Una avería informática paraliza cuatro días los juzgados de Santiago y Padrón.

Una avería informática que ha tardado cuatro días en solventarse ha mantenido paralizados todos los servicios judiciales de Santiago desde las ocho de la mañana del jueves de la semana pasada hasta ayer, día en el que por fin los técnicos fueron capaces de restablecer la normalidad.

La Federación Galega de Servizos Públicos (FeSP-Xustiza-UGT) asegura que la paralización del edificio de los juzgados compostelanos se ha debido a que «a Xunta foi incapaz de afrontar a avaría coa urxencia necesaria».

El fallo informático afectó a todos los departamentos. Desde la Fiscalía al Registro Civil, el servicio común de notificaciones, el de atención al ciudadano o el de registro y repartición. También al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) y a la sección sexta de la Audiencia Provincial, que tiene su sede en Santiago.

Para el sindicato UGT-Xustiza, los responsables de esta situación son el Centro de Atención al Usuario (CAU), la Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) y la propia Xunta «que non foron capaces de dar resposta durante catro días a unha avaría informática que provocou a parálise total da Xustiza en Santiago de Compostela».

De brazos cruzados

Esta situación se vivió también, según UGT, en todos los partidos judiciales que dependen del servidor compostelano, como es el caso de Padrón, Ribeira o A Fonsagrada, entre otros, «e cuxos traballadores se viron abocados a cruzarse de brazos ante a imposibilidade de realizar actuación algunha», señala el portavoz de Xustiza del sindicato, Manuel Díaz Mato.

Los problemas en el servidor informático que afectaron a los juzgados compostelanos desde el jueves de la semana pasada causaron más problemas a los juzgados de guardia «que tiveron que utilizar os ordenadores como máquinas de escribir para poder atender todas as incidencias», explica Díaz Mato. El representante sindical advierte que también hubo muchos problemas en el juzgado de violencia sobre la mujer, ya que afirma que tuvo que suspender hasta seis declaraciones de causas con preso al no poder consultar los antecedentes penales.

UGT alaba los «enormes esforzos realizados» por el juez decano de Santiago, José Vicente Alvariño, para intentar solucionar con la máxima rapidez posible el problema. No fue posible y tras todo el jueves sin poder trabajar con normalidad, el viernes fue festivo y no se pudo solucionar la avería. Tampoco el fin de semana, así que hubo que esperar a ayer, aunque aún había carencias en algunos trámites.

La Voz de Galicia

Declaran por no pagar la compra de una sociedad en Padrón.

El Juzgado número uno de Padrón tiene citados para declarar hoy a Manuel Gómez Maroñas y Manuel Gómez Bustelo, padre e hijo, contra quienes hay presentada una querella por parte de Cesáreo González Pardal y Luis Tubío Vázquez. El motivo de dicha denuncia es no cumplir, en el caso del hijo, una sentencia del mismo juzgado del año 2014, que lo obliga a pagar a cada uno de los denunciantes más de 116.000 euros por la compra del 50 % de las participaciones sociales de una sociedad de construcción e inmobiliaria con sede en Padrón.

La venta de participaciones por parte de Cesáreo González Pardal y Luis Tubío Vázquez se produjo en el año 2005 y, en 2012, decidieron denunciar a Manuel Gómez Bustelo por no pagar. En junio de 2014, el juzgado dictó sentencia firme para que este le abonara los 116.000 euros a cada uno de los denunciantes y, como aún no lo hizo, en mayo de este año decidieron presentar la querella criminal, por un presunto delito de frustración en la ejecución (en todos los supuestos), por la que hoy declaran el padre y el hijo. Los denunciantes consideran al padre presunto responsable de la operación fallida.

La Voz de Galicia

La Audiencia desestima los recursos de Marina Castaño sobre malversación de fondos.

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La viuda de Camilo José Cela tendrá que sentarse en el banquillo tras haber sido imputada en diciembre del 2014.

La Audiencia Provincial confirma la imputación por malversación de caudales públicos de Marina Castaño, Tomás Cavanna, Dositeo Rodríguez y su hija Covadonga Rodríguez por el abono de una indemnización de 150.000 euros, de fondos públicos, al segundo de los investigados por su despido como director gerente de la Fundación Camilo José Cela de Padrón.

La Audiencia ratifica así un auto del Juzgado de Instrucción número dos de Padrón, que el 15 de febrero acordó la transformación de las diligencias previas de este procedimiento en un tribunal del jurado.

En autos fechados el tres de junio, la Audiencia desestima, por un lado, los recursos de apelación interpuestos por Dositeo y Covadonga Rodríguez, con adhesión de Tomás Cavanna, que solicitaron el sobreseimiento provisional de la causa. Desestima, por otro lado, los recursos de los cuatro investigados, que rechazan que se trate de un delito de malversación de caudales públicos, reservado para funcionarios y juzgado por un jurado popular. No obstante, la Audiencia entiende que el carácter público de la fundación y que el despido fue abonado con fondos públicos son datos que cubren «el requisito de verosimilitud de la imputación por caudales públicos».

En el caso de Marina Castaño y Tomás Cavanna, la Audiencia estima su recurso en los hechos relativos a las devoluciones de IVA que, según el auto, se produjeron cuando la fundación era de naturaleza privada, al igual que la empresa usada. Por ello, dice que debe formarse una causa separada por el juzgado competente «para depurar las responsabilidades en las que hubieran podido incurrir Marina Castaño y Tomás Cavanna» por el supuesto delito de apropiación indebida, ya que los hechos tampoco pueden calificarse de fraude en subvenciones debido al importe.

Por último, la Audiencia dicta el sobreseimiento provisional parcial de la causa en lo tocante a la contratación del ordenanza de la fundación para fines privados de Marina Castaño, al ser entonces privada la fundación y no cumplirse el requisito del fraude ni de apropiación indebida.

Los autos de la Audiencia son firmes.

La Voz de Galicia

El promotor de Panorama alega que sufre depresión y se niega a declarar ante el juez.

11/04/2016 Declaración de Lito, de la Orquesta Panorama. El fiscal ve un fraude de 9 millones y seis delitos que pueden llevar a la cárcel al representante de orquestas como Panorama y París de Noia SOCIEDAD ESPA?A EUROPA GALICIA AUTONOMÍAS

11/04/2016 Declaración de Lito, de la Orquesta Panorama.
El fiscal ve un fraude de 9 millones y seis delitos que pueden llevar a la cárcel al representante de orquestas como Panorama y París de Noia
SOCIEDAD ESPA?A EUROPA GALICIA AUTONOMÍAS

El gerente de Espectáculos Lito, Ángel M.P., se ha acogido a su derecho a no declarar en los Juzgados de Caldas de Reis en relación a la querella que la Fiscalía mantiene contra él y su empresa, por un supuesto fraude de casi 9 millones de euros y seis delitos relacionados con los impuestos de sociedades, IVA e IRPF.

Según ha expuesto el fiscal de asuntos económicos, Augusto Santaló, ??el problema aquí es que se juntan muchos delitos?, de forma que ??teóricamente ya solamente si se va por los seis delitos, al final salen seis años?, lo que conduciría a la cárcel al susodicho.

Ángel M.P. compareció ayer en los juzgados, a diferencia de lo que hiciera hace un mes, cuando alegó problemas de salud. ??Dice que no está en condiciones?, ha apuntado el fiscal, en declaraciones a la salida de la sede judicial. ??No se le ve muy bien -alega depresión-, pero hay un informe forense del 1 de abril que dice que está en condiciones?, agregó.

Así, el gerente ha asistido acompañado de un abogado y de su mujer, y ha abandonado las instalaciones casi dos horas después de entrar, sin hacer ninguna valoración ante los medios de comunicación. ??No quiero hacer ninguna declaración?, se ha limitado a señalar.

Santaló, por su parte, ha explicado que han dado por ??cumplido? el trámite procesal. ??Dijimos que a efectos procesales había declarado?, ha indicado.

A continuación, según comunicó, compareció el representante de la empresa, que fue un trabajador ??y describió un poco el funcionamiento, la teoría que se mantiene de que ellos son meros intermediarios, y que en realidad son las orquestas las obligadas a tributar?. ??Lo que se viene diciendo, cuando las orquestas no existen como empresarios, entonces no pueden facturar?, subrayó.

Con la reforma del Código Penal, las personas jurídicas también responden penalmente. De ahí que, en este caso, se optase por que el que compareciese, en lugar del propio administrador, fuese un representante distinto, algo que el fiscal ha dicho que se hace ??a veces para evitar incompatibilidades?.

El fiscal ha comentado que, entre otras cuestiones, este trabajador trasladó que ??la Seguridad Social la tienen que pagar las comisiones de fiestas, cosa que no hacen?. ??La teoría de que ellos son meros intermediarios?, resumió Augusto Santaló en las puertas del juzgado.

Diario de Arousa

La jueza exculpa al mayordomo de Marina Castaño en la causa sobre irregularidades en la Fundación Cela.

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Rubén Darío Vargas, mayordomo de Marina Castaño.

El juez de Instrucción 2 de Padrón ha exculpado al mayordomo de Marina Castaño, viuda de Cela, de las acusaciones que pesaban en su contra en la causa que investiga irregularidades en la Fundación que lleva el nombre del Nobel.

El empleado Rubén Darío Vargas, declaró haber realizado desde el año 2004 hasta la actualidad trabajos privados para la viuda a pesar de estar contratado durante varios años a través de la entidad que recibe fondos de la Xunta de Galicia.

El juez precisa en un auto que «no aparece debidamente justificada la perpetración del delito» en su caso. En el procedimiento se encuentran imputados, además del mayordomo, la viuda del Nobel y el exgerente de la Fundación Tomás Cavanna.

Durante su declaración judicial, prestada el pasado mes de diciembre, Vargas, defendido por la abogada Elena Sanz Vega, confirmó las sospechas de la Fiscalía que defiende que, varios empleados, figuraban como trabajadores de la entidad cultural pero que «en realidad prestaban sus servicios en actividades privadas del matrimonio Cela».

En el caso del mayordomo, lo hacía incluso en «el propio domicilio» madrileño de Castaño, decía el fiscal. El mayordomo, que continúa trabajando para Castaño, ratificó también este extremo y concretó que siempre ha trabajado en la vivienda que la mujer de Cela mantiene en la calle Alberca de Madrid donde realiza «todas las tareas que ella que le encarga».

Sus funciones van desde labores como chófer o conductor hasta «ayudar» en la casa privada de Castaño y en su oficina, situada en una de las plantas de ese edificio, dijo. Precisó que su jefa regularizó su situación en España en el 2005 y, desde entonces, cobra su nómina por transferencia bancaria.

El dinero le era abonado en un primer momento por la Fundación Cela y luego por la empresa de la viuda del Nobel, Letra y Tinta.

También dio detalles sobre algunas de sus labores como que suele llevar en coche a Castaño por toda España cuando tiene que acudir a algún acto y también por temas privados o que «siempre ha tenido la sensación de estar trabajando para ella» y que hacía lo que ella le decía.

En el escrito de la Fiscalía sobre este asunto, presentado a mediados del 2012 después de que una vecina de Iria Flavia Lola Ramos denunciara irregularidades, el Ministerio Público argumentó que el uso de subvenciones de la Fundación Cela para contratar a este personal y pagar sus salarios pese a que ejercían su trabajo en el ámbito privado «era una práctica habitual» desde hacía años.

Contratado por la Fundación Cela
En el escrito judicial, la instructora del juzgado de Padrón afirmó que existían «indicios racionales» de que el ordenanza que fue contratado por la Fundación Camilo José Cela trabajaba en realidad en casa de Marina Castaño en Madrid.

En dicho documento, la jueza señaló que la contratación de Vargas, en la que también intervino el que era director gerente, «podría ser constitutivo de delito». «Como ya indicaba el fiscal en su escrito inicial», existen «indicios racionales de que esta persona en realidad prestó sus servicios en el domicilio de Madrid de la querellada Marina Castaño», recogió en el auto.

Como argumento, la jueza esgrimió que fue el domicilio que «facilitó para conseguir su regularización en España en todos los trámites desde el año 2001 hasta el año 2010». Con posterioridad a su baja en la fundación, por la que había sido contratado con centro de trabajo en Padrón, «fue dado de alta por la sociedad mercantil Letra y Tinta, propiedad de Marina Castaño», apuntó.

La Voz de Galicia

?rdenes de alejamiento en Padrón.

En lo que va de año, un total de noventa mujeres del área de Compostela han tenido que solicitar medidas de protección contra hombres por asuntos relacionados con la violencia de género. Los últimos datos actualizados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) datan de septiembre del 2015 y, hasta esa fecha, en el partido judicial de Santiago, el que acumula el mayor número de casos, se habían tramitado 53 órdenes de protección. Le sigue el de Padrón, con trece, los de Arzúa y Ordes, con diez, y el que menos asuntos de estas características ha tenido es el de Negreira, con solo cuatro.

De las noventa mujeres que han solicitado órdenes de protección en la zona, la mayoría de ellas eran españolas, 79 por tan solo once extranjeras. En cuanto a las edades, 88 eran mayores de edad y solo dos menores, ambas españolas.

El 2015 arrancó en Compostela con un total de 24 órdenes de protección solicitadas por mujeres. Doce en Santiago, cuatro en Arzúa y Ordes y dos en Negreira y Padrón. El segundo trimestre fue peor, ya que ascendieron hasta 37 el número de solicitudes de medidas de protección. Solo en la capital gallega hubo 25, por cinco tramitadas en los juzgados ordenses y padroneses y dos en el arzuano, mientras que en Negreira no se registró ninguna.

En este tercer trimestre del año, cuyos datos se acaban de hacer públicos, la tendencia ha vuelto a las cifras más habituales, con un total de 29 órdenes de protección solicitadas por mujeres. De ellas, 16 se registraron en el partido judicial de Santiago, seis en el de Padrón, cuatro en el de Arzúa, dos en el de Negreira y tan solo una en el de Ordes.

En Santiago, de las 53 mujeres que pidieron medidas de protección en lo que va de año 47 eran españolas, todas menos una mayores de edad. Las seis restantes corresponden a extranjeras mayores de edad.

En Padrón, las trece víctimas son doce españoles y una extranjera, todas adultas, mientras que en Ordes las diez órdenes de protección fueron solicitadas por ocho españolas y dos foráneas, ambas mayores de edad.

En Arzúa también ha habido diez casos en este año. Ocho de ellos de españolas, siete mayores de edad y una menor, mientras que las otras dos víctimas eran extranjeras, ambas adultas. Negreira es el concello de la zona con menos casos. En lo que llevamos del 2015 solo se han tramitado en el juzgado cuatro solicitudes de protección, todas ellas por españolas mayores de edad.

88

Mayores de edad

De ellas, 79 son de nacionalidad española y las once restantes extranjeras.

2

Menores de edad

Las únicas dos menores denunciantes en lo que va de año eran españolas.

La Voz de Galicia