Importante en Ponteceures: El Parlamento impulsa la reversión a los Concellos de terrenos portuarios.

El pleno del Parlamento de Galicia ha aprobado una proposición no de ley presentada por el PSOE para «pedirlle á Xunta que habilite a reversión aos concellos dos terreos de titularidade portuaria que deixen de ter uso para os portos». A pesar de la aprobación de dicho texto, antes de la votación hubo debate. Durante el mismo, el diputado socialista Julio Torrado tachó de «falaz» el argumento esgrimido por el PP de que «a Xunta xa está traballando nisto cando a realidade é que en 2017 non o incorporaron á lexislación, en 2018 rexeitaron unha proposta semellante na Comisión de Pesca. Agora teñen presentada no Parlamento unha iniciativa vaga e imprecisa, que resulta imposible de entender».

A juicio del diputado socialista, «os vaivéns do PP evidencian que o goberno galego está en contra desta medida, o que é lexítimo, pero o problema é que falan e prometen moi ben pero cumpren moi mal». Y eso que hay «moitísimas solicitudes de reversión dos terreos que se negan porque a Xunta o que quere é cobrar e cobrar». La problemática en este ámbito se concentra, dijo Torrado, en tres zonas: O Salnés, la Costa da Morte y A Mariña «e curiosamente coincide con alcaldías que non son do PP».

En la comarca de O Salnés es paradigmático, por ejemplo, el caso de O Grove, que lleva años reclamando a Portos que efectúe mejoras en la explanada de O Corgo. Pero en ese punto, como en otros, dice Torrado, Portos «cobra, pero solo cobra, ninguén fai mantemento, ninguén limpa, arranxa as beirarrúas ou repara as farolas que perden luz». A ello hay que sumar la problemática de «terrazas que teñen taxas e normativas distintas dun lado e outro da rúa».

Desde el punto de vista de los socialistas, esta es una «cuestión administrativa» que acaba convirtiéndose en un problema para muchas esferas de al vida cotidiana en la Galicia costera, en la que «actividades deportivas, culturais ou comerciais teñen que pagar elevadas cotas para desenvolverse nuns terreos que serían moito máis asequibles de ser titularidade dos concellos». Y por ello reclamó «vontade política para acadar unha solución» que beneficie a los ayuntamientos afectados.

La Voz de Galicia

Valga Viva falla en su intento por lograr la dimisión de la edil María Isorna Sumay.

El grupo municipal de Valga Viva, representado por Manuel Castiñeiras, pidió sin éxito en el último pleno la dimisión de la concejala María Magdalena Isorna Sumay, «condenada judicialmente por usar la violencia física contra otra persona»

Alega el independiente que según los estatutos del PP esta formación defiende el «compromiso de profesar un comportamiento honesto en la vida pública que refleje la imagen del partido» y que «todos los cargos públicos y orgánicos observarán la máxima ejemplaridad, rigor y exigencia en el desarrollo de sus funciones, velando siempre por los interese públicos y el servicio a la ciudadanía, absteniéndose de cualquier conducta que pueda dañar la imagen y honorabilidad de la organización».

Creen en Valga Viva que la concejala no respetó estos ni otros compromisos, siendo éste el motivo por el que pidieron su dimisión. Pero se encontraron con el voto en contra del grupo municipal del PP, cuya actitud condena Castiñeiras.

Faro de Vigo

Valga Viva pide la dimisión de una edil del PP condenada por agresión.

María Magdalena Isorna es la concejala de Turismo y Novas Tecnologías.

El suceso, según afirma la sentencia del Juzgado de Instrucción número uno de Vilagarcía, tuvo lugar el 23 de marzo del 2019. El fallo considera como hechos probados lo siguiente: «Sobre las 17.40, María Magdalena Isorna se aproximó en su vehículo al lugar de Camino de Cachopeiras donde se encontraba Flora Castiñeiras con su hijo José Antonio cortando un seto, y salió del vehículo iniciando una fuerte discusión verbal con Flora Castiñeiras, durante la cual le propinó un puñetazo en el lado izquierdo de la cara, ocasionándole un eritema, para cuya curación precisó además de una primera asistencia facultativa, 4 días de perjuicio personal básico y 1 día de perjuicio personal moderado». Apunta también que dos días más tarde, María Magdalena Isorna denunció unas amenazas supuestamente proferidas por Flora Castiñeiras.

En la sentencia, afirma la jueza que lo declarado por ambos testigos no ofrece la misma objetividad porque, apunta, el del hijo de Flora constituye «un relato coherente, sin vacilaciones y plenamente coincidente con lo relatado por la madre», mientras que la versión de los hechos dio la testigo que aportó María Magdalena Isorna no presenta «la misma contundencia y ofreció detalles que causan cierta perplejidad». Había una tercer testigo que, según se explica en la sentencia, realizó unas manifestaciones que «concuerdan con la descripción de los hechos de la denunciante».

La jueza también da mayor credibilidad a la versión de Flora sobre la de María Magdalena por la llamada que su hijo hizo a la Guardia Civil y por el diagnóstico que se le hizo después de la agresión en el que se recoge el estado de ansiedad de la agredida. La acusación también presentó unas fotografías en color

El fallo condena a María Magdalena Isorna a la pena de dos meses de multa, con una cuota diaria de tres euros y a indemnizar a Flora Castiñeiras Gens con 180 euros en concepto de responsabilidad civil. Esta, a su vez, es absuelta del delito de amenazas que se le imputó.

El juicio, y el fallo, no pasarían de poco más de una anécdota si no tuvieran una connotación política, pero la condenada es concejala por el Partido Popular de Turismo, Novas Tecnoloxías y Escola de Música de la corporación valguesa, y Valga Viva ha salido a la palestra para pedir su dimisión. «Consideramos que na política non poder ter cabida este tipo de comportamentos e que as persoas que teñen cargos públicos deben ser exemplares», apunta su portavoz.

Valga Viva ha remitido una carta a la dirección provincial del Partido Popular, en la que le recuerda párrafos de los estatutos de la formación de la gaviota en los que se alude a la obligatoriedad de dar ejemplo en el cumplimiento de sus funciones y de abstenerse de cualquier conducta que pueda dañar la imagen de la organización a la que pertenecen.

El portavoz de Valga Viva adelanta que en el caso de que esta situación no se resuelva en los próximos días, su formación presentará en el pleno una moción de reprobación en la que el PP, asegura Manuel Castiñeiras, «terá que posicionarse a favor ou en contra do uso da violencia física por parte da concelleira contras as persoas en xeral, e contras as veciñas en particular».

El gobierno local

Esta Redacción se puso en contacto en la jornada de ayer con el gobierno local para que diera su versión de los hechos, pero el gabinete de comunicación del Concello de Valga apuntó que el alcalde afirmó que no se iban a efectuar ningún tipo de declaraciones sobre la sentencia.

La Voz de Galicia

Pontecesures quita el freno urbanístico a la implantación de nuevos negocios en el municipio.

En Pontecesures, el urbanismo no es una materia de fácil digestión. «Todas as afectacións que existen, menos a aeroportuaria, témolas aquí», dice el alcalde Juan Manuel Vidal Seage (PP). En Pontecesures hay zonas afectadas por Portos, por Augas de Galicia, por su proximidad a una carretera nacional o por el paso de las vías del tren. De todo ello da cuenta el PXOM del Concello, aprobado a principios de siglo: un documento que dejó fuera de ordenación «boa parte dos edificios do casco urbán», según relata el alcalde. Y eso supone que los locales que a lo largo de los años se han quedado vacíos, no puedan recuperar la actividad de ninguna manera. «Temos locais valeiros nos que houbo xente que quixo abrir negocios, e nós tivemos que dicirlles que non». Una situación kafkiana para la que el gobierno local parece haber encontrado una solución. Y es que en el último pleno de la corporación, el ejecutivo planteó -y aprobó- un «criterio de interpretación do réxime urbanístico aplicable ás edificacións en situación de desconformidade co Planeamento Urbanístico vixente».

Un cambio en la normativa urbanística de la Xunta abría la puerta a que «nas construcións en situación de fóra de ordenación se poidan implantar novos usos, de entre aqueles que a ordenanza urbanística permita para a zona» y siempre que los locales cumplan con el resto de requisitos exigidos para la actividad a desarrollar. «Mediante o criterio de interpretación, o que se pretende é, sen necesidade de acometer unha modificación puntual do PXOM, poder autorizar a implantación de novas actividades en aqueles locais que se atopan en situación de fóra de ordenación, que non son poucos».

Esa medida debería ayudar a reactivar el tejido económico en Pontecesures. «O que se elimina é a traba urbanística que ata o de agora tiña bloqueados moitos locais», explica el alcalde.

La RPT

El pleno de Pontecesures saldó también otro asunto con el que llevaba tiempo a vueltas, y que precipitó la moción de censura que en el pasado mandato apartó de la alcaldía al BNG: la Relación de Postos de Traballo. La RPT supondrá un incremento en el gasto laboral de 100.000 euros al año.

La Voz de Galicia

Aprobado o acordo plenario instando a que se manteñan en Pontecesures os servizos e as frecuencias dos trens.

A proposta foi presentada polo grupo de goberno no pleno que tivo lugar o pasado luns, 27 de novembro. Nela se insta ao Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana para que se manteña os servizos e frecuencias cos que contaba Pontecesures antes da declaración do estado de alarma.

O voceiro socialista, Roque Araújo, solicitou incluir unha emenda baseada en que a pasada semana xa entraron en servizo máis trens no corredor e nunha nota na que se dicía que no futuro, paulatinamente, ían circular máis trens en función da demanda e, deste xeito, habería que dar unha oportunidade para que a recuperación total fora unha realidade.

Este matiz foi obxecto de debate. A voceira do BNG, Cecilia Tarela, manifestou que non se debía esperar máis e que a recuperación dos servizos debía producirse con carácter inmediato. O alcalde, Vidal Seage, manifestou que o máis oportuno era ceñirse á proposta exposta no pleno instando a que os trens suprimidos circulen canto antes.

Rexeitouse a emenda socialista e a proposta do equipo de goberno foi aprobado con 8 votos a favor (PP. TeGa, IP e BNG) e 3 abstencións (PSdeG-PSOE).