Los concellos de la AP-9 reclamarán más de 4 millones de euros a Hacienda.

Pedirán una auditoría para actualizar las tasas.

Los alcaldes de 12 de los concellos de la provincia afectados por el paso de la AP-9 se reunieron ayer en Pontevedra con el presidente de la Diputación, Rafael Louzán. El acuerdo que tomaron fue el de remitir una reclamación común al Ministerio de Hacienda para que sean compensados por el paso del vial de alta capacidad por sus municipios.
En concreto serían las retribuciones correspondientes al IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), que en el apartado de bienes especiales incluye a elementos como la autopista de peaje, y que ahora pretenden cobrar a través del ORAL (Organismo Autónomo de Gestión de Recursos Locales).
Las cifras iniciales que están sobre la mesa superan los 4 millones de euros, siendo los más beneficiados Caldas y Vilaboa. Las cantidades a reclamar corresponden al período 2007-2009, y el argumento jurídico que se esgrimirá sería precisamente, que las autopistas de peaje tienen la consideración de BICES (Bienes Inmuebles de Características Especiales).
Los primeros ediles de Caldas, Valga, Poio, Meis, Barro, Pontecesures, Vilaboa, Tui, Moaña, Portas y Mos estuvieron de acuerdo en tomar esta decisión, según afirmó Rafael Louzán. El presidente de la Diputación, además, instó a los alcaldes a actualizar las tasas y a realizar una auditoría para valorar el impacto real.
«Faremos unha auditoría para ver si eses BICES están ben valorados ou non. O catastro depende do mesmo Ministerio, e veremos si o valor é correcto ou si é maior, que é posible que nalgún caso así sea», declaró Louzán, que también adelantó que se puede iniciarse una reclamación similar por el gaseoducto, si finalmente es considerado como BICE.
El alcalde de Barro, José Landín, señaló que «non é unha imposición sobre persoas físicas directas, senon de bens do propio Estado e noutro caso de multinacionais e de grandes empresas. Ata agora están pasando polos concellos afectando ós seus moradores e a financiación para os concellos é cero euros. Pensamos que non é xusto».
El regidor de Poio, Luciano Sobral, explicó que «para nós será positivo. Aféctanos pouco, pero todo o que sexa unha revisión para o aumento dos ingresos é positivo».
El alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, dirige uno de los concellos que sería más beneficiado. «A autopista afecta moito en Caldas. Non era de recibo a situación actual, e polo tanto respaldámola. O meu concello está afectado polo gasoducto, polos molinillos, pola autopista e incluso pola respiración asistida», ironizó.
Louzán, por último, dejó entrever que el proceso de cobro se podría agilizar. «Si as sentencias fosen favorables, o Supremo podería obligar ó Ministerio de Economía a compensar a todos automáticamente».
Cabe indicar que hace un par de semanas la corporación municipal de Pontecesures se reunió en pleno y, a propuesta del gobierno tripartito que preside la independiente María Isabel Castro Barreiro, acordó modificar el tipo impositivo aplicado a la AP-9 en el IBI, el cual pasó del 0,6% en el que estaba al máximo permitido por ley, que es del 1,3%.

FARO DE VIGO, 06/06/09

Pontecesures traslada al Arzobispado la retirada de los símbolos franquistas.

Luis Sabariz, el cura, Rafael Randulfe, Cecilia Tarela (de espaldas) y la alcaldesa, en la reunión mantenida ayer.

La corporación de Pontecesures ha dado una lección de celeridad, independientemente de que al final no se consiga el objetivo buscado. El día 25 de mayo el pleno acordó instar a la Iglesia a retirar los símbolos de la Dictadura que se encuentran en la fachada del templo parroquial, y ayer, sólo ocho días después, los munícipes ya se reunían con el párroco para transmitirle sus planes.
En esa reunión se habló de «las dudas y lagunas que plantea la Ley de Memoria Histórica» y se acordó que la propuesta de retirada de los símbolos de la Dictadura sea trasladada por escrito al Arzobispado, que es quien debe decidir si es posible quitar las referencias al franquismo, si lo autoriza y, sobre todo, si lo financia.
Cabe recordar que en el pleno la propuesta formulada por el BNG fue enmendada, precisamente para pedir que si se afronta la retirada de esos emblemas dicha operación sea costeada por la Iglesia, y eso es lo que se busca ahora, aunque a priori parece que este deseo no tiene demasiadas posibilidades.
«En cualquier caso hay que determinar previamente si esta operación es factible o no, ya que los símbolos de la iglesia de Pontecesures no están en relieve, sino que forman hendiduras en las paredes del templo, y primero hay que determinar si la estructura puede verse amenazada o no», indica Luis Sabariz, concejal de Relaciones Institucionales que ayer participó en la reunión con el cura párroco en representación del grupo municipal no adscrito.
Esto quiere decir que ahora al Concello sólo le queda «esperar las respuestas, para que nos digan si técnicamente es posible retirar esos símbolos, si lo va a asumir la Iglesia e incluso si Patrimonio va a autorizar esta operación», apostilla el propio Luis Sabariz.
Junto a él y el cura Arturo Lores Santamaría estuvieron presentes en la reunión de ayer la alcaldesa, la independiente María Isabel Castro Barreiro; el portavoz del PP, Rafael Randulfe; y la concejala nacionalista Cecilia Tarela.

FARO DE VIGO, 03/06/09

El BNG carga contra Castro y el «tránsfuga» Sabariz por sus respuestas en el último pleno.

Los nacionalistas dicen que el «desgobierno» miente y rehace propuestas de los otros grupos.

Los nacionalistas de Pontecesures han emitido un crítico comunicado con el gobierno local si bien cargan las tintas contra el «tránsfuga» Luis Sabariz y la alcaldesa Maribel Caqstro.
Los nacionalistas aseguran que el equipo de «desgobierno» reformó la moción presentada por su grupo respecto a la retirada de los símbolos franquistas y relacionados con la guerra civil que figuran en la fachada de la iglesia parroquial.
En relación con la propuesta del tripartito acerca de la modificación del IBI, los nacionalistas expresan su preocupación por la postura del edil del PP, Randulfe «que intentó pasar desapercibido en cuestiones de impuestos, cuando hace dos años su principal promesa electoral era la bajada de impuestos para los vecinos».
El resto del pleno giró en torno a ruegos y preguntas relativas a la Festa da Lamprea, Feira do Automóbil, alumbrado público, tala de árboles en el centro de la localidad y la organización del carnaval, amén de otras preguntas sobre arreglos y propuestas de obras.
Aseguran que los mismos integrantes del gobierno del PP y Sabariz «pusieron en duda la procedencia de las lampreas de esta edición», Peo el BNG va más allá y asegura que «no eran siquiera gallegas».
Sobre la feria del automóvil señalan que en el pleno quedó constatada «la nula implicación del gobierno municipal», Se bsas en el informe que leyó la alcaldesa de las actuaciones de los organizadores de «Mirándolle os Dentes», se pusieron todo tipo de trabas con la única finalidad de que fracasara la feria.
Afirma el BNG quke el ayuntamiento no aportó «ni un euro» a la feria «y sólo se les ocurrió decir que ya pusieron a los municipales a trabajar esos días en los actos que se celebraron en la Plazuela con motivo de las Letras Gallegos».
Durante el pleno, los nacionalistas reiteraron su pregunta acerca de los permisos para colocar el alumbrado público en las calles centrales del pueblo.
A ello contestó Randulfe quien aseguró que se habían pedido permiso a los propietarios de todas las viviendas donde se encuentran las catenarias, «cuando en el BNG sabemos que ello es incierto».
Otro de los asuntos polémicos fue la tala de árboles junto al monumento al Coche de Puedra. Sabariz contestó a esa interpelación con un informe en el que se alega la senectud de los ejemplares por lo que se aconsejaba su sustitución por plantas nuevas. La decisión es criticada por varios sectores.

Trescientas personas protestan contra el cierre de la fábrica «Novo y Sierra».

Los trabajadores de la derámica valguesa se encontraron ayer con la solidaridad de sus convecinos y autoridades de Valga y Pontecesures. Ni el sol de justicia que ayer caía a plomo les amilanó a los cerca de 300 asistentes a la marcha de casi una hora y media que se comenzó en horario de toros.
Con puntualidad inglesa salió la manifestación desde Pontecesures en dirección a la cerámica que ha echado el cierre después de 70 años de actividad y de dar trabajo a casi cuarenta familias de ambos municipios.
El problema es que además llueve sobre mojado y los empleados de «Novo y Sierra», pasan a engrosar las listas del INEM en el mismo sector que hace pocos meses se inscribieron sus colegas de «Cedonosa».
Al término de la protesta, sin embargo, había cierta satisfacción por parte de la plantilla, ya que contaron con el apoyo directo de Maribel Castro, alcaldesa de Pontecesures, y Jose Mª Bello Maneiro, de Valga, además de miembros de ambas corporaciones. A la cita también acudieron responsables de CC.OO y de la CIG así como otros ediles de municipios próximos.
La pancarta que abrió la marcha ilustró el sentir de todos los presentes. La convocatoria se convirtió en un clamor por el empleo en época de crisis.
Los asistentes anunciaron que continuarán con la lucha con el fin de tratar de recuperar sus puestos de trabajo.
Aseguran que no están dispuestos a soportar que la empresa pueda venderse a otros inversores y que estos decidan contratar a personal distinto al que hasta ahora vino realizando las difíciles labores que le corresponden.
La alcaldesa de Pontecesures hizo hincapié en el desarrollo pacífico de esta manifestación «ya que no hubo ningún incidente» a pesar de que duró casi hora y media.
Al concluir la marcha, frente a la histórica fábrica valguesa, los organizadores leyeron sendos comunicados en los que hicieron un relato de la situación en la que se encuentra la empresa, cuya quiebra se promovió hace pocas semanas.
Precisamente hace unos días los trabajadores participaron en otra concentración de protesta en Pontevedra, en defensa de sus puestos de trabajo. Asimismo rechazan, por escasas, las indemnizaciones que los empresarios pretenden concederles por la pérdida de sus trabajos.

FARO DE VIGO, 31/05/09

Piden la asistencia a una movilización en apoyo de los trabajadores de Novo y Sierra.

La plantilla de Novo y Sierra, una empresa de construcción de Valga que ha presentado un expediente de regulación de empleo que afecta a la totalidad de los trabajadores, se manifestará hoy de nuevo para exigir unas indemnizaciones dignas y para denunciar que los empresarios se aprovechen de la crisis económica para ofrecer a la plantilla lo mínimo que permite la ley, en torno a los 28 días por año trabajado.
La manifestación partirá a las 17.00 horas de Pontecesures y seguirá hasta Valga, a las puertas de la empresa. La plantilla cuenta con el apoyo de CC.OO. y de la CIG. El primero de los sindicatos animó ayer a todos los trabajadores de la comarca a acudir a la convocatoria en apoyo de la plantilla de Novo y Sierra «xa que mañá podemos ser calquera outro traballador o afectado por esta situación».
También IU manifestó su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores de la fábrica valguesa de ladrillo. «EU-IU entende que ante a coxuntura da crise, moitos empresarios están aproveitando o medo como arma de destrucción masiva contra os dereitos dos traballadores».
Juan Fajardo, como portavoz de la agrupación, confirmó ayer la asistencia de IU a la concentración. El partido de izquierdas aprovecha el acto para recordar su intención de impulsar medidas legislativas que garanticen la defensa de los trabajadores en esta situación, como la derogación de la ley concursal, la jubilación a los 60 años o la creación de un salario social para parados.

LA VOZ DE GALICIA, 30/05/09

La plantilla de Novo y Sierra se manifestará el sábado por la baja indemnización que ofrece la empresa.

Los trabajadores de Novo y Sierra se concentraron ayer ante el Colegio Oficial de Abogados de Pontevedra. El más alto es el cesureño Orlando Solla Barreiro, uno de los trabajadroes afectados.

Los administradores judiciales de Novo y Sierra, sindicalistas y representantes de los trabajadores se reunieron ayer en Pontevedra para comenzar a negociar las indemnizaciones que percibirán los empleados de la fábrica de ladrillo por sus despidos, ante la decisión de los directivos de la empresa de cesar la producción. Los administradores ofrecen a los empleados una compensación de 26 días por años trabajado, con un tope máximo de doce mensualidades, una cantidad que Juan Fajardo, de Comisiones Obreras, considera ??moi cativa?, especialmente teniendo en cuenta que buena parte de la plantilla supera los 50 años. Ante esta situación han convocado para el sábado una manifestación en Pontecesures y Campaña.

Una manifestación en contra del despido de los trabajadores de Novo y Sierra y reclamando una mayor indemnización para ellos recorrerá el próximo sábado, 30 de mayo, los municipios de Pontecesures y Valga, convocada por la propia plantilla y por los sindicatos CIG y CCOO. Será el tercer acto de protesta que protagonicen, tras la concentración de hace unas semanas a las puertas de la fábrica de ladrillo y otra realizada ayer ante el Colegio Oficial de Abogados, en Pontevedra, a donde acudieron provistos de dos pancartas con los lemas ??Pola continuidade de Novo y Sierra? y ??Queremos traballo, non aos despidos?.
Mientras se producía la concentración, en el interior del Colegio de Abogados los administradores judiciales de Novo y Sierra, sindicatos y representantes de los trabajadores daban inicio a las negociaciones sobre las indemnizaciones que percibirá la plantilla por los despidos. Los administradores ofrecieron 26 días por año trabajado, con un tope máximo de doce mensualidades, una cantidad que Juan Fajardo, de Comisiones Obreras, considera ??moi cativa e non podemos estar de acordo con ela, especialmente tendo en conta que 14 dos 36 empregados teñen máis de 50 anos, e o seu acceso ao mercado laboral será moi complexo. Isto fai que a situación sexa moito máis dramática?.

La legislación contempla como indemnización mínima 20 días por año trabajado, por lo que ??o marxe que nos dan ata os 26 é moi pequeno?, añade Fajardo ??e non imos ser consentidores desta situación?, sino que tratarán de arrancar a los administradores una cantidad lo más próxima posible a los 45 días por año trabajado, lo máximo que contempla la ley por despido improcedente. Fajardo cree que los responsables judiciales de la empresa ??pretenden satisfacer aos demais acreedores reducindo as indemnizacións aos traballadores, esquecendo que detrás de cada un deles hai unha familia? a la que el despido dejará en una compleja situación económica.

Ante los resultados ??pouco satisfactorios? de la reunión, sindicatos y trabajadores decidieron convocar una manifestación para el sábado, un acto de protesta que está abierto a la participación de toda la ciudadanía.

Además, estas últimas reuniones les han servicio para confirmar que los propietarios de Novo y Sierra ??non teñen interese ningún por continuar coa actividade, aínda que nós cremos que a empresa é viable?, sostiene Fajardo. Por ello no descartan que pueda aparecer algún comprador con ánimo de reflotarla. El sindicalista de CCOO apunta que ??hai empresas con máis dificultades que esta e que tiran para adiante. Tamén Novo y Sierra pasou por épocas moito peores, por exemplo en 1992 tiñan moita menos producción, pero o problema é que os empresarios non apostan polo futuro?.

DIARIO DE AROUSA, 27/05/09