Multa de 540 euros y un año sin carnet para los jóvenes cazados a 177 por hora en Valga.

Una multa para cada uno de 540 euros a razón de 3 diarios durante seis meses y la imposibilidad de conducir durante un año. Esto es lo que aceptaron en un juicio rápido los dos jóvenes que fueron «cazados» por Tráfico en la madrugada del pasado domingo cuando circulaban a 177 kilómetros por hora en un tramo de la N-550 limitado a 70 en Valga. Christian P. P., de 21 años y vecino de este último municipio, y Alberto D.C., caldense de 25, aceptan así ser culpables de un delito contra la seguridad vial por exceder en más de 80 kilómetros por hora el límite establecido. El fiscal ya les advirtió de que «si vuelve a repetirse una situación semejante, la pena será siempre de cárcel».
Christian y Alberto conducían sus respectivos turismos, ambos de la misma marca y modelo (Seat León) cuando un radar sorprendió a dicho velocidad el turismo que guiaba el primero de ellos a la altura del kilómetro 90,200 de la N-550, en el lugar de Brollo. El segundo le seguía inmediatamente después y, tal y como se constato durante la vista que acogió ayer el Juzgado de Caldas, «muy pegado». Las sensaciones de los agentes de que ambos estaban en plena carrera ilegal cuando era casi la una y media de la madrugada y en una zona poblada no se pudieron constatar al ser el dato del cinemómetro el único aportable.
En un principio semejaba que ambos serían acusados de un delito de conducción temeraria, lo que habría desencadena en una mayor pena. «Como no se hizo un seguimiento de varios metros o kilómetros no se puede saber si iban adelantándose el uno al otro; solo que iban a esa velocidad y que iban muy pegados», puntualizaba el representante de la Fiscalía, Alejandro Pazos. Sin embargo, el elevado ritmo al que circulaban ambos vehículos resultó algo irrebatible, lo que llevó a ambos jóvenes, que negaron conocerse y por tanto haber tomado parte en algún tipo de competición ilícita o ´pique´ en la vía pública. Se limitaron a acatar lo que registró el radar y a aceptar las sanciones planteadas desde el ministerio público. «El cinemómetro tiene un margen de error del cinco por ciento; por lo tanto, como poco irían a 161 kilómetros por hora, lo que sigue estando más de 80 kilómetros por encima del límite», se subrayaba como argumentación para las propuestas sancionadas.
Los «cazados» conductores pudieron elegir entre una multa de nueve meses a razón de tres euros diarios o una pena de cárcel de seis meses. La aceptación supone la rebaja en un tercio de lo elegido y por ello ambos, que se decantaron por la opción económica, abonarán esos tres euros diarios pero durante únicamente medio año en vez de esas nueve mensualidades solicitadas en un primer momento. Además, en caso de que no hubiese habido conformidad, los imputados tendrían que someterse a un juicio penal.
«Si se paga la multa y se cumple sin problema el año de privación para conducir, esto puede ser un borrón», explicaba ayer el fiscal. De todos modos, advirtió de que «si se repite» una situación análoga, «la pena será de cárcel y no creo que a ellos les haga mucha gracia». Y es que recordó que ambos carecían de antecedentes penales y que ingresar en prisión «a estas edades es un poco triste».
Ambos jóvenes estuvieron en las instalaciones judiciales caldenses durante toda la mañana. Christian únicamente se sometió a una vista oral rápida, pero Alberto tuvo que afrontar otro en el que se juzgaba un segundo delito, el de circular sin la pertinente autorización. ?ste carecía de permiso al serle detraídos ya todos los puntos. La infracción se salda con una pena de 32 días de trabajos en beneficio de la comunidad, tal y como aceptó este varón caldense. Además, el hecho de carecer en la actualidad de licencia, implica que en el juicio común con el otro imputado la pena de privación de la conducción se traduzca en su caso en la imposibilidad de obtener de nuevo la licencia hasta que pase un año.
Por otro lado, desde la Fiscalía se insistió en la razón por la cual se desistió de acusar a los dos hombre de un delito de conducción temeraria. Alejandro Pazos explicó que fueron ellos mismos los que arriesgaron a perder la vida y tampoco se constató que estuviesen bajo los efectos del alcohol. «No hay suficiente prueba de conducción temeraria porque el peligro no está acreditado por parte de terceros; los que se han puesto en peligro son ellos», relató. Tras ello puntualizo que «en el atestado no consta que circulase nadie cerca ni hubiese peatones cerca, pero de haberlo sí pudiese haber habido una conducción temeraria». De todos modos, detalló que ambos coches iban tan próximos uno del otro que el radar solo capturó el exceso de velocidad del primero.

«Iba para casa», dice el condenado que ya no tenía carné
Los dos automovilistas sancionados estuvieron varias horas en el interior de los juzgados de Caldas. Ambos trataron de cubrirse a la salida del edificio para que sus rostros no fuesen recogidos por las cámaras ni quisieron realizar declaraciones públicas. Sin embargo, a lo largo del tiempo que permanecieron en los pasillos sí se les pudo escuchar referirse a los hechos sancionados. «Yo iba para casa», decía Alberto D. S. a unos conocidos que también se encontraban en las mismas dependencias.
El mayor de los sancionados, que carecía totalmente de puntos en el permiso de conducción, también negaba que ambos se conociesen con anterioridad y por tanto descartaba implícitamente que el tipo de conducción que ambos practicaban (más de 100 kilómetros por hora por encima del límite establecido y sin guardar ningún tipo de distancia de seguridad) tuviese que ver con algún tipo de apuesta o competición ilegal. «No sé, será», decía al ser preguntado por si el otro joven que esperaba en los pasillos era Christian P. P.. Cada uno de los jóvenes fue representado por una abogada.

FARO DE VIGO, 07/03/12

Multa de 540 euros y un año sin carnet para los jóvenes cazados a 177 por hora en Valga.

Alberto D.C., que además carecía de puntos del permiso, cumplirá 32 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

El caldense Alberto D.C. y el valgués Cristian P.P. deberán afrontar una multa de unos 540 euros y pasarán un año sin carnet de conducir tras ser cazados por la Guardia Civil cuando circulaban a 177 kilómetros por hora por una zona de la carretera N-550 limitada a 70 en el lugar de Bronllo (Valga). Los jóvenes se sometieron ayer a juicio rápido en el Juzgado número 1 de Caldas, en cuyas dependencias permanecieron durante más de cinco horas. Ambos se conformaron con las penas solicitadas por el fiscal Alejandro Pazos, que los acusó de un delito contra la seguridad vial por conducir en vías públicas a una velocidad superior en 80 kilómetros por hora en tramos interurbanos. Así, les planteó la posibilidad de elegir entre 4 meses y quince días de prisión o nueve meses de multa a razón de tres euros diarios. Los imputados se conformaron con esta última alternativa, logrando además, una reducción de un tercio en la condena, lo que representa que únicamente pagarán una multa de seis meses con una cuota de tres euros al día. Además, se les retira durante un año el permiso de conducir. En el caso de Alberto D.C., vecino de Carracedo, la condena es la prohibición de sacar el permiso durante doce meses, ya que cuando fue detectado por la Guardia Civil ya había agotado todos los puntos de su carnet. Esto conllevó que ayer se sometiese a un segundo juicio rápido por el que fue condenado a 32 días de trabajos en beneficio de la comunidad.
Ambos reconocieron que circulaban con exceso de velocidad pero negaron que fuesen compitiendo al volante, como en un primer momento creyó la Guardia Civil de Tráfico. El fiscal explicó ayer que no hay pruebas que corroboren este extremo. ??Es complicado acreditar que fuese una carrera porque no se les hizo un seguimiento durante kilómetros?, sino que sólo se les pilló en ese punto concreto, el kilómetro 90,2 de la N-550, circulando a gran velocidad y uno pegado justo detrás del otro, ??sin respetar la distancia de seguridad?. El radar que Tráfico tenía ubicado en la zona como parte de un control rutinario saltó al paso del primer vehículo ­eran dos Seat León­ marcando una velocidad de 177 kilómetros hora. Por contra no existe fotografía del segundo vehículo (el de Alberto D.C.) ya que ??el flash no saltó porque iban prácticamente pegados y necesita un tiempo para reacción? antes de volver a funcionar. Aún sin la prueba del cinenómetro, el acusado no negó las acusaciones porque ??es consciente de que los agentes lo vieron perfectamente y, de hecho, lo interceptaron poco después?, manifestó el fiscal.

El representante del Ministerio Público explica también porqué no se les acusó de conducción temeraria, como todo hacía prever en un primer momento. Este delito requiere que se ponga en peligro la vida de terceros, cosa que no ocurrió en este caso. ??Se pusieron en peligro a sí mismos?, pero dada la hora (la 1:20 de la madrugada del domingo) no había peatones por la zona ni ningún otro vehículo circulaba por ese punto de la N-550.

DIARIO DE AROUSA, 07/03/12

Policía y Guardia Civil no han logrado determinar aún si Pelopincho y su socio están vivos o muertos.

Las detenciones en relación con la desaparición del narcotraficante riveirense José Antonio Pouso Rivas (??Pelopincho?) y su socio José Bernardo Villaverde Amil se elevan a cuatro. Tres hombres y una mujer fueron arrestados en los últimos días en el marco de la ??Operación Missing?, en la que se investiga la extraña desaparición de ??Pelopincho? y su compinche. Pasaron a disposición judicial en Cambados, si bien se negaron a declarar. Según los investigadores, los cuatro habrían participado ??directamente? en la detención ilegal de ambos narcos, aunque las consecuencias del presunto secuestro todavía no están claras. Al no haber aparecido los cadáveres, la Policía y la Guardia Civil no han logrado aclarar por el momento si están vivos o muertos. Todo apunta a esto último, ya que podrían haber sido víctimas de un ajuste de cuentas tras una descarga fallida de hachís ocurrida en noviembre de 2010, el mismo mes en el que se produjo la desaparición de Pouso Rivas y de Villaverde Amil.
Los arrestados son viejos conocidos en el mundo de las drogas en la comarca de Arousa. Se trata del cambadés Manuel Sineiro Fernández, ??Machucho?; Fernando Suárez Suárez, ??El Pirata?; y José Luis Fabeiro Roma, estos dos últimos de Vilanova. A ellos tres se añade una mujer también de la comarca. En el juzgado los esperaban dispuestos a mostrarles unas conversaciones telefónicas que les fueron interceptadas, pero finalmente no las escucharon al acogerse a su derecho de no declarar. Quedaron en libertad con cargos, si bien ??El Pirata? regresó a la prisión de A Lama, donde está cumpliendo condena por una causa anterior.

En la ??Operación Missing? trabajan de forma coordinada agentes del Cuerpo Nacional de Policía pertenecientes a la UDEV, efectivos de Greco-Galicia y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de A Coruña. La investigación la dirige el Juzgado de Instrucción número 1 de Cambados bajo la supervisión del fiscal especial antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte. Por el momento, los investigadores señalan a los cuatro arousanos arrestados como participantes ??directos? en la detención ilegal de ??Pelopincho? y Villaverde Amil puesto que fueron, al parecer, los últimos que los vieron con vida antes de esfumarse sin dejar rastro. Con todo, ??no se ha podido averiguar el destino de los dos desaparecidos?, señalan fuentes policiales.

José Antonio Pouso Rivas, cabecilla de la mayor red de blanqueo desarticulada en Galicia, y José Bernardo Villaverde Amil, pontevedrés con antecedentes por tráfico de hachís, desaparecieron en las mismas fechas, noviembre de 2010. El primero en Padrón, donde residía con su última amante tras quedar en libertad provisional. Su vehículo apareció calcinado en un descampado del municipio de Brión. La pista de Villaverde Amil se perdió en Pontevedra en el entorno del 19 de noviembre de 2010, día en el que su mujer denunció que dos individuos lo habían secuestrado llevándoselo en un coche que también se encontró quemado. Lo acontecido a partir de entonces es una incógnita y, mientras unos se inclinan por la hipótesis de su asesinato, otros no descartan que todo se haya tratado de una estratagema de ??Pelopincho? para librarse de la condena por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

DIARIO DE AROUSA, 07/03/12

Cazados en un pique a 177 kilómetros por hora en una carretera con límite de 70.

Uno de los jóvenes implicados en la carrera, en Valga, carecía de permiso al haber perdido todos sus puntos.

Valga es un sitio tranquilo, de hábitat rural y violentado únicamente por dos carreteras de tráfico intenso, la N-550 hacia Pontevedra, y la PO-548 hacia Vilagarcía. Sin embargo, el silencio del que disfrutaban los vecinos del lugar de Cordeiro durante la madrugada del domingo se vio interrumpido por dos jóvenes que decidieron jugarse la vida en una carrera sobre el asfalto. Su aventura terminó ante una patrulla de la Guardia Civil, y los llevará mañana ante el Juzgado número 1 de Caldas.

Según el instituto armado, era la una y veinte de la madrugada cuando fueron detectados dos Seat León circulando en clara competición. Uno de ellos fue fotografiado por el coche radar de Tráfico a 177 kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima permitida en la vía es de 70, puesto que se trata de un lugar con viviendas a ambos lados y cruces secundarios.

El conductor del turismo que circulaba a esa velocidad tiene 21 años, es vecino de Valga y sus iniciales son C.?P.?P. Se le imputan dos delitos contra la seguridad vial, uno por exceso de velocidad y otro por conducción temeraria. El chófer del otro coche, que circulaba, según la Guardia Civil, igual de rápido que el primero, pero que no fue captado por el radar, es A.?D.?C., de 25 años y vecino de Caldas. Este carecía de permiso al haber perdido todos sus puntos con anterioridad. Fue imputado por conducción temeraria y por pilotar sin carné.

A cada uno de los conductores se le imputan dos delitos contra la seguridad vial.

LA VOZ DE GALICIA, 05/03/12

El juzgado multa a Angueira con 1.200 euros por no derribar una casa en Cesures.

El alcalde ha recurrido y afirma que la sanción data de la etapa de Maribel Castro

El alcalde de Pontecesures, Luis Álvarez Angueira, se enfrenta a una multa de 1.200 euros por no cumplir la orden de derribo que pesa sobre una vivienda situada en el lugar de O Rial. Han pasado seis meses desde que expiró el plazo que dio el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra para ejecutar la sentencia y, como el Concello no ha intervenido aún, la jueza ha impuesto una multa al regidor. Álvarez Angueira informó que ya ha recurrido y aseguró que esta sanción ya se había impuesto siendo alcaldesa Maribel Castro. El caso es que no fue hasta el lunes por la noche cuando trascendió públicamente su existencia, a instancias de una pregunta de la ex alcaldesa durante el pleno ordinario.
Angueira evitó ayer hacer valoraciones respecto a este caso alegando que se trata de un tema «moi desagradable porque afecta a unha familia», indicó. «Estamos intentando legalizar a súa situación» añadió.
El nacionalista todavía no está en un caso tan apurado como el alcalde de A Guarda, José Manuel Domínguez Freitas, que se enfrenta al embargo de su nómina por no haber ejecutado el derribo de una casa. De momento, al regidor cesureño le queda la vía del recurso pero, aun en el caso de que se tenga en cuenta su apelación, cada mes que pase sin cumplir la sentencia podría acarrearle nuevas multas y derivar en responsabilidades penales.
«Este é un tema moi desagradable porque afecta a unha familia»
Luis Álvarez Angueira

LA VOZ DE GALICIA, 30/11/11

El juzgado multa al alcalde con 1.200 euros por incumplir el derribo de la casa de O Rial.

M. ANGUEIRA > PONTECESURES El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra notificó la semana pasada al alcalde de Pontecesures, Luis Álvarez Angueira, la interposición de una multa personal de 1.200 euros por incumplir la orden de derribo que pesa sobre la vivienda situada en el número 5 de O Rial, cuyo expediente de legalización está resultado ser un camino lleno de escollos. El propio regidor confirmó la sanción en el Pleno del lunes, tras una pregunta de la concejala independiente Maribel Castro, que se interesó por los trámites para la legalización del inmueble. Angueira ha recurrido la multa, entendiendo entre otras cosas que no debería recaer sobre él ya que nunca antes fue notificado con anterioridad sobre la obligación de acometer la demolición. Las anteriores resoluciones judiciales las recibió el Concello cuando todavía era alcaldesa la propia Maribel Castro. El auto judicial da de plazo hasta el 24 de diciembre para llevar a cabo el derribo, ya que de lo contrario se interpondrá una nueva multa. A la tercera, el regido podría ser imputado por un delito de desobediencia.
Álvarez Angueira indica que ??estamos intentando buscar solucións para legalizar la casa?, cuya licencia fue anulada por los tribunales a raíz de la denuncia interpuesta por un vecino. El principal escollo para poder dar una nueva licencia que legalice el inmueble es que la parcela en la que se ubica no cuenta con los metros mínimos de frente que establece el PXOM, que son doce. El alcalde insiste en que ??estamos poñendo todo o empeño para resolver este tema?, sobre el que trabajan los técnicos municipales en busca de una alternativa que permita al Ejecutivo otorgar licencia ??sen que haxa ningún tipo de dúbida?, explica Angueira, que añade que ??ogallá sexa posible legalizar? la construcción y, si no es así, ??haberá que acatar o mandato do xuiz?. Para el primer edil este ??non é un tema agradable?, si bien explica que la solución no está en su mano sino en la de los técnicos, ??que son os que teñen que buscar unha solución coas partes afectadas?, concluye.

DIARIO DE AROUSA, 30/11/11