La Abogacía del Estado se persona como acusación en el caso Mahía, donde aparecen pisos de Padrón.

Las primeras estimaciones contabilizan una posible defraudación a las arcas públicas de 7,6 millones de euros en la venta de 530 viviendas de Compostela y municipios limítrofes ·· Los imputados podrían enfrentarse a un presunto delito fiscal, del que halló indicios Hacienda

El presunto fraude fiscal por la supuesta venta en dinero negro de cientos de viviendas de la inmobiliaria Mahía, hoy Maexpa, ha llevado a la Abogacía del Estado a personarse como acusación en el caso, según confirmaron ayer a EL CORREO fuentes de ese departamento.

El Estado español ha tomado esta decisión después de verse como posible perjudicado por la posible defraudación de 7,6 millones de euros en la compraventa de 530 pisos, chalés y locales comerciales adquiridos durante los ejercicios de los años 2002 y 2003 en promociones inmobiliarias de la comarca de Santiago.

Desde 120.000,01 euros

Desde la sede coruñesa de la Abogacía del Estado aseguraron ayer que no podían dar información sobre los imputados a los que va dirigida la acusación, aunque el delito fiscal con consecuencias penales tiene lugar cuando el fraude supera los 120.000 euros. Una deducción lógica llevaría a pensar que la actuación del Servicio Jurídico del Estado, perteneciente al Ministerio de Justicia, se dirigiría contra los administradores y responsables de la inmobiliaria Mahía en los años 2002 y 2003, y contra aquellos particulares cuya defraudación alcanzase o superase los 120.000,01 euros, cifra que al menos se sobrepasa en uno de los casos de compradores.

Esa situación corresponde a la venta de un chalé cuyo precio de venta era de 390.657,87 euros, aunque fue escriturado por 228.384,60 euros, cantidad que figura como ingreso en «Cobros A», mientras que en los «Cobros B», figura lo que presuntamente sería el negro, es decir, el resultante de la diferencia de las dos cifras anteriores, 162.273,27 euros, cantidad que supera con creces el delito fiscal.

Los referidos documentos con los listados de 1.800 viviendas construidas en los alrededores de Santiago y en los que figuran el precio de venta, la cifra de la escritura pública, los «Cobros A» y los «Cobros B», entre otros conceptos, fueron entregados a la jueza que lleva la instrucción por apropiación indebida y administración desleal.

LAS CLAVES. Los imputados por Instrucción uno

Las denuncias iniciales fueron realizadas por un ex socio de Mahía, Manuel Gómez Maroñas. Mientras, los imputados son el presidente de la entonces Mahía, hoy Maexpa, Ramón López Casal; Pablo López Fernández, uno de sus hijos; Encarnación Blanco, jefa de la administración de las sociedades de Mahía; Ignacio Rodríguez, director de administración, y Alicia Rodríguez, administradora.

Hacienda y el fleco en Castilla y León

La jueza López-Suevos dirigió a Hacienda los listados con los presuntos pagos en negro, documentos que una vez estudiados fueron devueltos por el inspector regional de Hacienda, que entiende que hay claros indicios de delito. Ramón López Casal también está inmerso en otro proceso en Valladolid, donde varias personas, incluido él, están acusadas de intentar recalificar un terreno industrial en urbanizable .

EL DATO Santiago y su área

Las promociones de 1.800 viviendas, locales y chalés que son objeto de investigación fueron construidas en Santiago, Bertamiráns, Sigüeiro, Urdilde, Brión, Padrón y Teo. En total son 530 las ventas que podrían conllevar fraude fiscal .

EL CORREO GALLEGO, 27/09/08