¿A quién se debe un concejal?

EL OJO PÃ?BLICO Firma: | ROBERTO L. BLANCO VALDÃ?S |
LA VOZ DE GALICIA, 22/06/07

LA INSISTENCIA con que el PSdeG apremia al BNG a seguir su ejemplo y expulsar del partido a los concejales nacionalistas que han incumplido el pacto firmado entre las cúpulas de ambas organizaciones para repartirse el poder municipal, recuerda a la terquedad con que el niño que ha hecho una travesura urge a sus amigos a imitarlo para, compartiendo todos la culpa, compartir también la tranquilidad de sus conciencias.

La idea, tan vieja al menos como Shakespeare, la resumía el excelso dramaturgo inglés con su claridad habitual: «Nadie es culpable cuando todos desatinan».

De eso se trata, al parecer. De cubrir el desatino de los unos con el desatino de los otros para transmitir así la idea de que, actuando todos de igual modo, no cabe pensar que todos lo están haciendo mal. Pero lo están haciendo mal. ¡Sin duda alguna!

¿Pueden los partidos cerrar un pacto municipal como el que han firmado el PSdeG y el BNG? ¡Por supuesto! ¿Pueden pretender que ese pacto se cumpla de un modo general por todos sus concejales? Parece claro. ¿Pueden imponerlo a la fuerza, a los que se nieguen a cumplirlo, bajo amenaza de expulsión? En modo alguno.

No pueden, porque los militantes nacionalistas y socialistas que han obtenido un acta de concejal tras las correspondientes elecciones sólo de un modo voluntario pueden renunciar a su plena autonomía – es decir, a su libre voluntad – para interpretar el resultado electoral del modo que les resulte más oportuno en cada municipio.

Como ya voy siendo mayor, no tengo muchas dudas de que esa libertad de los representantes democráticos puede ser utilizada – y aun abusada – en muchos casos por los mismos concejales para defender intereses meramente personales. Pero esa realidad no invalida el principio general de que los partidos no son quienes para coartar su libertad y autonomía. Todo lo más, tal realidad indicaría la necesidad de que los propios partidos seleccionen a sus candidatos con el tino necesario.

Aceptar ya no como legal – que no lo es -, sino como normal, en términos democráticos, que los partidos pueden expulsar a los concejales elegidos por el pueblo que no se sometan a sus órdenes, sería tragar con uno de esos excesos de la partitocracia que nadie debería tolerar. He creído siempre, como el gran jurista austríaco Hans Kelsen, que «sólo por ofuscación o dolo puede sostenerse la posibilidad de la democracia sin partidos políticos». Pero creo también, por ello mismo, que evitar que los ciudadanos acaben considerando a los partidos un peligro para la propia democracia exige denunciar sin desmayo sus excesos. Y ahora, y aquí, se han excedido.