El juzgado toma hoy declaración a los testigos de las comisiones que se investigan en Valga.

A pesar de que las declaraciones en calidad de investigados del alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, y seis concejales populares han sido pospuestas, si pasarán por el Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas, como testigos, el interventor y el secretario del concello. Lo harán a lo largo de esta mañana, al fin de esclarecer la legalidad de las comisiones de coordinación que los populares llevan realizando, a razón de una reunión por semana, desde 1992.

La declaración de los populares, por su parte, se verá pospuesta hasta que se hayan practicado una serie de pruebas solicitadas por el Fiscal. Más concretamente, la acusación pública ha pedido un informe del Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración local sobre la legalidad de la constitución de las comisiones que se investigan.

Además, la causa también se ha declarado compleja, lo cual garantiza contar con un plazo de 18 meses para su instrucción. La denuncia fue puesta por el PSOE local, que calcula que lo cobros de estas dietas ascienden hasta el medio millón de euros.

La Voz de Galicia

Un hombre se enfrenta a 30 meses de cárcel por romper una cerveza en la cara a otro en un pub de Pontecesures.

La Fiscalía Provincial de Pontevedra pide dos años y medio de prisión para un hombre que golpeó con un botellín de cerveza a otro en la cara en un pub de Pontecesures. Los hechos se remontan al 6 de julio de 2014 de madrugada. Según la acusación el imputado, R.R.G., golpeó a R.M.M. con violencia en el rostro con ??evidente ánimo de menoscabar su integridad corporal?. El acusado lo hizo, según él, después de que R.M.M.
golpease a su sobrino, A.C.R. en la cara minutos antes. A consecuencia del impacto del botellín de cerveza contra su rostro el agredido sufrió profundas heridas tanto en la mejilla izquierda como en la rariz, con un colgajo en la aleta izquierda. También había golpes superficiales en la mejilla derecha y en la región malar de este mismo lado. En total, según apuntan los informes judiciales, las heridas tardaron en curar 96 días. Además, añade la acusación, a R.M.M. le quedaron secuelas como un síndrome de estrés postraumático leve y un ??importante perjuicio estético? por las cicatrices que le quedaron.

El fiscal considera que la agresión, para la que R.R.G. empleó una botella de cristal, constituye un delito de lesiones dolosas cualificadas. De hecho las lesiones están agravadas por el instrumento que se utilizó, que se considera peligroso. A mayores de los dos años y medio de cárcel el fiscal también pide para el imputado una indemnización de 3.198 euros por los días de incapacidad del agredido y 17.800 euros por las secuelas psicológicas y estéticas derivadas de la citada agresión.

Para el agredido
El Ministerio Fiscal apunta a mayores que unos momentos antes de la dura agresión R.M.M. había golpeado en la cara a A.C.R. que, según el informe del fiscal, sufrió una contusión y una inflamación que tardó tres días en curársele. Esta actuación es considerada una falta de lesiones dolosas por la que R.M.M. se enfrenta al pago de una indemnización de casi 1.000 euros.

El juicio, que procede del Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas, se celebra este martes en la Audiencia Provincial.

Diario de Arousa

Posponen la declaración del gobierno de Valga investigado por malversación.

El PSOE considera que el aplazamiento «entra dentro de la normalidad» y apunta que los citados para el 5 de abril tendrán que rendir cuentas

Los integrantes del gobierno conservador de Valga y los integrantes de la pasada lista electoral del PP que figuran como investigados en un presunto caso de malversación por participar en las llamadas «Comisiones de coordinación», tendrán que esperar para prestar declaración. La mayor parte de los implicados en este proceso iban a hacerlo mañana en el Juzgado de Caldas, pero su comparecencia se ha pospuesto.

La magistrada encargada del caso retrasa la toma de declaraciones al alcalde José María Bello Maneiro y su equipo a la espera de que el Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Pontevedra emita un informe sobre la legalidad de las «Comisiones de Coordinación» desarrolladas y pagadas durante los últimos años.

El PSOE valgués, liderado por María Ferreirós e impulsor de la denuncia que dio pie a este proceso, aclara que la toma de declaraciones «no fue suspendida, sino simplemente pospuesta, porque el Ministerio Fiscal considera que es precisa la práctica de diligencias de investigación penal y, por tanto, solicita más información sobre la legalidad, proporcionalidad y cobro de las comisiones».

Los testigos que estaban llamados a declarar para el 5 de abril parece que tendrán que hacerlo de todos modos.

Los socialistas también quieren dejar constancia de que el Ministerio Fiscal se opone a la solicitud de sobreseimiento libre de la causa planteada por dos de los investigados y que la juez acepta lo propuesto por fiscalía en el sentido de declarar la causa como «compleja», ampliando el plazo de instrucción desde los seis a los dieciocho meses.

Reacciones del PSOE

Por todo ello, en el PSOE de Valga aseveran que «estas diligencias entran dentro de la normalidad más absoluta en un proceso judicial de esta importancia».

En el grupo de María Ferreirós muestran sus deseos de que la justicia «sea ágil y todo se aclare lo antes posible».

Asimismo, «en caso de determinarse que existió un delito, los importes económicos cobrados deberán ser reingresados en las arcas municipales», sentencian los socialistas.

Faro de Vigo

Un informe pericial retrasa la declaración del alcalde de Valga y los ediles investigados.

El alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, y los ediles del PP investigados por el presunto cobro irregular de comisiones y asistencias no declararán mañana ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas, como estaba previsto. La Fiscalía de Pontevedra ha requerido de un informe pericial que, en un plazo máximo de 30 días, deberá emitirse desde el Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros. El objetivo es que se emita una resolución jurídica sobre la ??legalidad?, o no, ??de la constitución de las Comisiones de Coordinación de delegados realizado por el Concello de Valga durante los últimos años?.

La petición de este informe no paraliza el proceso, pero sí incrementa el período de instrucción hasta los 18 meses. De hecho desde el Juzgado de Instrucción han atendido la petición del Ministerio Fiscal y advierten que las declaraciones de los investigados previstas para mañana 29 de marzo y para el próximo 5 de abril quedan ??sin efecto?. Eso sí, ello no implica que, tal y como indican desde el Juzgado, ??puedan volver a ser citados a la vista del resultado de la diligencia?. Una referencia clara al informe pericial que ahora se reclama y que pasaría a engrosar la documentación sobre un asunto que mantiene en vilo al actual regidor y a parte de su equipo.

Los conservadores, con el alcalde a la cabeza, están investigados por la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa y por la posible comisión de un delito de malversación de caudales o efectos públicos, tal y como reza el informe del Ministerio Fiscal. Los denunciantes entienden que la convocatoria de las citadas ??Comisiones de Coordinación? excedían en todo caso las facultades de autoorganización que pueden tener las corporaciones locales o el propio alcalde. Una composición que, dicen los denunciantes, no se adecúa a la proporcionalidad de las distintas formaciones integradas en el Pleno. La percepción de dietas por asistencia también está en cuestión.

Diario de Arousa

La petición de más información aplaza el paso por el juzgado del gobierno valgués.

El fiscal se ha opuesto a que el caso sea sobreseído como pedían los acusados

El alcalde de Valga y seis de sus concejales tendrían que pasar esta semana por el juzgado de Caldas para, en calidad de investigados, despejar todas las dudas que envuelven las comisiones de organización que funcionaron en el Concello valgués, a razón de una reunión por semana, desde 1992. Pero esas declaraciones han sido aplazadas. Tras escuchar al Ministerio fiscal, la jueza ha decidido «dejar sin efecto las citaciones libradas para las declaraciones de los denunciados en calidad de investigados» hasta que se hayan practicado una serie de pruebas solicitadas por el Fiscal. En concreto, la acusación pública ha solicitado un informe del Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración local, «sobre la legalidad de la constitución de las comisiones de coordinación de delegados realizada por el Concello de Valga».

La solicitud de esa prueba fue planteada por el fiscal en un escrito firmado el 15 de marzo. Un documento en el que se oponía «a la solicitud de sobreseimiento libre del proceso penal efectuada por la representación procesal de los investigados». Justificaba esa postura en el hecho de que la documentación entregada por los propios acusados, si bien «arroja dudas razonables sobre la consistencia y la contundencia de la denuncia formulada [por el PSOE] por la posible comisión de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, no excluye de forma total la ilicitud penal». De hecho, esa documentación genera dudas y hace preciso informes que, como el solicitado al colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros, aclaren «la legalidad de la constitución de las comisiones», así como «la legalidad de la percepción de dietas de asistencia» a las mismas.

Consciente de que se enfrenta a un caso largo, denso y lleno de complejidades y tecnicismos, el Fiscal también ha solicitado «que se declare la complejidad de la causa». Esta, razona, «garantiza contar con un plazo de instrucción de la causa de 18 meses, que parece suficiente», según señala el escrito en el que se formulaba esta petición, que también ha sido aceptada por la jueza que lleva el caso.

Así que, de momento, queda aplazada la declaración de los concejales acusados de cobrar ilícitamente las comisiones de coordinación que se celebraban en el Concello de Valga. Quienes en principio deberán declarar en la fecha prevista son los testigos, convocados para abril.

La Voz de Galicia

Castiñeiras se personará en nombre del Concello Valga en la causa de las comisiones.

La nueva representante que el Concello de Valga propondrá para comparecer en las actuaciones que se están realizando por parte del Juzgado de Instrucción Número 1 de Caldas de Reis en el marco de la investigación abierta sobre las Comisiones de Coordinación será la segunda teniente de alcalde, Mª Carmen Castiñeiras. El cambio se produce después de que la magistrada requiriese al Concello que designase a un representante distinto del alcalde, José María Bello Maneiro, al tratarse de uno de los nueve populares investigados.

Castiñeiras aparece así como una persona no vinculada en una causa en la que el Concello se presenta en calidad de perjudicado. «A Administración Local é a que sufriría na súa esfera patrimonial os efectos da acción delictiva en caso de que esta se producise», señala en el alcalde sobre la intención del Concello de personarse. Con estos motivos difiere la parte denunciante, el PSOE. Su portavoz, María Ferreirós señala que «é unha estratexia para ter acceso á información que se manexe dende o xulgado».

El PSOE dijo sí a la creación

La providencia de la magistrada también recoge que dará traslado a la Fiscalía del escrito y la documentación presentada en nombre de Bello Maneiro y María del Carmen Gómez para solicitar el sobreseimiento de la causa. Señala, además, que la documentación «podría derivar en la necesidad de practicar diligencias de investigación no acordadas». El hecho de que uno de los concejales socialistas, Javier Carballo, votase a favor de la aprobación de las comisiones en el mandato iniciado en 2011, hace sospechar al alcalde que los tiros van en esa línea. «No pueden votar a favor y luego denunciar», señala. Por su parte, Ferreirós indica que «fue a favor de crearlas y no de cobrarlas, y Castaño se acababa de incorporar».

La Voz de Galicia