xunta

El PP dice que «observará» la evolución del caso de la Fundación Cela.

Dositeo Rodríguez, el que fuera conselleiro de Presidencia con Manuel Fraga y candidato del PP a la alcaldía de Santiago, fue imputado por la jueza que investiga la supuesta malversación de fondos públicos, fraude con las subvenciones y apropiación indebida en la Fundación Camilo José Cela, rescatada hace tres años por la Xunta al convertirla en fundación pública. La imputación de Dositeo Rodríguez, citado a declarar para el 22 de julio, complica su continuidad como miembro del Consello de Contas, el órgano encargado de fiscalizar las finanzas autonómicas. El PP, por el momento, se limitó ayer a decir que «observará» la evolución del caso antes de tomar decisiones.

La implicación de Rodríguez en el presunto fraude de la Fundación Camilo José Cela viene dada por su condición de ex patrono de la entidad y su presunta vinculación con el despido del que era director-gerente de la misma, Tomás Cavanna Benet, ya que la instructora entiende que se trata de un despido «simulado» y pagado con fondos públicos, sin el debido consentimiento de las administraciones que financiaban la entidad.

No obstante, Dositeo Rodríguez se defiende y, a través de un comunicado, señaló ayer que el cese de cese de Cavanna «fue válidamente aprobado por el patronato de la fundación» del que él formaba parte. Según su versión, también contó con el «beneplácito» de la Xunta, conforme al plan de viabilidad de la fundación sufragado con fondos públicos, del que se extraen las justificaciones establecidas en el correspondiente convenio. Añade el exconselleiro que Cavanna «nunca expresó su deseo de cese voluntario, sino todo lo contrario», pues pidió se que se formalizara según los estatutos de la fundación y «sujeto a la indemnización que le correspondiera».
Publicidad

Pero no lo ve tan claro la jueza del caso, que cree que se produjo una simulación de despido, según se desprendería de un intercambio de correos electrónicos sobre este cese en los que figura como destinataria y remitente Covadonga Rodríguez, hija de Dositeo Rodríguez y entonces subdirectora de la Fundación Cela, que también ha sido imputada en el caso, al igual que José Luis Delso, secretario de la misma.

Indemnización de 150.000 euros

La propia Xunta emitió ayer una nota en la que abunda en la tesis de Dositeo Rodríguez. Señala que el cese de Cavanna, que cobraba un salario superior a los 100.000 euros anuales, inadmisible en una fundación pública, era un «requisito imprescindible» para garantizar la viabilidad de la entidad. Por tanto, la indemnización, de 150.000 euros, se habría calculado «baixo os mesmos parámetros de cálculo» que para el resto de los empleados de la fundación, en una decisión ratificada por el patronado de la entidad con fecha del 27 de mayo del año 2010.

En cuanto al Partido Popular, que propuso en su día a Dositeo Rodríguez para que el Parlamento gallego lo nombrara miembro del Consello de Contas, no aprecia, en principio, razones de «incompatibilidade» para desempeñar su cargo con su nueva situación judicial. No obstante, Pedro Puy, portavoz del PP en el Parlamento, manifestó ayer que sí concurren «motivos» para «observar» y hacer «un seguimento puntual» del caso antes de tomar cualquier decisión.
Seis personas son investigadas por el supuesto fraude que rodea al patronato

Seis son las personas imputadas por la jueza María Salomé Martínez a raíz de la denuncia presentada en el año 2012 por la Fiscalía de Santiago por presuntas irregularidades en la gestión económica de la Fundación Cela, denuncia que tenía base en otra formulada por la vecina de Iria Lola Ramos.

En un primer momento, la jueza de Padrón imputó a Marina Castaño y a Tomás Cavanna por un posible delito de malversación de fondos públicos, aunque la denuncia apreciaba base para investigar supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y fraude fiscal, por el supuesto desvío a una sociedad privada de las devoluciones del IVA de la Fundación Cela, exenta de tributación, y por cargar a la entidad gastos privados, algo que Lola Ramos había denunciado con la aportación de pruebas documentales.

De hecho, otro de los imputados es una persona del servicio privado de la viuda de Cela, que constaba como trabajador de la Fundación Cela cuando, supuestamente, desempeñaba su trabajo en Madrid. Esta persona, Rubén Darío Vargas, está imputado, pero aún no ha sido citado a declarar, a diferencia de Marina Castaño, Tomás Cavanna, Dositeo Rodríguez, su hija y José Luis Delso, que lo harán el 21 y 22 de julio.

Ayer, Lola Ramos se declaró «inmensamente feliz de que se haga justicia», una vez que su representante legal, Xosé María Rodríguez, había pedido la imputación de Dositeo Rodríguez.

La Voz De Galicia