Absuelven a los trabajadores de la basura de Padrón.

La jueza no considera probado que cometieran una falta de coacciones

La magistrada-juez del Juzgado número dos de Padrón, María Salomé Martínez Bouzas, ha absuelto a nueve trabajadores del servicio de recogida y transporte de basura del Concello que fueron denunciados por el anterior gobierno local por los hechos ocurridos el 15 de octubre de 2010, en plena huelga. Los empleados, tres de los que ya no pertenecen al servicio, se personaron ese día en la plaza de Macías cuando operarios del Concello procedían a retirar, por orden del alcalde, la basura depositada en el suelo en el callejón de Castro.
La jueza da por probado que se produjo un «enfrentamiento» entre los huelguistas denunciados y los denunciantes, Camilo Forján y Eloy Rodríguez que entonces ostentaban los cargos de alcalde y teniente de alcalde, respectivamente. No obstante, considera que para haber una falta de coacciones, como la que le imputaban los denunciantes, sería necesario que se «haya impedido con violencia hacer lo que la ley no prohíbe».
Los exgobernantes acusaban a los trabajadores de impedir que el Concello retirara la basura mientras que la defensa de los huelguistas, ejercida por UGT, aseguró que lo único que pretendían es informar a los políticos de que estaban vulnerando su derecho a la huelga.
A la jueza le parece, «como poco, llamativo», que ni denunciantes ni denunciados aportaran la grabación de los numerosos medios de comunicación presentes ese día o el testimonio de algún testigo no vinculado directamente con las partes para «esclarecer los hechos». Para la magistrada, pese a las «numerosas contradicciones» en las que incurrieron los trabajadores denunciados, «no resulta acreditado que estos se colocaran delante del tractor para impedir su marcha», en alusión a evitar que el Concello se llevara la basura.
La titular del Juzgado número dos de Padrón sí condena al padre de uno de los trabajadores por una falta de maltrato, a una pena de quince días de multa con una cuota diaria de seis euros. Para la jueza, es un hecho probado que esta persona se encaró con el exteniente de alcalde, «agarrándolo con ambas manos por el pecho y forcejeando». La sentencia fue hecha pública ayer por el sindicato UGT, que aseguró que la absolución evidencia que lo único que pretendía el gobierno era «humillar e arrodillar» a los trabajadores.

LA VOZ DE GALICIA, 20/07/11

Angueira y Seage se verán mañana las caras en el Juzgado de Paz de Cesures.

El alcalde (de pie) y Seage (derecha) están enfrentados por unas declaraciones del 10 de junio.

El alcalde se querellará por injurias contra el portavoz del PP si este no acepta retractarse y abonarle 10.000 euros en el acto de conciliación

La primera consecuencia política tras la formación del tripartito entre BNG, PSOE y Terra Galega al frente del Concello de Pontecesures más allá de la constitución de un gobierno local asentado sobre una mayoría absoluta fue la apertura de una guerra abierta entre el alcalde y el portavoz de la oposición. El nacionalista Manuel Luis Álvarez Angueira presentaba el pasado 22 de junio una demanda ante el Juzgado de Paz de Cesures contra el líder municipal del Partido Popular, Juan Manuel Vidal Seage, a raíz de unas declaraciones públicas que este último había realizado el 10 de junio, víspera del pleno de investidura del regidor cesureño y que Angueira estimó un atentado contra su honor e imagen. El Juzgado de Paz de la localidad del Baixo Ulla ha citado a ambos políticos mañana a las diez de la mañana en sus dependencias en el consistorio cesureño a un acto de conciliación con el que se intentará evitar la judicialización del conflicto.
Angueira reclama a Seage que se retracte de unas declaraciones en las este último lamentaba que Ángel Souto, concejal de Terra Galega, «non teña escrúpulos á hora de pór como alcalde a quen cre que meteu a man nas arcas municipais», acusando al hoy regidor «de comprar con cartos de todos máis de 6.844 litros de gasoil que, en principio, non eran para os vehículos municipais». Asunto el del gasoil que se está dirimiendo a nivel judicial.
El alcalde reiteró ayer que de no obtener una retractación pública de Seage y una indemnización de 10.000 euros «polos danos e prexuízos sufridos, mesmo o dano moral, presentarei unha querela criminal» por injurias y calumnias. Por su parte, Seage declinó ayer hacer declaraciones hasta el acto de conciliación.

LA VOZ DE GALICIA, 19/07/11

Un vecino de Padrón, denunciado por hablar en el pleno de la basura.

Su intervención en el pleno le valió a Lapido una denuncia.

Entre las denuncias derivadas de la huelga de basura de Padrón contra trabajadores del servicio y sindicalistas hay una que afecta también a un vecino de la villa, Xosé García Lapido. Este exconcejal del BNG está citado por el Juzgado de Padrón a un juicio de faltas por una supuesta perturbación del orden público, en el pleno del Concello del 3 de mayo. Ese día, la corporación debatía por primera vez la aprobación de la intervención del servicio, en una sesión que llegó a suspenderse dos veces debido a los comentarios del público. La policía local presentó una denuncia y el pasado 20 de junio Xosé García Lapido recibió una comunicación de la Subdelegación del Gobierno en a Coruña, que le abrió un expediente sancionador por una supuesta infracción leve por desórdenes, castigada con hasta 200 euros de multa.
García Lapido recurrió la sanción el pasado 6 de julio. En el escrito, reconoce que habló durante la celebración del pleno pero que, en ningún momento, pronunció la expresión malsonante que figura en la denuncia contra él. Añade en el recurso que la Policía Local «non fai a denuncia de oficio senón que foi por requerimento» del entonces alcalde de Padrón. Por todo ello, el exconcejal nacionalista considera que se trata de una denuncia «política e tendenciosa» y que le recuerda a «épocas pasadas non desexables». García Lapido asegura que «foron a por min e utilizaron a Policía Local para denunciarme».

LA VOZ DE GALICIA, 15/07/11

El juzgado desestima la querella por injurias que Maribel Castro interpuso contra el BNG.

El Juzgado de Instrucción de Caldas de Reis desestimó la querella criminal por injurias y calumnias que la exalcaldesa de Pontecesures, Maribel Castro, interpuso a finales del año 2010 contra los entonces concejales del BNG Luis Álvarez Angueira ­actual regidor del municipio­, Cecilia Tarela, Margarita García y Arturo Ferro. La querella también se dirigía a José Antonio Baliñas, que en ese momento ya se había desvinculado del grupo municipal del BNG, pero que era edil nacionalista cuando se produjeron los hechos denunciados, en mayo de 2010.
En aquel mes el Bloque divulgó en entre los cesureños un boletín en el que acusaba a Maribel Castro de haber acometido obras en su vivienda utilizando fondos públicos. Se referían los nacionalistas a la primera fase del proyecto de mejora del regato da Chancela, que incluyó la construcción de varios contrafuertes en la parte trasera de varias viviendas, entre ellas la de la exregidora, que por aquel entonces consideró ??intolerables? las acusaciones del BNG y decidió adoptar medidas judiciales. Se celebró primero un acto de conciliación en el Juzgado de Paz de Pontecesures que concluyó con fracaso al no retractarse los ediles del Bloque de sus afirmaciones sino todo lo contrario, volvieron a reiterar, a través de su abogado, que se habían utilizado fondos públicos para ??arranxar unha casa particular e sacar beneficio persoal?. Fue por ello, que Castro Barreira optó por presentar una querella en el Juzgado de Caldas en la que reclamaba la declaración como imputados de Angueira, Cecilia Tarela, Arturo Ferro, José Antonio Baliñas y Margarita García. Alegaba la exalcaldesa que la obra referida fue proyectada, ejecutada y financiada por la Consellería de Medio Rural y que los trabajos no excedieron en ningún caso la zona de dominio público hidráulico.

Esta querella fue, según informó ayer el BNG cesureño, fue desestimada por el Juzgado de Instrucción de Caldas y devuelta al Juzgado de Paz de Pontecesures. No conforme con la resolución judicial, Maribel Castro presentó un recurso, pero el juzgado caldense volvió a rechazarlo de manera que ??este caso foi arquivado?, aseguran los nacionalistas que, una vez más, insisten en ratificar las acusaciones hacia la exregidora en relación a las obras del regato da Chancela. ??Seguimos pensando o mesmo que no seu día manifestamos naquel boletín tan polémico?, afirman, al tiempo que consideran que un nuevo recurso por parte de Maribel Castro no sería más que ??unha perda de tempo?. En este sentido, los cinco concejales denunciados ­cuatro de ellos, a excepción de José Antonio Baliñas, forman hoy parte del grupo de gobierno cesureño en coalición con el PSOE y Terra Galega­, esperan que a Castro ??lle entre a cordura e non recurra máis, xa que sería unha perda de tempo para a xustiza?.

DIARIO DE AROUSA, 08/07/11

Archivan la querella de la ex alcaldesa de Cesures contra los ediles del BNG.

Los nacionalistas acusaban en un boletín a Maribel Castro de haber empleado dinero público en arreglar su vivienda

Por segunda vez, la actuación judicial emprendida por la ex alcaldesa de Pontecesures, Maribel Castro, contra los integrantes del grupo municipal del BNG en el anterior mandato ha sido desestimada. Así lo anunció ayer el nuevo regidor cesureño, el nacionalista Luís Álvarez Angueira, tras recibir una notificación del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Caldas. El origen del conflicto se sitúa en un boletín publicado por el Bloque, en el que los ediles, entonces cinco, apuntaban que «a rexedora arranxara a súa vivenda con cartos públicos».
Tras conocer esta acusación, Castro decidió presentar una querella criminal contra los concejales nacionalistas, a los que ella misma había desbancado del gobierno municipal tras cerrar un acuerdo con el Partido Popular y el grupo de Luís Sabariz, quien concurrió a las elecciones del 2007 como candidato del PSOE. En opinión de la política independiente, lo que los integrantes del BNG planteaban en su publicación constituía un ejercicio de injurias y calumnias en su contra. Sin embargo, el juzgado caldense desestimó sus razones, remitiéndolas al juzgado de paz de Pontecesures. La entonces alcaldesa discrepó de esta determinación e interpuso el recurso que ahora acaba de ser archivado.
«Desexamos que a ela lle entre a cordura e queremos deixar claro que os cinco concelleiros daqueles días seguimos pensando o mesmo que manifestamos con aquel boletín», sostienen en un escrito Angueira, Antonio Baliñas, Margarita García, Cecilia Tarela y Arturo Ferro.

LA VOZ DE GALICIA, 08/07/11

El fiscal pide penas de 4 a 6 años para las mujeres de ??Pelopincho? y sus colaboradores de confianza.

Natividad Laborde, mujer de Franco Argibay, a la que la Fiscalía retiró la acusación. efe
En la Audiencia Provincial de Pontevedra se celebró ayer la última sesión del juicio oral derivado de la ??Operación Cormorán?, que desarticuló, entre los años 2004 y 2005, una de las mayores redes de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, una trama que tenía como cabecillas al riveirense José Antonio Pouso Rivas ??Pelopincho? ­sobre el que la Fiscalía considera que acumuló un patrimonio de unos quince millones de euros a través del tráfico de drogas­ y al abogado pontevedrés Manuel Franco Argibay, quien asesoraba a Pouso Rivas para la ocultación de sus bienes. El juicio, que ha quedado visto para sentencia, se celebró con la ausencia de ambos, que se encuentran fugados de la justicia.
En la última sesión de la vista oral, el fiscal, Augusto Santaló, retiró los cargos que inicialmente había presentado contra la mujer de Franco Argibay, Natividad Laborde, y una administrativa de la empresa de inversiones Arte y Natureleza. De esta manera, ambas quedarán absueltas. Hay que recordar que, en las primeras jornadas del juicio, hasta 24 de los imputados se declararon culpables y alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía, de manera que consiguieron eludir la cárcel, al fijárseles una condena de solo seis meses de prisión y el pago de multas de entre 45.000 y 800.000 euros. Otra de las acusadas, la madre de ??Pelopincho?, falleció durante la instrucción del caso y otra solamente estaba imputada por vía civil.

Así, de los treinta y seis acusados iniciales tan solo están pendientes de que el tribunal fije la condena seis. Para ellos la Fiscalía solicitó penas de entre cuatro y seis años de cárcel, recayendo las mayores peticiones de condena en las amantes de ??Pelopincho? y en sus colaboradores de confianza. El fiscal sostiene que Teresinha de Jesús y Lidia Niede son las principales testaferros de ??Pelopincho?, aglutinando hasta el 90% del capital intervenido en la ??Operación Cormorán?. Su patrimonio alcanza los doce millones de euros, si bien ambas justificaron durante el juicio que su fortuna proviene del ejercicio de la prostitución, una versión que la Fiscalía rechaza.

También pide condena el fiscal para Antonio Gómez Eiras ??Tucho?, albañil de Cordeiro (Valga) que trabajaba y facturaba para ??Pelopincho?, al que construía los zulos en los que posteriormente escondía el dinero, joyas y otros artículos de gran valor. Sobre Benito Suárez, entiende el Ministerio Público que era el hombre de confianza de Pouso Rivas, mientras que también se mantienen las acusaciones de blanqueo de capital contra la mujer de este último y una hija de ??Pelopincho?, Vanesa Pouso Cacabelos, que también recurrió durante este juicio al argumento de la prostitución. Concretamente llegó a declarar que su dinero lo había ganado como ??chica de compañía?.

Además de las penas de entre cuatro y seis años de cárcel solicitadas para estos seis acusados, la Fiscalía también reclama sanciones económicas millonarias y el comiso de todos los bienes que les fueron intervenidos a raíz de la ??Operación Cormorán?, que se desarrolló en dos fases y estuvo dirigida por el Juzgado de Instrucción número dos de Caldas de Reis. Precisamente hacia este juzgado tuvo palabras de reconocimiento tras el juicio el fiscal Augusto Santaló, quien alabó el ??excelente trabajo? que llevó a cabo en la fase de diligencias.

diario de arousa, 07/07/11