Efectivos del GES de Valga reclaman ante el juzgado más de 1.400 horas extra.

Efectivos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal reclaman ante los juzgados más de 1.400 horas extraordinarias. Así lo dio a conocer el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, durante el Pleno extraordinario que se llevó a cabo ayer para analizar la situación de este servicio, que contará con un solo efectivo en el turno de noche durante todo el mes de abril.

El regidor aseguró que las arcas municipales no pueden afrontar el pago de las extras, que al año supondrían 16.390,24 euros por cada uno de los doce miembros del grupo, es decir, casi 200.000 euros “inasumibles” para el Concello de Valga, según Bello Maneiro, qeu reveló que las negociaciones con los trabajadores se remontan a junio.

Fue en la reunión del 3 de julio cuando, siempre según la versión del alcalde, los efectivos solicitaron realizar guardias de 12 horas y no trabajar sábados y domingos. “Iso si que é ilegal. Non se pode deixar sen servizo ao GES durante as fins de semana”, remarca Bello Maneiro, que se muestra dispuesto “a falar” pero no a “tolerar os pulsos”.

Sobre el equipamiento, el alcalde aseguró durante el Pleno que el GES cuenta con dos cascos sin estrenar y cuatro más en perfectas condiciones. “En cada garda só hai un máximo de dúas persoas, polo que son suficientes”, sentenció Bello Maneiro, que incidió en que durante el año pasado el Concello de Valga tuvo que adelantar 302.308,52 euros para la financiación del GES.
Más guardia civiles

Valga acogió ayer otros dos plenos más. Uno para el sorteo de mesas para las elecciones a las Cortes y otro ordinario en el que se debatió una moción del grupo de gobierno sobre la situación del cuartel de la Guardia Civil que, explican fuentes municipales, “cada vez conta con menos efectivos e ofrece un servizo máis precario á veciñanza, mentras as vagas de roubos en vivendas, comercios ou igrexas continúan”.

En la actualidad, el cuartel cuenta colo con un sargento y un guardia civil. “A súa presenza é só testemuñal e non se está a facer unha política disuasoria”, señalan desde el Concello. Por ello, se aprobó por unanimidad una moción para reclamar a la Subdelegación del Gobierno que, “de inmediato”, se proceda a aumentar el número de efectivos en el  Cuartel de Valga, así como a dotarlo de los medios adecuados.

Diario de Arousa

Detenido un rianxeiro en Valga por vender cocaína y hachís en el interior de un bar,

La Guardia Civil detuvo a J.D.F., vecino de Rianxo de 28 años de edad, por un presunto delito contra la salud pública y tráfico de drogas en el transcurso de una inspección realizada en un céntrico bar de la localidad de Valga. La inspección se llevó a cabo la pasada semana a cargo de la patrulla de seguridad ciudadana de la compañía de Vilagarcía, apoyada por la patrulla fiscal territorial y el servicio cinológico con un perro detector de drogas.

En el interior del establecimiento se procedió a la detención de este cliente, al que se le intervinieron 14 envoltorios de cocaína (unos 9,20 gramos), 5,40 gramos de hachís, 375 euros y dos teléfonos móviles. El detenido fue puesto a disposición del juzgado de primera instancia e instrucción de Caldas de Reis, decretándose la libertad provisional con cargos.

Esta actuación forma parte de un plan operativo de respuesta policial al tráfico minorista y consumo de drogas en zonas, lugares y locales de ocio y diversión, diseñado por la Secretaría de Estado de Seguridad. El objetivo del mismo es reducir la oferta de drogas al consumidor, especialmente los jóvenes, así como erradicar, en todo lo posible, su consumo y tenencia en los espacios públicos.

Estas actuaciones, que se complementan con operativos preventivos en la vía pública, son habituales en las comarcas de O Salnés y Caldas. En los últimos cuatro meses se han realizado 20 inspecciones y un centenar de dispositivos en la vía pública, con el resultado de 10 personas detenidas o investigadas por siete delitos contra la salud pública. Estas intervenciones han tenido lugar en los municipios de Cambados, Meis, Ribadumia, Vilanova de Arousa, Valga y Barro. En todas ellas se aprehendieron diferentes sustancias estupefacientes: unos 200 gramos de cocaína, 25 de heroína y 55 de hachís.

En el ámbito administrativo, se han cursado cerca de 300 infracciones a la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. De ellas, 225 fueron por consumo o la tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas a su comercialización ilegal; tres por tolerar el consumo de drogas en establecimientos públicos; y 41 por llevar armas blancas en vías o locales públicos.

Faro de Vigo

La plantilla del Ayuntamiento de Pontecesures pasa al ataque.

Los trabajadores inician un calendario de movilizaciones para lograr la Relación de Postos de Traballo.

Los trabajadores del Concello de Pontecesures inician una serie de movilizaciones para que el grupo de gobierno, que dirige Juan Manuel Vidal Seage, elabore la Relación de Postos de Traballo (RPT).
El personal celebró una asamblea el pasado miércoles, y acordó entre otras cosas celebrar concentraciones todos los lunes a mediodía para que los ciudadanos conozcan su situación. Las concentraciones durarán un cuarto de hora, y según se acordó en la asamblea, tendrán lugar hasta que Pontecesures tenga RPT.
En un escrito firmado por los cuatro delegados de personal, se señala también que a partir de ahora los trabajadores públicos asistirán a los plenos, «para que los concejales recuerden que en concello no existe RPT». Otra de las medidas previstas es hacer públicos sus salarios, para que los vecinos sepan lo que ganan anualmente, «solicitando su apoyo en esta demanda».
Finalmente, «solicitaremos próximamente la tutela judicial para que, si el gobierno no tiene voluntad, sea el juzgado el que obligue al Concello a cumplir con la legalidad vigente, que es tener una Relación de Postos de Traballo».
En el escrito difundido por los empleados municipales, se dice que «exigimos que se nos trate con justicia y respeto», y añaden que «queremos una administración pública moderna y eficiente. Rechazamos las privatizaciones, que ya sabemos a que llevan, y no renunciamos a que los vecinos de Pontecesures cuenten con unos servicios municipales públicos de calidad, eficientes y bien organizados».

Faro de Vigo

Bello Maneiro ridiculiza la táctica de judicialización política del PSOE valgués.

El PP considera que la «estrategia» de los socialistas, que «usan la justicia para influir en las elecciones», está «haciendo agua por todas partes».

El gobierno que dirige el conservador José María Bello Maneiro, en el Concello de Valga, arremete contra los socialistas y ridiculiza su «estrategia» política, centrada en «usar la justicia para tratar de influir en las próximas elecciones municipales».

Lo que sucede es que ese proceder «hace aguas por todas partes», como demuestra que «la denuncia del PSOE sobre las comisiones de coordinación fue archivada en dos ocasiones, y ahora todo apunta a que el recurso contra los presupuestos de 2017 va a ser un nuevo fracaso», espetan en el ejecutivo conservador.

Legalidad ratificada

Y dicen esto porque la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra que ratifica la legalidad de aquellos presupuestos municipales «ya es firme».

Hay que recordar, como se explicó hace unas semanas, que dicho juzgado desestimó el recurso presentado por el Colexio de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Pontevedra (Cosital) contra la aprobación definitiva de los presupuestos municipales de 2017.

RPT

Aquel recurso, semejante al presentado por los socialistas valgueses, se aferraba a la inexistencia de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y aludía a un supuesto «incumplimiento de la Ley, por no ser adecuada la cuantía a los complementos específicos y de destino».

Pero la sentencia determina que «la inexistencia de RPT, por sí sola, es insuficiente para acarrear la nulidad de los presupuestos, y dicha anulación no produciría más que una infructífera situación de bloqueo».

Cuadro de personal

Por si fuera poco, «el presupuesto examinado incorpora el cuadro de personal en el que se reflejan los distintos puestos con sus retribuciones, pero ni se crean puestos de trabajo ni se modifica la situación preexistente y consolidada, por lo que se considera que se trata de un documento presupuestario cuya elaboración no exigía negociación colectiva ni, por extensión, es susceptible de impugnación por este motivo», añade el fallo.

Esto llevó al gobierno de Valga a indicar el pasado 20 de diciembre que el de Cosital no era el único recurso presentado contra la aprobación de los presupuestos de 2017, pues quedaba pendiente de resolución otro similar presentado por los socialistas de Valga.

De ahí que ahora el ejecutivo local ridiculice esa supuesta «estrategia» de judicialización política, ya cuestionada en otras ocasiones anteriores, y resalte que en los recursos presentados contra los presupuestos «se habla de supuestas actuaciones arbitrarias e incluso de fraudes de ley y desviación de poder, pero en la sentencia, que ya es firme, se confirma que eran falacias y falsedades».

Pronóstico

En el grupo de gobierno ya pronosticaron hace semanas que, a la vista de dicha sentencia, el recurso de los socialistas correrá la misma suerte que el de Cosital.

Por eso Bello Maneiro y su equipo creen «lamentable» que la oposición -liderada por María Ferreirós- «siga adelante con su reclamación a pesar de que ya existe una sentencia firme» que desmontaría su teoría.

Faro de Vigo

Contradicciones entre dos hermanas sobre la agresión sexual a la edil de Rianxo .

Niega ante la juez todos los hechos la mujer del acusado, el exalcalde de Pontecesures // Aporta nuevos detalles la madre para apoyar la versión de la joven denunciante.

Dura jornada en los juzgados de Padrón con las primeras declaraciones tras la decisión de la Audiencia Provincial de ordenar a la titular de Instrucción número 2 de que investigara la posible existencia de un delito de agresión sexual presuntamente cometido por Manuel Luis Álvarez Angueira, exalcalde del Bloque en Pontecesures, contra su sobrina política, la concejala de Igualdad en el Concello de Rianxo, Hadrina Ordóñez Otero.

Comparecían ayer por separado dos hermanas, Margarita y María José Otero, que, cuentan sus vecinos y familiares, eran inseparables y compartían vivienda la mayor parte de los días hasta que Hadriana Ordóñez denunció los hechos que sufrió cuando era todavía menor de edad.

Margarita es tía de la joven y mujer del acusado. María José es la madre de Hadriana y, por tanto, cuñada del presunto agresor. Ahora no se hablan a pesar del parentesco y de residir a escasos metros; una situación de tensión que se trasladó al Juzgado de Padrón aunque cada parte acudía y se fueron por separado.

Fue Margarita la primera que compareció ante la jueza y su declaración fue completamente exculpatoria para su marido, Manuel Luis Álvarez Angueira.

Negó todas y cada una de las acusaciones formuladas por su sobrina sobre los abusos y las agresiones sexuales. Defendió a su marido en todo momento e, incluso, negó de forma tajante, según fuentes presentes en la declaración, que hubiera hablado con su hermana de este asunto cuando Hadriana lo denunció en el ámbito familiar.

Y rechazó también que su marido, en una reunión de los protagonistas con ambas hermanas y otros familiares, reconociera los hechos como figura en la denuncia presentada en su día.

¿Y qué dijo María José? La madre de Hadrina, con idéntica firmeza, ratificó la versión de su hija. Aportó numerosos detalles de lo sucedido tras revelarle lo ocurrido años antes con las presuntas agresiones sexuales.

Confirmó ante la magistrada que toda la familia mantuvo una reunión cuando la joven desveló lo ocurrido y que en ese momento Manuel Luis Álvarez Angueira reconoció los hechos y pidió públicamente perdón por su forma de proceder.

La madre, de acuerdo con las fuentes citadas, fue muy contundente con su relato que entraba en abierta contradicción con el de su hermana Margarita. Reconoció, no obstante, que no sospechaba nada sobre una posible relación entre su cuñado y su hija cuando ella era menor de edad (los hechos se produjeron cuando Hadriana tenía entre 11 y 16 años) aunque sostuvo que, tras contárselo, recordó ver situaciones sospechosas en la forma de comportarse el ahora acusado.

María José Otero fue contundente a la hora de afirmar que creyó con firmeza lo que decía su hija y le dio toda la credibilidad posible argumentando que una denuncia de ese tipo no podía ser fruto de la imaginación. Y contó, además, el calvario que vivió la joven tras hacer público, en un entorno rural, lo ocurrido. La madre no dudó a la hora de insistir en la veracidad del relato de su hija.

También declaró ayer Alejandro Ordóñez Otero, hermano de la denunciante, que ratificó todo lo dicho por Hadriana en su denuncia y lo declarado por su madre ante la juez y sostuvo, asimismo, que se produjo la reunión familiar en la que Álvarez Angueira reconoció los hechos y pidió perdón a su madre.

La defensa de la demandante, a la vista de las contradicciones entre lo declarado por las hermanas, pidió que sean llamados a declarar otros testigos que conocían los hechos denunciados.

Apoyo total del bloque a Hadriana

El Bloque, partido en el que militaban ambos protagonistas, mostró «un apoio total e explícito» a Hadrina cuando se conocieron los hechos. «A propia executiva nacional», según dijo ayer una portavoz, «fixo chegar todo o seu respaldo a Hadriana a través de Goretti Sanmartín, responsable de Acción Municipal, despois de que a Asamblea Local do BNG en Rianxo fixera público un comunicado mostrando a súa solidaridade á compañeira». La posición sigue siendo la misma tras conocerse que la Audiencia Provincial ordenaba reabrir la investigación. «O apoio segue sendo o mesmo como non podía ser de outra maneira», añadió la fuente del Bloque antes de recordar «que o acusado xa non forma parte do BNG e a súa marcha non foi casual».

El Correo Gallego, 13/12/18

Cae en Padrón un joven de 20 años considerado un peligroso agresor sexual.

Se le atribuyen dos asaltos a mujeres, una de ellas resultó herida con un cuchillo en 2017 – Hay pruebas biológicas para imputarle.

Un joven de 20 años considerado por la Guardia Civil un «peligroso agresor sexual» fue detenido por efectivos del Instituto Armado de Noia dentro de un operativo denominado operación Mint y enviado a prisión por el juzgado de guardia. Al joven se le imputa una agresión sexual cometida a principios del año 2017 en Padrón, ciudad donde al parecer residían tanto víctima como agresor, así como un abuso sexual a otra mujer el pasado verano, según fuentes de la Benemérita. En el primer caso, calificado como delito de agresión sexual, «abordó a su víctima con gran violencia y utilizando un cuchillo», por lo que la mujer necesitó más de seis meses hasta recuperarse de los daños físicos, según ha trascendido en las últimas horas.

La Guardia Civil ha abierto una minuciosa investigación sobre estos hechos, de los que apenas se han facilitado más datos, para esclarecer la autoría de los mismos. Los investigadores han encontrado, en ambos casos, las pruebas biológicas necesarias para imputar los dos delitos a la misma persona, según informa el Instituto Armado en un comunicado. El joven fue detenido en la comarca del Sar el jueves como supuesto autor de los sendos ataques a mujeres, el primero tuvo lugar a principios de 2017 y un abuso sexual a otra mujer el pasado verano. Tras ser puesto a disposición judicial y comparecer ante el juez, este ordenó su inmediato ingreso en prisión provisional sin fianza. Ahora la investigación prosigue por si existen otros casos y más víctimas que no hayan denunciado los hechos. De ahí el secreto y la discreción que pesan sobre esta causa.

Los investigadores de la Guardia Civil que buscaban al agresor de las dos mujeres desde el primer ataque, hace casi un año, destacan la juventud del supuesto agresor sexual, y también la violencia con la que actuaba.

La Opinión