El alcalde de Dodro se pelea con un monitor deportivo al que despidió.

Los hechos se produjeron poco después del mediodía en dependencias oficiales del Concello antecedentes

El alcalde de Dodro, el socialista Arturo Díaz, se enzarzó ayer en una pelea en su despacho oficial con Alfonso Fernández, monitor deportivo municipal en Dodro durante cinco años y al que despidió Díaz nada más hacerse con el cargo. Ahora Alfonso Fernández ejerce como monitor deportivo en la Asociación O Xílgaro y, por eso, acudió ayer al Concello para justificar los requisitos técnicos de los niños a los que adiestra. Pero la reunión terminó mal: el joven monitor debió ser atendido médicamente tras un fuerte golpe en el oído y una previa discusión a grito pelado.
De esta disputa dio buena cuenta ayer el PP de Dodro en una crónica pormenorizada: «O alcalde de Dodro agredeu dun puñetazo ao ex monitor deportivo do Concello de Dodro, Alfonso Fernández. Tiveron que ser os concelleiros do Partido Popular quenes asistisen ao ex monitor e o acompañasen ao centro de saúde de Padrón, onde se comprobou o alcance da lesión e se levantóu o correspondente parte de lesións».
El joven monitor, de 29 años, se confesaba ayer apesadumbrado: «Os meus pais non me ensinaron a pelexar, fun agredido por querer facer cousas polos nenos de Dodro», dijo, al tiempo que reconoció que no interpondrá denuncia ante la Guardia Civil hasta hoy mismo. «Estou moi agradecido á xente de Dodro», dijo.
Por su parte, el alcalde acudíó raudo al Juzgado de Paz de Dodro para formular una denuncia verbal en la que admite que conminó al ex monitor a que abandonase las dependencias municipales una vez enzarzados en la discusión.
«Fue entonces cuando el denunciado se abalanzó sobre el alcalde-denunciante, lo agarró y lo amenazó con que le partía la cara», dice el acta judicial instada por el alcalde Arturo Díaz, que, a renglón seguido, admite que «el denunciante se intentó deshacer de él empujándole, resultado de lo cual y una vez más calmados los ánimos, el denunciado manifestaba que tenía un hematoma en la cara».
Todo se desarrolló, aparentemente, estando los dos implicados solos y, al parecer, los gritos trascendieron a los funcionarios que se encontraban trabajando a esa hora. «O alcalde propinoulle un puñetazo que lle provocou danos no oído esquerdo», sostienen los ediles del PP de Dodro, que no dudan en calificar estos hechos de «vergoñentos» al tiempo que piden su dimisión inmediata por «sectarismo e autoritarismo». El Partido Popular promete «levar a cabo todas as accións políticas para que esta vergonza remate dunha vez en Dodro».

LA VOZ DE GALICIA, 20/01/09

El conflicto por una herencia entre ocho hermanos de Cordeiro acaba en los juzgados.

Siete integrantes de una familia natural de la parroquia de Cordeiro presentaron en el juzgado de Caldas de Reis una demanda contra la octava de sus hermanas, a la que acusan de haberse apropiado, presuntamente, de todos los bienes que les habían dejado en herencia sus padres.

En el mes de mayo se cumplirá un año desde que falleciera la madre de estos ocho hermanos. La anciana les había expresado su intención de dejar sus bienes (una casa en el lugar de Laxes con un terreno colindante) a la persona que cuidara de ella durante sus últimos años de vida, papel que ejerció la mayor de todas las hermanas.
Tras el fallecimiento, todo el clan coincidió en lo justo de la decisión de su progenitora y decidieron acudir al notario para que la vivienda pasara a nombre de la heredera. Cual fue su sorpresa cuando, al comenzar con la tramitación, se percataron de que otra de sus hermanas, de nombre Nieves, ??tiña todo posto ao seu nome, pero non só a herencia da nosa nai, senón tamén a do meu pai?, que hace varias décadas que falleció, explica Paulino Santos Campaña, uno de los afectados.

El pequeño de los ocho hermanos, que reside en Almería y acaba de pasar unos días en Galicia, lamenta la actitud de Nieves y se pregunta ??como conseguiu as firmas de todos nós para conseguir poñelo todo ao seu nome nun tempo récord?, por lo que sospecha que ??deben ser documentos falsos?. De ahí que, en los últimos días, los siete hermanos restantes se hayan reunido decidido tomar medidas judiciales presentando una demanda en Caldas. ??A herdanza non é moita, pero non é normal que faga isto ás nosas costas e nós queremos darlle todo á miña irmá maior?, insiste. Lejos de convertir la historia en un drama, Paulino le concede al hecho un cierto humor, a pesar de lo grave de la acusación hacia su hermana y de que él mismo describe la situación generada por la herencia como ??kafkiana?.

DIARIO DE AROUSA, 20/01/09

Cazado en la autovía del Barbanza a 196 kilómetros por hora.

Las fuerzas de seguridad lo califican de «acto de salvajismo vial» ··Se detectó a las 18,15 horas del pasado martes

La Guardia Civil de Tráfico ha sorprendido al conductor de un turismo Ford Focus circulando a 196 kilómetros hora en un tramo de la autovía do Barbanza limitado a 80.

El hecho, que la propia policía califica de «acto de salvajismo vial», se detectó a las 18,15 horas del pasado martes día de Reyes y es el primero que se detecta en esta carretera la AG-11 desde su inauguración en diciembre pasado.

El imputado, de 36 años, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número tres de Santa Uxía de Ribeira.

EL CORREO GALLEGO, 09/01/09

Elevan de 560.000 euros a 2.9 millones la fianza a los dos administradores de Grúas Estación.

La decisión obedece al informe pericial que cifra el fraude del gasoil en 2,1 millones

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Padrón incrementó hasta 2,9 millones de euros la fianza conjunta de 560.000 euros impuesta en su día a los dos administradores del grupo empresarial padronés Grúas Estación, Santiago Montenegro González y Carlos Mosquera Fragua, para cubrir el importe probable de las responsabilidades pecuniarias que puedan llegar a exigírseles en relación con el fraude del gasoil, cuyo importe ha sido evaluado en 2,2 millones de euros entre los años 2002 y 2005.
El incremento de la fianza había sido solicitado por la representación legal de Serafín Montenegro González, ex administrador de Grúas Estación y denunciante del presunto fraude. Esta solicitud estaba basada en el informe del perito judicial emitido a finales de julio de este año en el que se estimaba el alcance del presunto fraude por el cómputo inebido de combustibles en los ejercicios económicos de los años 2002 al 2005, cifrándolo en un total de 2.198.583 euros. Posteriormente la investigación pericial fue ampliada a años sucesivos, si bien todavía no ha sido cerrada.
La fianza conjunta y solidaria de 560.000 euros que ya había sido depositada por Santiago Montenegro y Carlos Mosquera fue fijada atendiendo a un informe pericial provisional de junio del 2007 en el que solo se analizaba el gasto en combustibles de las tres empresas del grupo Estación durante el 2004.
El grupo Estación acaba de ser intervenido judicialmente por decisión de la Audiencia Provincial. La investigación se centra en las operaciones de supuesta adquisición ficticia de combustible con la finalidad de obtener dinero fiscalmente opaco que sería devuelto por el suministrador, aumentando así los gastos de explotación de las empresas del grupo y reduciendo el impuesto de sociedades. El suministrador obtendría el importe del IVA para blanquear capitales.

LA VOZ DE GALICIA, 24/12/08

La familia de la valguesa asesinada María Luz Posse pedirá la máxima pena para el ex agente Jaime Maiz.

Un hermano de la víctima solicita a la Justicia que acelere lo máximo posible las diligencias pendientes

Jaime Maiz Sanmartín ha sido suspendido de empleo y apartado del cuartel de Cambados. Iñaki Abella

La familia de María Luz Posse pedirá la máxima condena para el ex guardia civil Jaime Maiz Sanmartín, que lleva once meses en prisión, como presunto autor de la muerte de esta vecina de Valga residente en Cambados. Los allegados se han personado como acusación particular, y solicitará también que Jaime Maiz sea juzgado por asesinato, con lo que la pena sería más elevada que en el supuesto de que se le imputase un homicidio.
Un familiar de la víctima indicó ayer que por el momento no pueden formalizar la acusación, puesto que aún no se han completado todas las diligencias, pero manifestó su esperanza de que también la fiscal encargada del caso solicite la máxima condena para el ex guardia civil.
Por otra parte, la familia de la víctima ha pedido a las autoridades judiciales que en la medida de lo posible aceleren la instrucción del caso, pues recuerdan que a mediados de diciembre se cumplirá un año del brutal asesinato y que todavía quedan algunas diligencias pendientes. Así, pretenden conocer el protocolo de actuación de la Guardia Civil y los resultados de la prueba de alcohol en sangre que se le practicó al acusado.
Uno de los hermanos de María Luz Posse indicó que también está pendiente de que se le comunique el ofrecimiento de acciones (fue el primero en presentarse como acusación particular) y que además están esperando las diligencias realizadas al hijo mayor de la fallecida, quien denunció en su día que su madre era víctima habitual de malos tratos por parte del ex guardia civil.
Asimismo, los abogados de la acusación necesitan un disco en el que se recoge la grabación de lo sucedido en el vestíbulo del puesto de la Guardia Civil cuando se cometió el asesinato. Parece ser que el juzgado ya les envió una copia, pero que estaba guardada en un formato que no se podía leer, por lo que los letrados están esperando el envío de otra grabación.
«Seguro que en el juzgado están saturados de trabajo, y me temo que esto va para largo», manifestó Antonio Posse, a quien le gustaría que este tipo de delitos se juzgasen a la mayor brevedad posible, ya que se trata de hechos muy sensibles.
Por otra parte, la Dirección General de la Guardia Civil ya ha suspendido de sus funciones al presunto asesino, además de apartarlo de su trabajo en el cuartel de Cambados. Tras el asesinato, los máximos responsables del Instituto Armado indicaron que Maiz conservaría su empleo (es funcionario) hasta que hubiese una sentencia condenatoria en su contra. Sin embargo, parece ser que al final aceleraron su decisión.
Esto ha supuesto un duro varapalo para Jaime Maiz, que solicitó hace unos meses la libertad bajo fianza ya que el juez que la concede suele valorar que el preso cuente con un trabajo e ingresos económicos que garanticen su inserción social.
Cuando Maiz solicitó la libertad, tanto la Fiscalía del Juzgado número 3 de Cambados como la acusación particular se opusieron a la medida, pues entienden que existe riesgo de fuga por parte del preso, y que el tipo de delito que se le imputa es demasiado grave como para beneficiarse de esa medida.

FARO DE VIGO, 05/11/08

La Xunta «frena» la sanción a Picusa por verter fuel al río Ulla a la espera que se pronuncie la justicia.

La denuncia presentada por los valeiros tiene prioridad sobre el expediente administrativo

El expediente sancionador que el organismo Augas de Galicia abrió contra la empresa padronesa Picusa a raíz del vertido de fuel al río Ulla ocurrido en abril se encuentra paralizado a la espera de que se resuelva la denuncia judicial presentada por la agrupación de valeiros de Pontecesures contra la industria de curtidos. La vía judicial tiene prioridad sobre la administrativa, por lo que la Consellería de Medio Ambiente tendrá que esperar a que los juzgados se pronuncien para poder continuar con la tramitación del expediente, que, según indicó hace meses el director xeral de Conservación da Natureza, podría suponer una sanción económica de entre 30.000 y 300.000 euros para la empresa del Grupo Cortizo.

El organismo Augas de Galicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, paralizó la tramitación del expediente sancionador contra la empresa Picusa ­que en el mes de abril provocó un vertido de 2.000 litros fuel al río Ulla­ ya que, antes de resolverlo, tendrán que aguardar a que los tribunales de justicia se pronuncien sobre el tema. La agrupación de valeiros de Pontecesures presentó en mayo una denuncia en el juzgado de Vilagarcía por un presunto delito ecológico del que culpa a la industria de curtidos padronesa, que pertenece al Grupo Cortizo. La demanda prevalece sobre el expediente administrativo iniciado por la Xunta de Galicia, de manera que éste no podrá continuarse hasta que exista una resolución judicial.
Precisamente hace unos días el presidente en funciones del colectivo de valeiros, Ramón Barreiro, acudió a los juzgados vilagarcianos a prestar declaración con el objetivo de completar la denuncia, en la que se reclaman a Picusa compensaciones por las pérdidas que para los pescadores se derivaron del vertido. El juez le preguntó si podía aportar facturas que acreditasen el volumen de los perjuicios, pero ??iso non se pode cuantificar porque o vertido o que causou foron danos no medio ambiente? y en especies como la anguila, la solla o la lamprea ­que en el momento de producirse el episodio contaminante estaba en época de ??desove?­, por lo que las pérdidas ??son incuantificables. O que está claro é que imos sufrir danos e ver mermados os nosos ingresos? en las próximas campañas de captura, comenta Barreiro.

Por ello en la demanda no reclaman ninguna cantidad económica concreta a Picusa, sino que prefieren que sea el Ministerio Fiscal el que cuantifique a cuánto pueden ascender los daños provocados por el vertido. El tema está ahora pendiente de que se fije la fecha del juicio y Ramón Barreiro aguarda que, cuando se celebre la vista oral, ??volvan a chamarnos como testigos?.

En abril > El vertido de fuel al cauce del Ulla tuvo lugar a finales del mes de abril. Una fuga en un depósito en el que Picusa almacenaba fuel para el sistema de refrigeración de sus tanques provocó que el chapapote cayese en el río por una tubería de pluviales. Fueron unos 2.000 litros de hidrocarburos los que afectaron a unos seis kilómetros del río entre Padrón y Catoira, obligando incluso a Medio Ambiente a colocar barreras anticontaminación en varios puntos para evitar que el fuel afectase a la Ría de Arousa. La Consellería invirtió 70.000 euros en los trabajos de limpieza de las riberas del Ulla, para lo que montó un dispositivo formado por técnicos de Conservación da Natureza y Augas de Galicia, seis agentes, siete vigilantes, veinte obreros, personal de Picusa y varias embarcaciones. Durante diez días trabajaron en la retirada del chapapote del agua y la vegetación.

Inmediatamente después del vertido, Medio Ambiente abrió una investigación que derivó después en un expediente sancionador. Algunos de los detalles fueron revelados en el mes de mayo en el Parlamento de Galicia por el director xeral de Conservación da Natureza, Xosé Benito Reza, quien indicó que Picusa podría enfrentarse a una sanción económica de entre 30.000 y 300.000 euros. Además, la empresa tendría que invertir otros 10.000 euros para aumentar las medidas de seguridad en sus instalaciones, de cara a evitar que vuelvan a producirse fugas de hidrocarburos.

Sin embargo, esta propuesta de sanción está a hora paralizada hasta que el supuesto delito ecológico se resuelva en los juzgados.

DIARIO DE AROUSA, 04/11/08