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La vivienda no reúne los doce metros de fachada a la vía pública que exige el PXOM.

Una familia cesureña pide firmas contra el derribo de su casa
La vivienda, que obtuvo licencia en el 2000, no se ajusta al actual Plan Xeral

La familia formada por Gerardo Carou, Isabel Eitor y su hijo Hugo de ocho años ha iniciado una recogida de firmas con el fin de hacer presión social para evitar el demolición de su vivienda. La casa está ubicada en la calle de O Rial, de Pontecesures, y sobre ella pesa una orden judicial de derribo por no ajustarse a la normativa urbanística vigente.
La vivienda fue construida en el año 2000 con licencia otorgada por el Concello pero la entrada en vigor, posteriormente, del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) la dejó fuera de ordenación. La propiedad solo tiene 8,25 metros de ancho de fachada, ocupados por un portal que da acceso al interior de la finca, y la norma exige que sean un mínimo de 12 metros.
Los propietarios llevan tiempo intentando hacerse con los casi cuatro metros que le faltan pero son incapaces de llegar a un acuerdo con los lindantes lo cual le coarta la posibilidad de poder legalizar su casa.
La familia dice estar en una situación desesperada por eso ha optado por darle publicidad a su caso y recurrir a la recogida de firmas. Empezaron la semana pasada dejando impresos por diversos establecimientos de la localidad y municipios de la zona como Valga, Catoira, Rois y Cuntis. Los impresos circulan hasta por la Costa da Morte, porque Gerardo Carou es camionero y aprovecha sus desplazamientos para darle mayor cobertura a la campaña.

En la biblioteca, no
Ayer, cuando Isabel Eitor acudió a la biblioteca de Pontecesures para recoger el impreso con las firmas se encontró con la desagradable sorpresa de que lo habían retirado, alegando el personal municipal que obedecía a una orden del Concello. «E despois o Concello di que quere colaborar con nós, ¿como se entende isto?», explicó Isabel visiblemente molesta.
En los impresos se puede leer «axúdanos e danos a túa sinatura para poder parar esta inxustiza». La familia se considera víctima de la persecución de un vecino que fue quien, con la interposición de un contencioso administrativo por un conflicto surgido con un camino, logró que hubiera un fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulando la licencia concedida por el Concello y ordenando la reposición de la legalidad.
Este expediente no se tramitó en tiempo y forma y, entre tanto, se aprobó un PXOM que impide legalizar la vivienda a no ser que reúna los 12 metros de entrada hacia terreno público.
El 31 de enero pasado expiró el plazo para ejecutar el derribo y, desde entonces, la familia Carou Eitor vive desesperada. El Concello, por su parte, ha solicitado una prórroga al juzgado para redactar y sacar a concurso el proyecto de demolición de la casa con el fin de ganar tiempo, pero no es una solución definitiva. El juzgado insta al Concello a ejecutar el derribo de forma subsidiaria, es decir, el coste de las obras debería ser asumido por los dueños de la casa. De no ejecutar la demolición, la alcaldesa se expone a una multa económica.
La familia no quiere avivar la polémica pero están muy molestos con el papel que está desempeñando el Concello dado que no actuó a tiempo para resolver esta situación. Al contrario, apostillan, siguieron dándole licencias, bien fuera para un vado permanente en el 2007, bien para construir el cierre, en el 2009. «Se nos deron licencia no seu día, será que a casa se podía facer. Que culpa temos nós de que agora o plan xeral non deixe legalizar a casa», según explicó Isabel Eitor.
Dicen los afectados que están dispuestos a llegar a donde sea para evitar perder su casa. De momento, ya se han dirigido al Valedor do Pobo, entre otras instancias, y están volcados con la recogida de firmas. «A ver se coa presión social conseguimos parar isto». Otros opinan que darle publicidad a este tema solo puede acarrear problemas. Es el caso del concejal del gobierno local, Luis Ángel Sabariz, que considera «perjudicial entrar a valorar o a discutir asuntos jurídicos en los medios de comunicación», señala, y aboga por llegar a una solución «de acuerdo con la normativa».

LA VOZ DE GALICIA, 10/02/11