Lola Ramos paraliza la denuncia contra Touriño y Feijoo por la Fundación Cela.

Pide al presidente de la Xunta que la entidad de Padrón recupere actividad.

La vecina de Iria-Flavia Lola Ramos ha decidido, en un «gesto de buena voluntad», paralizar la tramitación de la denuncia que, en el año 2012, interpuso contra el expresidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y el actual responsable del gobierno gallego, Alberto Núñez Feijoo, por el «abandono y omisión de ordenar al departamento jurídico de la Xunta» investigar las presuntas irregularidades que, desde el año 2004, esta padronesa venía denunciando en la gestión económica de la Fundación Camilo José Cela.

Los recursos de apelación de la denuncia contra Touriño y Feijoo se encuentran ahora en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Lola Ramos envió el 31 de julio pasado, a través de su abogado Xosemaría Rodríguez, una carta al propio presidente de la Xunta comunicándole su decisión, que tomó a la vista de que un juzgado, el número dos de Padrón, tiene en marcha un procedimiento para determinar si hubo o no irregularidades en la gestión de la fundación de Iria-Flavia, como por ejemplo, en la creación de sociedades interpuestas con el fin de ingresar devoluciones de IVA que a la entidad cultural no le corresponderían por ley al ser sin ánimo de lucro. Por esta denuncia ya declararon en calidad de imputados Marina Castaño y Tomás Cavanna, expresidenta y exgerente de la fundación, respectivamente.

En la carta remitida a Feijoo, Lola Ramos le pide que la fundación, que desde el año 2010 es de titularidad pública, retome las «actividades de categoría» que se celebraban en la sede desde su inauguración en el año 1991.

Cursos de verano
Entre ellas, menciona los cursos de verano sobre la obra de Camilo José Cela, cursos que sumaban créditos en la Universidade de Santiago, recuerda la vecina de Padrón. También solicita que la sede de Iria-Flavia acoja otro tipo de actividades, como charlas y conferencias, dado «el buen espacio del que dispone», como el auditorio y otras salas.

«Los padroneses deseamos que la Fundación Cela prospere porque es un honor que un Premio Nobel de Literatura pertenezca a nuestra tierra», cuenta Lola Ramos para quien, en parte, la entidad cultural tiene ahora reducido su fin más bien a «una guardería infantil», en alusión a las visitas de escolares y pocas más actividades que celebra.

A Feijoo, Lola Ramos también le indica en la carta enviada que la Xunta se «preocupe de mandar pintar los balcones» del inmueble (se hizo días atrás), una vez que los «ventanales gozan del más amplio abandono». También le recuerda que en la Xunta «obran más de 400 firmas de ciudadanos de Padrón, solicitando la permanencia del legado de Cela donde él lo donó (Iria-Flavia) y que su fundación funcione adecuadamente».

Finalmente, la vecina de Padrón le pide al presidente que haga saber a través de los medios de comunicación que «aparecieron las múltiples cartas que fui derivando a la Xunta en numerosas ocasiones, solicitando las investigaciones pertinentes».

La Voz de Galicia

Detenidos tres pontevedreses por una veintena de robos en el Deza y el Baixo Ulla.

Fueron pillados in fraganti en Valga por agentes de Lalín que les vigilaban.

La Guardia Civil de Lalín detuvo a tres personas como presuntos autores de una veintena de robos cometidos en las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes en los últimos meses, Las investigaciones fueron llevadas a cabo por el equipo de investigación del puesto principal de Lalín. Los tres fueron detenidos momentos después de que perpetraran, según explican desde el instituto armado, dos robos en sendos bares del núcleo urbano de la localidad de Valga, en la madrugada del día 3.

En ese momento, los agentes intervinieron a los detenidos diferente material y herramientas utilizadas para forzar puertas y ventanas, así como 200 euros que al parecer habían sustraído en uno de los bares.

Los sospechosos llevaban siendo objeto de un especial seguimiento por parte de la Guardia Civil como presuntos autores de los robos que se produjeron en los últimos tres meses en Lalín, A Estrada, Pontecesures y Valga. El objeto de los robos era la sustracción de la recaudación de las máquinas tragaperras y de las registradoras de los establecimientos.

Entre la veintena de robos que se les imputan se encuentran los de bar Jardín y Casa Rodríguez de Lalín, el Mesón A Estrada y Casa Neira, en A Estrada y el bar Potel y el bar Maneiro en Valga.

Los detenidos residen en la ciudad de Pontevedra y tienen antecedentes policiales por hechos similares. Uno de ellos fuera ya detenido hace unos meses por un robo en la gasolinera Galp de Bendoiro, en Lalín, y los otros dos por varios robos en diferentes bares de Lalín. Los arrestados fueron puestos ayer por la mañana a disposición del Juzgado de Instrucción de Caldas de Reis que decretó su libertad con cargos.

Con su detención, la Guardia Civil de Lalín consigue esclarecer una veintena de robos en la zona. En Lalín, alguno de los locales como es el caso del bar Jardín fue asaltado dos veces en un corto espacio de tiempo, aunque en este caso, los agentes barajaban que los autores en cada caso pudieran haber sido distintos, dado que el modus operandi fue diferente en cada caso.

En alguna ocasión se producía más de un golpe la misma noche. De ahí la vigilancia puesta en marcha por los agentes y que permitió finalmente su detención después de que hubieran robado en otros dos bares, en este caso de la localidad de Valga.

El aumento de robos en establecimientos hosteleros en los últimos meses en Lalín llevó a al regidor a solicitar una reunión extraordinaria de la junta de seguridad para intentar atajar estos robos, que le fue denegada. A esta se sumó una reunión con Policía Local y Guardia Civil celebrada a finales del mes de julio de cara a incrementar la colaboración entre ambos cuerpos.

La Voz de Galicia

Cae una banda por robos en bares tras actuar en Pontecesures y Valga.

Un vehículo de la Guardia Civil en la calle San Lois de Pontecesures

Un vehículo de la Guardia Civil en la calle San Lois de Pontecesures

La Guardia Civil de Lalín ha arrestado a tres personas a las que considera supuestas autoras de una veintena de robos perpetrados en las comarcas de Ulla-Umia, Deza y Tabeirós.
Las detenciones se produjeron en la madrugada del jueves, poco después de un robo cometido en dos bares del núcleo urbano de la localidad de Valga.
Al grupo le fue intervenido diverso material y herramientas utilizadas presuntamente para forzar puertas y ventanas, así como 200 euros que podrían haber sido sustraídos de uno de los establecimientos asaltados.
El Instituto Armado seguía la pista de estas personas desde hace tres meses, en los que podrían haber actuado en Valga, Pontecesures, Lalín y A Estrada, siempre en cafeterías, robando las recaudaciones de las cajas registradoras y máquinas recreativas.
Todos los arrestados son residentes en la ciudad de Pontevedra y tienen antecedentes por hechos similares. Uno de ellos había sido detenido hace meses por un robo en una gasolinera de Bendoiro (Lalín) y los otros dos por hurtos en bares en la zona del Deza.
Tras su paso por el Juzgado de Instrucción de Caldas de Reis, los detenidos quedaron en libertad provisional con cargos.

Diario de Arousa

Los cinco imputados por la gestión de la Fundación Cela, citados esta semana en Padrón.

Marina Castaño y Tomás Cavanna declararán el martes, y Dositeo Rodríguez, su hija y José Luis Delso, el miércoles.

La titular del Juzgado número dos de Padrón, María Salomé Martínez Bouzas, tiene citados para esta semana a cinco personas imputadas en el procedimiento abierto por supuestas irregularidades en la gestión económica de la Fundación Camilo José Cela, situada en Iria-Flavia, antes de que fuera rescatada por la Xunta y se convirtiera en pública en el año 2012.

Así, el martes declararán la que fuera presidenta de la fundación y viuda del escritor, Marina Castaño, y el exgerente de la entidad, Tomás Cavanna. Ambos están imputados por posibles delitos de malversación de fondos público, fraude en subvenciones y apropiación indebida.

El miércoles, la jueza tomará declaración al expatrono de la fundación, Dositeo Rodríguez, a su hija Covadonga (la actual directora) y al que fuera secretario, José Luis Delso. Los tres están imputados por un presunto delito de malversación de fondos públicos, por la indemnización por despido que recibió Tomás Cavanna, de 150.000 euros.

La jueza entiende que el despido fue «simulado» para «favorecer económicamente» a Cavanna y se basa en el intercambio de correos que hubo entre Marina Castaño, Covadonga Rodríguez y los otros dos, en uno de los cuales la viuda de Cela justificaba la cantidad del despido en que los «servicios prestados» por Cavanna «le hacen merecedor de una ilimitada generosidad». Con la declaración de los cinco imputados, el juzgado avanza en la instrucción de la denuncia presentada en el año 2012 por la Fiscalía de Santiago contra Marina Castaño y Tomás Cavanna, en principio por malversación de fondos públicos y con base para investigar otros.

El Ministerio Público denunció la existencia de una sociedad privada, Lengua y Literatura, constituida con un 80 % de capital aportado por la Fundación Cela y un 20% por Marina Castaño a través de otra sociedad (Letra y Tinta), que «tenía una finalidad real desconocida, que pudiera encubrir devoluciones de IVA», que en principio no le corresponderían a la fundación, exenta de tributación.

La Fiscalía también denunció gastos privados a cargo de la fundación, financiada en su mayor parte con fondos públicos, como la contratación de un trabajador como ordenanza de la entidad pero que, supuestamente, prestaba sus servicios en el domicilio de Marina Castaño en Madrid. Esta persona, Rubén Darío Vargas, también fue imputada, aunque no está citada a declarar.

La Voz de Galicia

Luis Sabariz declina toda responsabilidad por la ocupación de una parcela municipal.

El concejal pontecesureño deja la política advirtiendo de que hizo todo lo posible para que se recuperara ese terreno público -Hay una sentencia del TSXG que avala su tesis.

Después de muchos años «dando caña», Luis Ángel Sabariz Rolán deja definitivamente la política activa. No va a formar parte de la nueva Corporación pontecesureña, ya que no se presentó a las últimas elecciones, pero antes quiso dejar claro que hizo todo lo posible por recuperar un terreno de titularidad municipal ocupado por un particular.
De este modo, el que ejerció como portavoz de la ACP presentó un escrito en el consistorio en el que declina formalmente toda responsabilidad presente y futura en este asunto, advirtiendo de que existe una sentencia del TSXG que obliga a recuperar el terreno público al Concello y que, sin embargo, no se hizo así.
Sostiene el independiente que, como concejal, trató de defender los bienes municipales. A partir de ahora, como ciudadano de a pie, insistirá «para que se recupere nuestra parcela y se exijan responsabilidades a aquellos que no actuaron para conseguirlo o a quienes no actúen en el nuevo gobierno.
Se trata de una vieja reivindicación, ya que el 9 de junio de 2012 Sabariz presentó un escrito dirigido al exalcalde, Álvarez Angueira, instándole a actuar en cumplimiento de la sentencia del TSXG de julio de 2010 que «era favorable a los intereses del Concello y obligaba a la promotora Constantino Taibo S.L. a ceder al Ayuntamiento una parcela de 1.387 metros cuadrado para destinarla a zona verde».
La Justicia había rechazado el recurso de interpuesto por la constructora contra una sentencia previa del Juzgado de Pontevedra, «imponiendo además las costas del proceso a la sociedad mercantil».
Este viejo conflicto comenzaba en 1994 «cuando el gobierno local concedió licencia a la promotora para construir un edificio de 22 viviendas de protección oficial en el número 12 de la avenida de Vigo, con la condición de que la constructora cediera al Concello la parcela trasera del inmueble, aunque la cesión nunca llegó a materializarse. Fue en 2006 cuando el Concello decidió emprender acciones para tomar el terreno» dictando una primera resolución sobre el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas y una segunda en la que convocaba a la mercantil para firmar el acta de entrega y recepción de los 1.387 metros cuadrados».
Aquellas resoluciones, recuerda Sabariz «fueron recurridas ante los tribunales por Constantino Taibo y sus argumentos fueron rechazados tanto en primera instancia como por el TSXG».
En pleno litigio, como se dio a conocer en su momento, «el terreno fue objeto de una permuta urbanística con un particular», por lo que esta transmisión debe considerarse nula, ya que el terreno ya pertenecía al Concello y no a Constantino Taibo S.L., como reconoce la sentencia del TSXG».
Cuando Sabariz integró el ejecutivo local (en el último mandato estuvo en la oposición), «siempre activé todo tipo de trámites para que ese terreno formase parte del patrimonio municipal, defendiendo los intereses de la institución», explicaba ya en 2012, antes de decir que era fundamental» que se adopten las medidas oportunas a través de los servicios jurídicos del ayuntamiento para que el terreno se ocupe y se inscriba en el Registro de la Propiedad a nombre del Concello».
En aquella época Sabariz se dirigía igualmente al que era concejal de obras, Ángel Manuel Souto Cordo (Terra Gallega), haciéndole partícipe de la situación expuesta y de la necesidad de actuar en consecuencia.
A partir de ahí Luis Sabariz presentó otras solicitudes en el mismo sentido, e incluso mociones que elevó a pleno y fueron rechazadas por el gobierno. De ahí que ahora en su despedida oficial como político, el «batallador» concejal pontecesureño deje constancia oficial y escrita de su preocupación e inquietud por este asunto.

Faro de Vigo

El accidente pirotécnico de Padrón se cierra con un acuerdo de partes.

Cuatro de los acusados aceptan seis meses de cárcel por delitos de lesiones.

El juicio por el accidente pirotécnico que ocurrió en Padrón el 29 de marzo del 2008, aplazado para ayer en el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, ya no se celebrará. Las partes implicadas llegaron a un acuerdo, pendiente de ratificar en sentencia definitiva, tras abonar las aseguradoras del Concello y de las dos empresas pirotécnicas una indemnización de alrededor de 300.000 euros al joven que quedó herido de gravedad en un pie, David Cortizo Bouzas, además de otra en mucha menor cuantía a la que entonces era su pareja, María Rossana Tarrío Senanade, lesionada leve.

Así, las acusaciones particulares retiraron la acusación, según confirmó ayer el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Xustiza, al tiempo que la Fiscalía rebajó notablemente las penas solicitadas.

De este modo, los tres acusados de las pirotecnias Calvo y Calo, implicadas en el accidente ocurrido en las fiestas de Pascuilla, José Luis Calvo Antelo, José Ángel Pérez Brandón y Alfonso Calo Rama, son condenados por dos delitos de lesiones imprudentes, a la pena de seis meses de cárcel, la mínima para estos casos. La misma condena se le impone al jefe de Protección Civil de Padrón, José Carlos Seco Santos.

Las defensas solicitarán que la pena se sustituya por una multa. El acuerdo incluye en la condena dos atenuantes cualificados: restablecimiento del daño, al estar abonadas las indemnizaciones, y dilación indebida, toda vez que el accidente se produjo en el año 2008.

Para otros de los dos acusados, el jefe de la Policía Local de Padrón, Francisco Abeijón, y la que entonces era concejala de Festexos, Conchita Carneiro, queda reconocido que «no son autores de delito alguno», aunque si de dos faltas de lesiones, con multa de 200 euros cada uno, según explicó ayer su representante legal, Ulises Bértolo, que también llevó la defensa del jefe de Protección Civil.

Para el último de los acusados, Iván Rodríguez Lago, que fue el intermediario entre la pirotecnia Calvo y el Concello de Padrón, se acordó la libre absolución.

La Voz de Galicia