Un cargo copado por los hombres en el que se gana de 100 a 300 euros al mes.

La mayoría de los jueces de paz lo son por devoción porque las retribuciones que perciben no son para echar cohetes. Varían en función de la entidad poblacional del municipio. Así por ejemplo, en los de menos de 5.000 habitantes, como Catoira, rondan los cien euros al mes; en los de más de 5.000, como Meis, unos doscientos euros; y en los de más de 7.000 habitantes, como puede ser Vilanova, las retribuciones no llegan a los trescientos euros.
Los jueces de paz suelen ser vecinos del municipio y casi siempre hombres. En Arousa son siete de diez y la mayoría repiten en el cargo. En algunas ocasiones hasta por quinta vez, pues acumulan más de 20 años en ejercicio, como es el caso de Vilanova.
En cuanto a su grado de formación, varía mucho. La jueza de Meis, por ejemplo, estudió Derecho y el de Catoira llegó a tercero de carrera, pero otros son legos en la materia. En todo caso, todos están asesorados por el personal del juzgado que vela por que se cumplan los procedimientos según la legalidad vigente.

Atención al público
Los horarios de atención al público también varían en función de la entidad del juzgado. Los pequeños, que dependen de los ayuntamientos tienen horarios más restringidos. En Catoira, por ejemplo, el juez solo atiende al público tres horas a la semana, de 10.30 a 12.00 horas, los martes y jueves; en Ribadumia, de 9.00 a 11.00 horas, de lunes a viernes; y en Meis cierran la puerta a las 12.30 horas. Los juzgados dependientes de la Administración de Justicia, como O Grove, Vilanova, Valga, Pontecesures y Meaño, están abiertos toda la mañana.
También hay disparidad en el perfil de los trabajadores de los juzgados. Los hay funcionarios dependientes de la Administración de Justicia y los hay que no tienen este rango y forman parte de las plantillas de los ayuntamientos.
En Vilanova por ejemplo hay cuatro funcionarios de plantilla aunque, actualmente, hay una plaza sin cubrir. Allí han perdido población tras la segregación de A Illa mientras que en Pontecesures atienden a más gente de la que figura en el censo por ser este un concello con mucha población flotante dado su carácter de ciudad dormitorio.

LA VOZ DE GALICIA, 20/03/11

La mujer que denunció al marido por no quedar embarazada.

El trabajo en los juzgados de paz está lleno de rutina: registrar nacimientos y defunciones, realizar notificaciones, tramitar exhortos del juzgado y, en casos más contados, la celebración de actos de conciliación y juicios de faltas. Pero los juzgados no están exentos de un nutrido anecdotario. En Pontecesures, por ejemplo, se dieron hace muchos años dos casos de esos que no dejan de sorprender. El de un hombre que fue a registrar a su hijo y declaró que era de madre desconocida y el de una mujer que denunció a su marido porque no la dejaba embarazada. Hoy el matrimonio tiene varios hijos.
En una ocasión también acudió una mujer que estaba a punto de separarse de su marido y quiso cambiarle el apellido del hijo alegando que su esposo no era el padre. Este se negó y hubo que recurrir a la prueba de paternidad. Finalmente, el vástago cambió su apellido.

LA VOZ DE GALICIA, 20/03/11

La orden de derribo sobre una casa de Pontecesures se aplaza hasta mayo.

El derribo de una vivienda unifamiliar situada en el lugar de O Rial (Pontecesures) se aplazará, al menos, hasta finales de mayo. El Ayuntamiento cesureño, al que le corresponde realizar los trámites administrativos y la redacción del proyecto de demolición, no ha completado los trámites en plazo y el juzgado le ha concedido una prórroga para poder hacerlo.
Esto le da mayor margen de maniobra a la familia Carou-Eitor que desde hace meses se enfrenta a la situación de poder quedarse sin vivienda. La única manera de salvar su casa es legalizándola y esto pasa por conseguir darle a su propiedad 13 metros de fachada a la vía pública -actualmente solo tiene 8,25 metros-, tal y como exige el Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado en el 2003. La vivienda fue construida en el año 2000 con licencia otorgada por el Concello pero la entrada en vigor del PXOM la dejó fuera de ordenación.
La única manera de obtener los metros que le faltan es mediante la compra de terrenos lindantes, pero, hasta la fecha, no consiguieron llegar a acuerdo con ninguno de los posibles vendedores.

Recogida de firmas
No es la única vía que ha explorado este matrimonio cesureño. Hace semanas iniciaron una recogida de firmas por municipios de dentro y fuera de la comarca con el fin de ejercer una presión social que consiga evitar la demolición de su vivienda, ordenada en su día por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Llevan recogidas más de 4.000 signaturas y también acudieron al Valedor do Pobo, entre otras instancias.

LA VOZ DE GALICIA, 17/03/11

El Juzgado concede una prórroga de cuatro meses para la demolición de la casa de O Rial.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra ha concedido un nuevo plazo de cuatro meses para completar los trámites administrativos de cara a ejecutar la orden de derribo que pesa sobre la vivienda situada en el número 5 del lugar de O Rial y que fue dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Inicialmente, el TSXG había fijado como fecha límite para la demolición el día 31 de enero, un plazo que no se cumplió puesto que el Concello solicitó una prórroga para poder tramitar el proyecto, que fue encargado al Colegio de Arquitectos con un coste de unos tres mil euros.
La concesión de este nuevo plazo por parte del Juzgado de lo Contencioso no sólo amplía el margen para concluir los trámites, sino que también otorga un nuevo período para que la familia propietaria de la vivienda ­el matrimonio formado por Gerardo José Carou e Isabel Eitor, que habitan en la casa unifamiliar junto a su hijo Lucas­ pueda buscar una solución a la situación de ilegalidad del inmueble. La alternativa más factible es conseguir que alguna de las personas que tienen propiedades en las inmediaciones les vendan una franja de terreno para cumplir con la normativa urbanística vigente, que exige 12 metros de frente a terreno público. Son poco más de tres metros los que necesitan estos cesureños, si bien hasta el momento todos los intentos por adquirirlos han sido en vano.

Esto ha hecho que la situación de la familia sea de desesperación. Tal es así que a comienzos del mes de febrero pusieron en marcha una campaña de recogida de firmas con el objetivo de hacer presión social y que esto ayude a que no se ejecute la orden de demolición. Las rúbricas se recogen en la comarca del Ulla-Umia, en otros municipios próximos como Padrón o Rois e incluso en la Costa da Morte o en la zona de O Barbanza. Gerardo Carou confirmaba ayer que el número de firmas que han conseguido hasta el momento superan las 5.000, por lo que la implicación social con su problemática está siendo muy elevada.

La campaña no cesará a pesar de que la concesión por parte del juzgado de un nuevo plazo, que concluye a finales de mayo, abre una pequeña puerta a la esperanza. Y es que, cuanto más se demore la demolición más tiempo tienen para intentar la legalización de la vivienda. Si en estos cuatro meses de margen que ha dado el Juzgado entra por registro en el Concello una solicitud de legalización conforme al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), el derribo podría quedar sin ejecutar. De lo contrario, el Concello estará obligado a cumplir la orden del TSXG ya que, de no hacerlo, se impondrían a la alcaldesa multas periódicas que debería abonar personalmente y, en ningún caso, con dinero público.

Gerardo José Carou culpabiliza al Ayuntamiento de la situación en la que se encuentra su familia. La licencia concedida por el Concello en el año 2000 fue anulada por los tribunales tras la denuncia de un vecino. Posteriormente, en 2003, se aprobó el Plan Xeral ??e non tiveron en conta que a nosa casa xa estaba feita. Deixáronnos fóra de ordenación?. Incide, además, en que ??todos os que construiron arredor nosa están ilegais e ninguén fai nada?.

DIARIO DE AROUSA, 15/03/11

El juzgado condena al Concello valgués por comprar terrenos a un hombre incapacitado.

Los terrenos cuya compraventa ha sido anulada están situados al lado de una rotonda.

La parcela objeto de litigio está en Coto y se utilizó para obras de seguridad vial

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha declarado «nulo» el contrato privado de compraventa de una parcela situada en el lugar de Coto, formalizado entre un vecino de Valga y el Concello. El motivo es que el propietario firmó el documento sin tener bien sus facultades mentales y, en consecuencia, el Concello ha sido condenado a pagar a la familia la cantidad de 5.043 euros ya que resulta imposible restituir el bien a sus propietarios. El terreno en cuestión está al lado de una rotonda construida dentro del proyecto de seguridad vial de los pasos a nivel existentes en el municipio.
La hija del propietario, Elena López Iglesias, denunció al Concello por estos hechos pero sus demandas fueron desestimadas en primera instancia en el juzgado de Caldas. Tras la presentación de un recurso, el caso se trasladó a la Audiencia de Pontevedra que revocó la sentencia anterior y estimó parcialmente los planteamientos de los demandantes.
La parcela objeto del litigio mide 114 metros cuadrados y fue adquirida por el Concello el 19 de febrero del 2009 por valor de 783 euros, a razón de seis euros metro cuadrado y 18 euros la unidad de árbol maderable. El documento aparece firmado por el alcalde y el propietario, que lo hace con una huella dactilar en vez de con la firma manuscrita.
Su hija -el hombre ya falleció- asegura que su padre sabía escribir y que en el momento de la compraventa ya estaba en trámite un expediente de incapacidad.
El tribunal acepta este extremo pues, aunque la sentencia en primera instancia no considera probada la situación de incapacidad, el informe forense acredita que el sujeto «sufría un padecimiento incurable y progresivo y un delírium que determinaban su desorientación en el tiempo y el espacio, falta de memoria y déficit cognitivo». El informe forense también alude a que el hombre no conocía el dinero ni tampoco el nombre de sus hijos.
El Concello valgués ya ha pagado los cinco mil euros que establece la sentencia pero el enfrentamiento entre el Ayuntamiento y esta familia continúa por otros derroteros.

LA VOZ DE GALICIA, 14/03/11

«Un hombre normal y una familia normal»

El vecino de Catoira detenido por cuatro presuntos atracos es muy conocido en la localidad

El catoirense C.L.G., de 42 años, es muy conocido en la localidad vikinga. Sus vecinos lo definen como «un hombre normal, de una familia normal». No obstante, otros apuntan que «su afición a las tragaperras puede ser el detonante de los robos que comete». Se trata del presunto autor de los atracos cometidos en sucursales bancarias de Caleiro (Vilanova), A Pobra, Pontecesures y Valga, por lo que fue detenido el jueves. De clase media, trabajador durante mucho tiempo como comercial o vendedor, reside con sus padres, su mujer y sus dos hijos, de corta edad.

«Va y viene», decían ayer algunos vecinos de Catoira refiriéndose a las entradas y salidas de la cárcel de C.L.G., un hombre de 42 años con antecedentes delictivos por atracos a sucursales bancarias que cumplió su última pena en 2007, y que el jueves pasado volvió a ser detenido, esta vez por su presunta relación con asaltos cometidos en Caleiro (Vilanova), A Pobra, Pontecesures y Valga.
A los vecinos catoirenses consultados ayer no parece sorprenderles demasiado la detención practicada por la Guardia Civil, aunque también es cierto que apuntan que «se trata de un hombre muy conocido y totalmente normal, salvo por su afición al juego y esos atracos, en los que suele llevarse pequeñas cantidades de dinero».
«Parece que ya está libre de nuevo después de prestar declaración en el juzgado de Caldas», apuntaba ayer otro de los catoirenses consultados.
C.L.G. fue detenido por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil. «Entraba en las entidades bancarias en el momento de su apertura al público, camuflado con una peluca y portando bajo la cazadora un arma de fuego, y una vez dentro se dirigía al empleado de la sucursal y, tras intimidarlo con el arma que portaba, exigía que le entregara el dinero que hubiera en ese momento en caja, logrando apoderarse del dinero en efectivo y huyendo a pie», explica la Guardia Civil. Empleando ese modus operandi en los cuatro atracos consiguió un botín de unos 14.000 euros.

FARO DE VIGO, 27/02/11