La Audiencia realiza hoy el sorteo del que saldrán los 9 jurados del juicio del asesinato de Mari Luz Posse.

Los ciudadanos seleccionados deben determinar si el guardia civil es culpable o no de la muerte de María Luz Posse, y si existen suficientes pruebas contra él

La Audiencia Provincial de Pontevedra celebra esta mañana el sorteo para la designación de las personas que compondrán el Tribunal del Jurado encargado de dirimir si Jaime Maiz Sanmartín es culpable o no de la muerte de su ex pareja María Luz Posse. Todos los años pares, a mediados de septiembre, se realiza un sorteo entre todas las personas que están en el censo electoral, y se hacen unas primeras listas por provincias.
Posteriormente, cuando se va a iniciar un juicio, se hace un nuevo sorteo entre todos los individuos cuyo nombre aparece en aquella primera lista. En ese segundo sorteo ??como el de hoy en Pontevedra?? se seleccionan una treintena de nombres con un programa informático.
Estos candidatos deben contestar a un cuestionario escrito, y posteriormente se les cita a una reunión, en la que el magistrado y las partes implicadas en el juicio les hacen una serie de preguntas. Tras escuchar las respuestas, si entienden que una persona determinada no cumple con los requisitos necesarios para ser jurado solicitan su exclusión de la lista de candidatos. Finalmente, entre los que no hayan sido «cribados» se realiza un tercer sorteo, del que salen nueve personas y dos suplentes.
La legislación establece que puede ser citado a formar parte de un Tribunal del Jurado cualquier ciudadano español mayor de edad ??están eximidos quienes sobrepasen los 65 años o ya hayan sido jurado una vez en los últimos cuatro años??, que sepa leer y escribir y que esté en pleno uso de sus facultades.
La función de jurado está retribuida económicamente y el último día del juicio, en el que deben hacer público su veredicto, todos los integrantes deben permanecer incomunicados, hasta el extremo de que incluso se les retiran los teléfonos móviles. Para que el veredicto de un jurado popular sea condenatorio hacen falta siete votos; y para determinar que no existen pruebas suficientes del delito son necesarios cinco votos. Una vez conocido el veredicto del jurado popular, y si éste es condenatorio, es el magistrado profesional que establece la pena que corresponda al procesado.
La ley que regula la creación y funcionamiento de los Tribunales de Jurado es de 1995, aunque desarrolla una disposición ya prevista en la Constitución de 1978. El objetivo de esta medida es fomentar la participación ciudadana en la justicia, como valor democrático y de libertad. Asimismo, se prohíbe la designación como jurado de toda la Familia Real, de los altos cargos de los gobiernos central y autonómicos, o de los policías y guardias civiles.
Ocasionalmente, los tribunales ciudadanos se ven envueltos en la polémica. Uno de los casos más recientes y controvertidos de los últimos tiempos fue el del jurado que declaró la inocencia por asesinato de Jacobo Piñeiro Rial, un hombre juzgado en Vigo por la muerte a cuchilladas de una pareja de homosexuales que le habían invitado a su piso.
El jurado seleccionado a partir de hoy ??en principio, sus nueve integrantes en el juicio de junio saldrán de la treintena de nombres que esta mañana escoja al azar el ordenador?? será el encargado de dictaminar si Jaime Maiz es culpable o no de la muerte de María Luz Posse Fernández, y si existen pruebas suficientes para condenarle.
Maiz es el guardia civil que en diciembre de 2007 mató a su ex novia en el vestíbulo del cuartel de la Guardia Civil de Cambados. En la actualidad está en libertad provisional, y el juicio contra él es en Pontevedra a partir del 15 de junio.

FARO DE VIGO, 14/04/10

El juicio contre el guardia civil acusado del asesinato de la valguesa Mari Luz Posse es en junio.

Las vistas se han fijado para los días 15, 16 y 17, y hay una decena de personas llamadas a declarar en calidad de testigos

El juicio contra el guardia civil acusado de matar a su ex compañera sentimental María Luz Posse se celebrará en Pontevedra entre el 15 y el 17 de junio próximos. El agente, Jaime Maiz Sanmartín, está acusado de un presunto delito de asesinato, por el que podría ser condenado a veinte años de prisión. La acusación también reclama en torno a 150.000 euros en concepto de indemnizaciones para los familiares de la víctima.
Jaime Maiz está en libertad provisional desde el pasado 4 de febrero, cuando la Audiencia Provincial ordenó su excarcelación. Aquella fue una polémica decisión que según algunos se debió a un clamoroso error de la juez instructora de Cambados, mientras que para el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no existió tal, sino que se produjo una diferente interpretación legal de los plazos máximos de la prisión preventiva.
Finalmente, el tribunal estará compuesto por un jurado popular, y el juicio contra Maiz Sanmartín va a tener lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, empezando el martes, día 15.
Durante esa jornada, y las dos siguientes, pasarán ante el tribunal una decena de testigos, entre los que se encuentran médicos forenses, familiares de la víctima, guardias civiles y testigos presenciales del crimen.
Jaime Maiz se sentará en el banquillo de los acusados para responder tan sólo por la muerte de María Luz Posse, ya que finalmente el juzgado desestimó la petición de la Fiscalía y de la acusación particular, que querían que Maiz también fuese juzgado por los malos tratos que supuestamente infligió previamente a su ex pareja.
Por ello, es más que probable que después del juicio por asesinato la familia de la mujer fallecida denuncie al guardia civil por malos tratos, de modo que ??si dicha denuncia prospera?? Maiz sería juzgado por un segundo delito.

La Xunta no estará

Durante el juicio oral de mediados de junio, la acusación será ejercida por cuatro partes: el fiscal, en representación del Ministerio Público; los dos abogados que asisten a sendas ramas de la familia Posse; y el Abogado del Estado, cuya misión consiste en asegurarse el cobro de las indemnizaciones que Maiz deberá abonar a los familiares de la mujer asesinada, y que el Estado ya ha adelantado.
Así las cosas, al final la Xunta de Galicia no se presenta como acusación particular en el juicio, a pesar de que en su día la directora xeral de Igualdade se comprometió a estudiarlo.
Es también probable que la acusación solicite la imposición de algún tipo de responsabilidad a la Guardia Civil, ya que parece ser que el día del crimen no se respetó el protocolo sobre protección a las víctimas de violencia de género.
Según el relato de los hechos que hizo la Fiscalía, Maiz mató a María Luz Posse de un certero disparo en la cabeza en el vestíbulo del cuartel de la Guardia Civil de Cambados. La mujer había acudido a estas dependencias a poner una denuncia por acoso contra el agente ??que precisamente trabajaba allí??, y la familia lamenta que el guardia que estaba en la puerta en ese momento no evitase por todos los medios que el presunto agresor y su víctima se encontrasen, tal y como establece el protocolo en esos casos.
Uno de los abogados de la familia Posse, Laureano Barreiro, lamentó ayer la actitud de las autoridades judiciales, pues entiende que en estos casos tan sensibles y dolorosos la familia de la víctima debería ser la primera en enterarse de las novedades en el procedimiento, pero ayer por la tarde todavía no tenían confirmación alguna de las fechas del juicio.

FARO DE VIGO, 10/04/10

Medio siglo de espera para ser hija.

Una sentencia del juzgado número uno de Caldas de Reis considera a María José Cruces Lorenzo hija biológica de Juan Castaño, un empresario de Pontecesures

Más de medio siglo de vida ha tenido que esperar la periodista gallega María José Cruces Lorenzo para poder ser considerada públicamente la hija de Juan Castaño, un empresario de Pontecesures fallecido el pasado año 2007.
Una sentencia del juzgado número uno de Caldas de Reis, con fecha del 26 de octubre del 2009, le ha dado la razón a María José y la declara hija biológica de Juan Castaño, por lo que debió ser inscrita como tal en el Registro Civil del Concello.
La periodista, actualmente afincada en Madrid, nació en Pontecesures en 1956, fruto de una relación extramatrimonial del empresario cesureño con Mercedes Cruces. Juan Castaño no se hizo cargo de su hija y rehízo su vida cuando esta había cumplido los diez años, momento en el que Mercedes perdió la esperanza de que el padre de su pequeña la reconociera y de que fuera posible algún tipo de reconciliación.
Fue en Madrid donde María José realizó sus estudios y formó una familia con la constante preocupación por el paradero de su padre, que por aquel entonces ya tenía otros tres hijos. Tras largas investigaciones y contactos esporádicos con diferentes familiares y conocidos de Pontecesures, fue en diciembre del año 2006 cuando padre e hija se ven por primera vez en el municipio, aunque no llega a conocer personalmente a sus hermanos.
Juan Castaño muere el 1 de marzo del 2007. María José no acude al entierro por respeto a la familia. Desde este momento la periodista trata de comunicarse con sus hermanos, con la única intención de conocerlos en persona. Para ellos los telefonea en varias ocasiones, pero no logra que estos cedan a sus deseos. Es este rechazo lo que lleva a María José a querellarse contra esta parte de su familia con el fin de que se la reconozca como hija biológica del empresario cesureño.
Desde este momento comienza una lucha legal que termina con una prueba pericial biológica de paternidad que se realiza mediante la extracción y el estudio de ADN de todos los hijos de Juan Castaño. El estudio se realizó por el Departamento de Biología Forense del instituto de Medicina Lega de la Universidade de Santiago de Compostela.
La prueba biológica, debido a su carácter estrictamente científico, fue considerada más que suficiente para acoger la demanda de María José y para la consiguiente resolución que le daba la razón como demandante de la filiación.

LA VOZ DE GALICIA, 08/04/10

Detenido el autor de un robo en una entidad bancaria de Valga.

Se presentaba siempre a primera hora de la mañana en entidades bancarias de zonas rurales, para evitar la presencia de testigos, y lo hacía cuando solo había un empleado en la entidad al que intimidaba con un arma. Siempre acudía disfrazado con una peluca, y cuando conseguía su botín, se iba. Ocurrió en los últimos meses en entidades bancarias de Valga, de Vilanova y de Catoira, por eso la Guardia Civil sospechaba que todos los robos habían sido cometidos por la misma persona.
Se abrió una investigación y se recogieron pistas en los lugares de los atracos, donde se recabó tanto el testimonio de los vecinos como otras pruebas encaminadas a identificar al atracador, como las grabaciones de las cámaras de seguridad de los bancos.
Los agentes ya sospechaban de un conocido delincuente de A Estrada que cuenta con numerosos antecedentes y detenciones por hechos similares, y estas sospechas se confirmaron con el testimonio de personas que situaban a Juan Carlos S.R., de 41 años, en las inmediaciones de los lugares de los robos poco antes de los atracos.
Casi veinte mil euros
Con estos datos se procedió a la detención del vecino de A Estrada como presunto autor de tres robos con intimidación en distintas sucursales bancarias de la provincia de Pontevedra. En los tres atracos que se le imputan en la comarca logró un botín de 19.000 euros. Ayer estaba previsto que el detenido prestara declaración en el juzgado 1 de Vilagarcía.

LA VOZ DE GALICIA, 01/04/10

Detienen a un vecino de Valga y a otro de Moraña por robos en distintas empresas de la provincia.

La Policía Nacional detuvo a un vecino de Valga de 37 años y a otro de Moraña acusados de una serie de robos en distintas empresas y viviendas de la provincia. Los arrestados, el valgués F.S.S. y J.C.R.P., que ya cuenta con antecedentes policiales, quedaron libres con cargos el pasado sábado después de prestar declaración en los juzgados.
Los dos fueron sorprendidos hace unos días por los agentes cuando estaban dentro de una furgoneta a la salida de Pontevedra, en la carretera de Vilagarcía. Les dieron el alto, los identificaron y comprobaron la carga que llevaban detrás, que resultó ser 164 rollos de cobre. Los ocupantes del vehículo no supieron explicar su procedencia y además incurrieron en contradicciones, hasta que uno acabó reconociendo que los habían sustraído de una nave después de atravesar fincas, cruzar un río, escalar un muro y cortar la malla metálica del recinto. Tras esta confesión, los agentes los detuvieron y les confiscaron el material, que además de los rollos de cobre consistía en una linterna, tijeras de podar, tenacillas, alicates, una llave inglesa, dos gorros y un par de guantes.
A raíz de esas detenciones se puso en marcha una investigación que permitió relacionar a los arrestados con otros robos en la provincia que habían sido denunciados en la Guardia Civil, y así se llegó hasta un galpón de Portas en el que podría estar escondida la mercancía robada. Se registró el local y, en efecto, se hallaron dos lámparas sustraídas en un pazo de A estrada, una cortadera de leña y un cortacésped que habían sido alquilados y no devueltos en empresas de Ribadumia y Vilagarcía y garrafas de gasoil utilizadas para robar combustible en camiones estacionados.
El detenido de Moraña, que ya contaba con antecedentes, tenía en vigor dos órdenes de búsqueda por un delito contra el tráfico y por ejercer actividades sin seguro obligatorio.

LA VOZ DE GALICIA, 30/03/10

El Penal 3 asume el juicio por el accidente ferroviario en un paso a nivel de Valga

Las tres víctimas fallecieron en el acto por los traumatismos.

Cuando resta menos de un mes para que se alcance el segundo aniversario del accidente ferroviario que causó tres muertes en un paso a nivel de Valgo, el Juzgado de lo Penal número tres de Pontevedra ha asumido la celebración de esta vista. Por lo pronto, abierta ya la fase de juicio oral, el juzgado capitalino únicamente tiene pendiente el fijar la fecha concreta para la celebración del mismo.
En este procedimiento únicamente está imputado el conductor que se encontraba a los mandos del tren que arrolló el Renault Laguna en el que viajaban los tres fallecidos. Era la una y cinco minutos de la tarde del 25 de abril del 2007.
El fiscal, en su escrito de acusación, sostiene que, al paso de los dos ferrocarriles anteriores, «se había producido una anomalía en el pedal de rearme, de tal forma que las barreras que impedían el paso a los vehículos no se habían elevado». Como consecuencia se puso en marcha un sistema complementario de seguridad por tiempo de cierre excesivo, que consiste en dos temporizadores.
De este modo, al actuar ambos, la señal vertical de la vía se encontraba en luz amarilla destelleante. Asimismo, el fiscal añade que una baliza envió a la cabina una indicación luminosa y otra sonoro en forma de pitido prolongado avisando al maquinista de la anomalía.
A este respecto, la acusación es contundente al sostener que, pese a todo lo anterior, el encausado redujo la velocidad a la que circulaba, pero «sin atender a la señalización vertical y desconectando la indicación que recibía de la baliza». A la postre, esto supuso que no se pusiera en marcha el sistema automático de frenado.
El convoy siguió su marcha hacia el paso a nivel, donde ya habían comenzado a pasar vehículos: «Aunque el acusado trató en el último momento de efectuar una frenada de emergencia, no pudo evitar arrollar al Renault Laguna», que «resultó totalmente destrozado».

LA VOZ DE GALICIA, 25/03/10