juzgado

Campaña mediática para evitar que tiren una casa cesureña.

José Carou señalando la casa del denunciante y detrás de él, la suya.

El Concello pidió una prórroga al juez para ejecutar la demolición y redactar el proyecto

Una familia de Pontecesures, vecina de O Rial, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para evitar que se derribe su vivienda. Sobre ésta pesa una orden judicial de reposición de la legalidad, tras presentar un vecino de la zona, J.J.L.O., una denuncia por presunta ilegalidad del inmueble. Se trata del mismo denunciante que solicitó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ejecutar el deslinde de Augas de Galicia en la pista del Regadío, en diciembre 2010.

Bajo el lema Axúdanos a parar esta inxustiza, la familia inició una campaña de recogida de firmas, en los bares de la comarca para intentar que la presión social paralice la actuación. ?sta ha tenido su eco en Internet a través del email Evitemos o derrube da casa duns amigos, en el que se piden firmas para evitar que se deje a esta familia «a de José Carou Alcalde, José o Francés, na rúa»

?ste, en conversación telefónica mantenida con este diario hace un mes, recalcó que cuando construyó su casa contaba con todos los permisos. Ahora para poder legalizarla conforme al PXOM, necesita adquirir una franja de terreno de 12 metros. Cuando la construyó hace casi 10 años le exigían 9 (regían entonces las Normas Subsidiarias). La compra parece simple pero es materialmente imposible: No hay terrenos en venta, y el único que podría estar disponible, de unos 300 metros, es económicamente inviable para la economía de la familia, que tiene un niño pequeño.

La orden de demolición fijada por el TSXG estaba prevista para el pasado día 31, pero no se hizo efectiva al pedir el Concello al Juzgado una prórroga mientras tramita la redacción del proyecto de derribo.

El edil de Relaciones Institucionales, Luis Sabariz, recalca que hay que ser «muy comedido con este tema», aunque comprende «la preocupación de la familia». Matiza que «en estos momentos lo que prima es buscar una solución de acuerdo a la normativa y es perjudicial entrar a valorar o discutir asuntos jurídicos en los medios de comunicación.

EL CORREO GALLEGO, 06/02/11

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

El BNG y Sabariz se enzarzan de nuevo con acusaciones sobre el caso del gasoil.

Las últimas declaraciones de testigos en el Juzgado nº 1 de Caldas dentro de la causa del gasoil en la que están imputados el exalcalde, Luis Álvarez Angueira y el responsable de Obras del Concello, Xurxo Gerpe, siguen generando polémica y enfrentamiento entre el BNG y el concejal no adscrito Luis Sabariz.
La asamblea local nacionalista sostiene que la declaración de una emmpleada de la gasolinera «non recolle que Angueira non pagara o importe das súas repostaxes e tampouco que o consumo realizado polo seu vehículo ses cargase nas contas municipais». Acusan a Sabariz de tergiversar las declaraciones con la intención de «emporcar a vida política, intentando danar aos seus contrincantes políticos coa máxima de todo vale». Con esto, añade el BNG, «pretende enmascarar a nefasta xestión do tripartito nesta lexislatura».
Por su parte, Sabariz insiste en que la testigo declaró que Angueira «no le pagó en el acto, ni en metálico ni con tarjeta, ni uno sólo de los repostajes» en los que coincidió con esta extrabajadora y que los ickets «eran incorporados al pincho del combustible servido al Ayuntamiento». Para Sabariz el máximo responsable de «ensuciar» la política local fue Angueira, con asuntos comno el gasoil, el envío de SMS, empadronamientos «fraudulentos» o dudosas facturas de comidas.

LA VOZ DE GALICIA, 06/02/11

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

Recogen firmas para «salvar» la vivienda en O Rial sobre la que pesa orden de derribo.

Hojas para la recogida de firmas que se repartieron por establecimientos de varios municipios. A la derecha, Isabel Eitor ante su vivienda.

La familia formada por Gerardo Carou, Isabel Eitor y su hijo Hugo, de ocho años, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para intentar que la ??presión social? consiga lo que hasta el momento parece inevitable: el derribo de su vivienda, situada en el número 5 de O Rial y sobre la que pesa una orden de demolición dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que había fijado como fecha límite para cumplir el fallo el pasado 31 de enero.
La casa sigue en pie, de momento, y con sus tres inquilinos dentro porque el Concello ha solicitado al juzgado una prórroga mientras se redacta y tramita el proyecto de derribo, que ya fue encargado al Colegio de Arquitectos, y a la espera de que el tribunal fije una nueva fecha para la demolición. ??Cada vez son menos as posibilidades? de legalizar la vivienda, comenta desesperanzado el abogado del matrimonio Carou-Eitor, Xosé Barreiro.

La única forma de conseguirlo sería que algún vecino vendiese a esta familia una franja de terreno para alcanzar los 12 metros de entrada con frente a terreno público, tal y como exige el actual Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Pontecesures. Necesitan adquirir poco más de tres metros. Han sido varios los intentos, pero todos infructuosos. ??O único veciño que está disposto a vender pide un prezo desorbitado, 60 millóns de pesetas por unha franxa duns trescentos metros, que é máis do que valen a construcción e máis a vivenda xuntas. ? unha chantaxe en toda regla?, comenta el representante legal. Añade que otros propietarios se niegan a vender ya que estarían ??amedrentados? por Juan José Llerena Orgaz, un vecino de la zona que denunció la situación irregular de la vivienda e inició este conflicto. ??Hai outras casas que tamén están ilegais, polo que os veciños temen que este home tamén os denuncie e néganse a vender?, explica Xosé Barreiro.

Apoyo social.
En vista de que las posibilidades no son muchas, Gerardo Carou e Isabel Eitor iniciaron hace un par de días una recogida de firmas en Pontecesures y en municipios próximos como Valga, Padrón o Rois. En muchos establecimientos comerciales y de hostelería de estas localidades están a disposición de la gente las hojas para que estampen su rúbrica y se solidaricen con la situación por la que atraviesa esta familia. ??Axúdanos a parar esta inxustiza?, puede leerse en estos papeles. Internet es otra de las vías a través de la que intentan recabar apoyos.

Gerardo Carou ve ??moi inxusto? su caso. ??Vanme deixar sen casa, co neno na rúa, coa miña muller de baixa por depresión e unha hipoteca?, lamenta a la vez que carga las tintas contra el Concello, ya que considera que ??o único que quere é eludir responsabilidades. Estamos rodeados de ilegalidades e só a min me van tirar a casa?. Sostiene en este sentido que el propio Juan José Llerena ­que dio pie a esta situación con la interposición de una denuncia en relación a un camino de servidumbre­ ??non cumpre a lei. Nos últimos anos presentamos varias denuncias contra este señor no Concello, pero non moven un dedo contra el?.

La incertidumbre se ha apoderado de esta familia cesueña. ??Non podemos aguantar máis isto?, afirma Carou Alcalde. ??O que máis sinto é que o meu neno o está pasando muoi mal. ? moi triste que no colexio lle estean a dicir que lle van tirar a casa. Ata tivemos que ir falar cos mestres, porque pasou de sacar sobresaíntes e notables a nin sequera cubrir os exames?, comenta el afectado, que no se cansa de reclamar que se le permita legalizar la vivienda.

DIARIO DE AROUSA, 05/02/11

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

Una prórroga para adjudicar el proyecto de derribo da vida a una casa cesureña.

Los propietarios de la vivienda, sita en O Rial, recogen firmas para «parar esta inxustiza».

Isabel Eitor, su marido, Gerardo Carou, y su hijo. Lucas continúan con el alma en un puño ante la inminente demolución de la vivienda unifamiliar en la que residen, en O Rial, aunque la fecha señalada por el Juzgado para el desalojo y derribo, el pasado 31 de enero, pasó sin que actuase la piqueta. Sobre el inmueble pesa una orden judicial de derribo del TSXG por incumplir las directrices urbanísticas del Plan Xeral, por lo que la licencia concedida en el jaño 2000 fue anulada por este tribunal.
El motivo de este tiempo extra, según explicó el abogado de la familia, Xosé Barreiro, es que el Concello de Pontecesures solicitó al Juzgado de lo Contencioso de Pontevedra una prórrogar para adjudicar la redacción del proyecto de demolición. Esta medida servirá para posponer la orden judicial, siempre que el juez la conceda. «Contestará este mes, seguro». De hecho, el próximo martes, se cumplen los cinco días de plazo para que las partes implicadas se posiciones respecto a la solicitud».
El letrado explicó que la familia solicitó licencia municipal para construir la vivienda y «sempre se seguiron os parámetros do Concello e da dirección de obra». Sin embargo, un vecino, José Llerena, denunció al matrimonio porque la edificación no se ajustaba a derecho. El pleito continuó hasta que el Juzgado Contencioso Administrativo le dió la razón. En 2008 el TSXG dictó que la licencia había sido mal otorgada y que, o se legalizaba la construcción, o habría que restituir la legalidad.
La cuestión es que mientras se sucedieron las citas judiciales entró en vigor el PXOM (2003), que exige que la casa tenga una entrada por el frente de 12 metros de anchoi hacia el terreno público, una norma que se incumple en este caso, ya que tiene sólo nueve. «Estamos falando de xente que pediu unha licenza e fixo la casa conforma a ela. Ademais están pagando unha hipoteca» por lo que el derribo les dejará en la calle y con una gran deuda.
A pesar de celebrar «moitas reunións» con el Concello, no se encontró una fórmula jurídica para evitar la piqueta.
«A única opción»(señala el abogado) es que los propietarios de las fincas colindantes le vendan o permuten el terreno necesario para ampliar la entrada, apenas tres metors de longitud. El problema es que los vecinos se sienten atemorizados por el denunciante «e tamén teñen problemas coas súas licenzas. Saben que se lle venden unha franxa pequeniña os pode denunciar a eles tamén».
Otras fuentes apuntan que la única persona que se prestó a vendersuperficie necesaria pidió un precio muy elevado.
Mientras tanto, la familia ha puesto en práctica una medida para recabar el apoyo popular a través de la recogida de firmas, aunque su eficacia es dudosa frente a la orden judicial. Desde esta semana los pliegos se encuentran en numerosos comercios y establecimientos hosteleros no solo de Pontecesures, sino también de Valga, Padrón y Rois. «Pedimos axuda e a vosa colaboración para evitar o derrubo da vosa casa. Axúdanos para poder parar esta inxustiza».

DIARIO DE PONTEVEDRA, 05/02/11

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

Maribel Castro: ??Yo no quiero ejecutar la sentencia, pero me obliga el juzgado? .

La alcaldesa de Pontecesures, Maribel Castro Barreiro, es extremadamente comedida al referirse a la problemática urbanística que rodea a la vivienda de O Rial con orden derribo. Pide la máxima cautela al tratar el tema, dado lo delicado del mismo. ?nicamente se limita a decir que ??yo no quiero ejecutar esa sentencia, pero me obliga el juzgado?.
Para ningún alcalde debe ser plato de buen gusto llevar a cabo la demolición de una vivienda y que esto suponga dejar a una familia sin hogar. Sin embargo, la resolución judicial insta al Concello a ejecutar el derribo de forma subsidiaria ­el coste de las obras correrá a cargo de los propietarios de la casa­ ya que, de lo contrario, el juzgado le impondrá a la alcaldesa sanciones económicas con periodicidad mensual. Estas multas tendrían que ser pagadas por Maribel Castro a título personal, y en ningún caso podría sufragarlas el Concello de Pontecesures.

DIARIO DE AROUSA, 05/02/11

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace

BNG y Sabariz recrudecen la polémica por las declaraciones del gasoil.

Nueva vuelta de tuerca al caso gasoil en Pontecesures. El BNG acusó al edil no adscrito Luis Sabariz de «manipular abertamente» la declaración de una testigo por los excesi¡vos consumos de gaoil de un vehículo del Concello en el proceso que se sigue en el Juzgado de Caldas.
Tras acceder a la declaración íntegra, la asmblea del BNG afirma que «nas decalracións da testemuña á que fai referencia o tránsfuga Sabariz, en ningún momento se recolle que o compañeiro Luis Álvarez Angueira non pagara o importe das dúas repostaxes. Tampouco se desprende desta declaración que o consumo realizado no seu vehículo se cargase nas contas municipais. Todo iso é evidente, incluso para o tránsfuga Sabariz, aínda que este pretenda darlle a volta á decalración, para que lle sexa favorable as súas hipóteses».
Los nacionalistas añaden que esta forma de hacer política del «todo vale» pretende servir par «enmascarar a nefasta xestión municipal realizada polo tripartito neste mandato, que se caracteriza por un enorma despilfarro económico onde os grandes proxectos quedaron esquecidos.
Apenas cuatro horas depués llegó la respuesta de Sabariz, quien insiste en las mismas palabras de la semana pasada, es decir, que de la declaración de la testigo, una antigua empleada de la estación de servicio se desperende que «el señor Angueira no pagó en el acto, ni en metálico ni con tarjeta entre 2001 y 2005 ni uno solo de los repostajes realizados en su coche particular a la trabajadora que dispensaba el carburante».
Insiste en que la trabajadora emitía un ticket que era incorporado por ella misma al «pincho» del Concello, algo que no pasó nunca con nigún otro particular.

DIARIO DE PONTEVEDRA, 05/02/11

Por Luis Angel Sabariz Rolán, hace