Se aferran a un informe que indica que se venían cobrando de forma irregular desde 1991, al no existir un reglamento.
La decisión del juzgado de Caldas de Reis de sobreseer el asunto de las comisiones de coordinación del Concello de Valga ha llevado al PSOE a presentar un recurso ante la Audiencia Provincial. El grupo de la oposición en el municipio del Ullán basa su recurso en las conclusiones del informe Cosital, del pasado mes de abril, en el que se indica que el primer reglamento orgánico municipal de Valga se creó en 2016, lo que implicaría que las comisiones «se venían cobrando desde el año 1991 de forma irregular y no ajustándose a la legalidad».
Una de las cuestiones en las que hacen hincapié y que consideran de «vital importancia para determinar si el cobro de las dietas de esas comisiones se ajusta a la legalidad, queda condicionada a la funcionalidad y justificación de las referidas comisiones». Aunque la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa en su momento, en el propio escrito en el que pide el archivo reconoce que «el contenido de las comisiones, su funcionalidad y su necesidad no aparecen debidamente justificadas en las actas que se aportaron».
Además, también resalta que «no consta la presencia o asistencia en las sesiones del secretario para dar fe y documentar lo debatido por los asistentes». Para los socialistas está claro que el propio fiscal y la jueza que se hizo cargo del caso «reconocen que la creación y cobro por asistencia a las comisiones no se ajustan a la legalidad». A mayores, en la parte final del informe de Fiscalía se añade que «las sumas recibidas no están debidamente justificadas desde el punto de vista administrativo».
Para determinar el sobreseimiento de la causa, tanto la Fiscalía como el juzgado se basaron en que «los denunciados no actuaron de forma palmaria con la específica intención de utilizar los caudales públicos para fines o beneficios particulares» Esta frase sorprende a los socialistas ya que «los argumentos empleados en el escrito vienen reconociendo que todo apunta a que las comisiones son ilegales, pero deciden cerrar la investigación».
Consideran que tanto la Fiscalía como la jueza «en su escrito obviaran pruebas practicadas, como el informe Cosital, o incluso, la declaración, como testigo, del interventor municipal, que siempre mantuvo la ilegalidad de las comisiones y llegó a paralizar los pagos». Es más, consideran que la decisión de archivar el caso deja abiertas muchas dudas, ya que en ningún momento determina si esas comisiones eran legales, algo que no es una cuestión baladí, ya que estaríamos hablando de una malversación de 500.000 euros durante los últimos 25 años».
Faro de Vigo
