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Piden más de cuatro años de cárcel para los acusados de la Fundación Cela.
Son Marina Castaño, Tomás Cavanna, Dositeo Rodríguez y su hija Covadonga.
La Fiscalía solicita la pena de prisión de cuatro años y seis meses e inhabilitación absoluta por tiempo de ocho años para los cuatro acusados en la causa judicial de la Fundación Camilo José Cela de Padrón, iniciada en el año 2012 con la denuncia que presentó el fiscal por presuntas irregularidades en la gestión económica de la entidad.
La acusación particular, ejercida por el abogado Xosemaría Rodríguez, que representa a la vecina de Iria-Flavia Lola Ramos, que dio pie a la denuncia de la Fiscalía, eleva la petición de pena de prisión a cinco años y diez de inhabilitación absoluta para cada uno de los acusados por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Los acusados son la viuda del escritor y ex presidenta de la fundación; Marina Castaño; el ex director gerente de la entidad, Tomás Cavanna; el ex patrono Dositeo Rodríguez y su hija Covadonga Rodríguez, actual subdirectora de la entidad cultural. Los cuatro están señalados por el despido de Tomás Cavanna, que fue indemnizado con 150.000 euros procedentes de fondos públicos, según sostienen Fiscalía y acusación particular.
El fiscal Álvaro García Ortiz expone en el escrito de acusación que, «con la participación activa de los cuatro, en ejecución de un plan preconcebido y con la finalidad de conseguir un beneficio económico a favor de Tomás Cavanna, simularon un despido con la intención de que a este le fuera abonada la cantidad neta de 150.000 euros». Para ello, añade, Dositeo Rodríguez fue el encargado, de acuerdo con el fiscal, de «convenir con el beneficiado la mencionada cantidad» y de que esta fuera asumida con fondos públicos de la Xunta.
El despido «orquestado por los acusados», según el fiscal, fue sometido a la aprobación del Patronato en mayo de 2010, cuando los «patronos de buena fe aprobaron que Tomás Cavanna fuera cesado conforme a su voluntad». La indemnización le fue abonada en julio de ese año, tal y como consta en el escrito de la Fiscalía.
Por su parte, en el escrito de la acusación particular se señala, además, que Tomás Cavanna ejercía de director gerente de la fundación desde el año 1993 y que él mismo solicitó al Patronato «ser cesado en su puesto» para abandonar la entidad de forma voluntaria «y sin hacer ningún tipo de reclamación económica».
Con posterioridad a esa solicitud de baja, sostiene el abogado Xosemaría Rodríguez, Tomás Cavanna y Marina Castaño, entonces presidenta de la fundación, «acordaron sacar provecho económico de la situación, pactando la simulación del despido con el fin de que el ex director-gerente cobrara la cantidad de 150.000 euros de indemnización».
Los acusados recurrieron en su día las imputación pero la Audiencia Provincial confirmó la acusación vertida en primera instancia por el Juzgado número dos de Padrón, que se encargó de la instrucción del caso. Este nació a raíz de la documentación que entregó en la Fiscalía la vecina Lola Ramos, sobre supuestas irregularidades en la gestión económica de la entidad.
La Audiencia si atendió el recurso de los acusados para que la causa no fuera juzgada por un jurado popular y no lo será. El tribunal provincial dictó que debe ser juzgada por los magistrados de la propia sección al ceñir la acusación a un delito de «malversación impropia», achacable a personas que no tienen la condición de funcionarios públicos.Del 1 al 5 de abril en la sección sexta de la Audiencia Provincial, en Santiago
La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, fijó del 1 al 5 de abril de 2019 las sesiones para el juicio oral de la causa de la Fundación Cela, de acuerdo con la diligencia firmada a 1 de octubre pasado. Así, el primer día estará dedicado a las cuestiones previas y al interrogatorio de los acusados; el segundo día a las testificales, de la Fiscalía y seis propuestas por la defensa; el tercero al resto de las testificales; el cuarto a declaraciones periciales y el quinto a conclusiones e informes. De los cuatro acusados, Covadonga Rodríguez es la única que sigue teniendo contacto con la Fundación Cela, ahora de titularidad pública, en la que ejerce las tareas de subdirectora.
La Voz de Galicia
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ADIF anuncia la reparación de las deficiencias que presenta la estación de Pontecesures.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha reaccionado con rapidez a las quejas de los usuarios sobre la situación en la que se encuentra el apeadero de Pontecesures. La empresa pública ha colocado en las instalaciones de esa estación una serie de carteles en los que informa del comienzo inminente de las obras de reparación de las deficiencias que presenta.
Según indicaba ayer el exedil de Pontecesures, Luis Sabariz, la intención es «reparar a fondo el techo de la marquesina principal, una obra que ya ha sido adjudicada a una empresa, y se encuentra en estudio la reparación de la marquesina del andén secundario, que en la actualidad está destartalada y a punto de caer buena parte de la misma».
Además, ayer se retiraron los materiales que se desprendieron del falso techo y que cayeron sobre uno de los bancos del recinto, con la fortuna de que no había ninguna persona sentada en él en ese momento.
El exedil cesureño se ha convertido en uno de los usuarios más reivindicativos con ADIF y RENFE en Pontecesures, demandando un mejor trato para una pequeña estación de proximidad que es utilizada por muchos vecinos de la zona. El propio Sabariz fue el que denunció ante ADIF la situación en la que se encontraba el apeadero después de que ese cayese parte del falso techo del mismo. A esa queja se han sumado otras sobre el estado de la estación, como la falta de mantenimiento, algo que ha provocado más de un problema con la lluvia, al acumular humedades».
Sabariz considera que los usuarios del ferrocarril de las pequeñas ciudades y villas, como es el caso de Pontecesures, se merecen un mejor trato «y no la discriminación que muchas veces sufrimos por parte de los administradores del servicio. De hecho, extiende los problemas de esta estación a otras como Padrón o Catoira, cuyas edificaciones se encuentran llenas de pintadas, con bajantes y canalones de agua sin mantenimiento alguno, jardines abandonados, bancos dañados y otras deficiencias que «deben ser solucionadas cuanto antes». Pese a esa circunstancia, Sabariz destaca que cada vez hay más usuarios de esta línea de proximidad.
Faro de Vigo
