cual… Que fallo más tonto, es un documento personal que permaneció a la vista de quien lo quiso ver. ¡ES MI INTIMIDAD; señora o señorita Conchi. La próxima vez me pide los céntimos que cuesta un sobre, incluso de papel reciclable. Las buenas formas están hechas de sacrificios insignificantes y van incluidas en el sueldo… Ahora que alguien se lo cuente, por favor, quizá esta queja sirva para que los «funcionarios» públicos respeten a los ciudadanos, de nosotros viven.

María José Lorenzo
Administradora de Xente de Pontecesures

La juez desestima la petición de Valga a la Diputación para que sufrague el coste del CODI.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra desestimó el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Valga contra el acuerdo de la junta de gobierno de la Diputación sobre la cofinanciación de los servicios sociales comunitarios municipales que excluía los llamados servicios específicos, es decir los que cubrían ayudas a personas con discapacidad a través del Codi.

En la sentencia, de 20 páginas, la juez desestima la demanda con argumentos tales como que «de una interpretación conjunta y literal de la normativa no se infiere, por más que así lo intente sustentar el Ayuntamiento demandante, que la Diputación esté obligada a cofinanciar siempre y en todo momento la contratación de personal o la prestación de servicios por parte de los Ayuntamientos, en el caso de que tales servicios tengan que ver con los que se pueden calificar de servicios sociales específicos».

Agrega que por más que insista el demandante «solo existe una exigencia legal, real y clara de que se cofinancien, por supuesto en la medida de las posibilidades oportunas, gastos relativos a la prestación de servicios comunitarios básicos».

Respecto a una sentencia anterior del TSXG que invocaba el Ayuntamiento de Valga para, supuestamente, confirmar su tesis, la juez no admite debate ya que «la Administración provincial demostró que cambió el criterio en lo que se refiere a esta cuestión en el senido de que cofinanciar esos servicios solo para Valga y Meaño, cosa que no sucedía en el resto de ayuntamientos, supondría un trato discriminatorio en detrimento de estos últimos».

La Diputación recalca que los argumentos de la juez avalan los razonamientos y numerosos informes de la institución provincial en los que el propio secretario subrayó que «de conformidad con la legislación, la obligación es subvencionar los servicios sociales en los municipios de menos de 20.000 habitantes , exclusivamente en su modalidad de comunitarios básicos, excluyendo los específicos».

Recuerda que la obligación de financiar servicios específicos es de la Xunta de Galicia, aunque antes los pagara la Diputación.

La Voz de Galicia

Bello Maneiro lleva a pleno unos presupuestos polémicos, que podrían terminar en el juzgado.

El Concello de Valga acoge hoy un pleno en el que está prevista la aprobación de los presupuestos del 2018. Se trata de unos presupuestos polémicos, que cuentan con una alegación del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Pontevedra (Cosital) y el rechazo de la oposición. Es desde el PSOE desde donde indican que la alegación ha sido desestimada por el secretario y el interventor a los que En Marea vinculada a una trama de corrupción que tendría al alcalde del municipio, José María Bello Maneiro, a la cabeza. Las cosas siguen revueltas en Valga y con la más que probable aprobación de los presupuestos (El PP cuenta con mayoría absoluta) parece que no va a calmarse.

«O PSOE advirte que os orzamentos que se pretenden aprobar incurren nas mesmas irregularidades que os do 2017 e que supuxeron o inicio da suposta trama de corrupción que se denunciou en Valga», señalan desde el grupo socialista. Recuerdan también que los presupuestos del año pasado están recurridos ante el Tribunal Superior de Xustiza tanto por Cosital como por ellos. Lo que apunta a que, de ser aprobados los que se llevan hoy a pleno ordinario, podrían correr la misma suerte. «Será imposible xestionar o Concello e darlle un servizo correcto aos veciños se o TSX de Galicia anula os orzamentos de dous anos consecutivos», afirman.

Los puntos de la discordia

Son varios los puntos que PSOE y Cosital tildan de irregulares: La ausencia de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el incumplimiento de la ley de transparencia, la ausencia de intervención sindical y el incumplimiento de la obligación de reservar las funciones de tesorería y recaudación a habilitados nacionales. A estos hay que sumarles el punto más controvertido. Los presupuestos fijan la partida que se destinará al pago de los sueldos del secretario e interventor y que recoge unas cuantías muy inferiores a la media y que En Marea vincula a una trama de corrupción.

«O Concello de Valga está impedido a cobertura dos postos de secretario e interventor ao fixar unhas condiciones retributivas moi inferiores as doutros concellos similares. Por destacar un dato, o complemento específico non chega a metade do máis baixo dos concellos da provincia de Pontevedra de características similares», señalan los socialista, que hoy votarán en contra de su aprobación.

Las sospechas de En Marea

El vínculo con los presupuestos que se llevarán a pleno y la trama que denuncia En Marea se encuentra en la cuantía que se destina a pagar al secretario y al interventor. «Con salarios máis baixos do normal disuaden aos funcionarios habilitados de pedir a praza, de xeito que rematan sempre por estar vacantes», denuncian desde la agrupación, desde donde indican también que el alcalde compensaría con dietas irregulares a unos trabajadores «elixidos a dedo», que se harían la vista gorda a la actividad desenvuelta por Bello Maneiro. El popular ya negó las acusaciones y anunció que los asesores jurídicos del Concello están estudiando la interposición de una querella contra En Marea.

La Voz de Galicia