ley

Feijoo dice que el criterio en el caso de la mina de Touro será «non enganar».

El presidente de la Xunta abordó tras la reunión semanal de su Gobierno la situación social y económica generada en torno al proyecto para retomar la explotación de una mina en Touro. Feijoo aseguró que para sacar adelante la licencia son necesarios 15 informes sectoriales y una declaración de impacto ambiental, pero, ante todo, garantizó que su Gobierno va a aplicar el criterio de «non enganar a ninguén». Por eso reclamó a los vecinos y a las plataformas que en los últimos meses han impulsado iniciativas en contra a que estén «tranquilos» siempre que tengan confianza en la ley.

El jefe del Ejecutivo gallego aseguró que la Xunta se va a limitar a «facer cumprir» las normas de un texto que fue aprobado por el bipartito en el 2008 y que siguen en vigor, tratando de limitar cualquier derivación política a los movimientos en contra de la mina. A juicio de Feijoo, su Gobierno ya ha demostrado que «ten criterio» ante este tipo de solicitudes, frase tras la que citó los casos de la mina de Corcoesto o la negativa que le dio a Ferroatlántica.

Por su parte, la firma Cobre San Rafael, que promueve el proyecto, comunicó ayer que está realizando una «intensa labor» de investigación científica en los últimos meses con vistas a aclarar «y reforzar» su propuesta empresarial e incrementar el nivel de confianza de una iniciativa de califican de «puntera» en cuanto a calidad técnica. El proyecto está actualmente en fase administrativa después del período de información pública.

La Voz de Galicia

Por Redacción, hace

Quintana alega que la mina de Touro solo se autorizará si no daña el entorno.

La conselleira de Mar pide no prejuzgar un proyecto que solo verá la luz si es viable.

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, fue puesta ayer en la tesitura de tener que responder ante el Parlamento por un asunto del que no tiene ningún tipo de competencias: el proyecto de reactivación de la mina de cobre que abarca terrenos situados en los municipios coruñeses de Touro y O Pino. La proximidad de este yacimiento a la cuenca del río Ulla, que vierte sus aguas en esa despensa marisquera de Galicia que es la ría de Arousa, es lo que levantó suspicacias en el sector pesquero y lo que motivó que el BNG interpelara a Quintana por este asunto. Y pese a no tener competencias, la conselleira no escurrió el bulto. Dijo que el proceso de autorización, si es el caso, de la explotación minera está siendo «garantista e rigoroso», por lo que si sale adelante el proyecto será solo porque es viable y no daña el entorno ambiental.

La diputada nacionalista Montse Prado explicó en su intervención que había una «alarma xustificada» de mariscadores, bateeiros y pescadores ante la posible reapertura de una explotación minera a cielo abierto para la extracción de cobre, que puede acabar vertiendo materiales «contaminantes» a la cuenca del Ulla. Por esa razón, y ante la presencia de miembros de la plataforma en defensa de la ría de Arousa, que siguieron el debate desde la tribuna de invitados, Prado pidió que Mar hiciera un informe vinculante sobre la mina, en que se hagan prevalecer los intereses del sector pesquero.

Rosa Quintana pidió que no se hagan apriorismos «catastrofistas», y que se actúe conforme a la ley impulsada en su día por el bipartito del PSOE y el BNG, en virtud de la cual se autorizaron con el apoyo de Montse Prado, que era delegada provincial de Industria, «catro proxectos de investigación mineira e once proxectos de explotación».

La alusión provocó un sonoro pataleo en la bancada del BNG, pero Quintana reaccionó sin salirse del guion para explicar que la minería es también una actividad económica «moi importante» para Galicia, pero que solo es viable manteniendo las correspondientes garantías y el respeto al medio ambiente.

Insistió en que la autorización está sujeta a la emisión de 15 informes sectoriales y declaración de impacto ambiental. En tanto no se haga ese trabajo, Quintana cree que no cabe prejuzgar. Así que pidió «prudencia» y «tranquilidade» al sector porque se actuará conforme a la ley.

La Voz de Galicia

Por Redacción, hace

El presupuesto municipal de Valga para 2018 ya es definitivo.

El gobierno conservador de Valga aprobó definitivamente -otra vez en solitario- los presupuestos municipales para el presente ejercicio, rechazando en base a los informes del secretario y el interventor la única alegación presentada, precisamente a cargo del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros y hecha suya por el grupo municipal socialista.

Dice el regidor, José María Bello Maneiro, que los informes de los funcionarios municipales «desmontan» los argumentos de dicho Colegio, y añade que «mienten cuando dicen que no figura la plaza de tesorero».

Al parecer «aparece reflejada» en el documento económico. Lo que sucede es que «hay que dedicarle tiempo», espeta el regidor antes de resaltar que «Valga es uno de los pocos municipios que desde hace veinte años tiene un funcionario ejerciendo como tesorero».

No se olvida de precisar el gobierno local que «el salario que recogen los presupuestos para el secretario y el interventor está dentro de lo que marca la ley». Y no solo eso, «sino que es superior al mínimo que establece». Es por ello que se pregunta «por qué tiene que pagar más el Concello». Y él mismo responde diciendo: «Si a otros les sobra el dinero que lo hagan, pero mi responsabilidad como alcalde es gestionar de la mejor manera posible y dentro de la ley los recursos de los que dispone Valga».

Abundando en esto resalta que «quien convoca las plazas de secretario e interventor es el Ministerio de Hacienda».

En cuanto al reparto de gastos e ingresos, ya se había anunciado, con motivo de la aprobación inicial, que el presupuesto para 2018 asciende a 5,4 millones de euros.

Desde el ejecutivo valgués destacan, por ejemplo, partidas «para la dotación y ampliación de servicios, abastecimiento de agua y saneamiento, recogida de basuras y adquisición de nuevos colectores, para medidas de ahorro energético y mejoras del alumbrado público, y las destinadas a mantenimiento de parques, jardines, espacios naturales y mobiliario».

Tanto o más importantes resultan las inversiones previstas en instalaciones deportivas y en el Centro de Interpretación da Caña do País.

Faro de Vigo

Por Redacción, hace

Un vecino de Padrón dice que no puede tener huerta por la maleza de otra finca.

Un vecino de la aldea de Pedreda, en Padrón, asegura que desiste de plantar su huerta a causa de la maleza que crece en un terreno colindante, de modo que las malas hierbas y la sombra impiden que pueda producir nada, según explica. «¿Cres que isto é normal no medio da aldea?», pregunta Santiago Rey, de 44 años, en alusión a una finca invadida por la maleza.

El vecino cuenta que lleva un año reclamando la limpieza de dicha parcela, incluso en el Ayuntamiento de Padrón, primero por el temor de que se produzca un incendio en plena aldea. Y ahora también porque ve que «non podo ter colleita» al estar su huerta de lado de la parcela sin cuidar.

«Isto é como ter a selva no medio da aldea; como plante lume, pobre de nós», dice Santiago Rey. ?l habló con el titular de la finca pero asegura que «nin limpa nin deixa limpar» y en el Concello se escudan en que el terreno es particular, añade el vecino de Pedreda, que recuerda que existe una ley que obliga a tener los terrenos limpios en el entorno de los núcleos habitados.

«Eu non podo estar todos os días a limpar leiras que non son miñas», cuenta este residente de Pedreda, en alusión a que tiene metido el tractor en el límite del terreno del otro particular, para sacar la maleza de encima de su huerta. Además, dicha maleza invade también, según cuenta Santiago Rey, el propio camino interior de la aldea. «Isto é un ano e outro e outro e aquí ninguén fai nada; eu só pido ter a miña colleita, nada máis, e non podo ter nada por culpa das silvas da finca doutra persoa», resume el vecino, quien asegura que, además, se trata de un criadero de bichos. También dice que es una pena que las fincas estén así en una aldea que se revalorizó con la ampliación de su principal camino.

La Voz de Galicia

Por Redacción, hace

Bello Maneiro lleva a pleno unos presupuestos polémicos, que podrían terminar en el juzgado.

El Concello de Valga acoge hoy un pleno en el que está prevista la aprobación de los presupuestos del 2018. Se trata de unos presupuestos polémicos, que cuentan con una alegación del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Pontevedra (Cosital) y el rechazo de la oposición. Es desde el PSOE desde donde indican que la alegación ha sido desestimada por el secretario y el interventor a los que En Marea vinculada a una trama de corrupción que tendría al alcalde del municipio, José María Bello Maneiro, a la cabeza. Las cosas siguen revueltas en Valga y con la más que probable aprobación de los presupuestos (El PP cuenta con mayoría absoluta) parece que no va a calmarse.

«O PSOE advirte que os orzamentos que se pretenden aprobar incurren nas mesmas irregularidades que os do 2017 e que supuxeron o inicio da suposta trama de corrupción que se denunciou en Valga», señalan desde el grupo socialista. Recuerdan también que los presupuestos del año pasado están recurridos ante el Tribunal Superior de Xustiza tanto por Cosital como por ellos. Lo que apunta a que, de ser aprobados los que se llevan hoy a pleno ordinario, podrían correr la misma suerte. «Será imposible xestionar o Concello e darlle un servizo correcto aos veciños se o TSX de Galicia anula os orzamentos de dous anos consecutivos», afirman.

Los puntos de la discordia

Son varios los puntos que PSOE y Cosital tildan de irregulares: La ausencia de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el incumplimiento de la ley de transparencia, la ausencia de intervención sindical y el incumplimiento de la obligación de reservar las funciones de tesorería y recaudación a habilitados nacionales. A estos hay que sumarles el punto más controvertido. Los presupuestos fijan la partida que se destinará al pago de los sueldos del secretario e interventor y que recoge unas cuantías muy inferiores a la media y que En Marea vincula a una trama de corrupción.

«O Concello de Valga está impedido a cobertura dos postos de secretario e interventor ao fixar unhas condiciones retributivas moi inferiores as doutros concellos similares. Por destacar un dato, o complemento específico non chega a metade do máis baixo dos concellos da provincia de Pontevedra de características similares», señalan los socialista, que hoy votarán en contra de su aprobación.

Las sospechas de En Marea

El vínculo con los presupuestos que se llevarán a pleno y la trama que denuncia En Marea se encuentra en la cuantía que se destina a pagar al secretario y al interventor. «Con salarios máis baixos do normal disuaden aos funcionarios habilitados de pedir a praza, de xeito que rematan sempre por estar vacantes», denuncian desde la agrupación, desde donde indican también que el alcalde compensaría con dietas irregulares a unos trabajadores «elixidos a dedo», que se harían la vista gorda a la actividad desenvuelta por Bello Maneiro. El popular ya negó las acusaciones y anunció que los asesores jurídicos del Concello están estudiando la interposición de una querella contra En Marea.

La Voz de Galicia

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El alcalde de Valga estudia querellarse contra el portavoz de En Marea.

El regidor niega que exista una trama de corrupción en el Concello y pide respeto para los trabajadores.

Una semana después de que En Marea denunciase la existencia de una trama de corrupción en el Concello de Valga, el alcalde José María Bello Maneiro compareció ayer ante los medios de comunicación para negar estas acusaciones y anunciar que sus asesores jurídicos están estudiando interponer una querella contra el portavoz nacional de En Marea, Luís Villares, por las difamaciones vertidas contra el gobierno local y los trabajadores municipales. «En política non todo vale, hai que ser serios e respectuosos e xa é hora de que alguén empece a tomar medidas contra as descualificacións e os insultos», señaló.

En Marea acusa a Bello Maneiro de situar en los puestos de secretario e interventor del Concello a personas de su confianza para que hagan la vista gorda ante supuestas irregularidades en la gestión municipal. Y eso se consigue, según esta formación, siguiendo una estrategia basada en tres ejes: estableciendo una provisión económica inferior a la que corresponde por categoría, lo cual provoca que las plazas queden vacantes; el pago de dietas para compensar los sueldos bajos, y la contratación de una socia del interventor como refuerzo administrativo.

Explicaciones

Respecto a esta última cuestión, el alcalde justificó la contratación de una persona autónoma -con una retribución de mil euros al mes- en la necesidad de agilizar los asuntos atrasados y garantizar el buen funcionamiento de la administración. «Este contrato remata en xuño e é un traballo que, na meirande parte, non se fai fisicamente no Concello de Valga senón de xeito telemático a través da sede electrónica. Ao traballar con ordenadores é doado tirar do fío e saber quen traballa», señaló. «O señor Villares debe saber sobre iso porque denunciárono ante a Fiscalía Xeral do Estado, o Consello Xeral do Poder Xudicial e a Axencia Española de Protección de Datos por, presuntamente, utilizar os servizos informáticos e a rede interna do Poder Xudicial para coñecer procesos xudiciais sobre políticos doutros partidos».

Sobre el pago de dietas, el regidor las cifró en 37,40 euros por cada día que ambos trabajadores acuden al Concello, uno o dos por semana. «Só faltaría que tiveran que pagar do seus petos as comidas e os desprazamentos desde Ribeira e Sanxenxo».

Respecto a los salarios que perciben el secretario y el interventor, Bello Maneiro afirma que están por encima de lo que marca la ley y defendió la profesionalidad, responsabilidad y compromiso de ambos trabajadores. «Pero algúns non reparan en que detrás destes profesionais hai familias».

Y aplicando los criterios que esgrime En Marea se pregunta si «o secretario de Pontevedra cobra un bo soldo para que faga o que quere o alcalde ou se o alcalde de Santiago ten como secretario a unha persoa da súa confianza polo mesmo motivo».

El popular tampoco dejó de referirse al Colegio Territorial de Secretarios e Tesoureiros de Administración Local (Cosital) -que denunció irregularidades en el Concello de Valga y recurrió los presupuestos municipales- para acusarlo de contribuir a difamar a uno de sus asociados y de usar una doble vara de medir. «Cantos recursos presentaron aos orzamentos de concellos da provincia por non ter RPT e tesoureiro?, que interese teñen en Valga?», se preguntaba ayer.

La Voz de Galicia

Por Redacción, hace