La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y el vicepresidente César Mosquera presentaron el Plan Concellos para el año 2023, que será aprobado en el pleno de este viernes y que cuenta con un presupuesto de 44 millones de euros, un millón más que el de este año. De este total, 8.301.966 euros irán a parar a los once ayuntamientos pontevedreses de Área de Compostela, pertenecientes a las comarcas de Deza, Caldas y Tabeirós.
Entre las novedades que dieron a conocer Silva y Mosquera durante la presentación destaca el hecho de que los gobiernos locales tengan “a posibilidade de trasladar ata un 30 % dos fondos da liña 1 á liña 2 co obxectivo de incrementar a liquidez daqueles concellos que o precisen. Unha flexibilidade que, ademais, mantén a posibilidade xa prevista en anos anteriores de traspasar integramente os fondos das liñas 2 e 3 á liña 1”, explicaron. Es decir, de las líneas relativas al gasto corriente y empleo a la línea correspondiente a las inversiones.
En lo que respecta a la línea 3, que financia buena parte de los planes de empleo municipales, esta se adapta a la reforma laboral que determinó la desaparición de los contratos por obra o servicio. Es por ello que la Diputación pontevedresa transforma este apartado en un programa propio de política activa de empleo conforme a lo que dispone la Lei de Emprego, “que permite que este tipo de programas sexan xestionados mediante a concesión de subvencións públicas”.
En lo que se refiere a las inversiones concretas en los cuatro ayuntamientos de Área en Deza y Tabeirós-Terra de Montes, el incremento previsto para el 2023 en conjunto en el Plan Concellos ronda el 2 %. Al tratarse de sendos municipios por encima de los 20.000 habitantes, ni Lalín ni A Estrada se benefician del incremento de un millón de euros para el próximo año en este programa. De esta forma, aunque son los que más se benefician, prácticamente reciben la misma cifra que en 2022: A Estrada 1.559.742 frente a los 1.559.739 previos, es decir, 3 euros más, mientras en el caso lalinense se pasa de 1.527.786 a 1.528.379, con un aumento por tanto de 693 euros.
Donde hay incremento de partida es en Silleda, que se llevará 843.567 euros del Plan Concellos, frente a los 817.569 del 2022. Por el contrario Vila de Cruces obtendrá 693.286, frente a los 817.569 que percibe en el ejercicio en curso.
En Caldas, el ayuntamiento que encabeza las cifras del Plan de Concellos 2023 es precisamente el de Caldas de Reis, que recibirá 770.484 euros. Le sigue Valga, con 586.040 €; Cuntis, con 580.234; Moraña, con 505.017; Catoira, 445.972; Portas, 402.865 y Pontecesures, que recibirá un total de 386.379 euros.
Cabe señalar que desde 2016, año en que la Diputación puso en marcha el Plan Concellos para garantizar la financiación reglada a los municipios con criterio objetivos, se han repartido entre los 59 ayuntamientos con menos de 50.000 habitantes 340,7 millones de euros, de los que más de 156,7 millones fueron para los de menos de 10.000 habitantes; 110,3 millones a los de entre 10.001 y 20.000 habitantes, y cerca de 73,6 millones para el grupo de entre 20.001 y 50.000 habitantes.
Replican descontentos las explicaciones del alcalde en el pleno
«Lo que prometieron en un primer momento como polígono amable, ecopolígono y ejemplo de urbanismo sostenible con grandes áreas recreativas, deportivas y zonas verdes, terminará siendo un ejemplo de terrorismo urbanístico, quedando nuestras casas como hormiguitas pegadas a un monstruo de hormigón». Esta es la conclusión que el colectivo de vecinos en contra del proyectado polígono industrial de Pontecesures ha sacado de las explicaciones que el alcalde de la localidad, el popular Juan Manuel Vidal Seage, ofreció en el pleno extraordinario del martes que sobre el asunto forzó el PSOE.Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del díaREGISTRARME
Los afectados afearon a Seage y al tripartito que conforma el PP con IP y TEGA buena parte de su relato. Empezando por su defensa de que los 326.000 metros cuadrados sobre los que se levantará el polígono son suelo de tipo industrial desde la reforma del PXOM cesureño en 2003: «Ese suelo está calificado como suelo urbanizable no delimitado que, según la Lei do Solo de Galicia del 2016, se equipara a suelo rústico», contestan los opositores al proyecto.
En esta misma línea, los vecinos enfrentan el 83 de 100 puntos recibido por el proyecto en un documento técnico de la Xunta del 2012 esgrimido por Seage con, apuntan, el 0 de 100 que obtuvo en los apartados de geología y geotecnia «por condiciones muy desfavorables».
«Nos causó incredulidad que —el alcalde— se dedicase a averiguar el domicilio de las personas que presentaron alegaciones, minusvalorando la procedencia de estas siendo un proyecto de interés autonómico», añaden desde el colectivo vecinal, que entiende que para el alcalde «no tenemos derechos». También que se pretende suprimir un bosque húmedo «privatizando y aprovechándose de nuestros recursos naturales, en particular del agua, que en pocos años tendrá un valor incalculable» y que Seage «reconoció que lo que exceda de la capacidad de las balsas del polígono se filtrará directamente al río Ulla».
El alcalde reitera que su concello no servirá de aliviadero del futuro polígono industrial proyectado en Tarroeira
El alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, salió ayer al paso del dardo que su homólogo cesureño, el también popular Vidal Seage, lanzó al concello vecino este martes en el pleno convocado por el PSOE de Pontecesures para arrojar luz sobre los entresijos del polígono industrial de 326.000 metros cuadrados proyectado en el lugar de Tarroeira, limítrofe con Valga. «Os inimigos nas inundacións ao mellor non están en Cesures. Non sei se alguén explicou isto no pleno de Valga», soltó Seage al buen número de vecinos afectados por el plan presentes, tras sostener la existencia de un informe que apuntaría a la construcción, años ha, de dos pasos subterráneos de tren en el municipio de al lado como único peligro potencial a la hora de favorecer futuras inundaciones de agua en la zona, y no el sistema de balsas elegido como método de desagüe de los residuos pluviales del parque empresarial.
Bello Maneiro fue tajante al respecto: «Non imos permitir, baixo ningún concepto, que as augas do polígono se conduzan directamente aos puntos nos que hai anos se producían inundacións, hoxe solucionadas grazas ás obras que executou a Xunta na zona, tal e como dixemos no pleno que celebramos en xullo». Una sesión monográfica extraordinaria para debatir y definir la postura y alegaciones frente a un polígono proyectado en los límites con su municipio por parte de la corporación municipal de Valga, que se adelantó en más de un mes a una sesión, la del martes en Pontecesures, en la que el gobierno local pospuso su decisión respecto a la posibilidad de presentar sus propias alegaciones al proyecto.
Si bien manifestó no querer entrar en polémicas con el alcalde ni la corporación cesureña, el regidor valgués no deja lugar a la duda sobre su posición: «Non podemos permitir que o veciños de Valga retrocedan anos e volvan padecer anegamentos que afecten as súas propiedades. O proxecto do parque empresarial debe solucionar por si mesmo os seus problemas coas augas e non traspasarllos a outros. Na zona existen varios regatos, que os utilicen para derivar as augas ou que busquen outras alternativas. Que non se anulen no proxecto os regatos existentes e se invente un novo para darlles saída ás augas, a costa doutros».
Dicho todo lo anterior, Maneiro recuerda que la corporación de Valga ya registró las alegaciones que aprobó en el pleno del 21 de julio, por unanimidad de sus grupos políticos. En el caso de las referidas a la gestión de las aguas, incluyendo la solicitud a Augas de Galicia de un informe sobre la existencia de riachuelos y canales que no aparecen recogidos en el proyecto inicial del polígono.
La corporación aprueba que el gobierno local mantenga al día a los afectados. El BNG acusa al tripartito de boicotear la presentación de alegaciones de particulares y el regidor apunta veladamente a Valga para hablar de «inimigos»
El gobierno local de Pontecesures deberá asegurarse de que los vecinos afectados por el plan de construcción del polígono industrial en la zona de Tarroeira sean puntualmente informados de sus pormenores y avances, tanto desde el Concello como desde cualquier órgano público competente, en cuantas reuniones sean necesarias. Así lo acordó la noche del martes la corporación municipal, con los cinco votos favorables de socialistas y BNG a la moción presentada por el grupo del PSdeG–PSOE y la abstención de los seis ediles del tripartito formado por PP, IP y TEGA.
Fue este el punto final a una hora y 20 minutos de pleno extraordinario forzado por el grupo municipal del PSOE que encabeza Roque Araújo, argumentado por este último por la falta de información por parte del alcalde, Juan Manuel Vidal Seage, sobre los detalles del proyecto impulsado por Xestur desde hace algo más de un año. «Despexar todas as dúbidas respecto á xestión do goberno local» referente al «proxecto máis importante para Pontecesures nos últimos anos» era el objetivo, señaló Araújo. Y al menos alguna de las dudas se aclaró.
Entre ellas, el hecho de que, pese a haber finalizado ya el plazo de presentación de alegaciones al proyecto para particulares, el plan del polígono industrial sigue pendiente de los informes sectoriales de Augas de Galicia y, en lo referente a la afectación al tráfico rodado de la N-550 y la PO-548, del Ministerio de Transportesy la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. Informes por los que, adelantó Vidal Seage, está pendiente el gobierno local antes de formular posibles alegaciones al proyecto «sempre que non se cumpra a legalidade» durante el período que, hasta finales de septiembre, se mantiene abierto para las administraciones públicas.
Con todo, el regidor dedicó casi tres cuartos de hora a vender las bondades de la infraestructura empresarial, tras referirse sin personalizar a las críticas recibidas de vecinos afectados y la oposición diciendo: «Nestes últimos meses se ten falado, discutido e mesmo conspirado sobre este asunto, con inexactitudes, e con mentiras repetidas». Seage empezó recordando la aprobación del actual PXOM de Cesures en el 2003, sosteniendo que desde ese documento los 326.000 metros cuadrados en los que se proyecta el polémico polígono están «considerados como zona industrial»; también que BNG y PSOE quisieron impulsar en el 2006 un parque empresarialmayor, de 400.000 metros cuadrados. Este punto, y el hecho de que el plan del polígono cesureño recibiese una puntuación de 83 sobre 100, la tercera mayor de entre los 19 nuevos posibles parques incluidos en el Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia del 2012, llevó al alcalde a afear al PSOE y BNG su actual oposición a la iniciativa que Seage retomó el año pasado ante Xestur tras, dijo, haber sido interpelado por numerosos empresarios con problemas para la ampliación de sus negocios.
Los portavoces del PSOE y el BNG respondieron recordando que aquel polígono pensado a principios de siglo incluía la construcción de viviendas de protección oficial, cosa que el actual no contempla, así como más zonas de uso público y un carácter más comercial que industrial. Remarcó la nacionalista y ex alcaldesa Cecilia Tarela que el suelo será ocupado por una firma dedicada al aluminio lacado, mencionando el nombre de Stac, lo que aparejaría, afirmó, el aumento de la contaminación local, cuando: «En Pontecesures, de contaminación imos sobrados» y «as empresas que veñan non van crear emprego, xa van vir montadas cos seus traballadores, por empresarios sen escrúpulos que farán o que fan onde xa están; o que lles dá a gana».
Seage sostuvo que el sistema de balsas para la evacuación del agua procedente del futuro polígono da total seguridad, punto rebatido por Tarela, que le respondió rotunda: «O volume que exceda das balsas verteráse directamente ao cauce do río». La nacionalista blandió el no de su formación al polígono, forzando al resto de partidos a posicionarse en el pleno sobre la ocupación industrial de casi un 5 % del suelo del municipio. Los tres del tripartito dieron su sí. Roque Araújo, del PSOE, contestó: «Con esta información e condicións, non».
El BNG acusó al tripartito de boicotear la presentación de alegaciones
Según los datos manejados por el Concello, el plazo de presentación de alegaciones de particulares contra el plan del polígono industrial acabó con 628. Una cantidad que el alcalde no consideró excesiva, y a la que añadió sus muchas procedencias diferentes de otros municipios gallegos, sosteniendo que solo 98 tenían remitente cesureño y 36 con domiciliación en la misma dirección. Además, indicó que «nin o 20 % dos veciños dos lugares perimetrais do polígono alegaron». Por todo lo anterior, esgrimió: «Temos que defender o interese xeral, non só o dos que presentan alegacións».
Esta fue la intervención que más malestar generó en el público, pero también entre el BNG. Cecilia Tarela acusó al gobierno local de «boicotear a presentación de alegacións no Concello de Pontecesures», obligando a muchos vecinos a hacerlo en los registros de los de Caldas, Padrón y Valga y al propio BNG a pasar cinco horas en el cesureño para hacer lo propio. «Este é un goberno defensor do formigón e dos empresarios; dos veciños, non», manifestó Tarela.
Seage: «Os inimigos ao mellor non están en Cesures», en alusión a Valga
En un tono académico, que junto al contenido en varios momentos de su intervención irritó a parte de los numerosos vecinos que llenaron el salón de plenos, Seage habló de un estudio hidrológico y de un trabajo de campo elaborado por Xestur en el 2021. Un documento el último del que tiró para afirmar: «A situación que recollían estudos de inundabilidade feitos con anterioridade non reflectían toda a realidade, mentres que este recolle cousas que non estaban antes».
Entre ellas, y reconociendo que «a maioría da zona onde se vai asentar o polígono é inundable», el regidor mostró dos pasos subterráneos en la línea del tren en Valga que «non existían no anterior estudo» y que «non permiten a evacuación —de agua en exceso— ao seu arredor. A onde quero chegar con isto?», dijo Seage. Pues a acabar diciendo: «Os inimigos nas inundacións ao mellor non están en Cesures. Non sei se alguén explicou isto no pleno de Valga» en el que recientemente su corporación aprobó alegaciones contra el polígono cesureño.
Vidal Seage habló durante casi una hora sobre el proyecto del polígono y la oposición le recriminó que no lo hubiese hecho antes y en período de alegaciones.
Lo que se había concebido como un pleno extraordinario solicitado por el PSOE para que el tripartito de Pontecesures encabezado por el popular Juan Manuel Vidal Seage diese explicaciones sobre el proyecto del polígono empresarial se convirtió finalmente en un espacio en el que todos los grupos de la Corporación dejaron clara cual era su postura respecto a este controvertido parque empresarial. El salón de plenos de esta pequeña localidad arousana se llenó de vecinos deseosos de información y el alcalde acudió con un amplio dossier documental para intentar arrojar luz. Al final de la sesión, y a juzgar por los comentarios de los asistentes, no quedó claro si lo había conseguido.
Vidal Seage echó mano de archivo y hemeroteca para remontarse hasta el año 2003 con la aprobación del PXOM cesureño para aclarar que “xa naquel momento esa zona se calificou como de solo industrial. Non falamos de algo novo”. Siguió haciendo memoria para apuntar a que en 2006 ”co bipartito na Xunta a Consellería falaba de Pontecesures como un lugar ideal para a instalación dun polígono, algo que tanto PSOE e BNG de Cesures tamén defendían daquela”. El alcalde del PP habló durante casi una hora defendiendo que es Xestur el que promueve el polígono y que muchas de las cuestiones que se han dicho sobre el parque empresarial “son falsas”. Argumentó que en el año 2012 los terrenos de Pontecesures para un parque empresarial lograron la tercera mejor nota de la provincia de Pontevedra, “un 83 sobre 100 e só por detrás de Pazos de Borbén de de Vigo”. Un relato que hacía prever el apoyo rotundo del tripartito a la iniciativa empresarial. De hecho aseguró Seage que el número de alegaciones que se presentaron al proyecto actual no fueron “tantas como se dixo” y apuntó a que de los más de 300 vecinos directamente afectados por el parque empresarial “só presentou alegacións o 20 %, e do total de veciños de Pontecesures foron 98, 36 delas coa mesma dirección”. Unas cifras que le valieron la reprimenda de algunos de los vecinos y de la portavoz del BNG, Cecilia Tarela, que habló directamente de “boicot, non deixándose no Rexistro deste Concello presentar alegacións e tendo que ir a municipios veciños a facelo”. Acusación que Seage no replicó. Sí insistió el conservador en que el gobierno local “está aquí para defender o interese xeral e a posición en contra do polígono non é a do sentir maioritario”. Declaraciones que, de nuevo, provocaron malestar contenido entre el público asistente. Eso sí, Seage aseguró que el Concello presentará alegaciones si es necesario “sempre e cando non vaian en contra da lei” y afirmó a que el tripartito va a “loitar para que o impacto visual sexa mínimo, pero está claro que un polígono non se pode esconder”. Seage desveló que desde el año 2016 “varios empresarios se interesaron por este solo empresarial e viñeron a falar conmigo”. Tras su intervención el portavoz del PSOE, Roque Araújo, insistió en que el polígono que se concebía hace veinte años “tiña unha concepción diferente” y habló de que “contemplaba a creación de vivendas sociais, algo que consideramos que é importante para Cesures e que ahora neste proxecto desaparecen”. Dejó claro que su grupo está a favor de un parque empresarial “pero non nestas condicións”. Solo el BNG de Tarela fue tajante y aseguró que “en vinte anos unha pode cambiar de sensibilidade, por suposto, e agora estamos radicalmente en contra de que ese monstro se instale aí”. Su intervención provocó aplausos entre el público. Tarela rectificó al alcalde y le señaló que “o polígono non só afecta aos veciños dese entorno, senón que nos afecta a todos e pode condenarnos non só a nós, senón a xeracións vindeiras”. La nacionalista acusó directamente a Seage de mentiroso y de «estar ao servizo dos empresarios e non dos veciños, e todos sabemos de cales empresarios». Le echó en cara que «negase sempre que se lle preguntou por empresas concretas e agora di que falaron con vostede» y definió al tripartito como el “goberno do formigón”. Fue Tarela la que preguntó a los otros miembros del tripartito su postura. Maribel Castro, de IP, y Ángel Souto, de TEGA, (callados durante toda la sesión) dijeron “sí”, al controvertido proyecto empresarial.
