El juzgado de Cambados busca al desaparecido Pouso Rivas «Pelopincho».

La pista de «Pelopincho» se perdió a mediados de 2011, poco antes de que empezase el juicio contra él y una treintena de personas acusadas de ser testaferros suyos. Los responsables de la investigación le atribuían el blanqueo de unos 15 millones de euros.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cambados abrió una causa para intentar descubrir dónde está o qué le sucedió a «Pelopincho» -se sospecha que fue asesinado en un ajuste de cuentas- y el procedimiento sigue abierto. De hecho, en septiembre se envió desde el juzgado una providencia al fiscal para que éste proponga nuevas diligencias que permitan la localización de Pouso Rivas. En marzo de 2012, el juzgado interrogó a tres arousanos por este caso: el cambadés Manuel Sineiro Fernández, «Machucho», y los vilanoveses Fernando Suárez Suárez, «Pirata», y José Luis Fabeiro.

La Policía Nacional ha seguido la pista de Pouso Rivas por España, Portugal, Brasil y Marruecos, pero sin resultados contundentes. El rastreo policial que se hizo a Pouso Rivas lo situó antes de desaparecer en Marruecos, a donde se habría desplazado para organizar un alijo de 4.000 kilos de hachís. Pero la operación salió mal, y la lancha se hundió con el cargamento a la altura de Lisboa (Portugal). Según esta hipótesis, los proveedores de la droga le habrían reclamado el dinero a «Pelopincho» al no creerse la versión del naufragio, y como el arousano no pagó lo habrían asesinado.

El primero que desapareció en relación con estos hechos fue otro presunto narcotraficante de Pontevedra, José Bernardo Amil Villaverde.

Faro de Vigo

El caso del gasoil de Cesures llega a la Audiencia ocho años después.

Como el Guadiana, el caso del gasoil es uno de esos asuntos que cada cierto tiempo reaparecen en la vida política de Pontecesures. Un año después de que la Audiencia ordenase al juzgado de Caldas reabrir un asunto que este había decidido archivar por tercera vez, el caso acaba de ser trasladado al palacio de justicia de Pontevedra. Todo apunta a que allí serán juzgados por un tribunal popular el alcalde Manuel Luis Álvarez Angueira (BNG) y Xurxo Gerpe Jamardo, a quienes se les acusa de un delito de malversación de caudales públicos.

En noviembre del 2013, la audiencia ordenaba al juzgado de instrucción número uno de Caldas reabrir un caso que se remonta al año 2006, cuando el PP y la ACP denunciaban al alcalde Angueira y al trabajador municipal Xurxo Gerpe de haber abonado hasta 6.822 euros de más en concepto de combustible para un vehículo del servicio de obras. Ese asunto, recordaba Angueira hace un año, había sido archivado «tres veces, en tres momentos distintos e por tres xuíces diferentes». En los tres casos, los denunciantes Luis Ángel Sabariz y Alfonso Diz decidieron presentar recurso, y en las tres ocasiones Pontevedra les dio la razón, asumió sus argumentos e impidió que el asunto se cerrase.

La fiscalía pide el archivo.

Tras el último tirón de orejas recibido de la Audiencia, el juzgado de Caldas dio la palabra a todas las partes implicadas. En febrero de este año, la acusación particular presentó un escrito en el que solicitaba la apertura de juicio oral. «En el mismo trámite -dice el auto- el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones», tal y como había hecho en ocasiones anteriores. La defensa de los acusados, por su parte, «solicitó la libre absolución de los defendidos».

En esta ocasión, la jueza de Caldas considera que «procede el enjuiciamiento». «Manuel Luis Álvarez Angueira y Xurxo Gerpe, durante el período de tiempo que desempeñaron funciones de gobierno en el Ayuntamiento de Pontecesures, autorizaron y/o consintieron el pago de combustible a cargo de los presupuestos del Concello, siendo que el combustible adquirido a través de tales pagos no se destinaba al uso por parte de vehículos pertenecientes al Concello en cuestión, ni para la prestación de servicios al mismo», explicaba la resolución adoptada a principios de noviembre.

Por ello, en un auto dictado en noviembre, la titular del juzgado de Caldas decretó la apertura del juicio oral, señalando como órgano competente para asumir esa tarea al tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Tal vez allí se resuelva, de una vez por todas, un asunto que lleva ocho años dando vueltas por los juzgados.

La Voz de Galicia

Un jurado popular juzgará al alcalde cesureño por las facturas del gasoil.

Está acusado junto con el encargado de obras de un presunto delito de malversación.

El alcalde de Pontecesures, Luis Álvarez Angueira, deberá sentarse en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra para responder de la acusación formulada por ACP contra él por presunta malversación de fondos públicos, al «autorizar y/o consentir» el pago de gasto de combustible y repostajes del Nissan Patrol del Concello a cargo de las arcas municipales, cuando dicho gasoil no se empleaba presuntamente para tareas municipales. Este hecho se habría producido durante su etapa como gobernante de 2003 a 2006.

Junto con él se sentará el encargado de obras Xurxo Jamardo, quien «firmaba los tiques». La Audiencia revocó en 2013 el sobreseimiento y archivo de la causa dictado por el Juzgado de Caldas, al considerar que existían «indicios racionales de criminalidad» y ordena reabrir diligencias. El auto que ordena ahora la celebración del juicio no es recurrible, no precisa ni la fecha, pero será un tribunal popular el que dictamine o no la culpabilidad.

El Correo Gallego

La Audiencia juzgará al alcalde de Pontecesures por presunta malversación.

El Juzgado de Caldas ha finalizado la fase de instrucción y deja en manos de la Audiencia Provincial de Pontevedra el juicio por presunta malversación de caudales públicos contra el alcalde de Pontecesures, el nacionalista Manuel Luis Álvarez Angueira, y el operario municipal Xurxo Gerpe Jamardo, implicados en el «caso del gasóleo», relacionado con un consumo supuestamente abusivo de carburante con cargo a la Administración.

La jueza instructora decreta la apertura del juicio oral para el enjuiciamiento de los hechos, explicando que los dos imputados pudieron haber autorizado y/o consentido el pago de combustible en una gasolinera de la localidad a pesar de que no se destinara al uso por parte de vehículos del Concello ni para la prestación de servicios del mismo.

En los antecedentes de hecho que maneja la jueza explica que Manuel Luis Álvarez Angueira «autorizaba la adquisición de combustible en la estación de servicio con carácter previo a la adquisición y posteriormente aprobaba esos pagos por decreto de Alcaldía», mientras que Xurxo Gerpe «firmó la práctica totalidad de los tiques emitidos por la gasolinera, responsabilizándose de la recepción del combustible que finalmente no era empleado para el uso o servicio del ayuntamiento».

Hay que recordar que estos hechos se remontan a hace una década. Fue en 2007 cuando la oposición municipal denunció el presunto uso abusivo de combustible en los vehículos municipales.

Tanto el PP como los independientes Luis Sabariz Rolán y Alfonso Diz Villar presentaron una denuncia inicial que fue archivada, pero los dos últimos recurrieron ante la Audiencia, que ordenó investigar los hechos en primera instancia. El Juzgado de Caldas reabrió el caso, por lo que un año después citó a declarar como imputados al exalcalde y al encargado del servicio de Obras.

Ahora, justamente un año después de que la Audiencia ordenara al Juzgado de Caldas que investigara -por tercera vez- si existió malversación de caudales públicos o cualquier otro delito similar, la fase de instrucción da paso a la apertura de juicio oral, en el que habrá que aclarar, por ejemplo, cómo fue posible que un vehículo municipal cargara combustible y repostara otros 90 litros apenas diez minutos después.

Esta es una de las acusaciones que se vierten en la denuncia formulada en su día por Alfonso Diz y Luis Sabariz, quienes explicaron que el 17 de noviembre de 2004 el coche que centra el grueso de esta polémica cargó casi 40 litros de combustible a las ocho de la mañana y 45 litros más pasadas la seis de la tarde.

Los entonces concejales independientes -actualmente solo Sabariz continúa en la corporación- alegaron que «con cargo a las arcas municipales se distribuía combustible a vehículos ajenos al ayuntamiento, que bien eran particulares o propiedad del Club Náutico».

Tampoco hay que olvidar que a pesar de destinarse el gasóleo a un vehículo de obras, parece que aparecieron facturas de repostaje en jornadas festivas, aunque también advirtieron los denunciantes que desde que denunciaron públicamente el presunto uso abusivo de gasóleo las facturas por este concepto empezaron a reducir su importe.

Faro de Vigo

Angueira será juzgado por la Audiencia Provincial por el caso del gasoil.

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El alcalde de Pontecesures está acusado de un presunto delito de malversación da caudales públicos.

El alcalde de Pontecesures, Luis Álvarez Angueira, tendrá que sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial de Pontevedra para responder de una acusación de malversación de caudales públicos, que se habría producido en su anterior etapa como regidor, entre los años 2003 y 2006.
El presunto delito habría tenido lugar a través de los reportajes de un vehículo Nissan Patrol, uno de los que integraban el parque móvil del Departamento de Obras. En la causa también está imputado el exencargado de Obras del Concello Xurxo Gerpe Jamardo.
La causa llegará a Pontevedra después de un largo proceso cuyo último capítulo se registró el 28 de noviembre, día en el que el regidor tuvo que acudir al Xulgado de Instrucción número 1 de Caldas de Reis para prestar declaración, exigencia que le obligó a aplazar el pleno que estaba fijado para esa fecha. El auto que ordena la celebración del juicio es inapelable, no precisa la fecha ni la sala donde se celebra, e indica que será un tribunal popular el encargado de emitir la sentencia una vez concluida la vista oral.
Las diligencias previas sufrieron un camino tortuoso. La Audiencia Provincial revocó el sobreseimiento provisional y el archivo del caso dictado en mayo por el Xulgado de Caldas de Reis y ordenó continuar con las diligencias, permitiendo a las partes que formularan acusación cara a la celebración del juicio.
Era la tercera vez que corregía a la jueza de instrucción y dejaba sin efecto el archivo de las actuaciones, que se derivan de una querella interpuesta por el portavoz de ACP, Luis Sabariz. No obstante, el primero en judicializar el caso fue el ahora socio de gobierno de Álvarez Angueira, el edil de TeGa Ángel Souto Cordo, que entonces era líder del PP en la oposición.
La Audiencia considera que ??existen indicios racionales de criminalidad? porque el informe pericial encargado por el Xulgado ??constata un excesivo consumo de gasoil? del Nissan Patrol del Departamento de Obras que ??no encontraría justificación razonable? y que habría supuesto para el Concello de Pontecesures un sobrecoste de 6.822,94 euros.

Diario de Pontevedra

Imputan a un joven de Valga tras sorprenderlo con papelinas de cocaína en un local de Cesures.

Un joven de 26 años, vecino de la localidad de Valga, ha sido imputado por un supuesto delito contra la salud pública tras detectársele varias ??papelinas? de cocaína en un local de Pontecesures donde la Guardia Civil realizaba una inspección.
Los hechos tuvieron lugar el pasado fin de semana. El Instituto Armado realizaba comprobaciones en establecimientos de ocio de la comarca de Ulla-Umia dentro de una campaña para la erradicación del tráfico de estupefacientes a pequeña escala.
En una de estas comprobaciones, sorprendieron al ahora imputado, que responde a las iniciales F.G.B., según indicaron ayer fuentes policiales.
Los agentes se incautaron de nueve de estas papelinas, localizadas en la cartera del joven, cliente del establecimiento en cuestión. Además, la Guardia Civil constató que el mismo varón portaba en ese momento hasta 296 euros en el interior de un bolsillo del pantalón, en ??billetes fraccionados y monedas?.
Por todo ello, los agentes procedieron a la imputación del joven por el supuesto delito contra la salud pública y lo trasladaron a las dependencias oficiales a fin de proceder con las correspondientes diligencias.
Estas fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Caldas de Reis, donde el imputado deberá presentarse cuando sea requerido para ello.
Estas operaciones se centran en la lucha contra el tráfico a pequeña escala, solo unos días después de que la Guardia Civil diera un duro golpe a una importante red que, supuestamente, movía importantes cantidades de cocaína, a gran escala, con conexiones en Paraguay, Arousa, Ordes, Gijón y Alicante. En esa denominada operación ??Alibavaria? se interceptaron unos 390 kilos de esta droga, ocultos en un contenedor.

Diario de Arousa