El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra ha concedido un nuevo plazo de cuatro meses para completar los trámites administrativos de cara a ejecutar la orden de derribo que pesa sobre la vivienda situada en el número 5 del lugar de O Rial y que fue dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Inicialmente, el TSXG había fijado como fecha límite para la demolición el día 31 de enero, un plazo que no se cumplió puesto que el Concello solicitó una prórroga para poder tramitar el proyecto, que fue encargado al Colegio de Arquitectos con un coste de unos tres mil euros.
La concesión de este nuevo plazo por parte del Juzgado de lo Contencioso no sólo amplía el margen para concluir los trámites, sino que también otorga un nuevo período para que la familia propietaria de la vivienda el matrimonio formado por Gerardo José Carou e Isabel Eitor, que habitan en la casa unifamiliar junto a su hijo Lucas pueda buscar una solución a la situación de ilegalidad del inmueble. La alternativa más factible es conseguir que alguna de las personas que tienen propiedades en las inmediaciones les vendan una franja de terreno para cumplir con la normativa urbanística vigente, que exige 12 metros de frente a terreno público. Son poco más de tres metros los que necesitan estos cesureños, si bien hasta el momento todos los intentos por adquirirlos han sido en vano.
Esto ha hecho que la situación de la familia sea de desesperación. Tal es así que a comienzos del mes de febrero pusieron en marcha una campaña de recogida de firmas con el objetivo de hacer presión social y que esto ayude a que no se ejecute la orden de demolición. Las rúbricas se recogen en la comarca del Ulla-Umia, en otros municipios próximos como Padrón o Rois e incluso en la Costa da Morte o en la zona de O Barbanza. Gerardo Carou confirmaba ayer que el número de firmas que han conseguido hasta el momento superan las 5.000, por lo que la implicación social con su problemática está siendo muy elevada.
La campaña no cesará a pesar de que la concesión por parte del juzgado de un nuevo plazo, que concluye a finales de mayo, abre una pequeña puerta a la esperanza. Y es que, cuanto más se demore la demolición más tiempo tienen para intentar la legalización de la vivienda. Si en estos cuatro meses de margen que ha dado el Juzgado entra por registro en el Concello una solicitud de legalización conforme al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), el derribo podría quedar sin ejecutar. De lo contrario, el Concello estará obligado a cumplir la orden del TSXG ya que, de no hacerlo, se impondrían a la alcaldesa multas periódicas que debería abonar personalmente y, en ningún caso, con dinero público.
Gerardo José Carou culpabiliza al Ayuntamiento de la situación en la que se encuentra su familia. La licencia concedida por el Concello en el año 2000 fue anulada por los tribunales tras la denuncia de un vecino. Posteriormente, en 2003, se aprobó el Plan Xeral ??e non tiveron en conta que a nosa casa xa estaba feita. Deixáronnos fóra de ordenación?. Incide, además, en que ??todos os que construiron arredor nosa están ilegais e ninguén fai nada?.
DIARIO DE AROUSA, 15/03/11
