El pleno de Padrón rechaza bajar el salario del alcalde y de su gobierno.

Acoso laboral y moción de censura. Ambas expresiones se escucharon en el pleno ordinario que el Concello de Padrón celebró en la tarde-noche del jueves. Sucedió, en concreto, durante el debate de la moción del grupo de Veciños para rebajar un 10 % el salario del alcalde y los concejales del gobierno local, con el objetivo de «contrarrestar a súa pasividade e a inactividade». La propuesta no recabó ningún apoyo, ya que PP, AxP y CIPa votaron en contra, mientras que PGD, PSOE y BNG se abstuvieron.

No obstante, la moción levantó ampollas en el gobierno local y en la oposición. El alcalde, Antonio Fernández, acusó directamente a la edila de Veciños, Teresa Rey, de «acoso laboral» por querer «apretar» al gobierno local con una rebaja de salarios, y la invitó a presentar una moción de censura si considera que el ejecutivo lo está haciendo mal.

Lo mismo hizo Eloy Rodríguez, del grupo independiente, quien emplazó a la concejala de Veciños a que, «se todos estamos de acordo en que o goberno o está facendo mal», reúna los apoyos para una «alternativa política».

El teniente de alcalde, José Ramón Pardo, también instó a Rey a presentar la moción de censura, «se queres ser alcaldesa», dijo. «Non somos nenos para que andedes a xogar co noso soldo», añadió. Muy crítico con Veciños fue también el edil del BNG Xoán Santaló, que tachó la propuesta de «coacción non lexítima» al gobierno local. Aseguró que está «fóra de lugar» y advirtió que el BNG «non pacta nin vai pactar». Cesáreo Pardal, de Alternativa por Padrón, recordó que la oposición tiene mayoría absoluta para sentarse con el gobierno y diseñar un «plan de actuación» para los dos años que restan de mandato. Pardal pidió un «gran pacto para traballar por Padrón».

El socialista Camilo Forján le preguntó a Teresa Rey si «pretende que o goberno local marche». También le habló de «valentía» para llegar a acuerdos con otros grupos y tratar de «mellorar a xestión» del ejecutivo.Al no prosperar su moción, Rey dejó caer que el siguiente paso podría ser el juzgado, para que el gobierno cumpla con sus funciones.

Lo que se aprobó con el apoyo de todos los grupos, salvo AxP, fue la declaración de compatibilidad solicitada por la concejala del gobierno local Lorena Couso para una actividad privada.

75.000 ?

Gobierno local.

Es la cantidad bruta anual que perciben el alcalde y los ediles de su grupo, fijada a inicio del mandato por la oposición.

37.000 ?

Remuneración del alcalde.

Veciños propuso una rebaja del 10 % del sueldo anual bruto del regidor y de su gobierno, revisable a seis meses.

La Voz de Galicia

La Guardia Civil detiene a un vecino de Pontecesures que cultivaba marihuana en un galpón.

Agentes de la Guardia Civil procedieron a la detención de un vecino de Pontecesures como presunto autor de un delito contra la salud pública tras incautarle una plantación de marihuana que cultivaba en el interior de un galpón próximo a su vivienda. En el interior de esa edificación le intervinieron quince plantas de cannabis, varios elementos mecánicos y productos químicos propios para el cultivo en interiores.
Las investigaciones realizadas por los efectivos destinados al puesto de Valga para tratar de esclarecer la autoría de varios hurtos de animales domésticos, que habían sido denunciados en los últimos meses, permitieron el descubrimiento de esta plantación.
Estas pesquisas llevaron a los agentes hasta un domicilio ubicado en Pontecesures. Se trataba de una vivienda construida en el interior de una finca vallada en todo su perímetro, que levantó sospechas entre los agentes, ya que también estaba tapada por medio de una red de tela.
En el interior de la finca, la Guardia Civil localizó dos pavos que habían sido sustraídos en Valga el pasado mes de octubre, que fueron reconocidos sin tener ningún tipo de duda por parte de su propietario. En el lugar también se encontraban los restos de un ciclomotor que había sido robado en mayo de 2014 en Santiago y que su sustracción fue denunciada por su propietario en el puesto de la Guardia Civil de Milladoiro.
El fuerte olor a marihuana que había en la finca propició que, con el consentimiento del propietario, se llevase a cabo una inspección de un galpón próximo a la vivienda.
Cuando entraron, los agentes encontraron un departamento con quince plantas de marihuana perfectamente habilitado para el cultivo del cannabis, que estaba dotado de sus correspondientes sistemas eléctricos de iluminación, calor y ventilación, que también fueron intervenidos en el operativo.
Además, en otras estancias del galpón se incautaron de algo más de diez kilos de cogollos con rama seca y una importante cantidad de fertilizantes y otros productos químicos que se suelen utilizar para acelerar el crecimiento de las plantas en este tipo de cultivos.
Tras el hallazgo de la plantación de marihuana, el propietario de la finca y del galpón, M.S.V., de 51 años de edad y vecino de Pontecesures, fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Caldas de Reis, como supuesto autor de un delito contra la salud pública, al mismo tiempo que se le acusa de otro delito leve por el hurto de los animales y del robo del ciclomotor.

Diario de Arousa

Acusan al administrador de una empresa cesureña de estafa por ingresos de 489.000 euros desde países árabes a la cuenta de la firma

El administrador de una empresa cesureña será juzgado el martes de un presunto delito de estafa por recibir cerca de medio millón de euros de dos sociedades afincadas en países árabes. La Fiscalía pide su libre absolución porque ??no constan con certeza la razón ni la finalidad? de esos ingresos.

La vista se desarrollará en la Sección Segunda de la Audiencia y R.G.O será el único acusado porque facilitó el número de cuenta a donde se realizaron esas aportaciones y por ser el administrador único de la empresa Refortres SL, titular de la cuenta.
Según el escrito del Ministerio de Público, en ella se realizaron nueve ingresos de ??cantidades importantes? entre abril y junio de 2011 por parte de la mercantil Mahmood General Transport Establishment, con domicilio en Abu Dhabi (Emiratos), y de Mousa Darwesh Est, domiciliada en Yeddha (Arabia Saudí). En total, se aportaron 489.000 euros, pero la Fiscalía indica que ??no constan con certeza la razón ni la finalidad? de los mismos y además ??se ignora si R.G.O. los hizo o no propios y si los declaró a la Hacienda Pública española como ganancias o incrementos patrimoniales ilícitos o no justificados?. Por tanto, los hechos ??no son constitutivos de delito alguno?, ??en consecuencia, no cabe hablar de responsable criminal? y ??no procede imponer pena alguna al acusado?, que será juzgado por estafa.

Diario de Arousa

Un detenido tras descubrirse en Catoira un laboratorio de drogas.

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El material incautado por los agentes.

La Guardia Civil encontró 444 pastillas de DMA, marihuana y hachís

Un detenido -que ya está en libertad con cargos después de prestar declaración- y el decomiso de 444 pastillas de droga de diseño (DMA) y 50 gramos de marihuana. Este es el balance de un operativo desplegado por la Guardia Civil en Catoira, donde los agentes descubrieron un laboratorio para la elaboración y distribución de sustancias estupefacientes.

El detenido es un vecino del propio municipio vikingo que responde a las iniciales C.L.F. y fue acusado de un supuesto delito contra la salud pública «por dedicarse al cultivo, elaboración y venta de sustancias estupefacientes», explica la Guardia Civil.

Esta operación, iniciada por el equipo de la Policía Judicial de Cambados al sospechar que se estaba utilizando el domicilio del detenido «como punto de venta y distribución de drogas en la comarca», fue culminada con apoyo del puesto de la Guardia Civil de Vilagarcía y el apoyo del Juzgado de Instrucción número 3 de esta ciudad, que autorizó el registro domiciliario.
Además de la incautación de las sustancias estupefacientes antes aludidas se procedió a desmantelar «un laboratorio de cultivo de cannabis que se encontraba en una de las habitaciones del domicilio, con un total de 10 plantas ya recolectadas, utensilios para su cultivo y varios documentos con anotaciones manuscritas que evidencian las transacciones que supuestamente realizaba el arrestado».

Faro de Vigo

La muerte de María Soto continúa sin resolver dos años después del asalto.

La asistenta del cura de Cruces, en Padrón, falleció en el atraco a la casa rectoral, en el que hirieron al párroco.

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El próximo jueves se cumplen dos años del violento asalto a la casa rectoral de la parroquia de Cruces, en el municipio de Padrón, en el que mataron a la asistenta del cura y dejaron gravemente herido a este. María Soto tenía 78 años y llevaba 26 trabajando para el sacerdote Ramón Barral, quien se ocupaba de la parroquia padronesa desde hacía más de tres décadas.Sobre las nueve de la noche del domingo 15 de septiembre del 2014, tres individuos, dos a cara descubierta y otro encapuchado y armado, llamaron a la puerta de la rectoral con la excusa de que había un fallecido en la parroquia. La asistenta abrió la puerta, pese a que por entonces ella y el cura eran más precavidos después de haber sufrido otros intentos de atraco, en uno de los cuales los gritos de la mujer llamaron la atención de los vecinos y ahuyentaron a los asaltantes.

Dentro de la casa, con las luces apagadas, los tres individuos pegaron al cura y a la asistenta, además de atarlos y amordazarlos. No obstante, María Soto logró liberarse y gritar, con lo que los atracadores apretaron más la mordaza y provocaron la muerte de la mujer por asfixia.Los ladrones, que presumiblemente buscaban la recaudación de la fiesta de la Virgen de la Esclavitud celebrada una semana antes, se marcharon con unos cientos de euros que tenía el párroco en su bolsillo y, para la huida, se llevaron su vehículo, que días después apareció estacionado en Pontecesures.
El Juzgado número dos de Padrón se hizo cargo del caso y, menos de un mes después, la Guardia Civil detuvo a dos individuos por el asalto: un vecino de Boiro y otro de Noia. No obstante, los dos investigados quedaron libres de cargos y sospechas en diciembre del año pasado, cuando la jueza decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones iniciadas. Entonces también levantó el secreto de sumario que pesaba sobre la causa.La jueza los dejó libres de cargos al considerar que «no existen motivos suficientes para atribuir» los hechos investigados a «persona alguna determinada». Desde entonces, nada más se sabe de la causa.

La Voz de Galicia

El juzgado investiga si el gobierno del PP en Valga cometió un delito de malversación.

Hace casi cuatro meses el grupo municipal del PSOE de Valga, abanderado por María Ferreirós, anunció que iba a poner en conocimiento de la Fiscalía presuntos cobros irregulares por parte de los concejales del gobierno conservador que dirige José María Bello Maneiro. Ahora se anuncia que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Caldas admite a trámite la demanda de los socialistas con base en presuntos delitos de malversación y prevaricación.

Explican en las filas del PSOE valgués que la juez titular «acordó iniciar diligencias previas por los presuntos delitos derivados del cobro por la asistencia del alcalde y sus concejales a reuniones semanales denominadas ‘Comisiones de Coordinación’, las cuales no están recogidas ni amparadas por la ley y que conllevan un desembolso aproximado de 25.000 euros anuales que salen de las arcas del Concello».

Se trata, según los socialistas, de un supuesto uso indebido de dinero público. Hablan incluso de que los concejales populares habrían ingresado improcedentemente alrededor de medio millón de euros desde 1991 por la asistencia a tales «Comisiones de Coordinación», un órgano creado ad hoc por el alcalde Bello Maneiro.

María Ferreirós ya denunció hace meses estos hechos y reclamó al alcalde toda la información relativa a dichas comisiones, alegando que «suponen un 70% aproximadamente de los gastos de la Corporación en asistencias a plenos, comisiones y similares».

La líder socialista aseguró haber consultado a tres abogados y dos interventores que coincidirían con ella en que no existe normativa legal «que ampare el pago económico con fondos públicos las asistencias de los concejales del PP a estas reuniones», pues se trataría de un órgano no colegiado, sin presencia de funcionario público.

Esto, a su juicio, es tanto como decir que se trata de «reuniones del PP de Valga» que estarían siendo pagadas con fondos municipales.

Eso es lo que investiga ahora el juzgado de Caldas, basándose para ello en la demanda de los concejales socialistas que dice que «lo grave de la celebración de las ‘Comisiones de Coordinación’ no es su celebración, sino que los asistentes a las mismas cobren por ello, de forma totalmente irregular, percibiendo una cantidad fija que es incluso superior a lo que se abona a los ediles del gobierno y la oposición por la asistencia a órganos colegiados reglados como la Junta de Gobierno o las sesiones informativas».

Ni que decir tiene que en esa demanda María Ferreirós y su equipo hacen constar que el alcalde «puso todo tipo de trabas e impedimentos cuando empezamos a solicitar información por escrito sobre esas reuniones y los pagos por asistencia a las mismas».

Faro de Vigo