El gobierno de Valga lamenta «as perdas» que supone anular el polígono industrial.

Acatan la sentencia pero no la comparten. En estos términos se expresó ayer el gobierno local de Valga a raíz de hacerse pública al sentencia del Tribunal Supremo por la que anula definitivamente la posibilidad de llevar a cabo el polígono industrial que Concello y Xunta diseñaron para este municipio. El equipo de gobierno lamentaba ayer, vía comunicado, «as perdas económicas que isto suporá ao cercenar o impulso económico que supón a actividades industrial, coa creación de novos postos de traballo».

Frente a la sentencia del Supremo, en la que señala que es «completamente innecesaria la habilitación de suelo industrial nuevo en este municipio», el gobierno local considera que «estaba perfectamente acreditado o feito de que non existe solo industrial en dous concellos limítrofes, como tampouco existe ningún en terreo público en Valga, o cal facía para nós fundamental a creación deste tipo de solo».

Pese al varapalo que ha supuesto esta sentencia -consecuencia de las acciones emprendidas por una comisión vecinal-, el equipo que dirige José María Bello Maneiro (PP) anuncia su intención de seguir trabajando «a fin de lograr o desenvolvemento urbanístico e empresarial do concello, explotando todas as vías ao noso alcance».

La Voz de Galicia

Mar destina 37.000 euros a la reforma de la zona portuaria de Pontecesures.

El presidente de Portos y el tripartito supervisaron ayer los trabajos.

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Apenas 48 horas después de que la oposición municipal exigiera a la Xunta más inversiones en el puerto y menos promesas, la Consellería do Mar destacó ayer que ha destinado más de 37.000 euros a la mejora de esta importante zona de Pontecesures. Y lo hizo aprovechando la visita al lugar del presidente de Portos, José Juan Durán.

Estuvo acompañado del alcalde, el conservador Juan Manuel Vidal Seage, y de sus socios de gobierno, Ángel Souto (Tega) y la independiente María Isabel Castro Barreiro.

Tras la visita se concretó que se mejora la capa de rodadura de la carretera del puerto para aumentar la seguridad de conductores y peatones. A esto se sumarán en breve labores de adecentamiento como la limpieza y repintado del muro, reparación de aceras y farolas, reposición de baldosas y otras acciones similares.

Faro de Vigo

El Supremo tumba definitivamente la construcción del polígono de Valga.

Cuando el TSXG dio la razón a la comisión vecinal y dijo «no» a la construcción del polígono industrial de Xanza, el gobierno local de Valga decidió recurrir la sentencia y llevar el caso al Supremo. Año y medio después, el alto tribunal ha tomado ya su decisión. La nueva sentencia vuelve a ser un rotundo no a los planes del Concello. No solo desestima los argumentos con los que el ayuntamiento defendió la necesidad de dotar a la localidad con 800.000 metros cuadrados más de suelo industrial, sino que condena al Concello y a la Xunta a pagar las costas del proceso.

El Supremo se alinea con las tesis del TSXG, y lamenta que el Ayuntamiento «pretenda decidir a su favor el litigio, contraponiendo los claros y rotundos dictámenes periciales, unánimes en la apreciación de que era completamente innecesaria la habilitación de suelo industrial nuevo en este municipio, a documentos consistentes en estudios o informes de viabilidad del polígono industrial […] máxime cuando tales documentos son anteriores a la memoria ambiental y se proyectan sobre una superficie mucho menor a la finalmente considerada». El Supremo también tiene en cuenta que «la memoria ambiental […] desaconsejó de forma clara esta adscripción del suelo, reputándola innecesaria».

Argumentos
Teniendo en cuenta estos razonamientos, la sentencia del TSXG «no puede ser tildada de arbitraria o ilógica, por más que sus conclusiones desagraden al Ayuntamiento que, a toda costa, pretende orillarlas». Y es que, sigue razonando el Supremo, no se puede contraponer a ese documento los «documentos preparatorios o informes administrativos que integran el expediente, pues tal acervo documental es precisamente el material sobre el que debe recaer el juicio de la sala».

Esta llega a una conclusión «clara e insoslayable» sobre la «irracional creación de nuevo suelo industrial» prevista por el Concello de Valga. Una «realidad que no requeriría de especiales conocimientos científicos o técnicos para su apreciación: si un suelo de 225.000 metros cuadrados de superficie está ocupado solo en el 30 % de esta, resulta injustificado, completamente, aumentar el suelo industrial en otros 800.000 metros cuadrados más». Así lo entiende el Tribunal Supremo.

Satisfacción entre el colectivo vecinal por un fallo «contundente»
María Ferreirós, además de ser portavoz del PSOE, es presidenta de la comisión vecinal que inició el procedimiento contra el polígono previsto en Xanza. Como tal quiso mostrar ayer su enorme satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo. «Unha cousa é gañar, e outra é gañar cunha sentenza tan rotunda, que insiste nos argumentos da anterior, e en que ese polígono industrial está completamente inxustificado». A su juicio, que se impongan las costas al Concello y a la Xunta deja bien claro que estas dos administraciones actuaron «con certa temeridade» al prolongar el proceso judicial. Por otra parte, ayer resultó imposible recabar la opinión del alcalde de Valga José María Bello Maneiro (PP) sobre esta cuestión.

La Voz de Galicia

La Xunta insiste en dejar en manos de la Diputación la financiación del CODI de Valga.

El PSOE achaca a «unha nefasta xestión do Concello» las dudas sobre el centro.

La Diputación de Pontevedra apela al decreto 99/2012 para explicar por qué no puede seguir financiando el CODI de Valga. Y ayer, la Consellería de Política Social apelaba de nuevo a ese mismo documento para sostener justo lo contrario. Mientras los servicios jurídicos del organismo provincial sostienen que este solo puede colaborar con los ayuntamientos en el mantenimiento de los servicios sociales básicos comunitarios, los abogados de la Xunta afirman que en ningún punto del decreto se hace semejante distinción, y que ningún artículo «impide en ningún momento a achega da Deputación ao financiamento dos servizos especializados dos concellos». «En liña co anterior, no marco da negociación do financiamento dos Servizos Sociais de Galicia, que se realizaba co antigo plan concertado, as Deputacións asumían o financiamento dos servizos comunitarios especializados. Na práctica é o que se segue a facer. Por exemplo, a Deputación da Coruña continua financiando algún programa de servizos sociais comunitarios específicos».

Es decir, la Xunta entiende que es la Diputación quien debe hacer frente al grueso de la financiación de este servicio, mientras que en Montero Ríos manejan informes que dicen todo lo contrario. Y mientras unos y otros leen el decreto 99/2012 de formas completamente distintas, el futuro de un servicio que atiende a 18 personas y que emplea a nueve profesionales está en jaque.

El PSOE de Valga responsabilizó ayer de esta situación al gobierno local, al que acusa de haber hecho una «nefasta xestión» en este asunto. Señalan los socialistas que, cuando se convocaron las bases de la Diputación, enseguida comprobaron que la solicitud del Concello de Valga para financiar a los nueve trabajadores del centro no se ajustaba a las mismas. «A Deputación reuniuse con nós, igual que co goberno, para falar deste asunto, así que non é certo o que di o señor Maneiro de que o problema o colleu por sorpresa». El equipo municipal, en vez de reaccionar pidiendo a la Xunta que asuma su responsabilidad, «limitouse a a atacar á Deputación, nada máis». «O Concello limitouse a presentar un recurso contra esta, pero nós queremos que se abra tamén outra vía, a de reclamar á Xunta que cumpra».

La Voz de Galicia

Los problemas de financiación ponen en jaque la continuidad del Codi de Valga.

La Diputación rechaza asumir un servicio que, afirma, es competencia de la Xunta.

El Centro ocupacional de discapacitados de Valga (Codi) atiende a 18 usuarios de varios municipios de la zona. Vecinos de Valga, Catoira, Caldas y Pontecesures acuden a unas instalaciones construidas por el Concello valgués y que durante años se han sostenido gracias al apoyo de varias administraciones. Desde el 2012, la Diputación participaba en la financiación de este servicio a través de una partida de «algo menos de cen mil euros». Una cantidad que este año no ha sido liberada por el organismo provincial. Explican desde Montero Ríos que «a Deputación non pode, sen infrinxir competencias, seguir sostendo axuda algunha nesta materia».

La Diputación ya se ha dirigido a la Xunta para pedirle que deje de «ponerse de perfil» en esta cuestión, echando sobre los hombros de concellos y otras administraciones los llamados servicios sociales específicos. En el último pleno de la corporación, celebrado el pasado lunes, el PSOE presentó también una moción en la que instaba al gobierno autonómico a asumir el coste de este servicio.

Fue ese texto el que colmó la paciencia del alcalde de Valga, que «estaba disposto a apoiar esa moción se retirasen a carga política que contiña ao principio».

José María Bello Maneiro (PP) asegura llevar semanas intentando encontrar una solución que garantice el futuro del Codi. Las explicaciones dadas por la Diputación de Pontevedra no le satisfacen. «Atopámonos de repente con que, dende o 31 de decembro, o Concello ten que asumir os custes de persoal», señala. «Dende o ano 2012 foi esa administración a que colaborou para manter este servizo. Queren cambialo porque din que é ilegal… Teño as miñas dúbidas, pero o mínimo é que se senten a falar para buscar unha solución», dice el regidor. Y es que entiende que hay servicios «cos que non se pode nin xogar, nin facer política», y el Codi es uno de ellos.

«Somos o único municipio da provincia que ten un servizo así», asegura el alcalde, quien está dispuesto a presentar un contencioso administrativo si no logra un acuerdo con la Diputación. No parece que vaya a ser posible, porque el organismo provincial señala que todos los informes realizados señalan que esta institución «só ten competencias para apoiar o desenvolvemento e atención dos servizos básicos comunitarias dos concellos».

La Voz de Galicia

Vidal Seage da cuenta de las gestiones que ha realizado desde su investidura.

Las reuniones con diferentes representantes de la Xunta y la búsqueda de mejoras en el colegio de Pontecesures ocuparon buena parte de la agenda.

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Juan Manuel Vidal Seage, convertido en alcalde de Pontecesures gracias a la moción de censura aprobada el 9 de mayo, rinde cuentas de las gestiones que ha realizado y las reuniones en las que ha participado desde su proclamación.

A modo de ejemplo asistió a los primeros encuentros para la integración de la localidad en el Grupo de Desenvolvemento Rural O Salnés/Ulla-Umia, al igual que se reunió con la dirección del colegio para conocer de primera mano las necesidades del mismo.

En este sentido, también se entrevistó en Pontevedra con el delegado territorial de Educación, a quien expuso las demandas del centro educativo, y recibió a un técnico de esa Consellería desplazado a Pontecesures para analizar las carencias expuestas y referidas tanto al colegio -sobre todo por los problemas con la humedad- como a su parque infantil.

La reunión con el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Cores Tourís, que fue el primero en cursar visita institucional al nuevo gobierno tripartito, o el encuentro mantenido posteriormente con el presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, son otros asuntos que el alcalde destaca de su agenda, sin olvidar el apoyo prestado a los vendedores de la plaza de abastos o el proceso de selección de cinco trabajadores en riesgo de exclusión social.

Seage destaca además su visita a la Consellería de Vivenda para consensuar medidas de apoyo a los afectados por los desahucios.

Faro de Vigo